Volver al siglo XIX en 90 días. Tras haber nacido de una conspiración, el gobierno de Michel Temer está decidido a revocar los derechos de los trabajadores brasileños. La idea es que estos sean cancelados entre marzo y mayo, valiéndose de algunas concesiones logradas a duras penas. El maquillaje es el de siempre: la modernización del país. Cuando asumió en abril de 2016, Temer ya nos impactaba con una imagen: rodeado de ministros blancos, ricos y trajeados, el presidente parecía el protagonista de un retrato antiguo que hoy vuelve al presente después de casi un año de gestión.
Tampoco es otro el contexto: en tiempos de crisis –sostienen quienes apoyan a Temer– cualquier trabajo es mejor que no tener ninguno. La precarización entierra no solo los derechos de la Constitución de 1988 sino otros anteriores, en particular los de la Consolidación de Leyes de Trabajo, el marco normativo creado en 1943 y que hasta hoy (¿o hasta ayer?) rige la vida laboral.
Como lo reconocían algunos adeptos al golpe de 2016, solo un gobierno impuesto sin elecciones sería capaz de lanzar medidas tan antipopulares. En la segunda mitad de marzo, la Cámara aprobó un proyecto de ley del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que garantiza la tercerización de todas las actividades laborales. Una victoria típica de Temer. Días antes, los movimientos sociales y los sindicatos llevaban a cabo multitudinarios actos en cientos de ciudades para oponerse a los cambios en el sistema previsional. Fue la primera vez desde el golpe que tomó forma una oposición real al gobierno. En conversaciones de pasillos, los mismos diputados y senadores se mostraron alertas por el desgaste que ese tipo de medidas podía provocar.
Y el presidente, ante ese escollo, decidió atacar por otro frente. Sin aviso, se aseguró el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, heredero político del partido que respaldó a la dictadura (1964-1985), para sancionar el proyecto de 1998. Como suele decirse en Brasil, fue una movida que sorprendió a todos sin los pantalones puestos.
De acuerdo con la nueva ley, cualquier actividad puede ser tercerizada. Esto significa que una escuela, por ejemplo, puede eximirse de contratar docentes. Hasta hoy solo era posible tercerizar las llamadas «actividades medio», que en una escuela podrían ser las de limpieza o merienda, pero no las «actividades objetivo», como las tareas docentes. Con la actual reforma, se vuelve posible obligar a maestros y profesores a que se conformen como empresa. Las personas jurídicas dejan de tener derechos laborales. De este modo la escuela «ahorra» por medio de encargos a terceros y los docentes pierden representación gremial, derecho a vacaciones y aguinaldo, ente otras cosas.
El empresariado aduce que con estas nuevas reglas las empresas podrán focalizar en sus «actividades objetivo» y aumentar la productividad. De ser así, ¿por qué entonces incluir las actividades objetivo en la ley?
Un estudio hecho en 2015 por la Central Única de Trabajadores (CUT) comparaba la situación de los contratos directos y los tercerizados (por entonces, estos últimos daban cuenta de 26,8% de las relaciones formales de trabajo) y llegaba a la conclusión de que el salario promedio entre tercerizados era 24,7% más bajo; la inestabilidad de empleo, más alta, y la jornada laboral semanal, tres horas más amplia. Por lo demás, los tercerizados siempre corren más riesgo de ser estafados cuando las empresas para las que trabajan quiebran o se esfuman. En rubros con mayor riesgo de accidentes laborales también son ellos quienes sufren las peores consecuencias, ya que carecen de entrenamiento y equipos adecuados. Por último, también es otra la relación con el espacio de trabajo, puesto que el desplazamiento continuo de un puesto o área a otro debilita los vínculos entre trabajadores y obstaculiza la cohesión necesaria para la defensa y reivindicación de los derechos.
Así las cosas, quizás sea el momento de confiar en una intervención del Poder Judicial que sea capaz de frenar estas medidas. Pero no vale la pena. No hay que olvidar que el gobierno tiene muchos amigos entre los jueces.
Ives Gandra Martins fue ascendido a presidente del Tribunal Superior de Trabajo (TST) en medio del golpe. Amigo de Temer, arrastra una reputación de protector de las empresas en detrimento de los trabajadores. Fue el autor de una propuesta que redundó en la tercerización de las actividades medio y es conocido por su defensa de la reforma laboral. Según sus declaraciones, por lo demás, las mujeres deben subordinarse a los hombres y las relaciones afectivas entre personas de igual sexo equivalen a las que existen entre un hombre y un caballo.
