¿Cambio de etapa?

Más vale, me parece, leer con mucha atención este trabajo de Claudio Lozano, aunque uno esté en desacuerdo con sus actuales opciones político-partidarias y, sobre todo, con la neutralidad suicida que adopta ante el conflicto que nos está afectando a todos desde marzo, como si diera lo mismo que se imponga una opción o la otra. Copio y pego este análisis porque, aun para los que pensamos que en este momento lo central e ineludible pasa por parar la arremetida de derecha amparada en el significante “El Campo” –y sobre todo para los que pensamos eso– lo que aquí pone a la vista Lozano ayuda a entender bastante mejor dónde estamos parados y decidir qué pensar y hacer.

¿Cambio de Gobierno o cambio de etapa?

Por: Claudio Lozano (IEF – CTA)

Es indispensable percibir que el año 2007 objetiva un punto de inflexión en la coyuntura política del país que se expresa en tres dimensiones:

a) Puesta en cuestión (en algunos casos agotamiento) de las condiciones económicas que hicieron posible la fase de crecimiento 2002-2007.

b) Cambio en la subjetividad social.

c) Consolidación de un sistema político signado por una gobernabilidad conservadora.

En el plano económico puede decirse que todas las condiciones que hicieron posible la fase de recuperación del período 2002-07 están puestas en cuestión. La primera diferencia se expresa en las condiciones que exhibe la coyuntura internacional. Más allá del mantenimiento de precios elevados para los productos que la Argentina coloca en el mundo, la evidencia del proceso recesivo en los Estados Unidos pone sobre el escenario interrogantes importantes. No sólo aquellos relativos a la suba de los costos para el financiamiento de nuestra economía en un contexto donde se elevan los vencimientos por deuda pública, sino también aquellos que remiten a la duración que tendrá la recesión, a la extensión que ésta pueda tener sobre los países de Europa, a los efectos que producirá sobre el crecimiento económico de quienes le venden al Norte y nos compran a nosotros (Ej.: China, Brasil, etc.), o al carácter coyuntural o estructural de una crisis global, donde puede estar discutiéndose, incluso, un cambio de predominios en la economía global.

En suma, son demasiados elementos para pensar que con las reservas, el tipo de cambio flexible y el superávit fiscal pueda alcanzar. En coyunturas como estas, la densidad y diversidad productiva, el desarrollo tecnológico, y la capacidad de decisión soberana sobre el proceso de inversión adquieren especial importancia. Aspectos estos que no han estado en la agenda de los últimos años y que, nos encuentran hoy, en una matriz productiva que si bien ha crecido no se ha diversificado y con una cúpula empresaria donde el predominio trasnacional es absoluto. Es más, podría decirse que la aceptación pasiva de los precios que hasta hoy nos brinda la economía mundial (altos precios para los alimentos y las commodities así como bajos precios para la adquisición de maquinarias y equipos) tiende a consolidar la matriz primaria, extractiva y de baja densidad productiva que hoy caracteriza a nuestro país.

La segunda diferencia se expresa en la distribución del ingreso. Muchas veces no se percibe que una de las condiciones para el arranque de esta fase de crecimiento fue justamente la ampliación de la desigualdad. El impacto de la devaluación reduciendo en más de un 30% los costos laborales en un contexto de amplia disponibilidad de mano de obra (más de 20% de desempleo), fue clave junto a la licuación de deudas y la coyuntura de precios internacionales para recomponer los márgenes de beneficios de las principales empresas del país. Centralmente aquellas orientadas a la exportación y a la sustitución de importaciones y al abastecimiento de un mercado interno que fundado en la desigualdad de origen reconoce un papel dominante en el consumo de los sectores más acomodados. Está claro que el mayor dinamismo que el negocio inmobiliario, la construcción y las automotrices exhiben, no responde a la evolución de la masa salarial, sino a la expansión del consumo de los sectores de mayores ingresos. Así, la fase 2002-07 es una experiencia de crecimiento económico que en tanto se funda en una ampliación de la desigualdad vigente en la dolorosa Argentina del 2001, y donde la masa de beneficios creció más que la masa de salarios.

