El centenario diario La Nación (ni ningún otro medio de difusión) podría catalogar al gobierno de Frondizi (1958-1963) como una dictadura, como tampoco lo haría con los de Illía (1963-1966), y del Justicialismo de 1973-1976. Y menos aún denominaría gobierno autoritario a los de Alfonsín (1983-1989) Menem (1989-1999) De La Rúa (1999-2001) o tampoco al breve de Duhalde (2002-2003). En cambio, nadie discutiría si llamamos dictaduras a los gobiernos de facto de los años 1966-1973 (Onganía, Levingston, Lanusse) y 1976-1983 (Videla, Viola, Galtieri, Bignone). Para no extendernos demasiado en el pasado, sólo tomaremos las últimas décadas.
Pero sin embargo, ya no es extraño leer en las páginas de La Nación y encontrar en los medios de su socio en Papel Prensa, el Grupo Clarín, además de en algunos otros medios menores que suelen jugar en sincronía con ellos, que se caracteriza a los gobiernos del kirchnerismo (2003-2015) como autoritarios o, peor aún, como una dictadura.
Esta falacia fue refrescada ayer (30/9/15) en un editorial del centenario periódico que fundó quien presidió la ya inocultable dictadura mitrista del siglo XIX, el que toma una conocida y desafortunada frase de Mirtha Legrand en su programa de TV (que cataloga al actual gobierno de dictadura), cuyos escasos o nulos conocimientos sobre teoría política, historia o análisis del discurso la reputan como inimputable en esta materia. Pero no podemos decir lo mismo de los editorialistas de La Nación, los que valiéndose de esa polémica frase renuevan su andanada de falacias contra el presente gobierno democrático.
Esta es la razón que motiva a este humilde analista de medios a tomar esa calificación («arrojar la segunda piedra», como invita el diario en su editorial) y llevar tal polémico razonamiento hasta el absurdo. Para eso, comparemos brevemente esta «dictadura» actual con lo que es realmente una dictadura y con todos los gobiernos democráticos mencionados, obviando las reconocidas dictaduras mencionadas. Para no discurrir demasiado en la historia nacional y la teoría política, utilizaremos las mismas premisas del editorial del diario de Mitre, y un par más. Pero primero repasemos los argumentos del diario:
Dictadura sí, dictadura no
Las opiniones de la señora Mirtha Legrand deben ser tomadas como una invitación a los grandes sinceramientos que nos debemos los argentinos.
La señora Mirtha Legrand ha dicho, una vez más, lo que piensa. A pesar de que constituya un hecho natural que alguien exponga sus convicciones, no es lo más frecuente en estos controvertidos tiempos.
Quien fue actriz exitosa y se desenvuelve desde hace muchísimos años como célebre conductora de programas televisivos, se atrevió a pensar en voz alta al afirmar que la Argentina vive bajo una dictadura.
Quienes ejercían el periodismo en los años del gobierno militar caminaban sobre el filo de una navaja que cortó mortalmente hasta la vida de gentes tan próximas al régimen como el mismísimo embajador argentino en Venezuela Héctor Hidalgo Solá. Otros ciudadanos de condición parecida también cayeron.
La señora Legrand retomó el tema para decir más tarde: «La de Videla era una dictadura, pero la de ahora también».
Basta con poner de relieve su entereza, valentía y desdén frente a la jauría oficialista que pretende siempre injuriarla.
El Diccionario Esencial de la Lengua Castellana, editado por Santillana con el respaldo de Gregorio Salvador, uno de los miembros de número de mayor relieve de la Real Academia Española, dice que dictadura es la «concentración de todos los poderes en un solo individuo o institución». Sería bueno que la Presidenta contestara: ¿no han procurado, tanto ella ahora como antes quien fue su marido, concentrar al máximo los poderes del Estado en sus manos? ¿Cuál ha sido, acaso, el objetivo de gobernar en estos 12 años con más decretos de necesidad y urgencia que todos los dictados desde 1810 hasta 2003? ¿Cómo calificar la pretensión de subsumir al Poder Judicial a poco menos que un conjunto de reparticiones con jurisdicción federal al servicio de los presidentes de turno? ¿O utilizar los medios de comunicación del Estado sólo para beneficio de un gobierno faccioso, negándoles pauta publicitaria o atacando directamente a los independientes?
¿Cómo creen que debe llamarse el régimen que ellos encarnan? Disponen de una paleta de excepcionales definiciones alternativas si arrancan de la calificación de «democracia», que hoy no vamos a discutir. Los legos ignoran la enorme cantidad de definiciones que la ciencia política ha aplicado a los sistemas fundados, en principio, en el voto popular. El origen del sistema está fuera de discusión en la Argentina, aunque pueda volverse controvertible si se profundizan las investigaciones sobre la degradación que el populismo ha inferido al voto popular (…).
