LAS ELECCIONES Y LA PUNIBILIDAD DE LOS MENORES

I) Desde siempre se sabe que los triunfos políticos consisten, antes que nada, en lograr que el adversario acepte la disputa en los términos del otro; cuando alguien comienza a hablar el lenguaje de su contendiente –con el sistema de valores, las premisas éticas, los objetivos deseables que transmite la lengua del otro-, la derrota puede estar cerca. Muchos de nosotros no logramos olvidar cuando nos levantábamos a la mañana, estúpidamente obsesionados, preguntándonos a cuánto ascendería ese día el “Riesgo País”. Tampoco borramos de nuestra memoria cuando los candidatos que luchaban por el poder a fines de los noventa competían por ver quién aseguraba con más énfasis la equiparación del dólar al peso, que la convertibilidad era un asunto de Estado y que tal era el modo de atraer la confianza de los inversores externos. Ese era el terreno desdichadamente estrecho, dolorosamente indigente en el que se decidía la política argentina.
Cuando escuchamos a Mauricio Macri, al abrir este año las sesiones legislativas, decir que unos de los objetivos de su gobierno es lograr que “todos los vecinos tengan acceso a una salud pública, gratuita y de calidad”, puede comprobarse –sin ignorar su hipocresía y su insolvencia práctica- la admisión en este punto de su derrota cultural: un representante del liberalismo conservador argentino admitiendo el valor de lo público y gratuito en materia de salud.
Cuestión de palabras, se nos objetará. Sí, pero las palabras –los modos de aludir a algo, de nombrar una situación, de llamar a un sujeto- deciden muchas veces el destino. Nadie cuestionará que la suerte y el porvenir de las comunidades prehispánicas de América, por ejemplo, ha dependido del modo en que fueron o son nombradas: “pueblos originarios” o “salvajes” o “infieles”, en esas palabras se resuelve la vida real y material de esos conjuntos humanos.

II) Tras la parcial derrota del Frente para la Victoria en las recientes elecciones primarias, se aceptó de un modo incuestionable que una de las causas de ese desenlace fueron los magros resultados del gobierno nacional en materia de lucha contra el delito, el remanido asunto de la Seguridad (palabra, dicho sea de paso, de una aspiración desmesurada: difícil errar si se pretende infundir temor a alguien, dispararle la pregunta sobre si realmente se encuentra seguro en su vida, en su salud, en sus amores, en su porvenir económico). Pero –digresión aparte- no vamos a centrar el análisis en su ubicación como causa del resultado electoral, sino en las respuestas que desde ciertos sectores del vastísimo Frente para la Victoria se ensayan para enfrentar este problema.
La primera de ellas fue la sorprendente declaración del primer candidato a diputados por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, sobre la oportunidad y conveniencia de bajar la edad de punibilidad. “El oficialismo propondrá bajar la edad de imputabilidad de los menores para intentar frenar la inseguridad, a través de un proyecto que presentará la semana próxima en la cámara baja” –se relamió el diario La Nación, presentando así la causa propuesta y el efecto deseado. Un somero cotejo de la insignificancia de delitos graves cometidos por sujetos de 14 a 16 años (10 a 15 homicidios por año en un universo de 1.900), ya indica que la respuesta no apunta a resolver el problema; recuerda el chiste del borracho que perdió sus llaves en un lugar oscuro, pero las busca en uno distante pero iluminado. Parece más fácil ceder a la urgente tentación de buscar la solución en un lugar donde todas las luces mediáticas iluminan la escena, que sostener la razonable y ética indagación de las causas de los delitos en las enormes desigualdades sociales que todavía crujen en nuestra comunidad. Sin embargo, el riesgo que implica ceder a aquella tentación es, a mediano y largo plazo, enorme y está preñado de peligros.
Naturalmente, además del diario de los Mitre, varias voces políticas del establishment salieron más que rápido a aplaudir. A Mauricio Macri le pareció una medida obvia, porque “no es lo mismo un chico de 15 o 16 años de hoy, que uno de hace 20 años”. Se ahorró informarnos sobre qué estudios sustenta su afirmación, pero evidentemente los de ahora son peores para él. Francisco de Narváez, por su parte, se apuró a “reclamar derechos de autor sobre la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años” (diario Clarín, 23/9/13).
Si alguien quisiera considerar los dichos de Insaurralde como un exabrupto individual lanzado al calor de la campaña, le bastaría cotejar las declaraciones a Radio 10 del secretario de Seguridad de la Nación, el médico militar Sergio Berni: “Aquellos que estamos en la calle dando la batalla cara a cara contra el delito permanentemente sabemos que, en casi todos los delitos, de una u otra forma, hay involucrados menores y lo más grave es que, cuando los encontramos, no los encontramos por primera vez: son todos reincidentes”.
“…Dando batalla… en todos los delitos…hay menores… lo más grave… son todos reincidentes”.
Qué esperable y tranquilizador sería remontar el cauce de esta frase hasta ver que nace de la boca de un energúmeno que milita en algún partido reaccionario y no de un secretario de Seguridad nacional que integra un gobierno popular con suficientes méritos para ser considerado el que más ha trabajado por la inclusión social de los desprotegidos –por supuesto, entre ellos, los chicos- en los últimos 50 años.
Pero qué notable es asimismo la coincidencia de Berni sobre el débil papel del Poder Judicial frente a los menores (“la Justicia, a veces, porque no quiere trabajar o porque no puede, los libera rápidamente”) con la que esgrime el gran contendiente del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa (“con los menores la ley vigente, que sirve como herramienta para sancionar, no se aplica”).
Y cuánto y qué bien conjuga esta posición con la designación de Alejandro Granados como nuevo titular del Ministerio de Seguridad bonaerense, el mismo que en noviembre de 1999, haciendo alarde de su revólver calibre .38 especial todavía humeante tras dispararle a los que entraron en su propiedad, decretaba -no la batalla de Berni- la “guerra con los delincuentes”. “Una guerra –remató- que hay que librarla, a matar o morir”. Hoy día, al asumir su Ministerio, el hombre ha sabido mantener su espíritu combativo: “Me gusta ver los patrulleros, ir a las comisarías y hablar con el personal. No me van a ver en ningún acto entregando patrulleros. Tenemos que ir a los bifes…” (El cronista, 9/9/13).

