Cuarenta y nueve dÃas de la desaparición forzada de Santiago Maldonado representan cuarenta y nueve dÃas de disputar la verdad de los hechos.
Los cambios de posición y de discursos esgrimidos por el gobierno, que se manifiestan a través de diferentes funcionarios y son amplificados por los principales medios de comunicación, muestran que la verdad está en un claro terreno de disputa.
Podemos hacer un breve repaso que revele esta afirmación: i) Santiago Maldonado no estaba en la lof en Resistencia Depto. de Cushamen; ii) habrÃa estado comprando algo en una estación de servicio en Entre RÃos, y fue visto por un camionero; iii) habrÃa estado en Mendoza; iv) habrÃa muerto por lo menos una semana antes del 1 de agosto, en virtud de un cuchillazo que le dio el puestero; v) -que se deriva de la anterior- Santiago habrÃa sido parte de la RAM; vi) habrÃa estado en Tierra del Fuego; vii) el operativo represivo contó con la orden del juez Otranto; viii) el operativo ingresó al territorio comunitario en razón de las piedras que recibieron los gendarmes en la Ruta 40; ix) ingresaron solo siete gendarmes; x) los gendarmes no estaban armados; xi) los gendarmes no se acercaron al rÃo; xii) no hubo ninguna orden ni comunicación con responsables polÃticos en aquel momento; xiii) El jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, pasaba de casualidad por la zona y solo paró a saludar a los gendarmes.
Con el correr de los dÃas, las afirmaciones hechas ante los medios, la Cámara de Senadores o los organismos de derechos humanos se fueron cayendo una a una. Y tras cada caÃda, se fue levantando otra perversa enunciación.
Santiago no estaba en Entre RÃos, a pesar de que exista un pueblo en el que todos se le parecen; y tampoco estaba en ninguno de los otros lugares en los que se los quiso situar; estaba donde se dijo desde el primer dÃa. Resultó difÃcil que los miembros de la comunidad prestaran declaración testimonial frente a la amenaza pública –que además tuvo su palmaria evidencia de cumplimiento– de Noceti, relativa a que se estaba investigando la identidad de todos los miembros de la comunidad en pos de meterlos presos (averiguar qué juez y en qué causa se los está investigando es materia pendiente aún); sin embargo, ello se logró.
Por otro lado, una importante cantidad de periodistas comprometidos tomaron contacto con personas que habÃan están con Santiago los dÃas previos a su desaparición o que lo vieron el dÃa de los hechos en la comunidad. También aparecieron videos e imágenes que lo ubican en el lugar de la represión. Finalmente, el ADN del cuchillo del puestero dio negativo y, asÃ, cayó la coartada de que el joven no estaba en la lof el dÃa del operativo represivo.
Ya sabemos que se lavaron las camionetas, que eso dice -aparentemente- el reglamento y que no hay que tirar por la ventana a ningún gendarme. El Ministerio de Seguridad entregó las listas con la nómina de los supuestos agentes que estuvieron presentes aquel dÃa, el 8 y el 15 de agosto; pero, a partir de las declaraciones testimoniales de los gendarmes, parece que en ellas no están todos aquellos que participaron. Luego, la versión de que solo ingresaron siete de ellos, también se derrumbó y se transformaron en 15 o 20, los que se habrÃan acercado al rÃo, arrojado piedras y disparado balas. Incluso, según la declaración de una enfermera que atendió al agente herido en la cara por una piedra, quien afirmó que lo atendió adentro de la comunidad y no en la ruta, debemos declinar también la razón que habilitó la actuación por flagrancia –ya que en el camino también se habÃa derrumbado la versión de la existencia de la orden judicial–.
Entonces, Santiago estaba donde se dijo que habÃa estado, corrió hacia el rÃo, y, en principio pudo haber sido herido por gendarmes que ingresaron al territorio comunitario sin orden judicial y sin razón legal que lo autorizara. Hasta aquÃ, los datos que se han ido obteniendo.
