Dejando de lado las emociones particulares que nos haya dejado lo acontecido en el Senado de la Nación el pasado ocho de agosto, y en pos de mantener la perseverancia que no claudica frente a la convicción de que los derechos que atañen a las libertades deben ser conquistados, resulta interesante reestructurar y volver a analizar los argumentos que se llevaron a cabo en el debate parlamentario (porque de esa orbita surge la decisión definitiva) y en el debate de la ciudadanía.
Ocurre que en muchos ciudadanos y muchas ciudadanas aun persiste una fuerte convicción (no siempre los que se oponen a la legalización del aborto tienen intereses ocultos vinculados a sectores de poder) de que legalizar el aborto no es lo que corresponde. Incluso, varias de estas personas consideran que debe seguir siendo un delito que, como tal, debe estar penado por ley.
Hacia esta porción de la ciudadanía hay que enfocarse y probablemente, una posibilidad tenga que ver con ir en dirección de nuevos argumentos. O quizás, volver sobre los mismos pero estableciendo un nuevo orden de prelación.
En los últimos días resonaron dos nuevos casos de mujeres fallecidas como consecuencia de haberse practicado un aborto clandestino. Sin lugar a dudas, la clandestinidad mata. Las cifras oficiales indican que es algo que sucede a diario, y que sin intervención estatal mediante la que se regulen las condiciones de salubridad que correspondan y se garantice el acceso gratuito en los centros de salud, es imposible pensar en una disminución de esos números disminuyan y se erradique esta problemática.
La consideración de que es imperativa la intervención del Estado no se queda solamente en ese punto. En función de todas las aristas que surgen al hablar de embarazos no deseados también se exige que la legalización del aborto venga acompañada de una correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral como asimismo de otras políticas públicas que atañen a la salud.
Por todo esto es innegable esa necesidad de legalizar el aborto, en tanto implica abordar un tema de salud pública.
Sin embargo, existe otra perspectiva que acompaña a la anterior pero que es superlativa. El aborto debe ser legal para que no se mueran más mujeres a causa de la clandestinidad. Ese es el fin. Pero la causa subyace en otro lugar, en un argumento que no tiene que ver con la salud pública sino con que esa legalización implica el pleno ejercicio de un derecho fundamental y consagrado en nuestra Constitución Nacional: la autodeterminación o la autonomía de la voluntad.
Este es un principio que refiere a la capacidad de los individuos para dictar sus propias normas morales. Y de esta concepción se desprende otra: mientras que esas normas no afecten el orden público no son objeto de prohibiciones por parte de los poderes estatales.
Es decir que lo fundamental de estas nociones se encuentra en la privacidad de los actos privados y el respeto hacia los mismos.
Ahora, ¿porque el Estado debería intervenir? Pues bien, porque es el Estado el que debe encargarse de garantizar el ejercicio pleno de los derechos. En este caso, esa garantía se encuentra descripta de manera taxativa en el artículo 19 de nuestra Carta Magna.
El acto de decidir sobre un plan de vida determinado o sobre el propio cuerpo corresponde a un acto de la esfera mas intima. Es un derecho a tomar decisiones sin limitación alguna, siempre y cuando, estas no perjudiquen al resto de la sociedad.
La determinación de interrumpir un embarazo no tiene ninguna implicancia en el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Los costos de esa, y de cualquier decisión de la órbita netamente privada, no serán costeados por nadie más que por la persona que la lleva a cabo.
No hay un ápice de duda respecto del carácter personal e intimo en torno a la elección de ser o no ser madre. Y, en efecto, si bien no existe una ley que obligue a maternar, la penalización a quienes deciden no serlo coincide bastante con la idea de imposición de ese “deber”. En cambio, cuando alguien elige hacerlo, no se regula ni como, ni cuando, ni cuantos hijxs puede tener una mujer. Sin dudarlo, esto último es así por cuanto estamos, nuevamente, ante una decisión privada que no es susceptible de ser legislada.
La libertad de elección de ser madre también está encuadrada en ese artículo 19 de la Constitución Nacional. Esa y todas las elecciones del fuero intimo. Y es en este sentido que podemos decir que la decisión de practicarse o no un del aborto, en tanto presupuesto de elección personal, no puede estar sujeta a las imposiciones morales de los legisladores de turno ni tampoco al resto de les habitantes de este país.
Por lo tanto, no existe aquí una puja de derechos, no es esta una batalla susceptible de derrotas o victorias. Lograr que cada una pueda decidir cómo, cuando y donde ser o no ser madre, es un triunfo del conjunto de la sociedad toda, no solo de quienes llevan sus pañuelos verdes. Porque no se desea vencer a un oponente. El objetivo es evolucionar producto de las necesidades de las generaciones venideras y de las que allanaron el terreno para que hoy se pueda dar esta discusión sin tabúes. Y la evolución social no es selectiva. Si se avanza en ampliar derechos no hay ganadores y perdedores, sino todos y todas gozaran de mejores condiciones sin selectividad, de manera transversal.
En efecto, y para concluir, tendríamos que correr el eje de la discusión, puntualmente podríamos dejar de hablar de vidas (una, dos o ninguna) y guardar los mandatos morales y religiosos para decidir sobre las acciones privadas. Ello, para ocuparnos de lo que verdaderamente importa, que es si vamos o no a garantizar el goce de un derecho que nos es inherente desde los inicios de la vida jurídica de nuestra Nación.
Hacerlo valer para todas de manera equitativa no solo implica un panorama donde exista mayor igualdad, sino que abre una puerta para importantes discusiones futuras, que puedan devenir del análisis de este derecho.
Si un paciente enfermo decide acceder a su derecho a una muerte digna sigue primando, en ocasiones, esa concepción acerca de priorizar la vida. ¿ No es motivo suficiente que alguien que padece elija/ decida dejar de hacerlo? En estos términos es que podemos plantear una analogía con la decisión de ser o no ser madre.
La única lucha es la de conseguir que las elecciones personales no puedan regirse por las convicciones, religiones y morales “medias” de una sociedad determinada. Si la negativa ante esta posibilidad es cultural, habrá llegado la hora de transformar la cultura con el fin de promover que la balanza se equipare en este y en todos los asuntos. La libertad nunca puede significar una perdida para nadie.
Retomemos la batalla, la que es de todos y todas. Y afiancemos los cimientos de esta discusión sin llevarla a lugares donde los abstractos dificultan el debate serio.
