El camarista advirtió sobre la persecución del Gobierno a jueces del fuero laboral y explicó por qué Pepsico incumplió la ley.
El camarista Luis Raffaghelli, que ordenó la reincorporación de diez trabajadores de Pepsico, dijo que en el fuero laboral “hay preocupación” por las denuncias que el Gobierno está presentado contra los jueces “por el contenido de sus sentencias”. También explicó que en Pepsico la empresa despidió sin haber terminado el procedimiento preventivo de crisis, por lo que “debe dar ocupación” a los cesanteados. “El despido sin causa no es una facultad que una empresa pueda ejercer sin ningún tipo de contemplación, sobre todo cuando es un despido masivo, como el cierre de una planta, con impacto en los trabajadores, sus familias, los proveedores y el municipio”, sostuvo.
Raffaghelli explicó las razones de su fallo en el caso Pepsico, que firmó junto a un colega de la Sala VI de la Cámara laboral.
Las plantas de más de 50 trabajadores, indicó, tienen la obligación de explicitar las razones de la crisis y las medidas que tomarán para superarla y para atenuar los efectos de esa crisis. Como Pepsico entra en esta categoría, tendría que haber esperado la conclusión del procedimiento preventivo, ya que “así lo dice la Ley de Empleo: que no se pueden adoptar medidas hasta la conclusión del procedimiento”. Raffaghelli abundó que el mismo criterio aparece en “el decreto 2071 de 1994, con el decreto 328 del año 88 y con el decreto posterior a la crisis de 2001, el 2064/2002”.
“Al no cumplir ese conjunto normativo, queda vigente la relación de trabajo y por lo tanto la obligación de dar ocupación, que está establecida en el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Al recibir el pedido de amparo, los camaristas encontraron sin embargo que los telegramas que preavisaron los despidos informaron al mismo tiempo que se iba a iniciar el procedimiento preventivo de crisis (PPC), el mecanismo legal que tiene por objetivo prevenir cesantías tempranas dando intervención al Ministerio de Trabajo.
Citando el razonamiento de un colega, el juez consideró que si Pepsico hubiera respetado las leyes, “seguramente no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió, porque la gente no hubiera tomado la planta, no hubiera habido desalojo y quizás, con un profundo diálogo, se hubiera podido buscar alguna solución. Seguramente algunos trabajadores habrían aceptado irse de la empresa –opinó durante una entrevista en el programa radial Toma y Daca–, otros quizás hubieran sido reubicados con la participación del Estado y la colaboración del sindicato, porque son trabajadores calificados. Se hubiera llegado a una solución más valiosa en términos de la situación social.”
Sobre las presiones del gobierno nacional contra el fuero laboral, Raffaghelli planteó: “Hay preocupación por las denuncias contra los jueces por el contenido de sus sentencias”, respondió. “La asociación (de funcionarios y magistrados) ha sido muy clara en expresar que no avala este tipo de medidas” (como el pedido de juicio político a dos jueces del fuero laboral por haberse expedido en favor de la paritaria de la Asociación Bancaria, y la denuncia contra el propio Raffaghelli ante el Consejo de la Magistratura).
Durante la dictadura, el camarista fue detenido por haber patrocinado un juicio por la reincorporación de un delegado. “La independencia judicial hace a la fundamental tranquilidad de conciencia que tiene que tener un magistrado al resolver un caso”, dijo ayer. “Ningún juez puede asustarse con este tipo de campaña, porque si lo jueces tienen miedo, la democracia tiene serios problemas”.
Raffaghelli advirtió que “cuando desde el máximo nivel del Estado se dan ese tipo de señales (como acusar de ‘mafias’ a los abogados laboralistas) hay otra gente que se anima a decir cosa aún más graves”. “La abogacía tiene que ver con la democracia, por eso hay más de 120 abogados detenidos desaparecidos y el creador del Contrato de Trabajo, Norberto Centeno, fue asesinado. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones”.
El camarista Luis Raffaghelli, que ordenó la reincorporación de diez trabajadores de Pepsico, dijo que en el fuero laboral “hay preocupación” por las denuncias que el Gobierno está presentado contra los jueces “por el contenido de sus sentencias”. También explicó que en Pepsico la empresa despidió sin haber terminado el procedimiento preventivo de crisis, por lo que “debe dar ocupación” a los cesanteados. “El despido sin causa no es una facultad que una empresa pueda ejercer sin ningún tipo de contemplación, sobre todo cuando es un despido masivo, como el cierre de una planta, con impacto en los trabajadores, sus familias, los proveedores y el municipio”, sostuvo.
Raffaghelli explicó las razones de su fallo en el caso Pepsico, que firmó junto a un colega de la Sala VI de la Cámara laboral.
Las plantas de más de 50 trabajadores, indicó, tienen la obligación de explicitar las razones de la crisis y las medidas que tomarán para superarla y para atenuar los efectos de esa crisis. Como Pepsico entra en esta categoría, tendría que haber esperado la conclusión del procedimiento preventivo, ya que “así lo dice la Ley de Empleo: que no se pueden adoptar medidas hasta la conclusión del procedimiento”. Raffaghelli abundó que el mismo criterio aparece en “el decreto 2071 de 1994, con el decreto 328 del año 88 y con el decreto posterior a la crisis de 2001, el 2064/2002”.
“Al no cumplir ese conjunto normativo, queda vigente la relación de trabajo y por lo tanto la obligación de dar ocupación, que está establecida en el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Al recibir el pedido de amparo, los camaristas encontraron sin embargo que los telegramas que preavisaron los despidos informaron al mismo tiempo que se iba a iniciar el procedimiento preventivo de crisis (PPC), el mecanismo legal que tiene por objetivo prevenir cesantías tempranas dando intervención al Ministerio de Trabajo.
Citando el razonamiento de un colega, el juez consideró que si Pepsico hubiera respetado las leyes, “seguramente no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió, porque la gente no hubiera tomado la planta, no hubiera habido desalojo y quizás, con un profundo diálogo, se hubiera podido buscar alguna solución. Seguramente algunos trabajadores habrían aceptado irse de la empresa –opinó durante una entrevista en el programa radial Toma y Daca–, otros quizás hubieran sido reubicados con la participación del Estado y la colaboración del sindicato, porque son trabajadores calificados. Se hubiera llegado a una solución más valiosa en términos de la situación social.”
Sobre las presiones del gobierno nacional contra el fuero laboral, Raffaghelli planteó: “Hay preocupación por las denuncias contra los jueces por el contenido de sus sentencias”, respondió. “La asociación (de funcionarios y magistrados) ha sido muy clara en expresar que no avala este tipo de medidas” (como el pedido de juicio político a dos jueces del fuero laboral por haberse expedido en favor de la paritaria de la Asociación Bancaria, y la denuncia contra el propio Raffaghelli ante el Consejo de la Magistratura).
Durante la dictadura, el camarista fue detenido por haber patrocinado un juicio por la reincorporación de un delegado. “La independencia judicial hace a la fundamental tranquilidad de conciencia que tiene que tener un magistrado al resolver un caso”, dijo ayer. “Ningún juez puede asustarse con este tipo de campaña, porque si lo jueces tienen miedo, la democracia tiene serios problemas”.
Raffaghelli advirtió que “cuando desde el máximo nivel del Estado se dan ese tipo de señales (como acusar de ‘mafias’ a los abogados laboralistas) hay otra gente que se anima a decir cosa aún más graves”. “La abogacía tiene que ver con la democracia, por eso hay más de 120 abogados detenidos desaparecidos y el creador del Contrato de Trabajo, Norberto Centeno, fue asesinado. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones”.
