El Ministerio de Agroindustria recortó la asistencia a pequeños productores, principalmente extranjeros
El Ministerio de Agroindustria recortó un programa histórico que brinda asistencia técnica a pequeños y medianos productores y excluyó del beneficio a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad y producen verduras de hoja para abastecer el mercado interno. Además, el recorte llegó de la peor manera: la cartera conducida por el radical Ricardo Buryaile puso como condición para acceder al beneficio “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”, algo que deja afuera a más del 80 por ciento de los productores, en su mayoría bolivianos. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra presentarán una denuncia ante el Inadi por considerar la nueva reglamentación como discriminatoria.
El Ministerio de Agroindustria publicó la semana pasada en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de Cambio Rural, un programa que existe desde 1993 y tiene como objetivo asistir técnicamente a los pequeños y medianos productores rurales “para mejorar su situación productiva y socioeconómica”. La resolución 249, publicada el 6 de septiembre, afirma que luego de veinte años de existencia, el programa “ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción”.
Desde el Ministerio se propusieron corregir esta “desviación” a través de nuevos requisitos para acceder al programa. Entre ellos, remarcaron que para recibir el beneficio –el Ministerio solventa una parte de los honorarios de un ingeniero agrónomo que asiste al productor– hay que “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”. La condición deja afuera a más del 80 por ciento de los productores que integran los cordones hortícolas periurbanos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy, en su mayoría inmigrantes de Bolivia.
Desde las organizaciones que agrupan a los pequeños productores advirtieron que el Ministerio ya recortó unos 780 cupos de Cambio Rural que asisten a estas familias, lo que significó también la pérdida de una fuente laboral para unos 500 ingenieros. Además remarcaron que recurrirán al Inadi por una medida que calificaron como discriminatoria ya que ni siquiera incluye a los argentinos nacionalizados. Muchos de los productores que hoy trabajan la tierra llegaron al país hace más de veinte años.
Agustín Suárez, ingeniero agrónomo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) –una organización que defiende los derechos de los pequeños productores–, explicó que a lo largo de los años el programa sufrió varias reconversiones pero que esta última significa “volver a los 90”.
“Cambio Rural surgió en los 90 para financiar la asistencia técnica de los productores pequeños y medianos pero con un perfil capitalizado, los productores de la pampa húmeda que tienen unas cien hectáreas. Hace diez años se amplió el alcance para empezar a asistir técnicamente a los pequeños productores de la periferia del gran Buenos Aires con mano de obra familiar, básicamente todo el sector hortícola. Esta nueva reconversión vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado”, explicó Suárez, para quien la nueva cláusula de argentinidad “es un pretexto para sacarse de encima a todo el sector hortícola”.
Los productores hortícolas del cordón La Plata-Berazategui-Florencio Varela, unas diez mil familias, están lejos de tener cien hectáreas propias. La mayoría alquila entre cuatro y cinco hectáreas, no tiene empleados, sólo cuenta con la mano de obra familiar y padece muchísimas necesidades. Por ejemplo, muchos viven en casillas precarias de chapa y madera porque los dueños de la tierra no les permiten construir.
“El programa subsidia el 50 por ciento de los honorarios de un ingeniero del INTA. El Ministerio pone unos 4500 pesos y el productor debe poner otros 4500 más. Como para las familias ese dinero es una suma difícil de alcanzar se juntaban entre varias y arreglaban. De otra forma les es imposible contratar un ingeniero y es fundamental la asistencia técnica porque si no recurren a las mismas semillerías que les venden los productos y ellos les quieren vender más”, sostiene Suárez.
Frente al reclamo de los productores desde el Gobierno respondieron que para paliar la exclusión de Cambio Rural los pequeños productores podrán solicitar ser tenidos en cuenta en otro programa similar –los Grupos de Abastecimiento Local (GAL)– que depende de Desarrollo Social.
“Este cambio sin dudas representa la política que viene llevando este Gobierno: para los productores pobres un subsidio asistencialista y para los productores pequeños pero capitalizados, de clase media, asesoramiento técnico desde el Ministerio de Agroindustria”, opinó el referente de la UTT, que además aclaró que el programa de los GAL está desarticulado y que sólo funcionan seis en toda la provincia.
