Daniel Gollán advirtió que el objetivo del nuevo programa de acceso a la salud impulsado por el oficialismo implica una “seudoprivatización” del sistema, con el cual se cobrarán servicios que desde 1946 son de acceso gratuito.
El ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, médico sanitarista, criticó la Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsa el Gobierno nacional y que se pondrá en marcha hoy, cuando el ministro Jorge Lemus haga entrega de las primeras 120 mil credenciales de la CUS en la provincia de Mendoza. “La gente va a tener que pagar por servicios que hasta ahora no pagaba”, denuncia.
En diálogo con PáginaI12, Gollán hizo hincapié en que el objetivo del Gobierno es que se duplique el gasto de bolsillo en salud para financiar un sistema que, asegura, es promovido por la Organización Mundial de la Salud “de la mano de los grandes laboratorios”. Y advierte que se está adoptando un sistema “enfocado en la atención y no en la prevención de la salud”.
–¿Cuál es el principal cambio que impulsa el Ejecutivo con la CUS?
–Está basado en un decreto del año pasado. Es un sistema de aseguramiento que parte de una falacia: ya teníamos cobertura universal de salud. Desde 1946 todo el mundo puede atenderse en los hospitales públicos y la cobertura es total. Es gracioso porque se piensa que éste es un sistema para 15 millones de personas que no tienen obra social o prepaga. No es así. La mitad de los partos se hace en hospitales públicos, con gente que tiene obra social: de 450 mil partos por año, 320 mil son de personas con obra social y prepaga. Y en accidentología, el 100 por ciento de los casos se atienden en hospitales públicos, en la etapa aguda, por lo menos. El debate es si el acceso es equitativo o no.
–¿Entonces cuál es el cambio que propone el Gobierno?
–La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado. No está definido, pero ya de por sí se pone un límite. Con el sistema actual no hay límite. Los tratamientos de alto costo, oncológicos, reumatológicos o hepatitis… todo lo que hasta hoy en día es gratuito, se empezará a pagar. El Gobierno dice que lo que quede afuera de la canasta básica de prestaciones, se cubrirá luego de que se estudie el caso. Yo creo que habrá una catarata de juicios. Otro punto importante es que limitan la cantidad de tecnologías y medicamentos (rayos, etcétera) que cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) a través de las obras sociales y las prepagas. Ese proceso ya empezó, ya están pagándose coseguros y copagos de consultas médicas, diagnóstico por imágenes y demás. Ahora están negociando con las prepagas otro aumento de los coseguros. El PMO se va a ver disminuido, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), que lo determinará.
–¿Este plan se aplicó en algún otro país?
–En Colombia adoptaron este sistema en 1993. Destruyeron el sistema público y es el país donde más gente se muere por no poder acceder a la atención médica. Allá les prometieron una lluvia de inversiones en prestadores. Pero de una buena cantidad de administradoras privadas de salud se redujeron a cuatro que están cartelizadas, con precios cada vez más altos y la gente cada vez más afuera.
–¿Cuál es la situación ahora, cuando todavía no fue aplicada la CUS?
–El plan ya está en marcha. Lo primero que hicieron fue desarmar todos los programas de prevención, se los traspasaron a las provincias con el discurso de que quien “puede lo hace, el que no, no”. Lo que está sucediendo es que tenemos derechos a la salud diferentes en cada provincia. El que no tiene capacidad de pago, va a tener una salud cada vez peor. Si podés pagar, una mejor.
–¿Cuál es el objetivo, entonces?
–Duplicar el gasto directo desde el bolsillo. Es el gran negocio de la privatización. En las provincias que adhieran, formalmente habrá hospitales públicos, pero de autogestión. Es una pseudo-privatización: una ventanilla para los que pagan, y otra para las que no pagan. Es decir, dejan de ser esencialmente hospitales públicos. Otro punto importante es que van a usar los 8 mil millones de pesos que aporta la CGT, que no tiene potestad para aportar dinero de los trabajadores. Los trabajadores van a perder: van a tener peores obras sociales y van a tener que pagar un montón de cosas que hasta ahora no pagaban. La CGT pactó que les bajen los costos de las obras sociales con la AGNET, que les va a transferir los costos al bolsillo de los trabajadores. Es lo que hoy se está discutiendo. Se está instalando una falacia. Además, si dividís ese monto por 15 millones de beneficiarios, son 44 pesos por mes por persona. Eso no alcanza para nada. ¿Cómo se va a financiar este sistema? Es una falta de planificación absoluta, no se sabe cuáles son los recursos que aportará el Estado. Es muy probable que nazca desfinanciado y muera prontamente. Es un agujero muy grande: nadie dice cómo se financiará. Así no se puede planificar la salud de un país. No vaya a ser cosa que le tiren esto por la cabeza a las provincias, que no pueden afrontar ese gasto. Yo creo que el Gobierno aspira a eso: que las provincias se hagan cargo de la prestación de salud porque así creen que lo indica la Constitución nacional. Pero es la Nación la que adhirió a los tratados internacionales que dicen que es el Estado nacional el que tiene que garantizar el derecho a la salud. Para cuando se dé cuenta la gente de la estafa, ya va a ser tarde.