No obstante, la magnitud del crecimiento, la reducción de la desocupación a casi un 10%, la instrumentación de políticas de salario mínimo y convenio colectivo así como la mayor capacidad de discusión de los asalariados en el citado contexto, permitió que entre los años 2004 y 2006 se produjera una recomposición de los ingresos de los trabajadores centrado sobre todo en los trabajadores formales y en aquellos situados en las empresas de mayor productividad. Esta recuperación (que es tal respecto a los mínimos históricos de los años 2002 y 2003 pero que sigue aún debajo del 2001) ha puesto en cuestión las ganancias extraordinarias originales de las empresas y fundamenta las presiones inflacionarias del año 2007. En este sentido, la inflación actúa como mecanismo corrector y preservador de las ganancias extraordinarias del empresariado más concentrado. A la vez, en tanto amplía la desigualdad reduce los efectos positivos que en materia de ingresos produce el crecimiento económico. Así, el año 2007 exhibe crecimiento, caída del salario real, mantenimiento de la pobreza, aumento de la indigencia (hambre) por alza en el precio de los alimentos e interrupción en la mejora relativa que la distribución del ingreso venía observando desde el 2004.

La tercer diferencia en el plano económico remite a la situación de la estructura productiva. Se observan aquí limitaciones que son el resultado de años de desindustrialización y de un comportamiento de la inversión privada que pese a la envergadura que exhiben las tasas de ganancia y la masa de beneficios apropiados por el sector empresarial (claramente ubicados en sus máximos históricos), se ubica en términos relativos por debajo de experiencias recientes (Ej.: los noventa).

A este comportamiento hay que agregarle que la calidad de la inversión también revela limitaciones importantes. La proporción que ocupa la construcción y el material de transporte, transforma a la inversión en capital reproductivo en absolutamente exigua frente a la necesidad de sostener el crecimiento y diversificar la matriz productiva. Por cierto, lo expuesto adquiere relevancia ya que a diferencia del momento de arranque de esta fase de crecimiento (2002), donde había una amplia capacidad ociosa resultante de la situación recesiva alcanzada, hoy dicha capacidad disponible no existe y los cuellos de botella en materia productiva están a la orden del día. En consecuencia, en el marco de la Argentina desigual el consumo de los que más tienen se expande más rápido que la oferta provocando una mayor suba de las importaciones y presiones sobre los precios. Para ser precisos, en la Argentina concentrada y desigual que tenemos, la inflación es el resultado de que los ricos consumen mucho ( + demanda) e invierten poco y mal (restricción de oferta). Es más, la inflación es, ni más ni menos, que el obvio emergente del cambio de etapa en materia económica.

La cuarta diferencia remite a la infraestructura. En el 2002, la disponibilidad era la característica en materia de transporte, de energía y de comunicaciones, hoy, la recuperación de la economía ha puesto en evidencia los niveles de obsolescencia de la infraestructura y los límites en materia de inversión. Estos, que son resultado de la experiencia privatista de los noventa no se han resuelto a través de un modelo oficial que en lo sustantivo descarga los costos de inversión en el Sector Público o en la propia comunidad (Ej.: cargos específicos), al tiempo que mantiene, de manera dominante, el control privado sobre la gestión de la infraestructura.

En suma, nada es como era entonces. En este nuevo contexto, el empresariado más concentrado cierra filas en demanda de recuperar las ganancias extraordinarias que dieron origen a la presente etapa. Es más, pretenden -frente a presiones de costos ligadas a falta de insumos, límites en la capacidad productiva o infraestructura-, estabilizar la situación salarial afirmando casi que lo que este esquema puede dar en materia distributiva ha llegado, prácticamente, a su límite. Así las cosas, es esperable que la tasa de crecimiento se desacelere y que los rendimientos sociales que el período 2002-2006 exhibiera sean a partir de ahora mucho menores.

