por VERONICA DALTO
La suba de tarifas de servicios públicos redujo el ingreso disponible de las familias e impactó en las decisiones de consumo, que no pudieron ser compensadas con el fuerte aumento en el gasto social que realizó el gobierno. En tanto, el ahorro en el gasto fiscal en subsidios no fue significativo.
El Gobierno aumentó este año parcialmente las tarifas de gas, electricidad y agua, que resultó en una desaceleración del gasto en subsidios al 7% interanual en el primer cuatrimestre, según datos de Hacienda, por debajo de la inflación del 31,5%.
En tanto, extendió el alcance del gasto social, como las asignaciones familiares a monotributistas, y amplió los planes del Ministerio de Desarrollo Social, lo que sumado al aumento pautado de las jubilaciones, hicieron que las prestaciones sociales avanzaran 40% interanual.
Según un análisis del Estudio Bein, el efecto de las tarifas sobre el consumo por $ 41.200 millones en el cuatrimestre superó esa transferencia social, al considerar los aumentos en los servicios y el peso de la tarifa de gas (1,57%), de agua (0,85%) y de luz (0,86%) en la canasta de consumo.
Pero descontando las jubilaciones de las prestaciones sociales, el dinero derramado en los sectores más vulnerables ascendería a unos $ 31.206 millones entre enero y abril últimos, según los datos oficiales.
«Se le sacó unos $ 40.000 millones a la gente y se le devolvió $30.000 millones, aunque no son las mismas personas», dijo Marina Dal Poggeto, directora de la consultora. «No hay mucha baja de subsidios, porque el aumento tarifario mejora la hoja de balance de las empresas», agregó.
Se entiende que el nuevo gasto social alcanza al segmento de menor poder adquisitivo (un 75% de la asignación universal por hijo es cobrado por los tres primeros deciles de la población, según FIEL) y el aumento de las tarifas empezó a impactar desde la clase media hacia la más alta y con una distribución geográfica diferente.
La consecuencia es la caída del consumo en la primera parte del año, debido al menor ingreso disponible, que recién en el segundo trimestre empieza a despertarse.
Además, influyó la política de precios transparentes que dificultó el pago en cuotas y la compra de bienes durables, las expectativas sobre el ingreso futuro, lo que incluye la incertidumbre sobre el empleo. En tanto, la inflación fue más cos tosa sobre los sectores de menores ingresos.
En términos del PBI, el gasto en jubilaciones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, prestaciones al Inssjp y otros programas sociales avanzó 1,6 puntos del PBI en el primer cuatrimestre de 2017, respecto del mismo período del año pasado, por encima del gasto en subsidios, que perdió 0,2 puntos en el mismo lapso, indicó Gabriel Caamaño Gómez, economista del estudio Ledesma.
«Desde 2011 la tasa de crecimiento del consumo público duplicó la del PBI y el PBI per cápita no creció. Hay un agotamiento del rol del gasto público como tractor de la actividad. No sólo la economía no creció, sino que el peso del sector público es más alto y por eso la alta presión fiscal», dijo Caamaño Gómez.
«Lo que se da por un lado para consumo se saca vía la tasa de interés, que resiente la inversión, y tipo de cambio real, que le quita dinamismo a los sectores transables», agregó.
Ambos rubros del gasto son observados en un momento en que el Gobierno necesita reducir el déficit fiscal.
Pero las prestaciones sociales ($ 370.285 millones) están indexadas por la inflación pasada, ya que la movilidad de las jubilaciones y asignaciones sigue la variación de recaudación, por lo que se vuelve un gasto difícil de bajar si se desacelera el alza de precios. Y se entiende que el gasto en subsidios, por $ 54.789 millones, permanece alto, porque las transferencias al sector energético cayeron 10% interanual en los primeros cuatro meses del año, pero las realizadas al transporte subieron 20%, ya que aún no se autorizó el aumento tarifarios para ese segmento.
Ese incremento se prevé para el último trimestre, lo que seguirá restando ingreso disponible para el resto de los bienes. Los servicios de transporte pesan 2,44% en la canasta de consumo, por lo que los próximos ajustes tarifarios en los servicios públicos alcanzarán el 5,7% de la canasta total, según el Estudio Bein.