Fue necesario un urgente cambio de estrategia discursiva frente al conjunto de revelaciones, sumado a que el gobierno contó con antelación con el resultado de las pericias sobre los setenta teléfonos secuestrados de los agentes de la fuerza de seguridad y pudo conocer algunos intercambios que referÃan a que una piedra fue lanzada por un gendarme hacia una persona en el operativo; lo que devino en la construcción de la versión del exceso del gendarme solitario. El ministro de Justicia comunicó que los gendarmes pudieron haber mentido.
No obstante, la presencia de Noceti en el lugar no fue casual, como lo intentó justificar Bullrich desde el primer momento. El abogado, que reivindica la dictadura cÃvico-militar, habÃa viajado a la Patagonia a fin de coordinar las fuerzas represivas provinciales de RÃo Negro, Chubut y las federales, para llevar adelante operativos contra comunidades mapuches, en particular contra la Lof de Cushamen. En 2016, habÃa tomado contacto con funcionarios judiciales y del ministerio público fiscal, federal y provinciales, para que calificasen los hechos que tuvieran como protagonistas a mapuches como federales y les indicó que se debÃa utilizar las leyes antiterroristas. Noceti dijo que no habló previo al operativo represivo del 1 de agosto con los responsables de gendarmerÃa que estaban en el procedimiento. Mintió. Nuevamente nos encontramos con prueba que afirma que Noceti habló por teléfono previo al ingreso a la comunidad, durante y también luego, tanto con el Jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, como con el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel. Aún más, el 3 de agosto, a 48 horas de la desaparición de Santiago, Noceti informó al responsable de gendarmerÃa de Esquel que se iban a realizar pericias a los vehÃculos utilizados en el operativo. Esto, claro está, antes de que se realicen las pesquisas sobre los vehÃculos que fueron lavados.
GendarmerÃa ingresó a la lof sin orden judicial, sin que exista hecho alguno que habilite la utilización del procedimiento de flagrancia y después de que sus responsables hablaran telefónicamente con Pablo Noceti. Ingresaron por lo menos 20 agentes, demoraron a mujeres y niñxs, prendieron fuego objetos, secuestraron herramientas de trabajo comunitarias y persiguieron a hombres que se dirigÃan hacia el rÃo. Les dispararon. Santiago estaba allÃ. Ingresó un Unimog hasta la zona cercana al rÃo: el Unimog no ha sido peritado aún, pero fue corroborado su tránsito en el primer rastrillaje realizado por las huellas que dejó.
Hasta aquà solo presento un relato y un contra-relato a base de pruebas que se sostienen y otras que se desploman.
La disputa por la verdad hace que frente a lo evidente se eche mano a la más antigua de las herramientas del poder polÃtico: la construcción del enemigo. La RAM concentra el epicentro del enemigo polÃtico. El Gobierno habla de esa organización, relata que los están investigando, que saben quienes la integran, aseguran que los testigos forman parte de ella, incluso se refieren a la comunidad de la RAM y no a la comunidad en Resistencia Depto. Cushamen –invisibilizando su nombre y sus reivindicaciones territoriales–.
Santiago, militante de la causa indÃgena y en particular de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen y de su longko, fue convertido en enemigo.
El discurso y el mensaje que esto transmite es contundente: se niega al ser humano y se elimina toda posibilidad de empatÃa, es decir, de colocarse en el lugar y la perspectiva del otro y comprenderlo.
Las hipótesis de que Santiago está vivo y escondido o que fue asesinado por la comunidad mapuche y que se mantiene en secreto por la oscura finalidad de desestabilizar al gobierno -únicas que explicarÃan que no lo haya matado y desaparecido la GendarmerÃa- son tan burdas que ni siquiera el peor de los mercenarios llamados periodistas se ha animado a esgrimir.
A pesar de ello, en la época de la posverdad lo que importa es mediar en la emocionalidad de la gente, aun al costo de banalizar y pervertir la realidad y también el mal que ella puede encarnar –capaz de desaparecer personas–.
