Las centrales sindicales acordaron actuar en bloque ante la avanzada del Gobierno contra los derechos laborales y gremiales. También cuestionaron la elección de la Rural como sede para la Conferencia Internacional contra el Trabajo Infantil.
La CGT y las dos CTA acordaron actuar en bloque en determinados temas durante la 106 asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los representantes gremiales apuntan a desenmascarar los intentos del gobierno de Mauricio Macri por restringir el libre desarrollo de las representaciones sindicales y, sobre todo, la pretendida limitación al derecho a huelga. Este punto no es exclusivo del macrismo pero es el común denominador de los gobiernos neoliberales, como el de la Argentina, y que hacen causa común junto con las representaciones empresariales en escenarios como la asamblea de la OIT para ir avanzando en la imposición de estas políticas flexibilizadoras.
Según relatan en los pasillos de la CGT, la decisión de trabajar en conjunto se concretó un tiempo antes del viaje a Ginebra, Suiza. Esa fue la razón por la que la representación sindical fue más numerosa que otros años. El listado lo hizo la CGT bajo el control del titular de la Uocra, Gerardo Martínez, a la sazón secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera. Martínez tuvo que lidiar con la presión del Gobierno que pretendía sumar al titular del gremio de los trabajadores rurales, Gerónimo “Momo” Venegas. La objeción principal fue que el Momo no está en la CGT y que el sello de las 62 Organizaciones no servía porque ese es el “brazo político” de la CGT y, como tal, no cumple con el requisito de ser una central sindical. Así, el Momo no viajó.
La delegación gremial fue importante también porque la de empresarios había crecido con respecto a otros años. El mundo patronal es parte integrante de las asambleas de la OIT pero también se dedica al lobby. En esta oportunidad, el tema que está creciendo es la limitación al derecho a huelga y aunque no estuvo en la agenda de esta Asamblea, los sindicatos sospechan que trabajan, gobiernos y empresarios, para imponerla en 2018. “Este tema avanza entre los gobiernos liberales, como el argentino, y los trabajadores tenemos que resistir en todos los escenarios”, reconocieron colaboradores de Martínez.
Por caso, el secretario general de los docentes bonaerenses, Roberto Baradel, ya “activó” este reclamo cuando el lunes aprovechó un encuentro compartido con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el director General de la OIT, Guy Ryder, para denunciar “los embates” sobre trabajadores, dirigentes sindicales y los gremios, especialmente los relacionados con el sector educativo.
Pero allí no quedó la cosa. Poco antes de que Triaca realizara ayer su discurso las tres centrales sindicales, acompañadas por representantes de la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, expresaron ante las autoridades de la OIT su malestar y falta de criterio por la elección de las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) como sede de la IV Conferencia Internacional contra el Trabajo Infantil. Las organizaciones sindicales, argentinas e internacionales, expresaron la contradicción que implica llevar el debate a la sede de una institución que tiene el más alto índice de trabajo esclavo e infantil. Los sindicalistas sostuvieron que el gobierno nacional, encargado del encuentro, tiene tiempo como para modificar la sede y “evitar el papelón internacional”. En esa reunión Triaca sostuvo que no hay otra sede capaz de albergar a los participantes. Entre los dirigentes sindicales sostienen que la Rosada podría recurrir a la Usina del Arte o incluso al Centro Cultural Kirchner (CCK).
Ante la Asamblea de la OIT, Triaca anunció la realización de ese encuentro a finales de este año. Luego se regodeó sobre “el liderazgo argentino en el G-20” que se reunirá en la Argentina el próximo año y se refirió a “la capacitación para el trabajo del futuro”. El otro punto que le preocupó al ministro fue la migración y el impacto que tiene en el sistema jubilatorio que, como reconocieron el martes diputados del PRO, es uno de los temas que el Gobierno quiere modificar en 2018, siempre y cuando triunfe en las elecciones legislativas de octubre próximo.
La CGT y las dos CTA acordaron actuar en bloque en determinados temas durante la 106 asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los representantes gremiales apuntan a desenmascarar los intentos del gobierno de Mauricio Macri por restringir el libre desarrollo de las representaciones sindicales y, sobre todo, la pretendida limitación al derecho a huelga. Este punto no es exclusivo del macrismo pero es el común denominador de los gobiernos neoliberales, como el de la Argentina, y que hacen causa común junto con las representaciones empresariales en escenarios como la asamblea de la OIT para ir avanzando en la imposición de estas políticas flexibilizadoras.
Según relatan en los pasillos de la CGT, la decisión de trabajar en conjunto se concretó un tiempo antes del viaje a Ginebra, Suiza. Esa fue la razón por la que la representación sindical fue más numerosa que otros años. El listado lo hizo la CGT bajo el control del titular de la Uocra, Gerardo Martínez, a la sazón secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera. Martínez tuvo que lidiar con la presión del Gobierno que pretendía sumar al titular del gremio de los trabajadores rurales, Gerónimo “Momo” Venegas. La objeción principal fue que el Momo no está en la CGT y que el sello de las 62 Organizaciones no servía porque ese es el “brazo político” de la CGT y, como tal, no cumple con el requisito de ser una central sindical. Así, el Momo no viajó.
La delegación gremial fue importante también porque la de empresarios había crecido con respecto a otros años. El mundo patronal es parte integrante de las asambleas de la OIT pero también se dedica al lobby. En esta oportunidad, el tema que está creciendo es la limitación al derecho a huelga y aunque no estuvo en la agenda de esta Asamblea, los sindicatos sospechan que trabajan, gobiernos y empresarios, para imponerla en 2018. “Este tema avanza entre los gobiernos liberales, como el argentino, y los trabajadores tenemos que resistir en todos los escenarios”, reconocieron colaboradores de Martínez.
Por caso, el secretario general de los docentes bonaerenses, Roberto Baradel, ya “activó” este reclamo cuando el lunes aprovechó un encuentro compartido con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el director General de la OIT, Guy Ryder, para denunciar “los embates” sobre trabajadores, dirigentes sindicales y los gremios, especialmente los relacionados con el sector educativo.
Pero allí no quedó la cosa. Poco antes de que Triaca realizara ayer su discurso las tres centrales sindicales, acompañadas por representantes de la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, expresaron ante las autoridades de la OIT su malestar y falta de criterio por la elección de las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) como sede de la IV Conferencia Internacional contra el Trabajo Infantil. Las organizaciones sindicales, argentinas e internacionales, expresaron la contradicción que implica llevar el debate a la sede de una institución que tiene el más alto índice de trabajo esclavo e infantil. Los sindicalistas sostuvieron que el gobierno nacional, encargado del encuentro, tiene tiempo como para modificar la sede y “evitar el papelón internacional”. En esa reunión Triaca sostuvo que no hay otra sede capaz de albergar a los participantes. Entre los dirigentes sindicales sostienen que la Rosada podría recurrir a la Usina del Arte o incluso al Centro Cultural Kirchner (CCK).
Ante la Asamblea de la OIT, Triaca anunció la realización de ese encuentro a finales de este año. Luego se regodeó sobre “el liderazgo argentino en el G-20” que se reunirá en la Argentina el próximo año y se refirió a “la capacitación para el trabajo del futuro”. El otro punto que le preocupó al ministro fue la migración y el impacto que tiene en el sistema jubilatorio que, como reconocieron el martes diputados del PRO, es uno de los temas que el Gobierno quiere modificar en 2018, siempre y cuando triunfe en las elecciones legislativas de octubre próximo.