III) Hay un hilo, para nada imperceptible, que une la prédica por la baja en la edad de punibilidad (llevada –recordemos- por Videla a 14 años en junio de 1976), la guerra a los delincuentes, la saturación de video cámaras y la multiplicación de patrulleros –sean de policías o gendarmes-. Ese hilo va tejiendo una extensa y sólida trama de sentido, que tiene una tradición de sangre y un nombre. Se llama mano dura. Es coherente con sus intereses que los sectores concentrados de la economía apelen a este único recurso para proteger sus posiciones. Este fue y es el trazo grueso de la propuesta de los partidos políticos de la derecha argentina en materia de seguridad: desde la dictadura militar hasta Mauricio Macri y Sergio Massa, con las mediaciones correspondientes (la promesa de “balas a los delincuentes” de Carlos Ruckauf, en la misma huella del aniquilador decreto 261 de 1975, o el endurecimiento de las leyes penales propuestas por Juan Carlos Blumberg). El efecto de esta defensa ha sido siempre la segregación social: la preservación de una clase en barrios cerrados y countries, y la exclusión de enormes sectores de compatriotas que, en su desesperada pugna por integrarse, fueron considerados una amenaza, luego un peligro, finalmente un enemigo.
El kirchnerismo impulsó un impensado y novedoso modo de concebir la política en función de las grandes mayorías excluidas, haciendo eje en su integración en la vida comunitaria y extendiendo la noción de ciudadanía hasta sus límites más tensos. Con una aguda conciencia de la dificultad que implican los grandes cambios culturales a largo plazo y la magnitud de un obstáculo imposible de subestimar (la actuación como corporaciones autónomas del poder civil que fueron adquiriendo las fuerzas de seguridad, su altísima complicidad en hechos delictivos), se planteó –y en el seno del Frente para la Victoria se continúa planteando vivamente- una política frente a los delitos que no implique el camino fácil de la mano dura y la segregación: conducción civil, política, de las fuerzas de seguridad, instalar una Campaña Nacional contra la Violencia Institucional que ha tenido como consigna nada menos que la frase “Ni un pibe menos” (y que en su Propuesta puede leerse: “Miles de pibes de los barrios más empobrecidos de nuestra Patria fueron y son víctimas del accionar policial, amparados en la demagogia punitiva que estigmatiza al joven humilde como el germen de todos los males de la sociedad y que es repetido constantemente por los grandes medios de comunicación…”), un Acuerdo por la Seguridad Democrática, guiado por el Informe sobre Seguridad ciudadana y derechos humanos (2009) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propulsó un “cambio paradigmático desde la concepción meramente policial de la seguridad hacia una mirada integradora sobre la multicausalidad en la fenomenología de la violencia y el delito”.
Este es el terreno valiosamente ético en el que el Poder Ejecutivo avanzó en estos años en la lucha contra el crimen, mientras sostuvo activamente políticas sociales de inclusión que buscaron el descenso de la pobreza y la desigualdad, fuentes auténticas de las que brota la violencia delictiva. Este impulso es de largo aliento porque compromete un cambio en las estructuras represivas del Estado y la gradual incorporación de marginados a la vida comunitaria.
Ahora bien, si a la par de este gran impulso, algunas voces pretenden que, en la precipitación, la mejor forma de responder a una coyuntura electoral parcialmente adversa, es desandar el camino, poner el foco en la penalización de los menores como chivos expiatorios, plantear que los “delincuentes entran por una puerta y salen por otra” o saturar las ciudades de cámaras y patrulleros, se llegaría a una aporía, una contradicción irresoluble, y no a una política complementaria de aquel gran impulso. Si con esas propuestas alguien pretende que el Frente para la Victoria obtenga un triunfo electoral, habría que interpelar la historia y las convicciones políticas de dicho movimiento, sopesar convenientemente los costos e interrogar fuertemente el sentido de la palabra triunfo en tales condiciones.