La biblioteca ya estaba dividida, dentro y fuera del Gobierno, antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA)decidiera la suba de la tasa de política monetaria al 26,5% anual, como reacción a un comportamiento de la inflación que fue más allá del impacto de las tarifas de electricidad y gas. Probablemente el debate se acentuará después de los feriados de Semana Santa, debido a sus efectos colaterales sobre las paritarias y la actividad económica cuando faltan poco más de seis meses para las elecciones legislativas.
Para algunos economistas, Federico Sturzenegger actuó de manera consistente con el objetivo de bajar la inflación a 17% anual, ya evidenciado en las últimas semanas cuando impulsó la suba de tasas de Lebac en el mercado secundario, aunque dudan de que puedan alcanzarse. Más bien lo ubican en una franja de 21/23%.
Otros opinan, como Miguel Bein, que el problema no radica tanto en este nivel de inflación anual (que sería un éxito frente al 40% de 2016), sino que la meta oficial es demasiado ambiciosa y no tuvo en cuenta que el nuevo salto tarifario agregaría cuatro puntos porcentuales en estos meses, junto con su efecto sobre los costos de muchas actividades que, además, suben en dólares por la apreciación del tipo de cambio.
En una posición intermedia se ubican quienes sostienen que la actual estrategia del BCRA es transitoria, porque -en otra escala- se asemeja a la del primer semestre de 2016, cuando catapultó las tasas de Lebac hasta 38% anual (tras el fin del cepo cambiario, la devaluación y los fuertes ajustes de tarifas) y luego las redujo en unos 15 puntos porcentuales a medida que descendieron las expectativas inflacionarias.
Aunque la inflación de marzo (2,4%) había sido anticipada por la mayoría de los consultores privados y el propio Sturzenegger había advertido hace un tiempo que se avecinaban meses complicados por la suba de tarifas de luz y gas, su composición no fue la esperada. La inflación «núcleo» que mide el Indec (sin precios regulados ni estacionales) repitió la suba de 1,8% de febrero y se ubicó cerca del promedio de los tres últimos meses de 2016 (1,73%), antes del respiro de enero. O sea que no se trata sólo de la incidencia tarifaria. El 1,8% anualizado equivale a 23,8%, muy por encima del techo que busca el BCRA para el nivel general del índice de precios al consumidor (IPC). En abril influirán los aumentos de gas natural (40% promedio) y cigarrillos (4%), mientras el del agua (23%) quedó para mayo. Si en los primeros cuatro meses, como se prevé, la inflación acumula una suba de 8%, el IPC debería bajar a un promedio de 1% mensual hasta diciembre para ubicarse en la meta oficial de 17% anual.
Por lo pronto, la apuesta del BCRA de poner más fichas al endurecimiento de la política monetaria para bajar la inflación, implica varios riesgos inmediatos.
Uno es el de ralentizar la recuperación de la actividad económica, ya que los pesos que se absorberán con pases y Lebac se restarán del crédito, inversiones productivas y demanda interna de bienes. Si bien técnicamente la recesión quedó atrás después de dos trimestres consecutivos sin retrocesos del PBI, la reactivación viene a marcha lenta y todavía no se hace sentir porque resulta muy heterogénea. Hay subas en el sector agropecuario, servicios y un fuerte impulso a las obras públicas, a diferencia de la mayoría de los sectores industriales, donde hasta ahora sólo se atenuó el ritmo de caída. Paralelamente, el consumo interno (que representa 72% del PBI) se mantiene a baja temperatura, al menos hasta que se cierren las paritarias que se concentran entre abril y junio, debido a que las subas de tarifas obligan a reducir o postergar otros gastos. Si los aumentos salariales se ubican en torno de 20/22%, la recuperación real -aún con cláusulas gatillo- dependerá de un descenso de la inflación en la segunda mitad del año.
