La renuncia de la oposición partidaria formal argentina a la representación política a la que esencialmente deben aspirar es un hecho, y sus consecuencias son visibles. Una de las conclusiones que de modo trasversal, y casi unánime, se elaboraron el año pasado luego de los cacerolazos fue que aquello confirmaba la debilidad de los canales de representación alternativos, el proceso se acelera este año.
Las formaciones sectoriales de la vida social del país salen, así las cosas, a la cancha, a tomar en sus manos la conducción de la disputa contra el programa del gobierno nacional, habida cuenta de lo inconmovible de éste en su traza proyectiva. Con extraña simultaneidad, casi al unísono, se expresaron la Mesa de Enlace de las patronales agrarias y el sindicalismo –desde hace algo más de un año opositor– conducido por Hugo Moyano, ambos a partir de procedimientos de legalidad dudosa.
El objetivo inflacionario apenas disimulado en este caso, su accionar camina las fronteras de lo delictivo crecientemente: de los piquetes, los saqueos y los bloqueos a supermercados, en el caso del jefe camionero; al llamado a la evasión fiscal lisa y llana, el lock out –no reconocido en el Derecho Comparado a nivel mundial– y el saboteo por parte de los ruralistas.
Distintas potestades regulatorias del comercio agrario externo –con guarnición de reclamaciones por subsidios para acompañar– y la administración de la salud de una porción de los trabajadores convencionados, he ahí el hilo invisible que conecta a ambos actores en su adversión, que busca vasos comunicantes articuladores, al gobierno de la presidenta CFK. Son expedientes que tramitan en el contexto de una discusión que no termina de sincerarse, pero sigue latente: a quién corresponde el gobierno de las funciones estatales.
Si no se comprende por qué los partidos opositores no logran interpelar las reivindicaciones de ningún actor social concreto, la famosa ausencia de sujeto que encarne el programa a caballo del cual puedan competir en las urnas, la respuesta debe buscarse en la posición que adoptan frente al interrogante irresuelto a que hacemos mención en el párrafo anterior. Ello supone un déficit institucional, en tanto las representaciones alternativas –que, se insiste, no lo son en verdad– no deciden ni conducen: apenas se proponen como instancias de convalidación de definiciones que el bloque social opositor elabora por fuera de instancias formales.
De ahí a la distorsión de la legalidad hay un paso muy corto. Demasiado.
Ello deriva en los climas exaltados que luego se deploran desde lo discursivo: tienen lugar en tanto no son, antes, debidamente enmarcados en las vías estatuidas correspondientes. La resultante del coctel es que la contradicción principal pasa a ser la de una clase política que no acaba de vertebrarse como tal para disciplinar al elemento corporativo. Y quienes integran el poder real cada tanto se reconfiguran para presionar al Estado en función de lo que creen que éste les debe: concesiones que pasen por determinaciones soberanas mayoritarias, pero que en realidad son meros caprichos sectoriales.
En resumen, el asunto para por determinar quién gobierna; y si votar otorgar derecho a decidir o a, apenas, seleccionar administradores de un devenir imposible de ser conmovido. En definitiva, por la vigencia efectiva, y no como pura fachada, del Estado de Derecho en el país.
Facundo, el hijo instruido del ex secretario general de la CGT, cuya prometedora carrera ve su futuro cada vez más brumoso gracias a la torpeza militante que para explorar en terreno político demuestra su padre, sintió un tanto de vergüenza por las nuevas compañías que encuentra a su lado y salió a repudiarlas, sí que con tibieza y timidez.
Impagables escenas las de patronales marchando junto a dirigentes obreros, alguno de los cuales debería estar reclamando por la casi reducción a grado de esclavitud a que someten a sus afiliados.
Hugo Moyano se postula como síntesis auténtica de las aspiraciones de un espacio cuya expresión política fue –dice– el kirchnerismo, al que ha descalificado como farsante y desviado del mandato otorgado en las urnas, sin que sus sentencias hayan superado todavía el filtro de una confirmación decisoria establecida. Recuérdese: a menudo asegura ser el prestamista de los votos que consagraron como jefa de Estado a Cristina Fernández. Que entonces pasaría por ser su delegada, y obligada por tanto a homologar cuanto se le solicite desde las oficinas de la calle Azopardo, so pena de verse privada de los apoyos que la sustentan en el ejercicio del cargo que ejerce –ocupa, entiende el moyanismo–.
Similar recorrido trazó en Ecuador, ya que estamos, un sector que rompió –pretendidamente– por izquierda con el recién reelecto Rafael Correa, presuntamente apartado de la causa originaria que los unía, e impulsó como candidato presidencial a Alberto Acosta, ex ministro y hombre fuerte del gobierno del presidente jefe de la Revolución Ciudadana: todo acabó en un fracaso gigantesco.
Un buen asesor en materia de política internacional quizás le clarificaría a Moyano que tiene un espejo en el que mirarse a futuro. Si es que ya no se lo demostró con suficiencia la curva descendente que su poder de convocatoria ha evidenciado desde su salto a la oposición. Tanto que requirió de la apoyatura operativa hasta de antiguos rivales clasistas durante el último paro general del 20N, que, así y todo, no lo salvaron de caer en la testimonialidad raquítica de, cuanto mucho, un cuarto de Plaza de Mayo movilizada menos de un mes después.
El curso de los acontecimientos lo pone de manifiesto: para Moyano, quien nunca ocultó sus legítimas aspiraciones políticas, hace días formalizadas, es una preocupación; para sus ahora aliados de la patronal campera, en cambio, en modo alguno: la ley ha sido siempre un asunto de rango subordinado en sus esquemas de actuación. Y no encuentran, habida cuenta el panorama electoral, razones atractivas para modificar ese comportamiento. Las pruebas están al canto. En los silos bolsa.
Es cuestión de observar con apenas un cachito de detenimiento.
Claro que siempre será más fácil que eso aludir a la “soberbia y ausencia de voluntad de diálogo del gobierno nacional”. Fíjense, si no: ocupa, decir tal cosa, menos de dos renglones.
Y si, muchas verdades en este posteo y resaltar una vez más el accionar de los que bordean la ilegalidad -acompañados por un desteñido «remolque»- en su auto proclamada condición de reservorios últimos de la moral y las buenas costumbres con destino último de salvar a la república en su condición de padres de la patria. Y que piden diálogo y consenso frente a la caja boba pero no dudan de hacer apología del delito y un poco más quizás, por medio de sus hechos