–¿Cuál será el efecto a largo plazo en el sistema público?
–Esto ya lo vivimos y lo quieren instrumentar a sangre y fuego en todo el país. Van a instalar criterios de productividad con incentivos mentirosos sobre supuestas mejoras para los profesionales. Pero lo que están haciendo es enfocar el sistema en la atención y no de prevención de salud, que es donde hay que enfocarse. Esta reforma viene propiciada por la OMS de la mano de los grandes laboratorios. En la Organización Panamericana de la Salud se armó un gran debate y se le agregó la palabra “acceso”, porque uno puede tener una cobertura, pero puede no alcanzar para nada. Hay países que dicen que tienen a toda la población con una cobertura mínima, pero eso significa que tenés que pagar por el acceso a la salud real.
–Hasta 2015 también había distintas coberturas, dependiendo de si se contaba o no con una prepaga o una obra social.
–Todo el sistema estaba en tensión. Eso se produce cuando lo maneja el mercado. Pusimos en discusión la necesidad de marchar hacia un sistema nacional integrado bajo la tutela del Estado. Los sanitaristas tienen claro que cuanto más Estado haya, es más barato, más equitativo. El ejemplo es el Reino Unido, donde están los mejores indicadores. El contraejemplo, es Estados Unidos, donde lo maneja el mercado y tiene los peores indicadores. Hay que hacer un cambio cultural, vemos todo vinculado a la enfermedad, al medicamento, la tecnología. Es casi una deformación profesional que incluye las carreras, los posgrados. Todo está enfocado ahí. Éramos conscientes de que había que hacer un cambio muy grande. En los países que les va bien en materia de salud, el 60 por ciento de los recursos están puestos en la prevención, en el primer nivel. Nosotros tenemos hoy el 95 por ciento en la atención de la enfermedad.
El ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, médico sanitarista, criticó la Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsa el Gobierno nacional y que se pondrá en marcha hoy, cuando el ministro Jorge Lemus haga entrega de las primeras 120 mil credenciales de la CUS en la provincia de Mendoza. “La gente va a tener que pagar por servicios que hasta ahora no pagaba”, denuncia.
En diálogo con PáginaI12, Gollán hizo hincapié en que el objetivo del Gobierno es que se duplique el gasto de bolsillo en salud para financiar un sistema que, asegura, es promovido por la Organización Mundial de la Salud “de la mano de los grandes laboratorios”. Y advierte que se está adoptando un sistema “enfocado en la atención y no en la prevención de la salud”.
–¿Cuál es el principal cambio que impulsa el Ejecutivo con la CUS?
–Está basado en un decreto del año pasado. Es un sistema de aseguramiento que parte de una falacia: ya teníamos cobertura universal de salud. Desde 1946 todo el mundo puede atenderse en los hospitales públicos y la cobertura es total. Es gracioso porque se piensa que éste es un sistema para 15 millones de personas que no tienen obra social o prepaga. No es así. La mitad de los partos se hace en hospitales públicos, con gente que tiene obra social: de 450 mil partos por año, 320 mil son de personas con obra social y prepaga. Y en accidentología, el 100 por ciento de los casos se atienden en hospitales públicos, en la etapa aguda, por lo menos. El debate es si el acceso es equitativo o no.
–¿Entonces cuál es el cambio que propone el Gobierno?
–La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado. No está definido, pero ya de por sí se pone un límite. Con el sistema actual no hay límite. Los tratamientos de alto costo, oncológicos, reumatológicos o hepatitis… todo lo que hasta hoy en día es gratuito, se empezará a pagar. El Gobierno dice que lo que quede afuera de la canasta básica de prestaciones, se cubrirá luego de que se estudie el caso. Yo creo que habrá una catarata de juicios. Otro punto importante es que limitan la cantidad de tecnologías y medicamentos (rayos, etcétera) que cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) a través de las obras sociales y las prepagas. Ese proceso ya empezó, ya están pagándose coseguros y copagos de consultas médicas, diagnóstico por imágenes y demás. Ahora están negociando con las prepagas otro aumento de los coseguros. El PMO se va a ver disminuido, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), que lo determinará.
