La cuestión de la Paritaria Nacional Docente (PND) ilumina, primero que nada, lo vacío y pueril del discurso PRO y de la gran prensa sobre la importancia del “diálogo” y la “institucionalidad”. El Gobierno dinamita un espacio de intercambio establecido entre funcionarios del Poder Ejecutivo y sindicatos docentes de representación nacional, construido trabajosamente durante ocho años. Así, el propio Estado simplemente incumple el artículo 10 de la ley 26.075 de Financiamiento Educativo y su decreto reglamentario 457/07, que obligan a convocar a esa instancia de discusión a nivel federal. Obviamente, la normativa no obliga al Gobierno a aceptar cualquier número –es más, el Ejecutivo siempre tiene la potestad de laudar un porcentaje de incremento del salario mínimo docente nacional de jornada simple–. Pero el Ejecutivo no puede desentenderse de la convocatoria. O sea, el gobierno del PRO (como todos los gobiernos) elige y dialoga con quién quiere y cuándo quiere o puede. A diferencia de los últimos doce años, ignora la institucionalidad de la paritaria y de una discusión nacional de las condiciones laborales docentes, mostrando, una vez más, que cuando el liberalismo argentino habla de “institucionalidad” casi siempre le importan solo las leyes o regulaciones pro-empresa y pro-mercado.
Naturalmente, el remanido discurso del “diálogo” siempre esconde políticas públicas y distributivas muy concretas y más graves que una estrategia de comunicación cándida o infantil. El establecimiento de un piso nacional al salario docente y la PND que se empezaron a construir desde 2004 tuvieron tres consecuencias generales palpables:
La PND recentralizó relaciones laborales fragmentadas en discusiones provinciales inconexas desde los años 90. Así, ayudó a mejorar los salarios docentes, porque establece un mínimo nacional que importa en las provincias más pobres, y que a la vez resulta en un “porcentaje de aumento” que, generalmente, en las provincias más ricas los sindicatos locales buscan superar.
Es un mecanismo igualador. Al establecer el Fondo Nacional de Compensación mediante el cual el Poder Ejecutivo aporta (utilizando una fórmula) parte del salario de las provincias menos pudientes, volvió a introducir al Estado nacional en el financiamiento del salario público docente, lo que modera la brecha entre los salarios docentes interprovinciales.
Ordenó un sistema de relaciones laborales de nivel nacional y provincial docente interconectado, construyendo puentes para encauzar la conflictividad en el sector. Cuando se cierra la discusión nacional (que puede incluir cuestiones no salariales, de capacitación, carrera docente, etc.), los sindicatos docentes tienen incentivos para moderar a sus filiales o seccionales en las provincias, y así fortalecer el espacio nacional como instancia reguladora. Incluso en 2013, año en el que no hubo acuerdo final sobre el número en la PND y el Poder Ejecutivo se vio obligado a laudar, el nivel de conflicto estuvo lejos de llegar al que se preanuncia en estos días.
Entonces, el salario real, la igualdad y el sistema de relaciones laborales docentes son los verdaderos blancos de la estrategia del PRO, que vuelve a poner en el horizonte la balcanización, la extrema conflictividad y el desfinanciamiento del sistema propio de los años 90. Por supuesto, las discusiones de la PND en el gobierno anterior (como en toda paritaria en serio) no fueron un lecho de rosas. Y es cierto que algunos gobernadores desconfían del mecanismo de la PND (aun cuando están allí representados mediante el Consejo Federal de Educación), que puede presionar sobre los salarios estatales locales. Sin embargo, como se vio estos días, muchos mandatarios provinciales necesitan, a la vez, del parámetro nacional para tener un punto de referencia y ordenar la discusión del salario docente local. Los sindicatos de la enseñanza se hallan entre los más democráticos del país. Como toda organización, pueden tener aristas a mejorar. Pero ningunear la lucha y el trabajo diario de sindicalistas y maestros en pos de la educación pública y privada especialmente en los barrios más humildes con operaciones burdas de trolls pagos, y obviar la centralidad de los gremios nacionales docentes como parte esencial de cualquier estrategia de política educativa a nivel país, es inefectivo además de claramente regresivo.
* Politólogo, ex subsecretario de Política Laboral.
Naturalmente, el remanido discurso del “diálogo” siempre esconde políticas públicas y distributivas muy concretas y más graves que una estrategia de comunicación cándida o infantil. El establecimiento de un piso nacional al salario docente y la PND que se empezaron a construir desde 2004 tuvieron tres consecuencias generales palpables:
La PND recentralizó relaciones laborales fragmentadas en discusiones provinciales inconexas desde los años 90. Así, ayudó a mejorar los salarios docentes, porque establece un mínimo nacional que importa en las provincias más pobres, y que a la vez resulta en un “porcentaje de aumento” que, generalmente, en las provincias más ricas los sindicatos locales buscan superar.
Es un mecanismo igualador. Al establecer el Fondo Nacional de Compensación mediante el cual el Poder Ejecutivo aporta (utilizando una fórmula) parte del salario de las provincias menos pudientes, volvió a introducir al Estado nacional en el financiamiento del salario público docente, lo que modera la brecha entre los salarios docentes interprovinciales.
Ordenó un sistema de relaciones laborales de nivel nacional y provincial docente interconectado, construyendo puentes para encauzar la conflictividad en el sector. Cuando se cierra la discusión nacional (que puede incluir cuestiones no salariales, de capacitación, carrera docente, etc.), los sindicatos docentes tienen incentivos para moderar a sus filiales o seccionales en las provincias, y así fortalecer el espacio nacional como instancia reguladora. Incluso en 2013, año en el que no hubo acuerdo final sobre el número en la PND y el Poder Ejecutivo se vio obligado a laudar, el nivel de conflicto estuvo lejos de llegar al que se preanuncia en estos días.
Entonces, el salario real, la igualdad y el sistema de relaciones laborales docentes son los verdaderos blancos de la estrategia del PRO, que vuelve a poner en el horizonte la balcanización, la extrema conflictividad y el desfinanciamiento del sistema propio de los años 90. Por supuesto, las discusiones de la PND en el gobierno anterior (como en toda paritaria en serio) no fueron un lecho de rosas. Y es cierto que algunos gobernadores desconfían del mecanismo de la PND (aun cuando están allí representados mediante el Consejo Federal de Educación), que puede presionar sobre los salarios estatales locales. Sin embargo, como se vio estos días, muchos mandatarios provinciales necesitan, a la vez, del parámetro nacional para tener un punto de referencia y ordenar la discusión del salario docente local. Los sindicatos de la enseñanza se hallan entre los más democráticos del país. Como toda organización, pueden tener aristas a mejorar. Pero ningunear la lucha y el trabajo diario de sindicalistas y maestros en pos de la educación pública y privada especialmente en los barrios más humildes con operaciones burdas de trolls pagos, y obviar la centralidad de los gremios nacionales docentes como parte esencial de cualquier estrategia de política educativa a nivel país, es inefectivo además de claramente regresivo.
* Politólogo, ex subsecretario de Política Laboral.
