Ingenuidad, interés o brazos de comunicación, el caso José López, nos ayuda a pensar.
La salida debe pensarse desde el consenso para la hechura de políticas de Estado.
La corrupción no tiene ideología. Debe ser atacada sin discusión. Pero esto, en la Argentina, requiere una discusión muy de fondo. Porque se da la paradoja de que un corrupto del Estado popular desligitima al Estado popular, mientras que un corrupto del Estado neoliberal, también deslegitima al Estado popular. Y no es sólo el poder de los medios afines al neoliberalismo. Es una base cultural que asocia la corrupción al Estado y al Estado con el pueblo.
El enfoque que muchos medios le dan a los casos de corrupción reviste una impronta profundamente política: la corrupción de empresa aparece como una cuestión de negocios y termina analizándose en base al mérito privado, aunque esos negocios sean con el Estado, la corrupción de los funcionarios, sin empresa, en cambio sí es presentada como un robo directo a todos los argentinos. En el medio nadie habla de monopolios, de explotación de rentas, de decisiones que transfieren ingresos, de mayor o menor amistad con los bancos, que pueden esconder o exponer a cualquier individuo.
La corrupción existe desde el virreinato, y ciertamente los gobiernos que generaron una redistribución peleándose con sectores financieros transnacionales, con multinacionales o con el sector agrario, o con grandes empresas locales, difícilmente sean los más corruptos, básicamente porque se pelean con los que más plata mueven en este mundo global.
“ante todo, cuestionar la idea según la cual la lucha contra la corrupción es de carácter a-político y meramente moral. Por el contrario, la definición de lo que se entiende por corrupción y las causas de su emergencia, la preeminencia que se da a los ámbitos en que ésta se manifiesta (público o privado), y las recetas que se proponen para combatirla, son en rigor cuestiones de naturaleza eminentemente política. En tal sentido, el neoliberalismo utiliza la corrupción como un mecanismo para deslegitimar y cuestionar cualquier tipo de intervención estatal. Según esta concepción, no hay razones (económicas, sociales o políticas) que justifiquen la intervención de un Estado que, en esencia, posee una naturaleza corrupta. A partir de esta asociación entre corrupción y Estado, se comprende que la única vía a fin de eliminar o al menos morigerar este flagelo consiste en reducir al mínimo indispensable las capacidades y funciones estatales” (Astarita, 2014) (1)
En este sentido, la colocación de U$16.500 millones de nueva deuda, con un saldo de U$350 millones de ganancia para los bancos colocadores (JP, HSBC, Citi, etc), en el marco del pago a buitres, que recibieron sólo U$9.000 de esos, la destrucción de los mecanismos de regulación financiera en la Argentina, desde la desmantelación de la UIF hasta la liberalización del spread de los bancos, un gobierno que sigue colocando deuda mientras se le aprecia el peso, pero sin que los precios internos bajen del nivel alcanzado cuando el dólar llegó a $16, o tarifas que aumentan con beneficio para las empresas más que para las arcas del Estado, desprotección comercial, ajuste fiscal, contracción monetaria, una política de ingresos a la baja.
O la insustentabilidad de los flujos de la seguridad social (que permitieron llevar la cobertura de jubilaciones al 97% de los viejos) expresados en una estrategia de desguace del FGS, en el marco de una ley de blanqueo de dinero sucio son temas menores. Todo esto no reviste un análisis de connivencia entre sectores concentrados y gobierno, entre Ceos de empresas y sus ex empresas, entre amigos de bancos ahora en el gobierno y los bancos mismos, lo cual sería asimismo corrupción. Y endeudarse además deja un problema de flujos y condiciones que no se desarma descubriendo a los culpables. No se habla de esto. Para nada. De hecho, descubrir algún corrupto hace que no se hable nada de esto.
También se plantean modelos de endeudamiento para pagar aumentos de jubilaciones, lo que significa la aceptación de que los aumentos no son sustentables. Nadie viene a preguntarse cómo se va a pagar algo que crece con recursos que bajan (como consecuencia de ese mismo endeudamiento). Así las cosas, los casos de corrupción sirven para esto, para ocultar una realidad emergente donde las tensiones económicas se cortan siempre por lo más delgado.
Mientras tanto, en abril, las utilidades de los bancos crecieron 25%, el margen financiero a su vez 37% (gracias a Lebacs y otras ventajas para los bancos como la desregulación del spread), pero el crédito al sector privado bajó 5,5%. Es mucho mejor hablar de corrupción que de la evidencia de que no existe el derrame (o el goteo, tal la traducción literal).
Nelson Castro decía que acá no hubo un proyecto de inclusión, sino uno de corrupción que utilizó la inclusión para ocultar los verdaderos propósitos. Es contundente. “La constatación de una dirigencia insensible, que gobernó sin escrúpulos en un país donde el 30 por ciento de su población está bajo el umbral de la pobreza” dice Morales Solá. Leuco a su vez, afirma que la captura de José López, “en primera instancia, confirma que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron los años más corruptos de la historia argentina”. Y da pena.
Porque la mayoría de nosotros no tenemos ningún amor hacía ningún funcionario, sino hacia las políticas, como las descriptas, entre muchas otras, la corrupción es enemiga número uno de un proyecto que tiene que ser amigo de la democracia, porque la construcción de la verdadera democracia indica transparencia. Hay un claro problema de fondo, hay sectores concentrados que no miran la corrupción cuando sienten que esa diferencia se hace gracias a los impuestos sobre sectores populares (esto ocurrió entre 1975 y 2003), pero cuando sienten que esa corrupción se vincula con impuestos sobre sectores concentrados se genera un tablero de persecuciones muy grande.
