El capital trasnacional definió el rol que debe jugar Argentina en la división internacional del trabajo: productor-exportador de forrajeras, principalmente soja transgénica, con un esquema de monocultivo y siembra intensiva que esteriliza la tierra, con el uso de herbicidas que generan enfermedades como el cáncer y destruyen el ecosistema, manteniendo el negocio de unos pocos a costa de nuestra soberanía alimentaria.
La furia de los condenados de la tierra
Corría el año 2003, en una de las tantas movilizaciones en contra del tratado de libre comercio (TLC) que promovía EE.UU. para la región –Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para ser más precisos- cuando escuché por primera vez hablar del cultivo de soja como un problema ambiental y una amenaza para la soberanía alimentaria de nuestro país.
La columna partió desde Retiro en Capital Federal bajo la consigna “Contra el ALCA, por Tierra, Trabajo y Justicia”. Entre las organizaciones participantes se encontraban los movimientos campesinos MOCASE (Santiago del Estero), APENOC y OCUNC (Córdoba), UST (Mendoza) y organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón y el Movimiento de Unidad Popular.
La marcha tenía como destino final la Casa Rosada para comunicarle al recién asumido Néstor Kirchner a la firma del ALCA, pero antes de eso, casi a la pasada, rumbo a Plaza de Mayo, los movimientos campesinos promovieron un escrache a la multinacional productora de semillas transgénicas y herbicidas MONSANTO. Cuando la columna llegó al edificio de la calle Maipú, los campesinos arrojaron contra la fachada de la compañía, protegida por un cordón policial, semillas de soja con la furia propia de alguien que se siente vejado.
Cómo preparar leche de soja según Duhalde
Sorprendió el nivel de bronca de los campesinos, ¿estaban tan preocupados por la salud de la ínfima minoría consumidora de productos derivados de la soja transgénica?
Durante el 2002 corrió como reguero de pólvora en las organizaciones sociales y comedores comunitarios lo que prometía ser la solución a los problemas del hambre y la desnutrición infantil. Mediante un manual, distribuido por el Estado a través de los municipios y punteros, se empezó a preparar leche de soja en los comedores comunitarios y centros asistenciales gracias a que el territorio bonaerense fue inundado por toneladas de soja, que luego de un largo proceso se transformaba en un liquido viscoso y pálido que se le daba principalmente a los niños y prometía reemplazar a la encarecida leche post devaluación. Incluso fui convidado en una oportunidad con una empanada que contenía, entre otros productos, el sobrante del proceso con que se lograba la leche de soja.
Por su parte, Hilda González de Duhalde, daba letra a la iniciativa a través del documento titulado «Criterios para la incorporación de la soja” durante el Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición.
Mientras que el diario Clarín hacía lo mismo a través del socio de Luciano Miguens y artífice de Clarín Rural, Héctor Huergo, quien explicaba a la sociedad a través del suplemento que la soja «es un alimento completísimo” y aconsejaba al gobierno ahorrar dinero reemplazando los planes sociales por una cadena solidaria «costo cero» consistente en una red de provisión de alimentos elaborados a base de soja.
“Y sí en el campo ahora hay todo soja”
Con esta frase recuerdo a una mujer de un barrio del conurbano justificar el fantasma de la panacea sojera de Eduardo Duhalde que recorría los comedores comunitarios. Hoy sabemos que esa soja fue “obsequiada” al gobierno por el Grupo Grobocopatel y Carlos Reutemann, en lo que terminó siendo la presentación de la soja en sociedad, al menos para los que “no sabemos nada de campo”, en palabras de Alfredo De Angeli.
Luego de recibir la soja y felicitarlos por la caridad, y sólo luego de distribuirla, el gobierno de Duhalde debió emitir un comunicado desde la Secretaría de Salud prohibiendo su uso en la alimentación de niños menores de cinco años y en mujeres embarazadas, y advirtiendo sobre los peligros de su inclusión masiva en la alimentación.
Según Sergio Britos, del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), «la mal llamada ‘leche’ de soja provoca déficit de calcio, y la limitada capacidad del organismo para absorber el hierro presente en la soja aumenta las probabilidades de anemia».
Hoy también sabemos que la soja transgénica no es apta para consumo humano en forma directa, pues afecta gravemente la salud, principalmente por el herbicida a base de glifosato que es absorbido por la soja sin causarle daño.
En definitiva, el ALCA fue rechazado en la histórica cumbre de Mar del Plata del 2005, la soja dejó un sabor amargo a los que vieron en ella la solución al hambre, Grobocopatel y Reutemann siguieron su carrera hacia la cúspide de los agronegocios y hoy el 50% de la tierra cultivable de la Argentina está destinada a un producto que se exporta en un 95%, mientras la realidad política del país está atravesada por el salvaje lock-out patronal de los dueños de la tierra.