Otro riesgo es que la suba de las tasas en pesos potencia transitoriamente un mayor ingreso de divisas para aprovechar la diferencia frente al dólar desinflado. Esta oferta alimenta la clásica «bicicleta» financiera (o carry trade, en su acepción millennial), para obtener altos rendimientos en dólares a corto plazo. La nueva tasa de referencia fijada por el BCRA, después de 19 semanas sin variantes, equivale a algo más de 2% mensual anualizado si la cotización del dólar se mantiene «planchada» o en baja como hasta ahora. Antes de que se conociera esta medida, el Estudio Bein le puso un título más que ilustrativo a su informe de abril: «Paradojas de un año electoral: sobran dólares, falta consumo». Obviamente, alude al fuerte ingreso de capitales por endeudamiento externo para financiar el déficit fiscal (nacional y provincial), el blanqueo y el comienzo de la temporada alta de liquidación de la cosecha agrícola, de los cuales el BCRA compra sólo una parte del excedente para aumentar las reservas. Según Bein, esto brinda «una especie de seguro de cambio implícito por los próximos dos meses». La contracara de esta oferta de divisas muy superior a la demanda, es un dólar relativamente barato que deteriora la competitividad de las exportaciones al aumentar los costos internos en dólares (impositivos, laborales, energéticos, logísticos, etc.) y a la vez incentiva los viajes y tours de compras en el exterior, que indirectamente afectan al consumo interno. De hecho, la salida de divisas por viajes y turismo al exterior totalizó US$ 3200 millones sólo en el primer bimestre, que se sumaron a los 8500 millones de 2016 e indirectamente afectan al consumo interno.
Las ventas minoristas de marzo, relevadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), registraron en volumen una baja interanual de 4,4% (y de 3,7% en el primer trimestre), con reducciones en todos los rubros. Pero otro dato significativo fueron las caídas registradas en Mendoza (11%); Misiones (12%); Entre Ríos (9,3%) y Santa Cruz (7,2%), donde los consumidores optan por realizar compras en los países limítrofes (Chile, Paraguay, Uruguay) para aprovechar las diferencias de precios.
Por ahora, todo indica que el gobierno de Mauricio Macri optó por sacrificar algún punto de recuperación de actividad económica a cambio un descenso más marcado de la inflación antes de las elecciones.
Pero desde una perspectiva más amplia, hay un problema macroeconómico de fondo que sigue sin resolverse tras la herencia recibida del kirchnerismo. El peso de bajar la inflación recae exclusivamente sobre el BCRA, cuyo único instrumento es el manejo de la tasa de interés. Y la meta de 17% fijada para este año (en septiembre de 2016) resulta incompatible con la política fiscal del Gobierno, cuyo único instrumento para bajar el gasto público en términos reales es la reducción de subsidios, lo cual se traduce en ajustes de tarifas con impacto sobre la inflación y el consumo masivo. Mientras tanto, el resto del gasto primario crece por encima de la recaudación, si se excluyen los ingresos por única vez del blanqueo. Así, el déficit debe financiarse mayormente con endeudamiento externo, que deprime el tipo de cambio real. Las reformas de fondo (ley de responsabilidad fiscal, estructura y funciones del Estado y reforma tributaria) tienen turno para después de las elecciones.
Para algunos economistas, Federico Sturzenegger actuó de manera consistente con el objetivo de bajar la inflación a 17% anual, ya evidenciado en las últimas semanas cuando impulsó la suba de tasas de Lebac en el mercado secundario, aunque dudan de que puedan alcanzarse. Más bien lo ubican en una franja de 21/23%.
Otros opinan, como Miguel Bein, que el problema no radica tanto en este nivel de inflación anual (que sería un éxito frente al 40% de 2016), sino que la meta oficial es demasiado ambiciosa y no tuvo en cuenta que el nuevo salto tarifario agregaría cuatro puntos porcentuales en estos meses, junto con su efecto sobre los costos de muchas actividades que, además, suben en dólares por la apreciación del tipo de cambio.
En una posición intermedia se ubican quienes sostienen que la actual estrategia del BCRA es transitoria, porque -en otra escala- se asemeja a la del primer semestre de 2016, cuando catapultó las tasas de Lebac hasta 38% anual (tras el fin del cepo cambiario, la devaluación y los fuertes ajustes de tarifas) y luego las redujo en unos 15 puntos porcentuales a medida que descendieron las expectativas inflacionarias.
Aunque la inflación de marzo (2,4%) había sido anticipada por la mayoría de los consultores privados y el propio Sturzenegger había advertido hace un tiempo que se avecinaban meses complicados por la suba de tarifas de luz y gas, su composición no fue la esperada. La inflación «núcleo» que mide el Indec (sin precios regulados ni estacionales) repitió la suba de 1,8% de febrero y se ubicó cerca del promedio de los tres últimos meses de 2016 (1,73%), antes del respiro de enero. O sea que no se trata sólo de la incidencia tarifaria. El 1,8% anualizado equivale a 23,8%, muy por encima del techo que busca el BCRA para el nivel general del índice de precios al consumidor (IPC). En abril influirán los aumentos de gas natural (40% promedio) y cigarrillos (4%), mientras el del agua (23%) quedó para mayo. Si en los primeros cuatro meses, como se prevé, la inflación acumula una suba de 8%, el IPC debería bajar a un promedio de 1% mensual hasta diciembre para ubicarse en la meta oficial de 17% anual.