De ese modo, el hilo que se intenta presentar es que el kirchnerismo esta atrás del caso de Santiago. Por lo tanto, todo aquel que esté del otro lado de la grieta debe dudar de la desaparición forzada de él. No importa que el joven fuese anarquista o que la agenda de los pueblos indÃgenas no entrara en los 12 años de la gestión del anterior gobierno –Facundo Jones Huala fue investigado de modo ilegal por más de un año por un agente de la AFI en 2014 y 2015–. Alcanza con que el reclamo masivo por la aparición con vida lo hagan los organismos de derechos humanos y que dirigentes polÃticos de diferentes fuerzas –incluida las del FPV– se sumen a esa demanda.
Por último, quiero hacer una breve mención a mi caso personal, que ilustra con claridad el tipo de maniobra predilecta por el gobierno de turno.
En el mundo binario de la grieta, si defendes a Milagro Sala sos kirchnerista, no defensora de derechos humanos. De allà que estos dÃas, algún diario afirme que soy candidata a diputada nacional por el kirchnerismo, lo que no solo es falso porque soy militante de Patria Grande, sino que es un error muy fácil de chequear –suponiendo que pudiera serlo–. Además, se afirmó que soy abogada de Quebracho; también es falso. Se aseveró que tomé declaraciones a los miembros de la comunidad encapuchados y que me ofrecà como vÃnculo entre los testigos y el juzgado por el caso de Santiago, también todo ello es falaz. Aunque fuera kirchnerista y defensora de todos sus referentes y dirigentes nada cambiarÃa la verdad de los hechos en el caso de Santiago; pero, como tampoco importa que le pasó a él, menos va a importar una mentira más en relación a todo lo que lo rodea.
La desaparición forzada es un delito que se configura por medio de dos acciones diferentes que deben estar en cabeza de un funcionario público –o de una persona que actúa con la autorización o el apoyo del Estado–: a) debe privar de la libertad a una persona y b) luego de ello, se debe omitir dar la información o negarse a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre su paradero.
Sobre la segunda de las acciones habla este artÃculo. Sobre una serie de discursos esgrimidos por el Gobierno que no solo no guardan relación con la verdad de lo sucedido, sino que entorpecen su averiguación, mientras la desaparición forzada de Santiago continúa cometiéndose.
* Abogada de derechos humanos y docente (UBA).
Los cambios de posición y de discursos esgrimidos por el gobierno, que se manifiestan a través de diferentes funcionarios y son amplificados por los principales medios de comunicación, muestran que la verdad está en un claro terreno de disputa.
Podemos hacer un breve repaso que revele esta afirmación: i) Santiago Maldonado no estaba en la lof en Resistencia Depto. de Cushamen; ii) habrÃa estado comprando algo en una estación de servicio en Entre RÃos, y fue visto por un camionero; iii) habrÃa estado en Mendoza; iv) habrÃa muerto por lo menos una semana antes del 1 de agosto, en virtud de un cuchillazo que le dio el puestero; v) -que se deriva de la anterior- Santiago habrÃa sido parte de la RAM; vi) habrÃa estado en Tierra del Fuego; vii) el operativo represivo contó con la orden del juez Otranto; viii) el operativo ingresó al territorio comunitario en razón de las piedras que recibieron los gendarmes en la Ruta 40; ix) ingresaron solo siete gendarmes; x) los gendarmes no estaban armados; xi) los gendarmes no se acercaron al rÃo; xii) no hubo ninguna orden ni comunicación con responsables polÃticos en aquel momento; xiii) El jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, pasaba de casualidad por la zona y solo paró a saludar a los gendarmes.
Con el correr de los dÃas, las afirmaciones hechas ante los medios, la Cámara de Senadores o los organismos de derechos humanos se fueron cayendo una a una. Y tras cada caÃda, se fue levantando otra perversa enunciación.
Santiago no estaba en Entre RÃos, a pesar de que exista un pueblo en el que todos se le parecen; y tampoco estaba en ninguno de los otros lugares en los que se los quiso situar; estaba donde se dijo desde el primer dÃa. Resultó difÃcil que los miembros de la comunidad prestaran declaración testimonial frente a la amenaza pública –que además tuvo su palmaria evidencia de cumplimiento– de Noceti, relativa a que se estaba investigando la identidad de todos los miembros de la comunidad en pos de meterlos presos (averiguar qué juez y en qué causa se los está investigando es materia pendiente aún); sin embargo, ello se logró.