Por su parte, los condenados de la tierra, demostraron no estar preocupados sólo por la salud de la población que consume soja, sino por la soberanía alimentaria de nuestra nación y por el mayor problema que atraviesa la humanidad en su conjunto, en donde Monsanto, el destinatario multinacional de aquella protesta, aparece como promotor de un desastre en marcha que requiere la urgente acción de todos los sectores involucrados.
Monsanto explica cómo sembrar viento y cosechar tempestades
Hace más de 100 años que Monsanto fue fundada en EE.UU. y desde ese entonces no ha parado de sumar desaciertos. Su larga historia está plagada de desastres ambientales, plantas industriales o barcos que estallan generando cientos de víctimas, o porque se ha convertido en un paradigma de las corporaciones trasnacionales que doblegan estados soberanos.
Si en sus comienzos la empresa se hizo famosa por la producción del edulcorante “Sacarina” y la cafeína para Coca-Cola, posteriormente se haría mucho más conocida –y mucho más próspera- por el desarrollo del Agente Naranja que utilizó EE.UU. para destruir la producción agrícola y desfoliar la selva vietnamita para hacer visible al Vietcong, y el PCB, el lubricante cancerígeno de los transformadores de luz que periódicamente es noticia en nuestro país y que está prohibido en el primer mundo desde la década del ‘70
Monsanto está con “el campo”
Otra de las características de Monsanto ha sido la de promover y financiar a políticos para que desde el gobierno –o la oposición- colaboren con su gestión empresarial, por lo que sobran casos de altos funcionarios, principalmente de EE.UU. y Gran Bretaña, que han desempeñado tareas a su vez en la empresa.
En nuestro país, el diputado por el Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, acusó a Pampa Sur, el espacio político-patronal en el que milita la ex diputada María del Carmen Alarcón, de ser financiado por Monsanto.
En los comienzos del lock-out, Kunkel expresó que “es una medida de presión decidida luego de que se anunció que, además del ajuste de las retenciones, se iba a analizar conjuntamente con los productores la cadena de costos, especialmente el glifosato, que aumentó entre un 185 y 205 %. Eso tiene nombre y apellido, MONSANTO, que financia a PAMPA SUR. Ahí fue cuando salió algún multimedia a generar la fuerte campaña de presión, que culminó en este lock out”.
REGLA MONSANTO 1: ganar dinero creando el problema
El próximo paso de Monsanto, sobre todo a partir de la década del ‘90, fue imponer sus productos de biotecnología, como una hormona bovina que terminó siendo prohibida y las semillas de soja y maíz transgénico y sus variedades de algodón resistentes a los insectos.
En el caso de las semillas, que es lo que nos interesa, los beneficios promocionados eran: ser resistentes a algunas plagas, pero a otras, por lo que debe seguir utilizándose plaguicidas, obviamente fabricados por Monsanto.
Para instalarse en un país se requiere primero la aprobación del Estado. En nuestro país, la introducción de la soja transgénica fue autorizada sin debate público por la Secretaría de Agricultura -bajo la gestión de Felipe Solá durante el menemismo- y sin la participación del Congreso Nacional.
El próximo paso es distribuir por todo el país la semilla y promover sus beneficios, para luego ejercer la autoridad que le da la propiedad de su patente para recaudar las regalías que deben abonar los productores por la semilla, la cual sirve, por su modificación genética, para una sola cosecha y aborta la descendencia.
El principal beneficio de la semillas según Monsanto es reducir la necesidad de plaguicidas y aumentar así la rentabilidad. Para los especialistas, la tecnología desarrollada ahorra principalmente mano de obra, pero no brinda necesariamente mejoras en los rendimientos por hectárea, ni en la utilización de plaguicidas.
Es por esto que el crecimiento de la producción de granos y las tierras cultivables –principalmente gracias al desmonte- no tuvo un correlato en el aumento del empleo en el sector rural, que más allá de contar con un gran porcentaje de trabajo en negro –casi el 50 % según cifras oficiales-, el crecimiento fue tan solo del 1,5%. Se ahorra mano de obra porque los productores ya no tienen que realizar tareas de desmalezamiento y por el uso de la técnica de siembra directa.
De acuerdo a las estimaciones realizadas, la soja transgénica “ahorra” entre un 28% y un 37% de la mano de obra en las tareas de siembra. De esta forma se tiende a consolidar un modelo de «agricultura sin agricultores», que incrementa fuertemente la dependencia de los productores de los paquetes tecnológicos.