De modo que tomemos las valerosas palabras de la señora Legrand como la invitación a un gran sinceramiento. Seguramente más de uno se atreva hoy a arrojar una segunda piedra.
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Más allá de la ausencia de ejemplos o pruebas concretas que avalen semejantes acusaciones, analicemos ahora, brevemente, qué se considera una dictadura. Tomemos una posible definición de dictadura y dictador:
Dictadura
La dictadura (del latín dictatūra) es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo (dictador) o élite, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la independencia del gobierno respecto a la presencia o no de consentimiento por parte de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder.
(…) el autoritarismo busca acallar a los disidentes y evitar sus expresiones en público.
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El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático, antidemocrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo.
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Repasemos entonces algunas de las habituales críticas al gobierno 2003-2015 para ver si encontramos algunos aspectos dictatoriales.
Como bien dice un funcionario de esta «dictadura», al gobierno 2003-2015 se le critica por:
(…) sancionar una ley de medios (en forma abrumadoramente mayoritaria) que todos las presidencias quisieron concretar (incluso una más restrictiva, la de Alfonsín) y debido a las triquiñuelas leguleyas y sospechosas sentencias judiciales no pudo hacer cumplir durante 4 años (y está en veremos). Incluso hoy mismo está parada la adaptación del Grupo Clarín a la ley debido a un nuevo vericueto judicial del aterrorizado Poder Judicial «atemorizado» por las supuestas presiones del Ejecutivo…
Se obstina en no reprimir la protesta social y se lo acusa de flojo y promover la anarquía social.
Se lo acusa de mano blanda con los delincuentes y los piqueteros.
Soportó un asedio a las principales ciudades de 45 días durante el conflicto del campo y no reprimió ni encarceló a nadie, y hasta no movió un dedo para hacer renunciar a su propio vicepresidente que votó en contra de una ley fundamental.
Se le dice que presiona y maneja a la justicia cuando muchas de sus leyes fundamentales fueron entorpecidas por jueces, a pedido de la oposición…
Los principales medios opositores (conglomerados) no se cansan de criticar, desinformar y hasta mentir sobre el gobierno, incluso se dijo que el cajón de K estaba vacío, que había llevado a Seychelles…. Las marchas virulentamente opositoras son transmitidas en directo por los canales y cables opositores y los no, y no tomó ninguna acción para evitarlo.
Perdimos dos votaciones por desempate del vicepresidente que votó en contra del Gobierno, el 82 por ciento móvil y la 125, y no se cerró el Congreso por eso. Perdimos once o doce senadores de un día para el otro y todo siguió igual. La Presidenta vetó dos leyes en cinco años y medio mientras el Ejecutivo republicano de la Ciudad vetó 116 leyes en el mismo plazo. No perseguimos periodistas, no cerramos diarios, funcionan las instituciones, no vetamos leyes, cuando perdemos aceptamos la derrota…
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Una característica de un gobierno dictatorial es el no respeto de la libertad de prensa, algo que se le achaca a este gobierno, sin embargo, como se puede ver claramente repasando (sin prejuicios) todos los canales de TV, las radios o leyendo los diarios y revistas cualquier día del año. A modo de ejemplo se puede comparar la situación actual con los años anteriores de esta democracia.
¿Toda la Tv y las radios están en manos del gobierno? ¿Cuántos programas se sacaron del aire por presión del gobierno? ¿Cuántas denuncias hay en los juzgados por censura previa? ¿Cuántas por persecución a artistas, periodistas y medios opositores o «independientes»? ¿Los diarios son todos o la mayoría oficialistas? ¿Cuántos juicios promovió el gobierno contra los medios opositores o «independientes»? ¿Y cuántos juicios contra periodistas opositores o «independientes»? ¿Cuántas denuncias hay contra el gobierno por agresiones a periodistas opositores o «independientes»?
Es innecesario contestar esta preguntas, pero sus respuestas descalificarían cualquier acusación de dictadura a este gobierno.
Para conocer más datos sobre el debate sobre la libertad de prensa existente en Argentina, ver aquí.
El respeto de la libertad de expresión en nuestro país lo confirman también las organizaciones no gubernamentales y no empresarias que monitorean la libertad de prensa en el mundo, como Freedom House, Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, etc., los que se pueden ver aquí.
La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia. Basta hojear los periódicos de un país para saber si hay libertad o no. Si todos los periódicos están parapetados y responden a la línea oficial, la democracia ha desaparecido y la libertad no existe. No hay democracia sin voces críticas, independientes, que expresen puntos de vista diferentes de los del poder.