–¿Este plan se aplicó en algún otro país?
–En Colombia adoptaron este sistema en 1993. Destruyeron el sistema público y es el país donde más gente se muere por no poder acceder a la atención médica. Allá les prometieron una lluvia de inversiones en prestadores. Pero de una buena cantidad de administradoras privadas de salud se redujeron a cuatro que están cartelizadas, con precios cada vez más altos y la gente cada vez más afuera.
–¿Cuál es la situación ahora, cuando todavía no fue aplicada la CUS?
–El plan ya está en marcha. Lo primero que hicieron fue desarmar todos los programas de prevención, se los traspasaron a las provincias con el discurso de que quien “puede lo hace, el que no, no”. Lo que está sucediendo es que tenemos derechos a la salud diferentes en cada provincia. El que no tiene capacidad de pago, va a tener una salud cada vez peor. Si podés pagar, una mejor.
–¿Cuál es el objetivo, entonces?
–Duplicar el gasto directo desde el bolsillo. Es el gran negocio de la privatización. En las provincias que adhieran, formalmente habrá hospitales públicos, pero de autogestión. Es una pseudo-privatización: una ventanilla para los que pagan, y otra para las que no pagan. Es decir, dejan de ser esencialmente hospitales públicos. Otro punto importante es que van a usar los 8 mil millones de pesos que aporta la CGT, que no tiene potestad para aportar dinero de los trabajadores. Los trabajadores van a perder: van a tener peores obras sociales y van a tener que pagar un montón de cosas que hasta ahora no pagaban. La CGT pactó que les bajen los costos de las obras sociales con la AGNET, que les va a transferir los costos al bolsillo de los trabajadores. Es lo que hoy se está discutiendo. Se está instalando una falacia. Además, si dividís ese monto por 15 millones de beneficiarios, son 44 pesos por mes por persona. Eso no alcanza para nada. ¿Cómo se va a financiar este sistema? Es una falta de planificación absoluta, no se sabe cuáles son los recursos que aportará el Estado. Es muy probable que nazca desfinanciado y muera prontamente. Es un agujero muy grande: nadie dice cómo se financiará. Así no se puede planificar la salud de un país. No vaya a ser cosa que le tiren esto por la cabeza a las provincias, que no pueden afrontar ese gasto. Yo creo que el Gobierno aspira a eso: que las provincias se hagan cargo de la prestación de salud porque así creen que lo indica la Constitución nacional. Pero es la Nación la que adhirió a los tratados internacionales que dicen que es el Estado nacional el que tiene que garantizar el derecho a la salud. Para cuando se dé cuenta la gente de la estafa, ya va a ser tarde.
–¿Cuál será el efecto a largo plazo en el sistema público?
–Esto ya lo vivimos y lo quieren instrumentar a sangre y fuego en todo el país. Van a instalar criterios de productividad con incentivos mentirosos sobre supuestas mejoras para los profesionales. Pero lo que están haciendo es enfocar el sistema en la atención y no de prevención de salud, que es donde hay que enfocarse. Esta reforma viene propiciada por la OMS de la mano de los grandes laboratorios. En la Organización Panamericana de la Salud se armó un gran debate y se le agregó la palabra “acceso”, porque uno puede tener una cobertura, pero puede no alcanzar para nada. Hay países que dicen que tienen a toda la población con una cobertura mínima, pero eso significa que tenés que pagar por el acceso a la salud real.
–Hasta 2015 también había distintas coberturas, dependiendo de si se contaba o no con una prepaga o una obra social.
–Todo el sistema estaba en tensión. Eso se produce cuando lo maneja el mercado. Pusimos en discusión la necesidad de marchar hacia un sistema nacional integrado bajo la tutela del Estado. Los sanitaristas tienen claro que cuanto más Estado haya, es más barato, más equitativo. El ejemplo es el Reino Unido, donde están los mejores indicadores. El contraejemplo, es Estados Unidos, donde lo maneja el mercado y tiene los peores indicadores. Hay que hacer un cambio cultural, vemos todo vinculado a la enfermedad, al medicamento, la tecnología. Es casi una deformación profesional que incluye las carreras, los posgrados. Todo está enfocado ahí. Éramos conscientes de que había que hacer un cambio muy grande. En los países que les va bien en materia de salud, el 60 por ciento de los recursos están puestos en la prevención, en el primer nivel. Nosotros tenemos hoy el 95 por ciento en la atención de la enfermedad.