Así las cosas, un proyecto de redistribución debe ser el más transparente de todos, y esa transparencia incluye la construcción de consensos entre los sectores favorecidos. No se puede redistribuir a favor de los sectores más bajos, cosa que favorece a la clase media, y ponerse al mismo tiempo a gran parte de esos sectores bajos y medios en contra, algo en esa lógica no está bien. Y es infantil echarle la culpa a los medios.
Los medios juegan un rol en este capitalismo latinoamericano que estamos describiendo, pero de ningún modo cabe pensarse que son elementos centrales en esta construcción. No hay novedad, cuando el proyecto neoliberal, basado en el consenso de Washinton de los 90 en la Argentina fracasó, algunos personajes del FMI le echaron la culpa al rent-seeking antes que a las políticas de endeudamiento, explotación de rentas y exclusión.
¿Y entonces qué pasa, hay chance para la democracia de la Argentina de resolver este tema?
«Los partidos de la elite no lograron resolver los grandes temas del siglo XX. Frente a lo emergente, su respuesta fue la represión o el control tecnocrático. ¿Por qué no creer que los partidos populares pueden efectivamente “resolver” también el tema de la corrupción? ¿Qué actores, dimensiones y prácticas deben alentarse para dirigirnos en esa dirección? La pregunta central es cómo consiguen los movimientos democratizantes impedir estas prácticas. ¿De qué manera se logra un control cuando la tentación por el enriquecimiento personal a cualquier costo golpea todas las puertas incesantemente? ¿”Roban pero hacen” es el horizonte que nos podemos permitir? ¿No debe un movimiento que aspira a la justicia social efectiva crear condiciones para enfrentar este desafío?» escriben Nicolás Tereschuk Sergio De Piero,Martín Astarita y Abelardo Vitale (2)
Se puede ensayar una respuesta de fondo.
Muchos defendemos el Estado interventor porque entendemos que si en un país que es competitivo en el sector agropeacuario (sin trabajo para todos) no hay política, tampoco habrá trabajo. Y esto requiere articular con el sector agropecuario no ponérselo de culo, o por lo menos no tanto. No descubrimos la corrupción ayer. Pero como hay corruptos que son usados para tachar el rol del Estado (porque usan a esos corruptos para cambiar el gobierno y traer otro igual de corrupto pero que defiende otro rol del Estado, neoliberal en este caso) entonces nos vemos en la obligación de hablar de otra cosa. Y acá volvemos a una idea madre, la ausencia de consensos entre clases, producto de la desigualdad social que hace en sí misma procíclica la capacidad para construir consensos.
La política es generar empleo, gobernar es lograr que la gente viva mejor, pero a esto le falta una pata, generar inclusión de verdad es sobre todo convencer a los sectores poderosos de esa inclusión, “convencer” dicho en un sentido político que implica no sólo consenso, sino también algo de coerción en sentido político. Sin esta mínima cuota de consenso la inclusión puede rebotar. Pensar los consensos es la tarea a la que debe orientarse un buen gobierno, redistribuir sin ningún convencimiento por parte del tributador hace que el rebote esté siempre latente.
Si todos (todo entendido como la gran mayoría de todas las clases) estuviéramos de acuerdo con las políticas del Estado, todos estaríamos de acuerdo en perseguir a todos los corruptos sin ninguna discusión, porque sabríamos que las políticas centrales no dependen de los cambios de gobierno. Esto pasa en los países desarrollados, tienen más consenso y por consiguiente hay menos corrupción (y por este consenso menos inflación pero es otro tema), porque todos saben que serán igualmente perseguidos. No habría así blindajes financieros mediáticos para unos o de plazas llenas para otros.
La única forma de construir un Estado pensando en el desarrollo de largo plazo es tejer puentes con consensos entre distintos sectores, incluyendo a sectores que hoy no tienen representación organizada, como los sectores más pobres y sin trabajo formal. Si las políticas son de Estado, la corrupción pierde su principal protección, y esto es central, porque cada conjunto social defiende a todos sus gobernantes porque en realidad estos aparecen como un fetiche despersonalizado de su capacidad y merito, para pasar a importar más lo que representa que lo que en realidad es. Porque es sano que importe más las políticas que las personas, pero cuando no hay acuerdo con la política se señala corrupción sólo como camino para modificar la política.
Si hay (mayor) consenso en las políticas que se adoptan (o mayor sustentabilidad y menos discusión de fondo sobre ellas una vez implementadas), la corrupción gana espacio en el terreno judicial y lo pierde en el terreno partidario. Por tanto, resolver el problema de la corrupción requiere de mayores consensos intrasectoriales pero no sólo para resolver estos ilícitos, sino sobre todo en el acuerdo sobre el proyecto de desarrollo y en el patrón de acumulación de largo plazo que impulsa el Estado para el país.
(1) Astarita, Martín (2014): Los usos políticos de la corrupción en la Argentina en los años noventa: Una perspectiva histórica; Revista Estado y Políticas Públicas Nº 3. Año 2014. ISSN 2310-550X http://politicaspublicas.flacso.org.ar/files/revistas/1414737669_articulo-4.pdf
(2) Nicolás Tereschuk Sergio De Piero,Martín Astarita y Abelardo Vitale (2016): Caso José López, sombra de la corrupción; Revista Anfibia. http://www.revistaanfibia.com/ensayo/sombra-terrible-la-corrupcion/