Para corroborar la existencia de voces críticas, ver estos informes:
En este país no se respeta la libertad de prensa.
El «goce de Cristina» y la libertad de prensa.
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División de poderes.
Analicemos ahora, con la ayuda de un conocedor en el tema, y profesor de derecho, cómo se comportó el Congreso Nacional en relación con el Poder Ejecutivo en estos años de la «dictadura K«:
Los datos nos muestran la siguiente evolución de tasa de «eficacia» (proyectos aprobados sobre los enviados) en la última década:
Previsiblemente, la tasa muestra un bienio específico de fuerte caída en esa «eficacia», asociado con el período en que el oficialismo perdió la mayoría luego de las elecciones de medio término 2009. (Aclaración: cada número de la serie supone el % de proyectos aprobados que ingresaron en un año dado, ya sea que hayan sido sancionados en ese mismo año, o al siguiente. Por esa razón, el cambio en la composición del Congreso en 2010-2011 afectó primordialmente a los proyectos presentados por el Ejecutivo en 2009 y 2010 (y por lo mismo, muchos de los presentados en 2011 pudieron sancionarse una vez que el oficialismo recuperó la mayoría parlamentaria en 2012).
Cabe tener en cuenta, además, que estos proyectos «aprobados» no necesariamente se han sancionado con el mismo contenido con el que el Ejecutivo los envió al Congreso, ya que pueden haber recibido cambios en las Cámaras.
La eficacia histórica.
El 61 % de «eficacia» de la última década es un porcentaje superior al promedio histórico de 51 % para el período 1983-2001 de leyes del Congreso derivadas de proyectos del Ejecutivo, que Alemán y Calvo encontraban en este paper (pdf).
La autonomía del Congreso.
Por otro lado, y usando la misma fuente antes referida, la influencia del Ejecutivo como legislador aparece algo menguada: en 1983-2001 vinieron del Ejecutivo el 43 % de las leyes sancionadas, mientras que en 2004-2013 la influencia de iniciativas presidenciales cayó al 33 % de la producción total.
Las leyes se pesan, no se cuentan.
Estos números son indudablemente útiles para ver tendencias generales (es muy claro en ese sentido el cambio de la serie en el bienio post-125), pero nunca debemos incurrir en el error que tantas veces hemos criticado, de obviar que los análisis meramente cuantivativos ignoran diferencias entre leyes «cruciales» (Ampliación de jueces de la Corte de Menem, Déficit cero de De la Rúa, por poner muchas previas a las más recientes y que más o menos podríamos contar de memoria en esta última década) y leyes que para un gobierno no lo son tanto.
En conclusión: queda claro que el Congreso nunca fue, ni es, una mera «escribanía», pero es factible que un análisis más fino nos arroje muy pocos casos de leyes «cruciales» enviadas por un Ejecutivo que no se convirtieron en ley (el caso más notable, desde luego, es el de la ratificación de la Resolución 125 en 2008).
Proyectos sancionados o no sancionados enviados por el Poder Ejecutivo.
¿Es lícito hablar de justicia adicta durante esta «dictadura»?
Es noticia mensual o semanal en todos los medios los fallos en contra de los intereses políticos del gobierno, incluso procesando a funcionarios de distinto rango del gobierno nacional provenientes de jueces federales o no, que no temen investigar al vicepresidente y a la misma presidenta, incluso de los tribunales de alzada y de la misma Corte Suprema de Justicia, lo que demuestra la inexistencia de cualquier manejo del gobierno sobre la justicia.
El mayor ejemplo de esta relación independiente entre el gobierno y la justicia son las desventuras de la llamada Ley de Medios, la que luego de ser sancionada democráticamente en el Congreso tuvo que esperar más de cuatro años para ser considerada «constitucional» por la justicia, y aún hoy no pudo ser aplicada totalmente al grupo más poderoso de medios por nuevos artilugios judiciales, el que parece tener más poder de influencia en los jueces que la que los opositores le atribuyen al gobierno.
Como vemos claramente, esta «dictadura» dista mucho de ser una dictadura, al menos tomando los rasgos clásicos de una dictadura como los referidos al principio. Pero demos una vuelta de rosca más, profundicemos comparando este gobierno con los gobiernos anteriores considerados ampliamente como democráticos, como señalamos oportunamente.
Esta dictadura kirchnerista nunca reprimió movilizaciones o huelgas de trabajadores, ni organizó un Plan Conintes para reprimir la oposición política o sindical a sus medidas de gobierno, como lo hizo el gobierno frondicista. Tampoco mantuvo proscripto partido político alguno ni anuló elecciones donde ganara un partido opositor, como sí lo hizo ese mismo gobierno.