Está también el Supremo Tribunal Federal (STF). ¿Acaso este podría parar la reforma? Cuesta creerlo. En octubre de 2016, convalidó la cesación de pago de salario a los trabajadores públicos en huelga. Temer se reúne semanalmente con Gilmar Mendes, del STF, conocido opositor a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, poderoso articulador político y un jurista con una infinita capacidad para la casuística, que no conoce el pudor a la hora de anticipar y hacer pública su sintonía con el presidente.
En cuanto a la Confederación Nacional de la Industria, la patrocinadora de la caída de Rousseff, esta también celebró la tercerización. Y aclaró que se trata solo del primer paso, al que debe seguirle una reforma completa del sistema laboral y previsional.
El punto crucial del proyecto es la idea de que lo negociado se impone por encima de lo legislado, esto es, que las reglas establecidas en el marco de las empresas tras haber acordado o no con la posición de sus trabajadores pasan a ser más fuertes que la ley. O sea, una negociación de doble riesgo. El gobierno dice que «solo algunos» puntos serán tenidos en cuenta por la ley: vacaciones, jornada laboral, pausa de descanso, banco de horas, registro de asistencia. La jornada laboral podría llegar a las 55 horas semanales, contra las 44 de la legislación actual. Y pensar que al menos hasta 2012 se debatía bajarla a 40 horas.
La reforma del sistema previsional se presenta como la frutilla del postre. Una vez más, acá también la excusa es la crisis. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido del presidente, llegó a hacer público que de no aprobarse este proyecto habrá que dar de baja la Beca Familia (Bolsa Família), el principal programa social del país. En esos términos, la disyuntiva entre tener comida para hoy o una buena jubilación para mañana deja de ser un dilema, lógicamente. El gobierno, compuesto también por jubilados ricos que reciben su abultado sueldo parlamentario a cambio de ocho años de contribuciones, sostiene que hoy el sistema previsional es «muy generoso» y que, si se mantiene como está, generará un déficit de 180.000 millones de reales. El pago de intereses de deuda consume una cifra por lo menos cinco veces más grande, y aun así a nadie se le ocurre meterse con el bolsillo de los rentistas.
El eje de la nueva propuesta consiste en establecer como nueva edad mínima para jubilarse los 65 años y exigir además 49 años de trabajo para acceder a los beneficios más altos. Actualmente no hay edad mínima y existen regímenes especiales para mujeres, trabajadores rurales y docentes. Todo esto desaparecería.
El gobierno se vale de datos tomados de los países más ricos para defender el mínimo de 65 años, pero lo cierto es que en esos países la gente vive más años y los trabajadores cuentan con sistemas de educación y salud públicos, lo cual en Brasil no es sino una verdad a medias. Por lo demás, en algunas regiones de Brasil la edad de 65 años se corresponde con la esperanza de vida promedio.
Desde su llegada al poder, una gestión que emergió de un golpe parlamentario construyó sus lazos con el Poder Legislativo ignorando el debate público. Temer, que fue presidente de Diputados, logró sus victorias apelando a la lengua parlamentaria que le es familiar. Pero, en la discusión por las jubilaciones, «el agujero es más hondo», como se dice por estas tierras. Los representantes del Legislativo saben que no lograrían salir bien parados ante quienes los votaron y temen el desgaste que la aprobación de estas medidas acabaría acarreando. La votación que se hizo en favor de la tercerización de contratos puede verse como una señal no positiva para el cambio: se logró por 231 votos a favor y 188 en contra, habiendo participado 427 diputados de un total de 512. Ya en ella el margen de apoyo a Temer fue bastante más bajo que lo usual dentro de las cámaras.
Para cambiar la jubilación, el presidente necesita el apoyo de las tres quintas partes, esto es, 308 votos entre diputados y 49 de los senadores. En un intento por controlar y reducir la resistencia, Temer ordenó que se anulara la participación legislativa en los niveles provincial y municipal respecto del tratamiento de este proyecto. Una información que luego fue desmentida por el mismo gobierno, como es su costumbre: los estados locales están obligados a aprobar sus reformas en el lapso de seis meses. Como ocurrió durante el golpe, es de prever que el presidente consiga encuadrar a quienes lo apoyen distribuyendo premios tales como cargos públicos y alzas en los presupuestos. Es decir que es de prever que salga a hacer compras. Como los traficantes de esclavos del siglo XIX.
