La oposición legislativa (que en algún momento se autodenominó Grupo A y que consiguió proezas patrióticas tales como poner a Liliana Negre de Alonso como presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado), continúa con un derrotero que a esta altura ya parece ser una estrategia.
Actúa en tándem con diarios como Clarín y La Nación. Estos medios instalan ante la opinión pública un tema, y los diputados y/o senadores opositores, automáticamente tratan de darle estatuto legislativo.
La cuestión que más llama la atención de este accionar totalmente legítimo hasta aquí, es que no se ha podido hasta ahora establecer un correlato entre lo que pasa en el Senado y lo que pasa en Diputados.
Así, ninguna de las extraordinarias leyes republicanas que iban a curar a la Argentina de los males que le propinó el abuso de populismo que el Gobierno había efectuado hasta aquí (con mayoría parlamentaria), consiguió superar el umbral de la media sanción.
La lista incluye: coparticipación del impuesto al cheque, modificaciones a la facultad del poder ejecutivo de vetar y sancionar DNUs, reforma del Consejo de la Magistratura, cambios en el régimen de ATN y de PAF. Se sumaría en calidad de “estrella” el mamarracho de haber “volteado” el DNU que conformaba el FOBIC, cuando éste ya estaba desautorizado por otros dos decretos que, aún vigentes, esperan que se los trate en el Congreso.
Probablemente corra la misma suerte el 82% móvil para jubilaciones.
La estrategia, parece, consistiría en “hacer jueguito para la tribuna”: poder hacer grandes declamaciones acerca de derrotas terribles que se le inflingirían al oficialismo, sin poner en riesgo la gobernabilidad.
Un teorema de Baglini adaptado, para fuerzas que todavía no saben si no les va a tocar gobernar en un futuro cercano.
En este contexto, se presenta en el horizonte próximo la necesidad de que el Congreso ratifique la delegación de facultades que viene delegando en el Poder Ejecutivo desde 1995. Y como nudo del conflicto, principalmente, la facultad de fijar alícuotas de retenciones, que de no seguir delegándose en el Ejecutivo, reasumiría el Poder Legislativo.
Un tema para tratar, antes de creer en las declamaciones exageradas, es cuáles son estas facultades delegadas. Son muchísimas (se supone que afecta unas 1900 leyes); sin embargo, el énfasis se pone exclusivamente en las alícuotas de retenciones a productos agrarios. Es difícil suponer, por otra parte, que el heterogeneo grupo de legisladores que se oponen a que el Ejecutivo siga usufructuando la delegación, pueda ponerse de acuerdo en cuestiones de carácter positivo (es decir, qué hacer con las facultades cuya delegación se le niega al Ejecutivo). El riesgo de parálisis, visto desde este ángulo, es altísimo.
(continuará…)