Lo expuesto abre a la consideración del segundo plano en el que se expresa el cambio de etapa: la modificación en la subjetividad social. Es obvio que la situación ya no es la que existía a la salida de la crisis. En aquel momento la obtención de un empleo pésimo y de bajos ingresos era un logro importantísimo para quienes venían del desempleo. Siendo más enfáticos, puede decirse que al finalizar la fase de caída permanente de la actividad económica que llega hasta el primer semestre del 2002, y comenzar el sendero de recuperación de la actividad, el crecimiento y la generación de empleo actúan como bálsamo de contención para la crisis social. Hoy, cuando la economía está en crecimiento hace cinco años y revela un PBI que está 36% arriba del 2001 y 25% por encima del año 1998, mientras el ingreso promedio de los ocupados apenas se encuentra en los niveles del 2001 y es un 12% inferior al de 1998, sumado a la existencia objetiva de casi 13 millones de pobres, se gestan condiciones que potencian la demanda social. Condiciones que no solo remiten a la situación objetiva de crecimiento desigual vivida hasta aquí, sino también a la prevalencia de núcleos discursivos que le han otorgado legalidad y legitimidad a la demanda social. Dicho de otro modo, en un contexto de crisis la subjetividad se moldea en torno a un anhelo básico “salir de ella”. Hoy la exigencia es mayor. Tanto porque el “horror” de la crisis quedó atrás como por el hecho de que el discurso dominante e incluso oficial no es el de los noventa. La gobernabilidad vigente se reconstruyó legitimando la demanda popular.

En el plano político institucional también se observan cambios importantes.

Más allá de lo discursivo, el año 2008 es pletórico en evidencias acerca de la consolidación de una gobernabilidad conservadora. Macri en la Ciudad, Scioli en la Provincia de Buenos Aires, el Delasotismo en Córdoba, Gioja en San Juan, son demostraciones objetivas de una cerrazón institucional que se expresa también en la reorganización del Justicialismo, en la decisión oficial de mantener en la ilegalidad a la CTA, en los cada vez más evidentes casos de represión sobre el intento de los trabajadores de organizarse (Ej.: IBM, Casino, Línea 60, INDEC) e incluso en el discurso presidencial que busca enfrentar los conflictos con la comunidad (Ej.: los docentes son responsables de la crisis y deterioro de la Educación Pública). Es más la experiencia reciente indica (más allá de la verborragia discursiva del oficialismo) que toda posibilidad de cambio u oxigenamiento institucional (Ej.: Binner en Santa Fe; Fabiana Ríos en Tierra del Fuego o Sabatella en Morón) fue confrontado por el oficialismo en un expreso compromiso con el mantenimiento de las prácticas políticas más tradicionales. Más aún, si alguien pretendiera explicar lo expuesto por la simple dialéctica electoral de oficialismo vs. oposición, sobran los casos al interior del propio oficialismo de la ilegalización de intentos de cambio institucional con mayor o menor suerte en el Conurbano Bonaerense. Los límites impuestos a quienes pretendían plantar una alternativa de renovación en La Matanza, y los triunfos de Gutiérrez en Quilmes o Díaz Pérez en Lanús que no gozaron de la bendición oficial, son palmaria demostración del compromiso kirchnerista con la restauración de la gobernabilidad conservadora.

Cabe consignar por último que esta situación es acompañada por un cuadro en el cual las fuerzas políticas emergentes de la elección nacional del 2007 revelan niveles evidentes de fragilidad. Dicho de otro modo, están todas “atadas con alambre”.

