Un día como hoy pero el domingo pasado Los Autores lo llaman al compañero y amigo Mariano Recalde para pedirle un favor. Nos cita a una esquina cercana a la Facultad de Derecho, en una pizzería en la que Los Autores ya lo han frecuentado. Lo notamos tenso y nervioso. Uno de nosotros expresa finalmente el deseo de ambos: que se escriba unas palabras para UDP al respecto de la defunción del sistema de AFJP. Se relaja subitamente, se saca la cámara oculta de la corbata, el disco rígido que tiene pegado con cinta americana en la espalada, y pide una de muza y birra. Escatima al principio sus servicios, en una actitud que denota más bien humildad que falta de interés. Finalmente, como todo lo peronista, cumple y nos dignifica. En exclusiva, para Un Día Peronista:
El esperado regreso a la Constitución y a la Justicia Social
El sistema constitucional
La Constitución Nacional ordena que el Estado otorgue “los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Además aclara que “en especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado”.
Sobre la base de esta lógica rigió, desde 1954 hasta la aprobación de la ley 24.241, un sistema previsional basado en la solidaridad y con un norte bien determinado: hacia la justicia social. El régimen estableciá que el haber jubilatorio debía representar un porcentaje de entre el 70 y el 82 por ciento del salario mensual promedio de los tres años de mayores remuneraciones dentro de los últimos 10 años de aportes. Además se disponía que el haber sería móvil a través de un coeficiente vinculado con el nivel general de las remuneraciones.
Las contradicciones de ley de solidaridad previsional
En 1994 comenzó a tener vigencia la mal llamada “ley de solidaridad previsional” que creó, promovió, fomentó e incluso impuso[1] a los trabajadores, un sistema de capitalización individual, inspirado en el modelo previsional promovido fundamentalmente por el Banco Mundial para los países del tercer mundo.
Desde su título, la ley hizo todo lo contrario de lo que prometía. A través de la ley de “solidaridad” se impuso un sistema de ahorro “individual”.
Luego, en el marco del neoliberalismo, la desregulación y la libertad de mercado, se impuso un sistema rígido, compulsivo y con una alta concentración del mercado, con una alta tendencia hacia la oligopolización.
Además, se decía que los objetivos principales de esta reforma apuntaban a resolver el déficit e ineficiencia del sistema previsional, incrementar el haber jubilatorio y evitar que los aportes fueran utilizados por el Estado o sus funcionarios con otro destino que no fuera el mantenimiento del sistema. Pero la realidad demostró, luego de 14 años, que este sistema: intensificó el déficit, generó haberes jubilatorios más pobres y permitió que agentes privados (las AFJP) dilapidaran los ahorros de los trabajadores mediante la colocación de los fondos en inversiones que no sólo no han sido rentables sino que han generado pérdidas. Todo ello sin tener en cuenta los abusos permitidos por el sistema como las altísimas comisiones (cercanas al 30% del aporte!) y la posibilidad de cobrar comisión incluso cuando el afiliado no tuvo aportes nuevos.
En efecto, el déficit del sistema público, producto de la rebaja de las contribuciones patronales, se intensificó con la creación de las AFJP. La privatización de este sistema provocó una transferencia de fondos del Estado hacia el sistema financiero; una real “sangría”. La rentabilidad de nuestros ahorros en manos privadas ha sido de -10% (menos diez por ciento) para agosto de 2008.
Los recursos que recibe el sistema de capitalización, anualmente rondan los $13.000 millones mientras que los beneficios que otorga se acercan apenas a los $1.000 millones.
Claro está, es el Estado quien asume el costo de la Prestación Básica Universal (PBU).
Los 12.000 millones resultantes, en manos del Estado consolidarían definitivamente el supéravit de la Seguridad Social y del Estado Nacional y evitaría el trillado recurso al endeudamiento público.
Esto también es claro, la “sangría” de fondos, muchos de los cuales se perdieron ya en comisiones, especulación financiera y “otros”, provocó un déficit fiscal crónico y el agigantamiento de la deuda.
Ningún estado desarrollado del mundo tiene un sistema de capitalización, aunque sea remotamente similar al nuestro. Es una idea descabellada.