La suba de tarifas de servicios públicos redujo el ingreso disponible de las familias e impactó en las decisiones de consumo, que no pudieron ser compensadas con el fuerte aumento en el gasto social que realizó el gobierno. En tanto, el ahorro en el gasto fiscal en subsidios no fue significativo.
El Gobierno aumentó este año parcialmente las tarifas de gas, electricidad y agua, que resultó en una desaceleración del gasto en subsidios al 7% interanual en el primer cuatrimestre, según datos de Hacienda, por debajo de la inflación del 31,5%.
En tanto, extendió el alcance del gasto social, como las asignaciones familiares a monotributistas, y amplió los planes del Ministerio de Desarrollo Social, lo que sumado al aumento pautado de las jubilaciones, hicieron que las prestaciones sociales avanzaran 40% interanual.
Según un análisis del Estudio Bein, el efecto de las tarifas sobre el consumo por $ 41.200 millones en el cuatrimestre superó esa transferencia social, al considerar los aumentos en los servicios y el peso de la tarifa de gas (1,57%), de agua (0,85%) y de luz (0,86%) en la canasta de consumo.
Pero descontando las jubilaciones de las prestaciones sociales, el dinero derramado en los sectores más vulnerables ascendería a unos $ 31.206 millones entre enero y abril últimos, según los datos oficiales.
«Se le sacó unos $ 40.000 millones a la gente y se le devolvió $30.000 millones, aunque no son las mismas personas», dijo Marina Dal Poggeto, directora de la consultora. «No hay mucha baja de subsidios, porque el aumento tarifario mejora la hoja de balance de las empresas», agregó.
Se entiende que el nuevo gasto social alcanza al segmento de menor poder adquisitivo (un 75% de la asignación universal por hijo es cobrado por los tres primeros deciles de la población, según FIEL) y el aumento de las tarifas empezó a impactar desde la clase media hacia la más alta y con una distribución geográfica diferente.
La consecuencia es la caída del consumo en la primera parte del año, debido al menor ingreso disponible, que recién en el segundo trimestre empieza a despertarse.
Además, influyó la política de precios transparentes que dificultó el pago en cuotas y la compra de bienes durables, las expectativas sobre el ingreso futuro, lo que incluye la incertidumbre sobre el empleo. En tanto, la inflación fue más cos tosa sobre los sectores de menores ingresos.
En términos del PBI, el gasto en jubilaciones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, prestaciones al Inssjp y otros programas sociales avanzó 1,6 puntos del PBI en el primer cuatrimestre de 2017, respecto del mismo período del año pasado, por encima del gasto en subsidios, que perdió 0,2 puntos en el mismo lapso, indicó Gabriel Caamaño Gómez, economista del estudio Ledesma.
«Desde 2011 la tasa de crecimiento del consumo público duplicó la del PBI y el PBI per cápita no creció. Hay un agotamiento del rol del gasto público como tractor de la actividad. No sólo la economía no creció, sino que el peso del sector público es más alto y por eso la alta presión fiscal», dijo Caamaño Gómez.
«Lo que se da por un lado para consumo se saca vía la tasa de interés, que resiente la inversión, y tipo de cambio real, que le quita dinamismo a los sectores transables», agregó.
Ambos rubros del gasto son observados en un momento en que el Gobierno necesita reducir el déficit fiscal.
Pero las prestaciones sociales ($ 370.285 millones) están indexadas por la inflación pasada, ya que la movilidad de las jubilaciones y asignaciones sigue la variación de recaudación, por lo que se vuelve un gasto difícil de bajar si se desacelera el alza de precios. Y se entiende que el gasto en subsidios, por $ 54.789 millones, permanece alto, porque las transferencias al sector energético cayeron 10% interanual en los primeros cuatro meses del año, pero las realizadas al transporte subieron 20%, ya que aún no se autorizó el aumento tarifarios para ese segmento.
Ese incremento se prevé para el último trimestre, lo que seguirá restando ingreso disponible para el resto de los bienes. Los servicios de transporte pesan 2,44% en la canasta de consumo, por lo que los próximos ajustes tarifarios en los servicios públicos alcanzarán el 5,7% de la canasta total, según el Estudio Bein.