Si tomamos el “poderoso” Justicialismo, sería importante precisar que hace ya tiempo que las fidelidades y lealtades del “otrora glorioso movimiento” no se festejan ni defienden en la calle. Es esperable que la reorganización del PJ camine sin problemas en tanto se mantenga la legitimidad del Gobierno y en tanto este disponga de una frondosa billetera centralizada capaz de “atender” las necesidades provinciales. Tanto una cosa como la otra son las que se ponen en juego en el cambio de etapa que en las líneas anteriores hemos descripto. Es indudable que buena parte de la legitimación del gobierno y de las condiciones de Gobernabilidad construidas descansan en la comparación de los 5 años de crecimiento (2002-2007, que para los Kirchner son cuatro y lo libera del ajuste que políticamente pagó Duhalde) versus los cuatro de caída económica vertiginosa (1998-2002). La construcción del consenso Kirchnerista está sostenido en la recuperación de la economía rodeada de un discurso que por un lado abjura y cuestiona el neoliberalismo noventista, y por otro ostenta avances inconclusos en materia de Derechos Humanos (entendidos como juicio sobre el genocidio) . No está demás preguntarse que suerte podría tener este consenso frente al rallentamiento de la economía y al amesetamiento o deterioro de la situación social. En este sentido, cualquier quiebre del consenso o dificultad en materia de recursos, sacará a la luz pública lo que efectivamente es hoy el Partido Justicialista. Un conjunto de tribus cada una con un cacique e incluso con articulaciones económicas diversas, para los cuales siempre está primero su propia reproducción que la adscripción a proyecto alguno. La fragilidad expuesta se hace aún más expresa habida cuenta de las dificultades que el propio Justicialismo exhibe a la hora de obtener consenso en los centros urbanos importantes (excepción hecha claro está del conurbano bonaerense). Nos referimos a la Ciudad de Buenos Aires; Provincia de Santa Fe; Ciudad de Córdoba. Por cierto, la fragilidad del PJ exhibe una evidencia manifiesta en el marco del conflicto del sector agropecuario.

El análisis de la Unión Cívica Radical conlleva identificar niveles de fragilidad aún mayores. Está claro que el oficialismo radical no logró sobrevivir como esperaba con la candidatura de Roberto Lavagna y la situación de debilidad en la que quedó luego de Octubre, se agravó con la incorporación del propio ex Ministro en la reorganización del PJ. Por cierto, no fue mucho mejor la performance de los radicales K que lograron ser derrotados en sus distritos ( Ej.: Mendoza, Mar del Plata) y que han sido “ninguneados” en el dispositivo de poder oficial. En la práctica podría decirse que la única experiencia radical exitosa se dio por fuera del Partido con el caso de Margarita Stolbizer. Sin embargo, la situación de esta aparece atravesada por los interrogantes que presenta una Coalición Cívica que es el resultado del viraje expreso de Elisa Carrió desde la centroizquierda a la derecha del firmamento electoral. Viraje que ha implicado desgajamientos de distinto tenor y que mantiene incluso una conflictiva relación con el Socialismo de Hermes Binner (fuerza esta que la acompañó electoralmente pero que no integra la Coalición).

En suma, la gobernabilidad conservadora se asienta en un cuadro que combina una potencial conflictividad con una evidente fragilidad de las fuerzas surgidas de la contienda electoral, marco que es absolutamente proclive a la “votilidad del consenso” y a los realineamientos políticos. Realineamientos que tendrán un sentido u otro según que actor o actores exhiban mayor capacidad para intervenir en el conflicto social y que capacidad exista para vertebrar una experiencia política de nuevo tipo.

Desaceleración de la economía, menor derrame, mayor demanda y conflictividad social en el contexto de una gobernabilidad conservadora, reafirman la necesidad de construir una nueva experiencia política capaz de romper la trampa en la que nos encontramos. Aquella que nos dice que todo cuestionamiento al gobierno favorece a la derecha, pero que al observar con detenimiento la gestión gubernamental encontramos que la derecha entendida en términos de práctica política y asociación con los intereses económicos dominantes, está presente al interior del gobierno. Dicho de otro modo ¿de qué hablamos cuando hablamos de que hay algo a la derecha de los 13 millones de pobres, de la desigualdad vigente, del régimen minero o del régimen petrolero de la Argentina actual, de la legislación antiterrorista, la reorganización del PJ o de las limitaciones expresas al accionar organizado de los trabajadores?

Si hablamos de que todo puede ser peor, lo cual siempre es cierto, parece fácil entender que estamos en presencia de un conformismo inaceptable frente al deterioro que exhibe la Argentina.

Si queremos decir que el rumbo es el correcto, resulta difícil sostener esto en el marco de una gobernabilidad conservadora que asienta su propuesta económica en los elevados niveles de desigualdad vigente y una matriz productiva en la que se consume el saqueo de nuestros recursos naturales. Situación esta en la que los argentinos consumimos hoy nuestro propio futuro expresado en el cuadro de infantilización de la pobreza que mantenemos y en la dilapidación de las rentas formidables que en materia de recursos naturales caracterizan a nuestro país.