Por Hernán Lascano / La Capita
La toma del parque Indoamericano en Buenos Aires o, a escala muy reducida, las ocupaciones de terrenos públicos en la zona sur de Rosario de la semana pasada canalizaron debates llenos de exaltación. Los problemas que se entreveran son difíciles de abordar: necesidades habitacionales insatisfechas, reclamos de vecinos históricos, exigencias estatales. Y en este marco las fronteras entre acciones sociales y delitos se dibujan de manera dispar. El secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe, Enrique Font, señala que a veces la transgresión a la ley penal aparece como insoportable y en otros casos se acepta como normal. “A nadie se le hubiera ocurrido correr a palos a los directivos de los clubes rosarinos que ocuparon ilegalmente el espacio público costero sino negociar con ellos”, dice. “Tampoco a los evasores ni a los que roban energía”.
—En estos días chocaron pedidos de tierra contra planteos de defensa de espacios públicos. Cualquier reclamo de ese tipo suele verse como delito ¿Cuál es la forma de enfocar esto?
—Todo fenómeno que pueda tener configuración de delito expresa una tensión cultural y política: desde los delitos de los débiles hasta la evasión impositiva de cuello blanco. La demanda para la política es tratar de ver cuáles son las variables que están en juego, desplegarlas en su complejidad y ver qué intervenciones son posibles. Pero no todos los conflictos que implican afectación de derechos, incluso que están en el Código Penal, se presentan como delitos. Dos ejemplos clásicos: el hurto de energía eléctrica forma parte de una criminalidad importante de la clase media que es aceptada y tolerada. La evasión impositiva está tan extendida como algo normal en los sectores altos: basta ver las ventas de cereal en negro en nuestra zona. De estas tensiones estructurales que se plantean como delito algunas son toleradas y hasta amparadas institucionalmente. Y hay otras que no: se recortan como situación delictiva inaceptable.