La actual administración Bush, la misma que intervino en defensa del sistema financiero, cuando pretendió privatizar el sistema de la seguridad social estadounidense obtuvo como fuerte contestación la respuesta de numerosos sectores; pero recordaré los dichos en particular de dos premios Nobel, porque basaron su repudio en la “enseñanza” argentina.
Paul Krguman escribió en diciembre de 2004 en el New York Times: Una de las mayores razones que explican el rápido ascenso de la deuda en Argentina en los 90 fue una reforma de las pensiones que incluía el redireccionamiento de las mismas a cuentas individuales, un redireccionamiento que el presidente Carlos Menem al igual que el presidente Bush decidió financiar con endeudamiento en vez de impuestos. Por lo tanto, el Sr. Bush intenta emular un plan que sirvió para montar el escenario de la crisis económica Argentina.
Por su parte, el otro premio Nobel, me refiero a Joseph Stiglitz, escribió en abril de 2005 en The Guardian: Los Estados Unidos y el Mundo deben recordar: la privatización en Argentina de sus sistema de pensión estuvo en el centro de sus recientes calamidades fiscales. Si la Argentina no hubiera privatizado, su presupuesto habría estado básicamente balanceado.
Pero como se señaló al inicio, esta reforma no sólo perjudicaba los intereses de los trabajadores activos y pasivos, sino que contradecía expresas disposiciones constitucionales.
Es más, en torno a los derechos fundamentales, el célebre constitucionalista G. Bidart Campos sostenía que la Constitución se vulnera no solamente cuando se hace lo que ella prohíbe, sino también cuando se deja de hacer lo que ella manda que se haga.
El regreso al estado de derecho y un sistema de seguridad social
La reestatización del sistema de jubilaciones significa, entonces, además de una reivindicación histórica de gran magnitud, la adecuación de la conducta del Estado a los mandatos de la Constitución que regula sus actos.
No caben dudas de que debe reverse el modo en que todas estas inmensas transferencias fueron llevadas a cabo, pero sobre todo deben implementarse los mecanismos para revertir el dramático escenario en que quedamos insertos.
El sistema de la Seguridad Social cuyo principio fundante es la solidaridad, que hace al bienestar general, que pone en juego los ahorros del pueblo, no puede estar en manos privadas cuyo ánimo es el lucro.
Estas medidas de recuperación, lejos de resultar abruptas e inesperadas son la consecuencia de la continuidad de un camino emprendido desde el año 2003.
Luego de las épocas en las que, para mantener las cuentas del Estado, se reducían los haberes de los jubilados o se recortaban las asignaciones familiares básicas, comenzó una nueva etapa con varias medidas que se fueron dando progresivamente en el marco de los principios de solidaridad, integralidad y universalidad:
a) la recuperación de los haberes (fueron 13 los aumentos sucesivos en el valor del haber mínimo desde mayo de 2003);
b) la inclusión de más de un millón y medio de nuevos beneficiarios que no podían acceder al sistema por falta de aportes;
c) la libre opción jubilatoria entre los dos sistemas vigentes; y
d) la implementación de la movilidad de los haberes previsionales.
Todas estas medidas implicaron una mayor erogación por parte del Estado, en beneficio de los jubilados. Entonces, la recuperación de los aportes de los trabajadores que estaban en manos privadas no puede verse como un recurso para hacer caja sin caer en una simplificación injusta, mal intencionada y, en el mejor de los casos, equivocada: porque la ley que se sancionará tendrá los mecanismos necesarios para controlar que la plata de los trabajadores tenga el destino que debe tener.
No tengo dudas al respecto, es el Estado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, quien debe retomar su rol dinámico y protector de los ciudadanos, más aún cuando lo que se encuentra en jugo es el futuro de los argentinos.
Mariano Recalde
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[1] En efecto, la mayor parte de los trabajadores incorporados al sistema de capitalización individual, proviene de los denominados “indecisos”, aquellos que al conseguir un empleo no optaron por ningún sistema y fueron derivados compulsivamente e irreversiblemente (hasta la reforma producida en 2007) a una AFJP.
Es exactamente así. La anomalía fue la del ’94, pero como ya nos acostumbramos a vivir patas para arriba, ahora a los cagatintas les parece que poner los pies sobre la tierra es contra natura y oponerse a un derecho divino.
Excelente Mariano! Me enorgullece haber compartido algun banco de esa gloriosa facultad con vos.