El Consejo de la Magistratura será sede la semana que viene de una cumbre de jueces y secretarios electorales de todo el país. Allí se analizarán los reclamos que elevó la Cámara Nacional Electoral días atrás, cuando en un comunicado advirtió por la seguridad del sistema para controlar los comicios. Pero además la CNE espera poder aplicar, a modo de prueba, controles biométricos de los votantes en las provincias fronterizas.
Según pudo saber ámbito.com de fuentes judiciales, la cita será el próximo miércoles a las 9. Al cónclave concurrirán los funcionarios judiciales para analizar en detalle las medidas que impulsan desde la CNE de cara a los comicios nacionales, que tendrán como primera fecha fuerte las PASO de agosto.
El pasado lunes, la Cámara emitió un comunicado en el que, sin dar demasiadas precisiones, alertó sobre «algunas debilidades estructurales de la infraestructura tecnológica con que cuenta el fuero, tanto en lo que respecta a los programas como al equipamiento tecnológico disponible en las Secretarías Electorales».
Las fuentes aseguraron que esas «debilidades» no ponen en riesgo los resultados de la elección. La preocupación es por el desempeño de los sistemas web que funcionan para el ciudadano, entre los que están las consultas del padrón, resultados del escrutinio, y consultas de infractores, entre otros.
Explican que un eventual ataque informático que afecte el normal desarrollo de los comicios «sería muy costoso para la ciudadanía por el efecto indirecto de deslegitimación que genera». Y reafirman que en cuanto al escrutinio «no va a pasar nada porque tiene niveles de seguridad que impiden» que se produzca algo que altere los resultados. «La transparencia no corre peligro, ahí estamos blindados», garantizan.
Otro de los planteos centrales que los jueces llevarán al Consejo de la Magistratura es que se avance con una prueba piloto para aplicar controles biométricos que garanticen que nadie que no esté habilitado pueda votar. Esa situación ocurre principalmente en zonas de frontera.
La idea en la CNE es que la prueba se realice en cerca de 1.000 centros de votación en las provincias del norte del país. Se trata de un control a través de la huella dactilar de quienes ingresen a votar certificando que coincida con su DNI. En caso de irregularidades no se le impedirá emitir su sufragio pero se iniciará un expediente para investigar el caso.
Este proyecto ya fue respaldado por el Poder Ejecutivo que ante el pedido de la justicia giró $ 67 millones al Consejo de la Magistratura para que avance con la iniciativa. Sin embargo, el organismo no progresó con las contrataciones y esto encendió la preocupación de las autoridades electorales.
De hecho, esa cuestión fue analizada en noviembre de 2016 por los jueces de la Cámara con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el Comando Electoral y las fuerzas de seguridad encargadas del control de las fronteras.
La advertencia de la semana pasada de la Cámara Nacional Electoral debe analizarse en ese marco. Junto con el reclamo de mayor seguridad informática, también espera que se le dé celeridad al proyecto de controles biométricos. «Si los apuramos es porque no somos muy optimistas, es una maquinaria muy lenta de mover. Los tiempos de respuesta no son los necesarios para un proceso electoral», comentó un magistrado con competencia electoral.
Al menos por ahora, en la justicia electoral ligan la demora en las contrataciones para los controles biométricos a la «burocracia» del Consejo. Aunque ya detectaron «resistencia de algunos sectores políticos». Por caso, un diputado oficialista, de una provincia fronteriza, habría expresado su rechazo al sistema durante la última reunión de los miembros de la Magistratura. Pero advierten: «No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados si cajonean el proyecto».
Según pudo saber ámbito.com de fuentes judiciales, la cita será el próximo miércoles a las 9. Al cónclave concurrirán los funcionarios judiciales para analizar en detalle las medidas que impulsan desde la CNE de cara a los comicios nacionales, que tendrán como primera fecha fuerte las PASO de agosto.
El pasado lunes, la Cámara emitió un comunicado en el que, sin dar demasiadas precisiones, alertó sobre «algunas debilidades estructurales de la infraestructura tecnológica con que cuenta el fuero, tanto en lo que respecta a los programas como al equipamiento tecnológico disponible en las Secretarías Electorales».
Las fuentes aseguraron que esas «debilidades» no ponen en riesgo los resultados de la elección. La preocupación es por el desempeño de los sistemas web que funcionan para el ciudadano, entre los que están las consultas del padrón, resultados del escrutinio, y consultas de infractores, entre otros.
Explican que un eventual ataque informático que afecte el normal desarrollo de los comicios «sería muy costoso para la ciudadanía por el efecto indirecto de deslegitimación que genera». Y reafirman que en cuanto al escrutinio «no va a pasar nada porque tiene niveles de seguridad que impiden» que se produzca algo que altere los resultados. «La transparencia no corre peligro, ahí estamos blindados», garantizan.
Otro de los planteos centrales que los jueces llevarán al Consejo de la Magistratura es que se avance con una prueba piloto para aplicar controles biométricos que garanticen que nadie que no esté habilitado pueda votar. Esa situación ocurre principalmente en zonas de frontera.
La idea en la CNE es que la prueba se realice en cerca de 1.000 centros de votación en las provincias del norte del país. Se trata de un control a través de la huella dactilar de quienes ingresen a votar certificando que coincida con su DNI. En caso de irregularidades no se le impedirá emitir su sufragio pero se iniciará un expediente para investigar el caso.
Este proyecto ya fue respaldado por el Poder Ejecutivo que ante el pedido de la justicia giró $ 67 millones al Consejo de la Magistratura para que avance con la iniciativa. Sin embargo, el organismo no progresó con las contrataciones y esto encendió la preocupación de las autoridades electorales.
De hecho, esa cuestión fue analizada en noviembre de 2016 por los jueces de la Cámara con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el Comando Electoral y las fuerzas de seguridad encargadas del control de las fronteras.
La advertencia de la semana pasada de la Cámara Nacional Electoral debe analizarse en ese marco. Junto con el reclamo de mayor seguridad informática, también espera que se le dé celeridad al proyecto de controles biométricos. «Si los apuramos es porque no somos muy optimistas, es una maquinaria muy lenta de mover. Los tiempos de respuesta no son los necesarios para un proceso electoral», comentó un magistrado con competencia electoral.
Al menos por ahora, en la justicia electoral ligan la demora en las contrataciones para los controles biométricos a la «burocracia» del Consejo. Aunque ya detectaron «resistencia de algunos sectores políticos». Por caso, un diputado oficialista, de una provincia fronteriza, habría expresado su rechazo al sistema durante la última reunión de los miembros de la Magistratura. Pero advierten: «No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados si cajonean el proyecto».