Tampoco es otro el contexto: en tiempos de crisis –sostienen quienes apoyan a Temer– cualquier trabajo es mejor que no tener ninguno. La precarización entierra no solo los derechos de la Constitución de 1988 sino otros anteriores, en particular los de la Consolidación de Leyes de Trabajo, el marco normativo creado en 1943 y que hasta hoy (¿o hasta ayer?) rige la vida laboral.
Como lo reconocían algunos adeptos al golpe de 2016, solo un gobierno impuesto sin elecciones sería capaz de lanzar medidas tan antipopulares. En la segunda mitad de marzo, la Cámara aprobó un proyecto de ley del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que garantiza la tercerización de todas las actividades laborales. Una victoria típica de Temer. Días antes, los movimientos sociales y los sindicatos llevaban a cabo multitudinarios actos en cientos de ciudades para oponerse a los cambios en el sistema previsional. Fue la primera vez desde el golpe que tomó forma una oposición real al gobierno. En conversaciones de pasillos, los mismos diputados y senadores se mostraron alertas por el desgaste que ese tipo de medidas podía provocar.
Y el presidente, ante ese escollo, decidió atacar por otro frente. Sin aviso, se aseguró el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, heredero político del partido que respaldó a la dictadura (1964-1985), para sancionar el proyecto de 1998. Como suele decirse en Brasil, fue una movida que sorprendió a todos sin los pantalones puestos.
De acuerdo con la nueva ley, cualquier actividad puede ser tercerizada. Esto significa que una escuela, por ejemplo, puede eximirse de contratar docentes. Hasta hoy solo era posible tercerizar las llamadas «actividades medio», que en una escuela podrían ser las de limpieza o merienda, pero no las «actividades objetivo», como las tareas docentes. Con la actual reforma, se vuelve posible obligar a maestros y profesores a que se conformen como empresa. Las personas jurídicas dejan de tener derechos laborales. De este modo la escuela «ahorra» por medio de encargos a terceros y los docentes pierden representación gremial, derecho a vacaciones y aguinaldo, ente otras cosas.
El empresariado aduce que con estas nuevas reglas las empresas podrán focalizar en sus «actividades objetivo» y aumentar la productividad. De ser así, ¿por qué entonces incluir las actividades objetivo en la ley?
Un estudio hecho en 2015 por la Central Única de Trabajadores (CUT) comparaba la situación de los contratos directos y los tercerizados (por entonces, estos últimos daban cuenta de 26,8% de las relaciones formales de trabajo) y llegaba a la conclusión de que el salario promedio entre tercerizados era 24,7% más bajo; la inestabilidad de empleo, más alta, y la jornada laboral semanal, tres horas más amplia. Por lo demás, los tercerizados siempre corren más riesgo de ser estafados cuando las empresas para las que trabajan quiebran o se esfuman. En rubros con mayor riesgo de accidentes laborales también son ellos quienes sufren las peores consecuencias, ya que carecen de entrenamiento y equipos adecuados. Por último, también es otra la relación con el espacio de trabajo, puesto que el desplazamiento continuo de un puesto o área a otro debilita los vínculos entre trabajadores y obstaculiza la cohesión necesaria para la defensa y reivindicación de los derechos.
Así las cosas, quizás sea el momento de confiar en una intervención del Poder Judicial que sea capaz de frenar estas medidas. Pero no vale la pena. No hay que olvidar que el gobierno tiene muchos amigos entre los jueces.
Ives Gandra Martins fue ascendido a presidente del Tribunal Superior de Trabajo (TST) en medio del golpe. Amigo de Temer, arrastra una reputación de protector de las empresas en detrimento de los trabajadores. Fue el autor de una propuesta que redundó en la tercerización de las actividades medio y es conocido por su defensa de la reforma laboral. Según sus declaraciones, por lo demás, las mujeres deben subordinarse a los hombres y las relaciones afectivas entre personas de igual sexo equivalen a las que existen entre un hombre y un caballo.
