Breve lección de derecho para «linchamientistas».

En plena ola de una pretendida «justicia por mano propia» o linchamientos al por mayor, difundida (¿propiciada?) por los medios masivos de difusión, donde se pueden ver verdaderos “linchamientistas” por acción u omisión (omisión de una condena clara de los mismos), este humilde servidor público propone parar la pelota un poco y observar el panorama, para sacar alguna conclusión que pueda ayudarnos a aclarar nuestra visión.
Empecemos por repasar dos hechos delictivos que sucedieron en estos días en la misma ciudad, Rosario, de acuerdo a lo que dijeron los medios:

Primer linchamiento en Rosario.

Dijo Tiempo Argentino:
«Una joven de 21 años fue asaltada en Rosario. La zona de Liniers y la cortada Marcos Paz fue el escenario del arrebato, le sacaron la cartera. David Moreira de 18 años fue linchado por los vecinos, minutos más tarde. La versión difundida por la joven robada –puesta en boca de su abogado– señala que Moreira sería el ladrón. El estado de shock no le impidió identificar a Moreira. Lo reconoció pese a la brutalidad de la golpiza, ya que el rostro del joven se hallaba desfigurado. Sin embargo, fue incapaz de identificar a ninguno de sus múltiples asesinos. Según este curioso relato Moreira en su huida fue interceptado por un grupo que lo golpeó hasta provocarle la pérdida de gran parte de su masa encefálica. Pasaron horas hasta el arribo de Moreira al hospital, y a juzgar por la información que circuló por las redes sociales, ese tiempo –diferencia entre paliza terrible y asesinato premeditado– fue garantizado por los atacantes. Esto es, desinformaron a las autoridades imposibilitando el acceso de una ambulancia para socorrerlo. No se trataba de evitar el robo, sino de matar al presunto ladrón.»

Segundo linchamiento en Rosario.
Dijo Clarín:
«(Leonardo) Medina tiene 24 años y es empleado textil. (Oscar) Bonaldi (22) es albañil. El 15 de marzo, cerca de las 6 de la mañana, iban en una moto hacia sus trabajos. Al detenerse en un semáforo de la transitada intersección de Avenida Pellegrini y Provincias Unidas, en la zona oeste de Rosario, vieron cómo se les aproximaba un Ford K negro.
«Desde el coche comenzaron a dispararles. Los jóvenes decidieron abandonar la moto –que no volvieron a recuperar– y salir corriendo, pensando que los estaban asaltando. Quienes los atacaban los habían confundido con motochorros que un rato antes habían robado una remisería.
«Medina llegó a refugiarse en una estación de servicio ubicada a 100 metros del semáforo donde comenzó la persecución. Bonaldi no tuvo la misma suerte. Entre cinco y seis personas lo alcanzaron y lo golpearon con saña. “Uno de los tipos me dio dos o tres fierrazos en la cabeza y, cuando estaba desmayado, vinieron los otros tipos. Me pegaron patadas y me sacaron las zapatillas y el gorrito”, reconstruyó Bonaldi en diálogo con La Capital de Rosario.
“Me pegaban porque decían que nosotros habíamos robado una remisería, pero en vez de golpearme, ¿por qué no llamaron a la Policía?”, planteó Oscar. Al muchacho lo salvaron un policía que custodiaba la estación de servicio y un llamado telefónico: les dijeron a los agresores que los asaltantes de la remisería ya habían sido detenidos en otro lado. En la remisería admitieron el error, y los jóvenes hicieron la denuncia por “lesiones”.»

Primero, un par de acotaciones sobre los hechos antes de adentrarnos en las conclusiones:

* En ambos hechos ciudadanos civiles (no identificados hasta ahora) intervinieron tras un robo con el propósito de ejercer la mal llamada “justicia por mano propia” contra los ladrones. En el segundo hecho, incluso utilizando disparos de armas de fuego.
* En ambos casos, el blanco de la violencia popular (linchamiento) fueron dos jóvenes que respondían al biotipo americano nativo (morocho, criollo, “cabecita negra”, etc.) y se desplazaban de a dos en moto, es decir que se los identificó principalmente por “portación de cara” y por “motochorros”, como se los caracteriza en los medios de difusión masiva.
* En uno de ellos, la víctima del linchamiento murió por causa de los golpes recibidos de parte de la turba. En el otro, un policía le salvó la vida al supuesto ladrón al intervenir y detener la golpiza a tiempo, aunque no detuvo a los linchadores ni evitó que se llevaran la moto de la víctima. Tampoco se sabe nada de las armas utilizadas en el hecho por los “justicieros”.
* El término “justicia por mano propia” podría ser catalogado de oxímoron, ya que la justicia sólo puede ser aplicada por el Estado (en representación de los ciudadanos), no por los ciudadanos en forma directa.
* La pena que la Justicia estipula para quien roba es, a lo sumo, la prisión y no la pena de muerte, por lo que los linchadores se excedieron en la aplicación “por mano propia” de la supuesta pena.

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Conclusiones provisorias.

Analicemos ahora fríamente ambos casos con los datos que tenemos hasta hoy:

* En el primer caso, la turba enfurecida atacó y detuvo al supuesto ladrón y le propinó una furibunda golpiza hasta dejarlo inconsciente en la calle y desangrándose, impidió que intervenga el Estado (policía y ambulancia) para salvarle la vida y detenerlo para juzgarlo y condenarlo como correspondiese si era realmente el ladrón.

* De no ser por la intervención de Estado en el segundo hecho (el policía), la víctima hubiese terminado muerta como en el primer caso. Es decir, evitó un posible asesinato.