La consecuencia de la semilla modificada genéticamente es destruir la seguridad alimentaria en el país, imposibilitando el acceso a los alimentos de grandes masas de la población, reduciendo la diversidad productiva y separando cada vez más a los productores de los consumidores.
El incremento del monocultivo de soja está relacionado no sólo al crecimiento de los precios internacionales de los alimentos, sino a la implementación misma de esta tecnología, la cual permite, por el ahorro de mano de obra, que el mediano productor ceda ante los pools de siembra y se convierta en un rentista de sus tierras, ganando sumas considerables –entre 800 y 1200 pesos por hectárea al mes- sin riesgo de inversión, ni contratar peones, ni estar atados a los vaivenes de la economía o de la naturaleza.
Por otra parte, en el caso de los pequeños productores, la utilización del glifosato en los cultivos de soja llega mediante la acción del viento a los campos lindantes, en donde acaban con la producción de frutas y verduras y con las colmenas. Esto es centralmente el perjuicio que les generaba Monsanto y que motivaba la furia de los movimientos campesinos en aquella marcha.
Donde hay soja transgénica, los pequeños productores lindantes sólo pueden, en el mejor de los casos, arrendar sus campos o rematarlos y, en el peor de ellos, son despojados de sus tierras por las topadoras latifundistas sin derecho a reclamo alguno.
En definitiva, la soja transgénica no es apta para consumo humano por sus características genéticamente manipuladas y por los residuos que deja el glifosato, por lo que su único uso es como forrajera. Tengamos en cuenta que, por cada kilo de carne en pie, se utilizan aproximadamente 7 Kg. de granos.
REGLA MONSANTO 2: ganar dinero solucionando el problema
Monsanto inauguró en Zárate una planta de elaboración de glifosato, materia prima del herbicida Roundup, antes importado desde Estados Unidos.
La simplificación del manejo de malezas a través de un solo herbicida fue la punta de lanza para el exitoso ingreso de las semillas. Se utiliza junto a los cultivos transgénicos porque precisamente han sido modificados para ser resistentes al herbicida para eliminar así todas las demás plantas. O sea que el glifosato es inherente al uso de la semilla Monsanto.
Esto no sólo termina con la biodiversidad. En el caso de los seres humanos los estudios realizados son más que elocuentes. Un grupo de científicos de la Universidad de Caen, Francia descubrió que las células de la placenta humana son muy sensibles al Roundup en concentraciones menores a las de uso agrícola. Lo que podría explicar los elevados índices de nacimientos prematuros y abortos observados en mujeres agricultoras de EE.UU. que utilizan glifosato.
Un estudio de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de California encontró que los glifosatos eran la causa más común de enfermedades relacionadas con los pesticidas entre los trabajadores agrícolas y revelaron nuevas pruebas de daños pulmonares, palpitaciones del corazón, náusea, problemas reproductivos, aberraciones en los cromosomas, y numerosos efectos más de la exposición al Roundup.
Soberanía política es también soberanía alimentaria
Argentina ha sido designada en el tablero de la economía global para producir forrajeras. Y esto sólo es posible en una economía de libre mercado, donde el Estado no interceda, porque aunque los dueños de la tierra, ahora en un gran porcentaje convertidos en rentistas, digan defender la producción de carne, leche y derivados, sólo están preocupados por la soja. Gracias a los paquetes tecnológicos, a una constante legitimación desde los medios, hablando del “boom de la soja”, el “oro verde” y la “revolución tranqueras adentro” –tan parecida a la de los ‘90 legitimando las privatizaciones- han convertido a la Argentina, en palabras de Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, en una “republiqueta sojera” que entrega su soberanía alimentaria a las multinacionales exportadoras y productoras de biotecnología.
Ernesto Guevara -en este mes se celebran los 80 años de su nacimiento- al igual que Juan Domingo Perón han dicho que un país no puede ser definitivamente libre si, una vez conquistada su soberanía política, no avanza sobre su soberanía económica, que es, en definitiva, la de pensar un país en función de las necesidades y el desarrollo de su pueblo. Y esto no es posible sin soberanía alimentaria, donde los grandes capitales trasnacionales son los que deciden qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye la renta, mucho menos atando el consumo interno de alimentos a los precios internacionales, permanentemente en aumento gracias a la afluencia de capitales especulativos a los commodities, luego de la burbuja financiera hipotecaria en EE.UU. En aquella época, en donde ocurrieron los sucesos que narré al principio de la nota, ALCA, FMI, neoliberalismo, deuda externa y otros flagelos eran conceptos incuestionables por el gobierno y los medios de comunicación –ni que hablar de no reprimir la protesta social o anular las leyes de impunidad-. Pero hoy la sociedad argentina es consciente de que la economía no puede estar en manos del mercado y las multinacionales. Hoy el lock-out es un arma de doble filo para los dueños de la tierra, porque abre el debate necesario para cambiar el modelo de producción agraria impuesto en nuestro país y recuperar nuestra soberanía alimentaria, garantizar el alimento a nuestra población y dejar de matar, enfermar, contaminar y desmontar en nombre del progreso económico de unos pocos que quieren hacernos creer que su bonanza económica beneficia a “la patria”, cuando en realidad la entrega a los patrones de los patrones del campo.