Por lo pronto, la apuesta del BCRA de poner más fichas al endurecimiento de la política monetaria para bajar la inflación, implica varios riesgos inmediatos.
Uno es el de ralentizar la recuperación de la actividad económica, ya que los pesos que se absorberán con pases y Lebac se restarán del crédito, inversiones productivas y demanda interna de bienes. Si bien técnicamente la recesión quedó atrás después de dos trimestres consecutivos sin retrocesos del PBI, la reactivación viene a marcha lenta y todavía no se hace sentir porque resulta muy heterogénea. Hay subas en el sector agropecuario, servicios y un fuerte impulso a las obras públicas, a diferencia de la mayoría de los sectores industriales, donde hasta ahora sólo se atenuó el ritmo de caída. Paralelamente, el consumo interno (que representa 72% del PBI) se mantiene a baja temperatura, al menos hasta que se cierren las paritarias que se concentran entre abril y junio, debido a que las subas de tarifas obligan a reducir o postergar otros gastos. Si los aumentos salariales se ubican en torno de 20/22%, la recuperación real -aún con cláusulas gatillo- dependerá de un descenso de la inflación en la segunda mitad del año.
Otro riesgo es que la suba de las tasas en pesos potencia transitoriamente un mayor ingreso de divisas para aprovechar la diferencia frente al dólar desinflado. Esta oferta alimenta la clásica «bicicleta» financiera (o carry trade, en su acepción millennial), para obtener altos rendimientos en dólares a corto plazo. La nueva tasa de referencia fijada por el BCRA, después de 19 semanas sin variantes, equivale a algo más de 2% mensual anualizado si la cotización del dólar se mantiene «planchada» o en baja como hasta ahora. Antes de que se conociera esta medida, el Estudio Bein le puso un título más que ilustrativo a su informe de abril: «Paradojas de un año electoral: sobran dólares, falta consumo». Obviamente, alude al fuerte ingreso de capitales por endeudamiento externo para financiar el déficit fiscal (nacional y provincial), el blanqueo y el comienzo de la temporada alta de liquidación de la cosecha agrícola, de los cuales el BCRA compra sólo una parte del excedente para aumentar las reservas. Según Bein, esto brinda «una especie de seguro de cambio implícito por los próximos dos meses». La contracara de esta oferta de divisas muy superior a la demanda, es un dólar relativamente barato que deteriora la competitividad de las exportaciones al aumentar los costos internos en dólares (impositivos, laborales, energéticos, logísticos, etc.) y a la vez incentiva los viajes y tours de compras en el exterior, que indirectamente afectan al consumo interno. De hecho, la salida de divisas por viajes y turismo al exterior totalizó US$ 3200 millones sólo en el primer bimestre, que se sumaron a los 8500 millones de 2016 e indirectamente afectan al consumo interno.
Las ventas minoristas de marzo, relevadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), registraron en volumen una baja interanual de 4,4% (y de 3,7% en el primer trimestre), con reducciones en todos los rubros. Pero otro dato significativo fueron las caídas registradas en Mendoza (11%); Misiones (12%); Entre Ríos (9,3%) y Santa Cruz (7,2%), donde los consumidores optan por realizar compras en los países limítrofes (Chile, Paraguay, Uruguay) para aprovechar las diferencias de precios.
Por ahora, todo indica que el gobierno de Mauricio Macri optó por sacrificar algún punto de recuperación de actividad económica a cambio un descenso más marcado de la inflación antes de las elecciones.
Pero desde una perspectiva más amplia, hay un problema macroeconómico de fondo que sigue sin resolverse tras la herencia recibida del kirchnerismo. El peso de bajar la inflación recae exclusivamente sobre el BCRA, cuyo único instrumento es el manejo de la tasa de interés. Y la meta de 17% fijada para este año (en septiembre de 2016) resulta incompatible con la política fiscal del Gobierno, cuyo único instrumento para bajar el gasto público en términos reales es la reducción de subsidios, lo cual se traduce en ajustes de tarifas con impacto sobre la inflación y el consumo masivo. Mientras tanto, el resto del gasto primario crece por encima de la recaudación, si se excluyen los ingresos por única vez del blanqueo. Así, el déficit debe financiarse mayormente con endeudamiento externo, que deprime el tipo de cambio real. Las reformas de fondo (ley de responsabilidad fiscal, estructura y funciones del Estado y reforma tributaria) tienen turno para después de las elecciones.