Por otro lado, una importante cantidad de periodistas comprometidos tomaron contacto con personas que habÃan están con Santiago los dÃas previos a su desaparición o que lo vieron el dÃa de los hechos en la comunidad. También aparecieron videos e imágenes que lo ubican en el lugar de la represión. Finalmente, el ADN del cuchillo del puestero dio negativo y, asÃ, cayó la coartada de que el joven no estaba en la lof el dÃa del operativo represivo.
Ya sabemos que se lavaron las camionetas, que eso dice -aparentemente- el reglamento y que no hay que tirar por la ventana a ningún gendarme. El Ministerio de Seguridad entregó las listas con la nómina de los supuestos agentes que estuvieron presentes aquel dÃa, el 8 y el 15 de agosto; pero, a partir de las declaraciones testimoniales de los gendarmes, parece que en ellas no están todos aquellos que participaron. Luego, la versión de que solo ingresaron siete de ellos, también se derrumbó y se transformaron en 15 o 20, los que se habrÃan acercado al rÃo, arrojado piedras y disparado balas. Incluso, según la declaración de una enfermera que atendió al agente herido en la cara por una piedra, quien afirmó que lo atendió adentro de la comunidad y no en la ruta, debemos declinar también la razón que habilitó la actuación por flagrancia –ya que en el camino también se habÃa derrumbado la versión de la existencia de la orden judicial–.
Entonces, Santiago estaba donde se dijo que habÃa estado, corrió hacia el rÃo, y, en principio pudo haber sido herido por gendarmes que ingresaron al territorio comunitario sin orden judicial y sin razón legal que lo autorizara. Hasta aquÃ, los datos que se han ido obteniendo.
Fue necesario un urgente cambio de estrategia discursiva frente al conjunto de revelaciones, sumado a que el gobierno contó con antelación con el resultado de las pericias sobre los setenta teléfonos secuestrados de los agentes de la fuerza de seguridad y pudo conocer algunos intercambios que referÃan a que una piedra fue lanzada por un gendarme hacia una persona en el operativo; lo que devino en la construcción de la versión del exceso del gendarme solitario. El ministro de Justicia comunicó que los gendarmes pudieron haber mentido.
No obstante, la presencia de Noceti en el lugar no fue casual, como lo intentó justificar Bullrich desde el primer momento. El abogado, que reivindica la dictadura cÃvico-militar, habÃa viajado a la Patagonia a fin de coordinar las fuerzas represivas provinciales de RÃo Negro, Chubut y las federales, para llevar adelante operativos contra comunidades mapuches, en particular contra la Lof de Cushamen. En 2016, habÃa tomado contacto con funcionarios judiciales y del ministerio público fiscal, federal y provinciales, para que calificasen los hechos que tuvieran como protagonistas a mapuches como federales y les indicó que se debÃa utilizar las leyes antiterroristas. Noceti dijo que no habló previo al operativo represivo del 1 de agosto con los responsables de gendarmerÃa que estaban en el procedimiento. Mintió. Nuevamente nos encontramos con prueba que afirma que Noceti habló por teléfono previo al ingreso a la comunidad, durante y también luego, tanto con el Jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, como con el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel. Aún más, el 3 de agosto, a 48 horas de la desaparición de Santiago, Noceti informó al responsable de gendarmerÃa de Esquel que se iban a realizar pericias a los vehÃculos utilizados en el operativo. Esto, claro está, antes de que se realicen las pesquisas sobre los vehÃculos que fueron lavados.
GendarmerÃa ingresó a la lof sin orden judicial, sin que exista hecho alguno que habilite la utilización del procedimiento de flagrancia y después de que sus responsables hablaran telefónicamente con Pablo Noceti. Ingresaron por lo menos 20 agentes, demoraron a mujeres y niñxs, prendieron fuego objetos, secuestraron herramientas de trabajo comunitarias y persiguieron a hombres que se dirigÃan hacia el rÃo. Les dispararon. Santiago estaba allÃ. Ingresó un Unimog hasta la zona cercana al rÃo: el Unimog no ha sido peritado aún, pero fue corroborado su tránsito en el primer rastrillaje realizado por las huellas que dejó.