* En ambos casos los jóvenes fueron víctimas de asesinato, en el segundo caso en grado de tentativa. Por ello, los “justicieros” o linchadores son pasibles de ser acusados de asesinato, en el segundo caso en grado de tentativa.

* En el primero caso, el joven asesinado parece ser quien produjo realmente el robo, pero no lo sabemos porque no ha sido fehacientemente probado, por lo que murió siendo inocente. En el segundo, por el contrario, sabemos que es inocente porque el Estado intervino (la policía) y detuvo rápidamente a los verdaderos ladrones, que ya están procesados.

* En el primer caso, al ciudadano David Moreira no se les respetaron sus derechos humanos (ser acusado ante un juez en un juicio y, en caso de ser hallado culpable, ser castigado con la pena que estipula el Código Penal). La intervención de los linchadores o “justicieros” evitó la del Estado (adrede), lo que hubiese posibilitado aclarar el hecho y castigar a los verdaderos culpables, el mismo Moreira y su cómplice, de haberlo sido, o que estuviese vivo y en libertad si era inocente.

* En el segundo caso, la intervención del Estado le salvó la vida a Oscar Bonaldi y sus derechos humanos no fueron avasallados; de no haber sido detenidos los verdaderos ladrones, Oscar habría sido detenido y acusado ante la Justicia y, por lo tanto, encontrado inocente, ya que sabemos fehacientemente que lo es.

Ahora bien, como sabemos todos, las posibilidades de error en la condena o absolución de un ciudadano acusado de un delito ante la Justicia existen, pero con estos casos de «justicia por mano propia» vemos fehacientemente que las posibilidades de error son infinitamente mayores (y pueden costar vidas). Esto es así porque en la intervención de “la gente” o la turba enfurecida de “ciudadanos indignados” no existe un procedimiento diseñado, reglado y metódico que nos garantice un resultado justo, tanto para la víctima como para el acusado, y eficiente para castigar a los delincuentes y defender los derechos de todos indistintamente: lo que se denomina Justicia.
Esto que describimos no es otra cosa que el respeto de los llamados derechos humanos; algo que muchos comunicadores o medios de difusión masiva nombran despectivamente o denigran sin saber qué son, o desconociéndolo adrede para ocultar su propia ideología, contraria al derecho.

Finalmente, un pretencioso consejo de parte de este humilde servidor público para los partidarios de los “linchadores” o “vecinos indignados”: aprovechemos la lección que recibió en carne propia Oscar Bonaldi sobre lo que son sus derechos humanos. Que son los mismos que les corresponden a todos los ciudadanos involucrados en ambos hechos: las víctimas de los robos, las víctimas de los linchamientos, los verdaderos ladrones y los linchadores o asesinos de ambos casos. Esto último lo podemos sintetizar en que todos tenemos derecho a que el Estado intervenga para asegurarnos nuestros derechos humanos, porque ninguno de nosotros está exento de ser objeto de una falsa o errónea acusación similar o muy distinta a la de Oscar Bonaldi o la de David Moreira. Y esto puede darse en cualquier tipo y escala de transgresión a la ley; lo que puede ir desde ser acusado por cruzar una luz roja, por un exceso de velocidad, por un control de alcoholemia, por un accidente automovilístico, por atropellar a un peatón, por matar a alguien en defensa propia, en riña o luego de un estado de desequilibrio emocional. O aún por hacerlo con dolo o alevosía, porque quien comete un delito no deja de tener derechos humanos, porque sigue siendo humano.
Todos tenemos derecho a que el Estado intervenga para aclarar los tantos y aplicarnos una pena si corresponde, y en forma proporcional al tipo de delito que cometamos. Aún con todos los defectos que sabemos que tiene. Siempre será peor si lo hace una turba enfurecida, sin reglas claras y guiadas por el odio y la venganza, como vimos más arriba.

Aunque parezca mentira, esto se supone que la sociedad argentina ya lo había aprendido después de la última dictadura, cuando la Justicia fue reemplazada por “grupos de tareas” y las cárceles por campos de concentración. Cuando nuestros derechos dependían del capricho de algunos privilegiados armados y sus partidarios o cómplices, y las penas también.

Y hoy vemos que hay ciudadanos que ante la afectación (robo) de un bien material (billetera, dinero, reloj, moto, etc.) propio o ajeno (lo que constituye un delito menor) reaccionan pidiendo o, peor aún, ejerciendo la mal llamada «justicia por mano propia» o, mejor dicho, venganza por mano propia. Lo que puede terminar, como vimos, en un asesinato. Estos linchamientistas pretenden cambiar un supuesto ladrón menos por decenas de nuevos asesinos, a la voz de «comamos al caníbal».
Pero en la misma Argentina también hay ciudadanos que ante la afectación del bien más preciado o los derechos fundamentales de todo ciudadano (secuestro, desaparición, tortura, asesinato) reaccionan solicitando pacíficamente al Estado que actúe de acuerdo a derecho. No un día sino por años, décadas, movilizándose en contra inclusive de la mayoría de sus conciudadanos y del mismo Estado, sumando voluntades en un trabajo de hormiga, evitando tozudamente el camino más corto de la venganza y tragándose el odio y la indiferencia de los demás hasta lograr que el Estado ejerza la Justicia. Como hicieron y siguen haciendo los organismos de derechos humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares y Víctimas de la represión ilegal, Susana Trimarco, etc.). Pero no sólo para que se respeten sus derechos individuales sino también los  de todos los demás.

Esperemos que estos días de debates casi primitivos no pasen de ser sólo una distracción pasajera en la conciencia republicana y democrática de nuestro pueblo, y no el comienzo de una espiral de violencia que no sabemos dónde puede terminar.