Está también el Supremo Tribunal Federal (STF). ¿Acaso este podría parar la reforma? Cuesta creerlo. En octubre de 2016, convalidó la cesación de pago de salario a los trabajadores públicos en huelga. Temer se reúne semanalmente con Gilmar Mendes, del STF, conocido opositor a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, poderoso articulador político y un jurista con una infinita capacidad para la casuística, que no conoce el pudor a la hora de anticipar y hacer pública su sintonía con el presidente.
En cuanto a la Confederación Nacional de la Industria, la patrocinadora de la caída de Rousseff, esta también celebró la tercerización. Y aclaró que se trata solo del primer paso, al que debe seguirle una reforma completa del sistema laboral y previsional.
El punto crucial del proyecto es la idea de que lo negociado se impone por encima de lo legislado, esto es, que las reglas establecidas en el marco de las empresas tras haber acordado o no con la posición de sus trabajadores pasan a ser más fuertes que la ley. O sea, una negociación de doble riesgo. El gobierno dice que «solo algunos» puntos serán tenidos en cuenta por la ley: vacaciones, jornada laboral, pausa de descanso, banco de horas, registro de asistencia. La jornada laboral podría llegar a las 55 horas semanales, contra las 44 de la legislación actual. Y pensar que al menos hasta 2012 se debatía bajarla a 40 horas.
La reforma del sistema previsional se presenta como la frutilla del postre. Una vez más, acá también la excusa es la crisis. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido del presidente, llegó a hacer público que de no aprobarse este proyecto habrá que dar de baja la Beca Familia (Bolsa Família), el principal programa social del país. En esos términos, la disyuntiva entre tener comida para hoy o una buena jubilación para mañana deja de ser un dilema, lógicamente. El gobierno, compuesto también por jubilados ricos que reciben su abultado sueldo parlamentario a cambio de ocho años de contribuciones, sostiene que hoy el sistema previsional es «muy generoso» y que, si se mantiene como está, generará un déficit de 180.000 millones de reales. El pago de intereses de deuda consume una cifra por lo menos cinco veces más grande, y aun así a nadie se le ocurre meterse con el bolsillo de los rentistas.
El eje de la nueva propuesta consiste en establecer como nueva edad mínima para jubilarse los 65 años y exigir además 49 años de trabajo para acceder a los beneficios más altos. Actualmente no hay edad mínima y existen regímenes especiales para mujeres, trabajadores rurales y docentes. Todo esto desaparecería.
El gobierno se vale de datos tomados de los países más ricos para defender el mínimo de 65 años, pero lo cierto es que en esos países la gente vive más años y los trabajadores cuentan con sistemas de educación y salud públicos, lo cual en Brasil no es sino una verdad a medias. Por lo demás, en algunas regiones de Brasil la edad de 65 años se corresponde con la esperanza de vida promedio.
Desde su llegada al poder, una gestión que emergió de un golpe parlamentario construyó sus lazos con el Poder Legislativo ignorando el debate público. Temer, que fue presidente de Diputados, logró sus victorias apelando a la lengua parlamentaria que le es familiar. Pero, en la discusión por las jubilaciones, «el agujero es más hondo», como se dice por estas tierras. Los representantes del Legislativo saben que no lograrían salir bien parados ante quienes los votaron y temen el desgaste que la aprobación de estas medidas acabaría acarreando. La votación que se hizo en favor de la tercerización de contratos puede verse como una señal no positiva para el cambio: se logró por 231 votos a favor y 188 en contra, habiendo participado 427 diputados de un total de 512. Ya en ella el margen de apoyo a Temer fue bastante más bajo que lo usual dentro de las cámaras.
Para cambiar la jubilación, el presidente necesita el apoyo de las tres quintas partes, esto es, 308 votos entre diputados y 49 de los senadores. En un intento por controlar y reducir la resistencia, Temer ordenó que se anulara la participación legislativa en los niveles provincial y municipal respecto del tratamiento de este proyecto. Una información que luego fue desmentida por el mismo gobierno, como es su costumbre: los estados locales están obligados a aprobar sus reformas en el lapso de seis meses. Como ocurrió durante el golpe, es de prever que el presidente consiga encuadrar a quienes lo apoyen distribuyendo premios tales como cargos públicos y alzas en los presupuestos. Es decir que es de prever que salga a hacer compras. Como los traficantes de esclavos del siglo XIX.