RECUADROS
Las madres en lucha contra el glifosato
El barrio de Ituzaingó, en las afueras de Córdoba, es como una herradura rodeada de cultivos de soja. De repente las madres del barrio descubrieron que en las casas más cercanas a los cultivos y sus fumigaciones se produjeron 60 casos de cáncer -un 50% por encima de la media nacional- mayoritariamente en niños y mujeres.
También se producían graves afecciones a la piel, alergias respiratorias y malformaciones en los nacimientos.
Las madres deben luchar contra la complicidad del gobierno de Juan Schiaretti y la represión de los productores, que ponen gente armada para realizar las fumigaciones bajo la protesta de los vecinos.
Los análisis detectaron graves contaminantes en los tanques de agua, el suelo e incluso el aire. Sorprendentemente, los médicos que fueron enviados por el gobierno cordobés al barrio y convalidaron las denuncias de las madres fueron obligados a renunciar a sus trabajos.
NO a las papeleras, SI al glifosato
El líder de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú, Bepo Poulet, defendió recientemente al lock-out patronal al afirmar que “está con el campo” ya que según sus dichos la rentabilidad extraordinaria iba a garantizar la boda de su hija con un productor sojero, lo que deberá esperar para otro momento por culpa de las retenciones móviles.
Pero Poulet no es el único “ambientalista” que se mudó de corte, de hecho se mudaron todos y la única asambleísta que quedó en la protesta contra las papeleras fue Cira, una señora entrada en años.
Indudablemente esto refuerza la hipótesis de los que veían en la asamblea ambientalista tan sólo intereses inmobiliarios, al menos de su conducción, o quizás se trate de que consideran que las dioxinas de Botnia son peores que las de Monsanto.
No quiero hacer de Abogado del diablo, pero:
Los productos utilizados antes del tan mentado glifosato son mucho mas peligrosos, en maiz por ejemplo atrazina.
El resto del pais (que no hace solo soja) produce cultivos que tambien usan agroquimicos y todos tienen algun nivel de toxicidad, por eso vienen con instrucciones de uso racional y seguro.
Uno de los grandes problemas que hubo con glifosato es que las formulaciones argentinas de este producto y algunos aditivos que se vendian se descubrio que se hacian con nonil fenol etoxilados, que son cancerigenos de por si (clasica avivada argentina) el estado fallo en prohibirlos.
La opcion al uso de agroquimicos es la agricultura organica, que suena muy lindo en papel, pero que produce no mas de un 50% que la agricultura actual, ademas de utilizar labores intensivamente para controlar malezas lo que logra aumentar mucho los problemas de erosion, y no usa fertilizantes por lo cual baja la fertilidad del suelo.
Mal que nos pese la opcion que queda es la siembra directa con «uso racional de agroquimicos», como se intenta hacer en europa. Para eso hay necesidad de legislacion bien hecah, sin puntos oscuros y que obligue al uso de criterios agronomicos para las decisiones de aplicacion de agroquimicos. La ley de la pcia de bsas fue presionada por los fabricantes de agroquimicos para que no sirviera para nada, porque es mas negocio que los productores hechen las dosis que les pasan los vendedores, que bancarse los criterios independientes de tecnicos (manejo integrado de plagas, aprovechando insectos beneficos y solo aplicando cuando la posibilidad de perdidas economicas es cierta y lo justifica)
sds
Mamarracho total.
En lo único que coincido es en que se debe reforzar la prohibición de fumigar a menos de 600 metros de lugares poblados.
La dependencia tecnológica de multinacionales es mucho menor en soja, que en el resto de los cultivos.
1)El productor usa su propia semilla. Hasta ahora sin pagar regalías. No ocurre lo mismo con maíz, sorgo o girasol que tiene que usar híbridos. Hay muchos semilleros, pero Monsanto no vende semilla en la Argentina.
2) Los agroquímicos usados en soja son todos con patente vencida. El glifosato se formula acá, con materia prima importada de China por varios brokers. Monsanto para poder competir ofrece formulaciones diferenciadas(«premium»), con éxito relativo, salvo que la competencia se quede sin materia prima, o si hace diferencias en la financiación.