Evalúan aplicar reformas laborales por decreto y se tensa la relación con la CGT

Mauricio Macri puede no haber aprendido la lección. Después de dar marcha atrás con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modificó el régimen de Aseguradoras de Riegos de Trabajo (ART) para evitar su sepultura, el Gobierno evalúa volver a esquivar al Congreso con nuevos decretos para hacer las reformas del mercado laboral que tiene pendientes.
El paquete, como anticipó ayer LA NACION, incluye el blanqueo de empleados, un nuevo sistema de pasantías, la incorporación de beneficiarios de planes sociales al mercado de trabajo y una serie de incentivos impositivos para facilitar la contratación de nuevos trabajadores.
En plena puja con la CGT y en vísperas de las paritarias, el ministro Jorge Triaca confirmó a LA NACION que el Gobierno impulsará ese ambicioso plan de reformas en los próximos días. Por su envergadura, el paquete se cristalizará por medio de un conjunto de decretos convencionales, de DNU y de resoluciones. En franca minoría en ambas cámaras del Congreso, el Gobierno optó por apelar al atajo de los decretos, convencido de que se trata de un tema políticamente muy sensible y que difícilmente alcance la mayoría suficiente en pleno año electoral.
Lo comprobó el año pasado, con el frustrado proyecto de Primer Empleo. Macri lo envió en abril, pero los diputados de origen sindical que integran la Comisión de Legislación Laboral lo rechazaron de cuajo y congelaron su tratamiento. Ni siquiera obtuvo dictamen de aquella comisión, que preside Alberto Roberti (bloque Justicialista), diputado y sindicalista petrolero. Aquella iniciativa proponía exenciones e incentivos para los empleadores que incorporen trabajadores de 18 a 24 años con no más de tres años de experiencia laboral. Legisladores opositores y sindicalistas denunciaron que el Gobierno trataba de imponer condiciones de flexibilización laboral en detrimento de los trabajadores.
Ante el rechazo explícito que recogió en la Cámara de Diputados, el Gobierno impulsaría esta iniciativa por decreto. En cambio, las que contienen modificaciones impositivas avanzarán vía proyecto de ley, anticipó Triaca, pues así lo dispone la Constitución Nacional.
Enfrentada con el Gobierno por los despidos y después de haber amenazado con un paro nacional, la CGT ya avisó que si Macri recurre a decretos para avanzar con las reformas volverá a encontrarse con una pared. «Si sacan alguno de estos cambios por DNU, el paro va a ser de 24 horas», advirtió a LA NACION Héctor Daer, uno de los jefes de la central y diputado del Frente Renovador.
A diferencia de lo que pasó con la reforma del sistema de ART, la CGT no sólo critica las formas, es decir, la vía del DNU. También cuestiona el fondo, el contenido de las reformas. «Es un combo de la nada y va a ir a la nada misma. El problema es la situación económica. Mientras no se resuelva eso, ninguna de estas cosas tiene sentido. Además, vamos a defender a rajatabla los derechos de los trabajadores que este paquete flexibilizador amenaza», evaluó otro alto jefe de la CGT. Un dirigente del sector industrial sumó el contexto. «Â¿De qué nuevos empleos me hablan si están despidiendo gente? No vamos a apoyar de ninguna manera. Menos, en medio de un plan de lucha», disparó.
Ese plan de lucha incluye una marcha contra los despidos, sobre todo en la industria, el 7 de marzo y un paro con fecha a definir en la segunda quincena, también del mes que viene. Sería la primera huelga nacional contra Macri.
Los tres jefes de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, vieron un borrador de las reformas que impulsa el Gobierno en una reunión con Triaca y con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana a fines de enero.
Los cuatro ejes
El primer punto es el blanqueo de empleados, que busca combatir el trabajo en negro, que supera el 35%. El proyecto oficial contempla la condonación de multas a empresarios que no hubiesen hecho los aportes correspondientes a su personal. Sobre este punto, la CGT reclamó que los trabajadores alcanzados por la regularización mantengan la antigüedad y otros derechos adquiridos. La central tendría facultades para fiscalizar el proceso de blanqueo, algo que hasta ahora sólo pueden hacer la Nación y las provincias.
Por otro lado, la reforma oficial prevé reponer las pasantías, que pasarían a llamarse «prácticas formativas». El cambio en la denominación tiene un objetivo excluyente: aventar el fantasma de la asociación con las políticas neoliberales de los 90. La CGT exigió que la contratación por esa vía se rija por el convenio colectivo correspondiente a cada actividad.
El tercer punto del borrador contempla la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales ingresen al mercado de trabajo. El cálculo oficial es que podrían incorporarse unas 320.000 personas. El Gobierno seguiría pagando los 4000 pesos que hoy cobran los beneficiarios de los planes, que se incorporarían al salario a cargo del empleador, durante un máximo de 18 meses.
Por último, el paquete prevé incentivos para la contratación de nuevo personal. El principal es una compensación a cargo del Estado de hasta 2000 pesos por cada nuevo trabajador contratado, siempre que el empresario en cuestión incremente en un 10 por ciento la cantidad de empleados. El aporte estatal se destinaría a cubrir cargas sociales.