“Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas”. El mensaje es directo. Y llegó a quien tiene que llegar. Ayer, en el salón Arturo Illia, del Senado de la Nación, el colectivo NiUnaMenos presentó su documento para tomar parte, por primera vez convocada al Congreso, en un debate público sobre políticas que atañen a las mujeres o discursos políticos que se levantan en su nombre. Precisamente, el documento de NUM salió a responder “No en nuestro nombre” en torno a la polémica intención del Ejecutivo de modificar la ley de ejecución penal, la 24.660, que rige la progresividad en las excarcelaciones, después de la violación y asesinato de Micaela García. Modificación que propone obstaculizar o impedir las salidas transitorias y libertades condicionales hasta que se cumpla la condena en forma efectiva, como si la prisión (el sufrimiento, porque en estas cárceles se trata de eso) extendida fuera la solución mágica. En ese sentido, el mensaje de NUM fue concreto y comenzó sin medias tintas: “Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio de 2015 cuando salimos a las calles con la consigna de Ni una menos no piden más penas, no piden menos libertades. Piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia.” Unas horas antes, pletórica, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba ante el mismo público, preocupantes cifras sobre reincidencia de condenados por violación, cifras al vuelo y sin citar fuentes (ver aparte).
Antes de que el documento de NiUnaMenos fuera leído por las integrantes del colectivo, Vanina Escales y Mariana Carbajal, la antropóloga Rita Segato fijó posición, como especialista en estudios sobre la violencia machista, contra la idea que promueve el proyecto.
Con un pin en su solapa en el que se leía “Vivas nos queremos”, Segato se declaró “feminista y anti carcelaria aunque parezca una contradicción”. Y sostuvo su argumento, que se proyecta sobre el pensamiento de NiUnaMenos: “El violador es un síntoma social. La ley que consigue tipificar el delito de abuso sexual solo captura la punta del iceberg. Y no se puede castigar todos los episodios de violencia machista porque sería imposible para una sociedad. Ni alcanzarían las cárceles”, sostuvo Segato y agregó que “la única certeza es que la solución no es ni más pena ni más cárceles”. El concepto atacó al riñón de la propuesta de endurecimiento como solución: “Las cárceles son una escuela para generar nuevos violadores”.
Poco antes de las tres de la tarde, llegó el turno de NiUnaMenos. El título del documento: “No en nuestro nombre. Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino ¡Ni Una Menos!”. Un detalle a destacar que marca la distancia entre el reclamo de las mujeres y las soluciones punitivistas que hasta la fecha nunca resolvieron el problema: el 3 de junio de 2015, cuando se realizó la primer marcha de NUM, cada 30 horas se cometía un femicidio (a cifras de 2014). Los reclamos fueron precisamente sobre prevención, políticas públicas, más cuidado, más igualdad, más justicia. “Dos años después, seguimos pidiendo lo mismo”, sostiene el documento. Que no se atendió ni se atiende el reclamo lo trae a cuenta la cifra que actualizó NUM y que como señala el texto, “es escalofriante”: “Cada 18 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina”.
“El endurecimiento de la penalización –sostuvieron las integrantes del colectivo– y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social”.
También señalaron que ante los operadores de la justicia, las voces de las mujeres víctimas de violencia machista están “bajo sospecha” y “es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan”, y “el punitivismo” que “no es menos machista: al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas”.
El relato sobre el crimen de Micaela, que disparó a los titulares el proyecto legislativo muestra la cotidianeidad con la que se enfrentan las víctimas de violencia machista: “Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría –leyeron las integrantes de NUM–, le dijeron que podía tratarse de un suicidio, el fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda.”
El documento enumeró las ausencias del Estado, las que se quieren reemplazar con pintura sobre pintura: “no hay políticas de prevención, la Educación Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde. El patrocinio jurídico no se implementa. Ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen la violencia machista como un problema estructural. El Estado, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Autonomía económica y soberanía sobre su cuerpo. De esto rara vez se habla”.
Antes de que el documento de NiUnaMenos fuera leído por las integrantes del colectivo, Vanina Escales y Mariana Carbajal, la antropóloga Rita Segato fijó posición, como especialista en estudios sobre la violencia machista, contra la idea que promueve el proyecto.
Con un pin en su solapa en el que se leía “Vivas nos queremos”, Segato se declaró “feminista y anti carcelaria aunque parezca una contradicción”. Y sostuvo su argumento, que se proyecta sobre el pensamiento de NiUnaMenos: “El violador es un síntoma social. La ley que consigue tipificar el delito de abuso sexual solo captura la punta del iceberg. Y no se puede castigar todos los episodios de violencia machista porque sería imposible para una sociedad. Ni alcanzarían las cárceles”, sostuvo Segato y agregó que “la única certeza es que la solución no es ni más pena ni más cárceles”. El concepto atacó al riñón de la propuesta de endurecimiento como solución: “Las cárceles son una escuela para generar nuevos violadores”.
Poco antes de las tres de la tarde, llegó el turno de NiUnaMenos. El título del documento: “No en nuestro nombre. Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino ¡Ni Una Menos!”. Un detalle a destacar que marca la distancia entre el reclamo de las mujeres y las soluciones punitivistas que hasta la fecha nunca resolvieron el problema: el 3 de junio de 2015, cuando se realizó la primer marcha de NUM, cada 30 horas se cometía un femicidio (a cifras de 2014). Los reclamos fueron precisamente sobre prevención, políticas públicas, más cuidado, más igualdad, más justicia. “Dos años después, seguimos pidiendo lo mismo”, sostiene el documento. Que no se atendió ni se atiende el reclamo lo trae a cuenta la cifra que actualizó NUM y que como señala el texto, “es escalofriante”: “Cada 18 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina”.
“El endurecimiento de la penalización –sostuvieron las integrantes del colectivo– y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social”.
También señalaron que ante los operadores de la justicia, las voces de las mujeres víctimas de violencia machista están “bajo sospecha” y “es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan”, y “el punitivismo” que “no es menos machista: al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas”.
El relato sobre el crimen de Micaela, que disparó a los titulares el proyecto legislativo muestra la cotidianeidad con la que se enfrentan las víctimas de violencia machista: “Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría –leyeron las integrantes de NUM–, le dijeron que podía tratarse de un suicidio, el fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda.”
El documento enumeró las ausencias del Estado, las que se quieren reemplazar con pintura sobre pintura: “no hay políticas de prevención, la Educación Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde. El patrocinio jurídico no se implementa. Ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen la violencia machista como un problema estructural. El Estado, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Autonomía económica y soberanía sobre su cuerpo. De esto rara vez se habla”.