Hasta aquà solo presento un relato y un contra-relato a base de pruebas que se sostienen y otras que se desploman.
La disputa por la verdad hace que frente a lo evidente se eche mano a la más antigua de las herramientas del poder polÃtico: la construcción del enemigo. La RAM concentra el epicentro del enemigo polÃtico. El Gobierno habla de esa organización, relata que los están investigando, que saben quienes la integran, aseguran que los testigos forman parte de ella, incluso se refieren a la comunidad de la RAM y no a la comunidad en Resistencia Depto. Cushamen –invisibilizando su nombre y sus reivindicaciones territoriales–.
Santiago, militante de la causa indÃgena y en particular de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen y de su longko, fue convertido en enemigo.
El discurso y el mensaje que esto transmite es contundente: se niega al ser humano y se elimina toda posibilidad de empatÃa, es decir, de colocarse en el lugar y la perspectiva del otro y comprenderlo.
Las hipótesis de que Santiago está vivo y escondido o que fue asesinado por la comunidad mapuche y que se mantiene en secreto por la oscura finalidad de desestabilizar al gobierno -únicas que explicarÃan que no lo haya matado y desaparecido la GendarmerÃa- son tan burdas que ni siquiera el peor de los mercenarios llamados periodistas se ha animado a esgrimir.
A pesar de ello, en la época de la posverdad lo que importa es mediar en la emocionalidad de la gente, aun al costo de banalizar y pervertir la realidad y también el mal que ella puede encarnar –capaz de desaparecer personas–.
De ese modo, el hilo que se intenta presentar es que el kirchnerismo esta atrás del caso de Santiago. Por lo tanto, todo aquel que esté del otro lado de la grieta debe dudar de la desaparición forzada de él. No importa que el joven fuese anarquista o que la agenda de los pueblos indÃgenas no entrara en los 12 años de la gestión del anterior gobierno –Facundo Jones Huala fue investigado de modo ilegal por más de un año por un agente de la AFI en 2014 y 2015–. Alcanza con que el reclamo masivo por la aparición con vida lo hagan los organismos de derechos humanos y que dirigentes polÃticos de diferentes fuerzas –incluida las del FPV– se sumen a esa demanda.
Por último, quiero hacer una breve mención a mi caso personal, que ilustra con claridad el tipo de maniobra predilecta por el gobierno de turno.
En el mundo binario de la grieta, si defendes a Milagro Sala sos kirchnerista, no defensora de derechos humanos. De allà que estos dÃas, algún diario afirme que soy candidata a diputada nacional por el kirchnerismo, lo que no solo es falso porque soy militante de Patria Grande, sino que es un error muy fácil de chequear –suponiendo que pudiera serlo–. Además, se afirmó que soy abogada de Quebracho; también es falso. Se aseveró que tomé declaraciones a los miembros de la comunidad encapuchados y que me ofrecà como vÃnculo entre los testigos y el juzgado por el caso de Santiago, también todo ello es falaz. Aunque fuera kirchnerista y defensora de todos sus referentes y dirigentes nada cambiarÃa la verdad de los hechos en el caso de Santiago; pero, como tampoco importa que le pasó a él, menos va a importar una mentira más en relación a todo lo que lo rodea.
La desaparición forzada es un delito que se configura por medio de dos acciones diferentes que deben estar en cabeza de un funcionario público –o de una persona que actúa con la autorización o el apoyo del Estado–: a) debe privar de la libertad a una persona y b) luego de ello, se debe omitir dar la información o negarse a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre su paradero.
Sobre la segunda de las acciones habla este artÃculo. Sobre una serie de discursos esgrimidos por el Gobierno que no solo no guardan relación con la verdad de lo sucedido, sino que entorpecen su averiguación, mientras la desaparición forzada de Santiago continúa cometiéndose.
* Abogada de derechos humanos y docente (UBA).