El Ministerio de Agroindustria recortó un programa histórico que brinda asistencia técnica a pequeños y medianos productores y excluyó del beneficio a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad y producen verduras de hoja para abastecer el mercado interno. Además, el recorte llegó de la peor manera: la cartera conducida por el radical Ricardo Buryaile puso como condición para acceder al beneficio “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”, algo que deja afuera a más del 80 por ciento de los productores, en su mayoría bolivianos. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra presentarán una denuncia ante el Inadi por considerar la nueva reglamentación como discriminatoria.
El Ministerio de Agroindustria publicó la semana pasada en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de Cambio Rural, un programa que existe desde 1993 y tiene como objetivo asistir técnicamente a los pequeños y medianos productores rurales “para mejorar su situación productiva y socioeconómica”. La resolución 249, publicada el 6 de septiembre, afirma que luego de veinte años de existencia, el programa “ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción”.
Desde el Ministerio se propusieron corregir esta “desviación” a través de nuevos requisitos para acceder al programa. Entre ellos, remarcaron que para recibir el beneficio –el Ministerio solventa una parte de los honorarios de un ingeniero agrónomo que asiste al productor– hay que “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”. La condición deja afuera a más del 80 por ciento de los productores que integran los cordones hortícolas periurbanos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy, en su mayoría inmigrantes de Bolivia.
Desde las organizaciones que agrupan a los pequeños productores advirtieron que el Ministerio ya recortó unos 780 cupos de Cambio Rural que asisten a estas familias, lo que significó también la pérdida de una fuente laboral para unos 500 ingenieros. Además remarcaron que recurrirán al Inadi por una medida que calificaron como discriminatoria ya que ni siquiera incluye a los argentinos nacionalizados. Muchos de los productores que hoy trabajan la tierra llegaron al país hace más de veinte años.
Agustín Suárez, ingeniero agrónomo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) –una organización que defiende los derechos de los pequeños productores–, explicó que a lo largo de los años el programa sufrió varias reconversiones pero que esta última significa “volver a los 90”.
“Cambio Rural surgió en los 90 para financiar la asistencia técnica de los productores pequeños y medianos pero con un perfil capitalizado, los productores de la pampa húmeda que tienen unas cien hectáreas. Hace diez años se amplió el alcance para empezar a asistir técnicamente a los pequeños productores de la periferia del gran Buenos Aires con mano de obra familiar, básicamente todo el sector hortícola. Esta nueva reconversión vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado”, explicó Suárez, para quien la nueva cláusula de argentinidad “es un pretexto para sacarse de encima a todo el sector hortícola”.
Los productores hortícolas del cordón La Plata-Berazategui-Florencio Varela, unas diez mil familias, están lejos de tener cien hectáreas propias. La mayoría alquila entre cuatro y cinco hectáreas, no tiene empleados, sólo cuenta con la mano de obra familiar y padece muchísimas necesidades. Por ejemplo, muchos viven en casillas precarias de chapa y madera porque los dueños de la tierra no les permiten construir.
“El programa subsidia el 50 por ciento de los honorarios de un ingeniero del INTA. El Ministerio pone unos 4500 pesos y el productor debe poner otros 4500 más. Como para las familias ese dinero es una suma difícil de alcanzar se juntaban entre varias y arreglaban. De otra forma les es imposible contratar un ingeniero y es fundamental la asistencia técnica porque si no recurren a las mismas semillerías que les venden los productos y ellos les quieren vender más”, sostiene Suárez.
Frente al reclamo de los productores desde el Gobierno respondieron que para paliar la exclusión de Cambio Rural los pequeños productores podrán solicitar ser tenidos en cuenta en otro programa similar –los Grupos de Abastecimiento Local (GAL)– que depende de Desarrollo Social.
“Este cambio sin dudas representa la política que viene llevando este Gobierno: para los productores pobres un subsidio asistencialista y para los productores pequeños pero capitalizados, de clase media, asesoramiento técnico desde el Ministerio de Agroindustria”, opinó el referente de la UTT, que además aclaró que el programa de los GAL está desarticulado y que sólo funcionan seis en toda la provincia.
