Arrancó la segunda mitad de 2014. ¿Y?

Para tomar decisiones se requiere información. En nuestro país, como en cualquier país del mundo, la información tiene una pata política. Una intención. Evidente o subrepticia. Según cómo se expongan los datos el escenario es uno u otro. En nuestro país hay intereses conservadores que miran todos los datos con una mirada ortodoxa, promoviendo cierto tipo de decisión en vez de otro. De este modo, durante 2014 se ha buscado instalar escenarios de crisis terminales que no se han verificado: devaluaciones galopantes repetidas, hiperinflación, etc. Tener consciencia de esta manipulación le otorga un poco más de aire al gobierno, que ha logrado pilotear los problemas que surgieron este año, sin caer en ninguno de los pronósticos ortodoxos. Y pilotea nuevos problemas.

La Argentina tiene problemas, casi como en cualquier momento de su historia. Los problemas son siempre racionales, más allá de las intenciones que haya detrás de cada uno de ellos, y más allá de si compartimos o no esas racionalidades. Las resoluciones también son siempre racionales. La primera pregunta que hay que hacerse es ¿el gobierno tiene control sobre la situación para conducir, contener y orientar esas racionalidades? Y se puede completar con ¿sostiene el gobierno la capacidad del Estado para manejar la situación incluso en escenarios adversos? La respuesta es que así es. Por ahora no hay dudas. Incluso en aquellos posibles escenarios adversos no hay ninguna razón, a priori, para suponer que algo se le vaya de las manos al gobierno, en términos de impacto en la economía real.

La restricción externa (entran menos dólares de los que se precisan para los objetivos de desarrollo) es protagonista de este año. El dólar oficial se encuentra en $8,2. Un 10% de aumento lo llevaría a $9.02 aproximadamente. En ese contexto se estaría habilitando cierta inflación sólo por la disputa distributiva basada en este factor, sin funcionar el tipo de cambio como ancla nominal de precios, cosa que no cabe esperarse. A principios de año (luego de la devaluación) suponíamos un dólar a $9 para fin de 2014. A la luz de lo ocurrido, no cabe esperar para fin de año un dólar muy por encima de $8,6/$8,8, bajo el supuesto (muy fuerte) que éste sirva como ancla nominal sobre los precios. Es decir, no va a subir más de acá a fin de año, que lo que subió desde la deva hasta acá. Lo ocurrido tiene que ver con una economía que no crece a la misma velocidad que el año pasado (de hecho no crece), una redistribución del ingreso que se amesetó, y por tanto, con la desaparición del componente inercial de la inflación.

Un detalle no menor, que la economía no crezca en este momento no tiene las mismas consecuencias sociales que tenía entre 1999 y 2002, cuando el bienestar social estaba por el piso y se requería mejoras para modificar esa situación crítica. Es más, ¿qué significaría volver a las tasas chinas en este contexto? O bien que los empresarios puedan conseguir una ganancia alta que mejore diametralmente el nivel de inversiones, desequilibrando la distribución del ingreso a favor de los beneficiarios de esas ganancias. O bien que el consumo se vea dinamizado con mucha fuerza provocando niveles inflacionarios (vía disputa distributiva) que podrían ser un boomerang para ese mismo consumo. Con el desempleo relativamente bajo, y salarios reales de aceptables a altos, no parece ser una buena época para propiciar/ esperar tasas chinas. Claro, vale admitir que 4% no es una tasa china y es bastante más que 0. Vamos de a poquito.

Si bien es cierto que el Estado aumentó los subsidios al consumo (vía inyecciones monetarias por abajo), y que no morigeró su gasto social, del cual dependen los sectores postergados, también lo es que el salario real, tras las paritarias, se mantiene en los niveles de 2013, o quizá descendió un poco, el consumo disminuyó o por lo menos no aumentó, y el desempleo no bajó. Este combo amesetado sumado a tasas todavía altas, ha permitido tener tiempo para equilibrar otras variables macro. Todos estos componentes hacen pensar que de acá a fin de año la inflación (que fue 15% durante el primer semestre, y 1,3% en junio, el mensual más bajo del año) va a estar conducida casi exclusivamente por la recomposición de tarifas de servicios públicos, por la quita de transferencias para subsidiarlas. En este sentido, no cabe esperar que el gobierno evalúe una nueva devaluación (que profundice situaciones inconvenientes para la mayoría, vía inflación, depresión del consumo y desempleo) y sí, en cambio, que haya deslizamientos menores en el tipo de cambio para sostener cierta competitividad (crawling-peg).