Esta dictadura kirchnerista nunca gobernó luego de ganar con el 25% de los votos debido a la proscripción del principal partido del país, como lo hizo el gobierno de Illia.
Esta dictadura kirchnerista nunca combatió las huelgas que resistían sus medidas económicas, ni reprimió opositores en forma clandestina, incluso produciendo desapariciones, como el gobierno peronista de María Estela Martinez de Perón y López Rega.
Esta dictadura kirchnerista nunca encarceló periodistas opositores luego de decretar el estado de sitio por unos días, ni proscribió al mismísimo programa de Mirtha Legrand, como ella misma recordó más de una vez en su programa, ni censuró nunca algún programa de TV crítico o cómico como el del mismo Tato Bores, que tuvo que sufrir períodos de censura o silenciamiento, por ejemplo durante el gobierno de Alfonsín, mientras todos los canales de TV (menos canal 9) estaban en manos del gobierno, e incluso muchas de las radios AM del momento.
Esta dictadura kirchnerista nunca reprimió ni realizó aprietes mafiosos o judiciales contra periodistas o artistas, como lo sufrieron Jacobo Timerman, Liliana López Foresi, Gabriela Acher, la Revista Humor, Enrique Vázquez, Hernán Lopez Echagüe, José Luis Cabezas, Eduardo Aliberti, Dario Lopreite, Magdalena Ruiz Guiñazú durante el gobierno de Menem. Como muestra, recordemos que en septiembre de 1998 Carlos Menem declara que «la libertad de prensa y opinión tiene sus límites» y consintió la aplicación de «la ley del palo», o sea a agredir físicamente a los periodistas, como «compensación» por los «agravios» que estos pudieran infringirle a él o a sus funcionarios. Incluso el mismo Menem persiguió judicialmente a Jacobo Timerman hasta su muerte, por las declaraciones que hizo el periodista sobre su gobierno. Tampoco creó y mantuvo una Corte Suprema de Justicia adicta, como sí lo hizo el menemismo con la vergonzosamente recordada mayoría automática que avalaba en forma leguleya cualquier capricho del Poder Ejecutivo.
Esta dictadura kirchnerista nunca declaró el estado de sitio, ni reprimió salvajemente a quienes se resistieron a aceptarlo, se movilizaron y salieron a las calles para protestar, como lo hizo el gobierno de De La Rúa.
Esta dictadura kirchnerista nunca asumió sin haber ganado elección alguna, ni reprimió la protesta llegando a asesinar a dos piqueteros en una estación de ferrocarril como lo hizo el gobierno de Duhalde.
Más detalles sobre estos ejemplos aquí.
Para finalizar, ratificamos aquí el título de la nota. Si de acuerdo a los parámetros expuestos aquí, todavía hay quien sigue considerando al gobierno que se hizo cargo del país en medio de la peor crisis económica, social e institucional en 2003 con tan sólo el 22% de los votos y que entregará el bastón presidencial en diciembre 2015 con la más alta imagen pública de las últimas décadas, como una dictadura, como Mirtha Legrand y los editorialistas de La Nación, tendrá que admitir sin lugar a la más mínima duda que se trata de la peor dictadura de la historia… La peor de todas porque se mostró incapaz de utilizar cualquiera de los resortes de cualquier dictadura, gobierno autoritario o democrático de los mencionados anteriormente para mantenerse en el poder, imponer sus medidas de gobierno o forzar al pueblo a votarlo.
Dicha ineficacia de esta «dictadura kirchnerista» en el uso de los instrumentos normalmente atribuidos a los regímenes autoritarios que sus opositores mediáticos suelen atribuirle a este gobierno es enorme, casi rayana en lo cómico, si no fuera que se trata de un argumento opositor falaz, un mero relato vacío, una denigración del discurso político creado por el establishment (hoy rebautizado como Círculo Rojo) que no logra ganarle al oficialismo en buena ley (con la ley en la mano), con las reglas de la democracia electoral.
De más está decir que, tomando las mismas premisas del editorial de La Nación, la historia nos muestra claramente que es preferible vivir este tipo de «dictadura» que todos los gobiernos democráticos anteriores que supimos conseguir y que nadie se atrevería a calificar de dictaduras.
Esta dictadura es la peor de todas porque es la más inepta para comportarse como una verdadera dictadura, incluso, como hemos visto, es el gobierno menos autoritario de los últimos sesenta años.
Más datos sobre este tema en:
Educando a las Cacerolas. Hoy: ¿Qué es una dictadura?
«Queremos preguntar», sí, pero a los periodistas «independientes» y a los medios hegemónicos…
