Justicia y seguridad

http://www.clarin.com/diario/2009/06/04/policiales/g-01932567.htm

En 1992 lo metieron preso bajo la acusación de haberle provocado un aborto clandestino a su novia adolescente y luego haberla asesinado. Poco después, en medio de una fuerte presión y torturas aberrantes, confesó su participación en el caso. Estuvo en prisión hasta 1994, cuando decidieron dejarlo libre por falta de pruebas. Pero recién en 1998 se supo la verdad: la supuesta víctima del crimen apareció en San Juan más viva que nunca para revelar que, en realidad, se había fugado de su hogar por culpa de su padre. Hoy, más de 18 años después, la Justicia resolvió que el Estado de San Luis deberá pagarle al falsamente acusado un resarcimiento de 325.000 pesos. Demasiado poco para un hombre que hasta contrajo sida en la cárcel.

A los 41 años, Nelson Madaff es casi un muerto en vida. Vive en un estado de pobreza extrema, su enfermedad lo está destruyendo y lo hace sufrir distintas discriminaciones. «Hoy necesito un psicólogo y los medicamentos para mi salud -se queja ante Clarín-. Nadie viene a ver cómo estoy, sólo mi abogado y algunos amigos».

Madaff cuenta que todavía sueña con las torturas que recibió de parte de la Policía. Y agrega que tanto su padre, de 71 años, como sus hermanos también fueron torturados para que confesaran delitos no cometidos. «Lo único que quiero es que este infierno termine», dice. La historia de su caso recorre los pasillos de los tribunales puntanos como una sombra de la burocracia, la lentitud de los procesos y las injusticias más absolutas.

Todo empezó en 1989, cuando Claudia Díaz, por entonces de 16 años, desapareció. La chica, que tenía una relación sentimental con Madaff, salió de su casa de San Luis para ir a hacer la tarea a lo de una compañera y no volvió.

Sus padres la buscaron sin éxito y avisaron a la Policía. Las fotos de la joven aparecieron publicadas varias semanas en la portadas de los diarios, en los canales de televisión y en los lugares públicos. Muchas conjeturas surgieron sobre el caso. Pero, de golpe, los investigadores dijeron que había sido asesinada y empezaron a buscar un asesino.

En 1992, el ahora ex juez del Crimen Néstor Alfredo Ochoa detuvo a Madaff porque la Policía aseguraba que él la había asesinado luego de practicarle un aborto. También detuvieron a una enfermera que trabajaba en el Policlínico Regional San Luis, a una compañera de colegio de la chica y a un sindicalista, señalado como el autor de la desaparición del cuerpo.

Una confesión escrita a mano por Madaff se dio a conocer enseguida a los medios. La Justicia luego comprobaría que la confesión había sido arrancada bajo torturas. Lo enterraron en un pozo toda una noche y luego lo colgaron por un brazo de un árbol para que dijera lo que no había cometido. También lo quemaron, le arrojaban lavandina a los ojos, le sacaron dientes con vidrios de una botella, lo sometieron a simulacros de fusilamiento y permitieron que se lo vejara, según su abogado. Así, hasta orientó a comisiones policiales en búsquedas del cuerpo.

Pasaron dos años y, ante la ausencia del cuerpo, el juez Ochoa tuvo que liberar a Madaff. Muy enfermo y sin trabajo, el hombre deambuló por varios rincones de la provincia reclamando justicia.

Pero nadie le prestó atención hasta que Claudia Díaz apareció en febrero de 1998 en la localidad de Caucete, provincia de San Juan. La encontró su madre en la casa donde vivía con un hombre 20 años mayor y cuatro hijos.

La mujer contó que se había ido de su casa por su cuenta, porque su padre le pegaba. Ante la acusación, el hombre admitió que lo hacía, «pero pedagógicamente, como método correctivo».

Recién el 30 de julio de 1998 Madaff fue sobreseído. De inmediato le inició juicio al Estado, pero no pudo exigirle todo el dinero que merecía porque la ley impone restricciones cuando se demanda sin pagar las costas legales.

El hombre vive en una rancho de las afueras de San Luis en estado de pobreza y abandono, ya que ningún organismo se ha hecho cargo de su tratamiento integral.

Carlos Pereyra, abogado de Madaff, explicó que su patrocinado deberá percibir la suma de 325 mil pesos, según la sentencia del Superior Tribunal de Justicia puntano, ya que la resolución señala que se hace lugar «íntegramente a la demanda por daños y perjuicios» y, en consecuencia, condena a la provincia para que en el plazo de 15 días pague la indemnización.

El fallo reconoce los sufrimientos, el calvario y el daño de la salud de Madaff. Nada dice de quienes se los infringieron.