En resumen, no caben esperar shocks en la economía. Hoy ninguna variable preanuncia un shock de ningún tipo. Sin embargo, no cabe duda que los déficit de cuenta corriente que se suceden desde 2010 son un desafío para el desarrollo que requiere una solución. Y esa solución se espera que ocurra, se determine, vía la otra cuenta, la capital y financiera. ¿Por qué debe resolverse esto? Por dos razones fundamentales. La principal es que los objetivos de desarrollo económico e industrial precisan más dólares de los que entran actualmente, cosa que presiona el tipo de cambio, y si eso se concreta -sube el dólar- sobreviene inflación y menor poder adquisitivo del peso. La otra tiene que ver con equilibrar el balance de pagos para generar expectativas de solidez cambiaria y provocar la liquidación de exportaciones, reduciendo la especulación. La otra opción es cambiar esos objetivos de desarrollo, pero no parece estar en carpeta dentro del actual proyecto.

En estos años se pasó de 44.610 empresas industriales que generaban empleo registrado en 2003 a 59.200 en 2013 (número que vale admitir, se amesetó en 2011). A su vez, el año 2003 arrancó con 769.000 empleos industriales registrados (17,23 empleos registrados por empresa),  mientras que 2013 cerró con 1.284.000 empleos industriales registrados (21,68 por empresa). No sólo hay más industrias, además crecieron (fuertemente hasta 2011).

Ahora bien, ¿cómo juega la cuestión-buitre en esta discusión? ¿Cuál es el escenario?

Se ha escuchado mucho a los funcionarios repetir que no es lo mismo un default generado por una crisis, que un default generado por causas ajenas al devenir del país.  Las crisis son de la economía real, o si no, merecen ser llamadas de otro modo. Más allá de cómo se resuelva la negociación con los buitres, no cabe pensar en cambios abruptos de escenarios de corto plazo. La situación será similar a la comentada anteriormente.

El peor escenario es el de pagar la deuda buitre sin hacer ningún análisis, de tiempo y forma, y que eso genere un efecto dominó (RUFO, pari-passu y otros términos «incomprensibles» mediante) sobre toda la otra deuda, multiplicando exponencialmente el nivel de endeudamiento argentino, y condicionando la política económica. En este escenario el Estado pierde control sobre la situación macroeconómica casi por completo, y el gobierno se vería debilitado fuertemente. Este escenario es imposible, porque el gobierno se muestra interesado en evitarlo sí o sí.

En el peor escenario posible, ya pensando en el largo plazo (para el cuál se precisan dólares para mejorar el nivel de importaciones, asociadas a inversiones, y para mejorar reservas de manera tal de desestimular especulaciones cambiarias), que podría ser algo parecido a un default inducido por Griesa, sobre la deuda «holdin», con consiguientes distintas nuevas renegociaciones, tampoco se vislumbra un cambio notable en el corto plazo. Lo más grave en este caso sería que algún país tome alguna decisión contra el comercio argentino. Pero para contradecir esto existen los numerosos apoyos internacionales. Este escenario parece que se resolvería completamente en 2015, cuando las cláusulas de empate de ofertas futuras a los holdin ya no existirán.

Ergo, puede haber problemas, pero ninguno tan grave como para perder el control. En este sentido, pase lo que pase, la situación de la deuda va a ser mucho mejor al final de 2015 que la recibida en 2003. No sólo eso. Además va a existir una buena oportunidad para seguir construyendo un país más industrial, con inclusión, gracias a la soberanía política que le permite al gobierno tomar decisiones políticas (monetarias, fiscales, cambiarias y comerciales) a favor del conjunto.

Con esto más o menos resuelto, se sigue ganando en independencia económica y soberanía política, porque se pueden tomar decisiones en el presente sin comprometer el futuro. Y para que esto sea posible es cierto que se requiere concordia, consenso, disminución de la sensación de choque inter-sectorial, y mucho Estado, para que ningún sector busque sacar ventajas lastimando a otros sectores.

Todo parece indicar, si no cambian las condiciones actuales, que el próximo gobierno va a encarar la conducción del Estado en condiciones nunca antes vistas al inicio de una gestión presidencial en la Argentina. Y esa es la mejor garantía que tiene el actual proyecto de perdurar: cuanto mejor estén las cosas menos excusas habrá para cambiarlas todas, y más consenso existirá para mantenerlas.