La organización internacional «AIDS free world» fue la encargada de la campaña «Code Blue», destinada a alertar y concientizar sobre casos de abuso sexual por parte de fuerzas de paz de la ONU (Cascos Azules y aliados en territorios ocupados por fuerzas de paz).
Uno de los casos más resonantes salió a la luz en abril de 2015, cuando The Guardian publicó un informe interno de la ONU sobre abusos sexuales contra niños de la República Centroafricana cometidos por soldados dentro del territorio de paz. Es decir, en territorio controlado por la ONU. A pesar de que había pasado un año del informe, la ONU no había tomado ninguna decisión, ni acción al respecto, excepto una: a partir de ahí acusaron al funcionario de la ONU, Anders Kompass, de haber otorgado información de este tipo al gobierno francés (porque la mayoría de los soldados pertenecían al ejército de ese país).
Este es el relato de los hechos que AIDS free world denunció para exigirle a la ONU una investigación independiente. Se puede leer el original y consultar los documentos pertinentes acá.
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LOS SUCIOS SECRETOS DE LA ONU: la historia no contada de Anders Kompass y las fuerzas de paz en los abusos sexuales de la República Centroafricana.
El 29 de abril de 2015 el mundo conoció los abusos sexuales cometidos contra niños por parte de tropas francesas, de Chad y de Guinea Ecuatorial que actuaban como fuerzas de paz en un campo de desplazados, en la República Centroafricana (de aquí en más CAR, por sus siglas en inglés). Las entrevistas a los niños, que fueron conducidas por miembros de la ONU y UNICEF, fueron filtradas al diario The Guardian por AIDS-Free World. El artículo también detalla el devenir de Anders Kompass, un funcionario sueco de larga carrera en derechos humanos de la ONU, que fue suspendido y estuvo investigado por la ONU debido a su rol en comunicarle al gobierno francés lo que estaba sucediendo en CAR.
El mes pasado, Anders Kompass permaneció en silencio sobre su rol en el tema, incluso cuando la ONU públicamente salió a denunciarlo por filtrar el informe. AIDS-Free World desde entonces obtuvo material interno que incrimina a la ONU como mails y memos – incluyendo los del propio Kompass – que demuestran la inacción de la ONU. También demuestran los esfuerzos de funcionarios de alto nivel del organismo para silenciar a trabajadores que podrían sacar el caso a la luz si se prendían las alarmas sobre el tema.
Esta es la historia que no se contó.
A principios de mayo de 2014, una ONG internacional requirió ayuda de MINUSCA, la misión de paz de la ONU en la República Centroafricana: una gran cantidad de niños en la capital, Bangui, reportaron que ellos y sus amigos habían sido violados por fuerzas internacionales a cambio de comida.
El 19 de mayo de 2014, una oficial de derechos humanos de la OHCHR – Oficina del Alto Comisionado de la ONU – asignada temporalmente a MINUSCA y un miembro de UNICEF entrevistaron a un niño de 11 años. El niño relató que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral, negoció con un guardia y lo llevó a la base, lo violó y luego le dio galletas y dinero en efectivo. El niño dio la descripción del soldado y aseguró que podía identificarlo en una fotografía.
El oficial de la OHCHR transfirió las notas de la entrevista a su supervisor inmediato, un oficial de MINUSCA en la República Centroafricana. El oficial, Renner Onana, Jefe de Derechos Humanos y Justicia, no hizo nada: no advirtió a los soldados, no informó a ninguna autoridad (ni francesa ni ninguna otra), no se hizo nada para prevenir futuros abusos, no se alertó a los cientos de miles de refugiados internos en los campamentos de que había predadores sexuales que actuaban como supuestos protectores contra sus niños. No quedó registro ni siquiera de que el niño que brindó su testimonio en mayo de 2014 haya tenido protección alguna.
En las siguientes cinco semanas, la oficial de OHCHR y los miembros de UNICEF entrevistaron a más niños traídos por el voluntario de la ONG que solicitó la ayuda de la ONU. Muchas de las víctimas que el voluntario conocía no podían ser localizadas. Luego de cada entrevista (el 19 y 20 de mayo y el 5, 17, 18 y 24 de junio) el oficial de OHCHR entregaba sus notas a MINUSCA. Los miembros de UNICEF tomaban sus propias notas sobre abusos sexuales a niños de entre 8 y 15 años. Y todavía no se tomaba ninguna acción al respecto.
En la entrevista del 18 de junio, un niño de 13 años relató que no podía contar la cantidad de veces que fue obligado a prácticas sexuales con soldados, pero que las más recientes habían sido entre el 8 y el 12 de junio de ese año: muchas semanas después de la primera entrevista con la ONU. Aún con sólida evidencia de que los crímenes seguían ocurriendo mientras seguían recogiendo testimonios, MINUSCA, OHCHR y UNICEF no tomaron ninguna medida. (UNICEF es citada en uno de los reportes como haciendo planes para atender a las necesidades educativas, psico sociales y familiares de las víctimas. Voceros de UNICEF aseguraron que esos planes se llevaron adelante. No hay registros específicos sobre qué niños los recibieron o cuántos en total).
Los documentos filtrados demostraron que oficiales de MINUSCA, es decir de la ONU, en Génova y Nueva York recibieron el reporte oficial de las entrevistas antes que el oficial de ONU se retirar de la República Centroafricana, el 14 de julio de 2014. Se desconoce cuando recibieron los reportes oficiales las autoridades de UNICEF. En total, las entrevistas a niños abusados sexualmente fueron 13 y los soldados de las fuerzas de paz que participaron activamente fueron 16: 11 franceses, 3 de Chad y 2 de Guinea Ecuatorial. Otros 7 soldados solicitaron encuentros con niños o actuaron como cómplices. El reporte implica a un total de 23 soldados.
Al aceptar ser entrevistados por la ONU, los niños esperaban que el abuso se detuviera y los perpetradores fueran arrestados. Cuando un niño denuncia un abuso sexual, los adultos tienen la obligación de reportarlo a las autoridades. Un niño necesita protección y, por definición, no tienen la capacidad de presentar cargos por sí mismos. Merecen la protección que, asumieron, habrían recibido por parte de la ONU cuando se enterara de los abusos. En cambio, las investigaciones comenzaron un año después y sólo cuando la historia salió a la luz.
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A mediados de julio de 2014, al menos 12 autoridades de la ONU habían recibido el reporte del oficial de OHCHR. Todos estaban al tanto de que ninguna medida había sido tomada, ninguna autoridad alertada y que los abusos seguían ocurriendo. Uno de esos doce, Roberto Ricci, llevó el reporte directo a su supervisor en Génova, Anders Kompass. Fue entonces cuando Kompass informó a las autoridades diplomáticas francesas, que requirieron una copia del reporte para comenzar una investigación. Kompass envió el reporte en julio con una nota firmada y recibió el agradecimiento del gobierno francés ese 30 de julio, cuando le informaron que la investigación ya estaba en marcha. Esa carta de agradecimiento ingresó como recibida el 5 de agosto como correspondencia oficial de la OHCHR, es decir, de la ONU.
Los investigadores franceses llegaron a la capital de CAR, Bangui, el 1ro de agosto e interrogaron a Renner Onana, el jefe de Derechos Humanos y Justicia de MINUSCA, quien había recibido un informe luego de cada entrevista.
Los investigadores fueron remitidos por MINUSCA a la oficial de derechos humanos, que pidió consejo primero a Renner Onana y luego a Cecile Aptel, la abogada de OHCHR, acerca de si hablar con la policía. Luego de consultarlo con la oficina de Legales de Nueva York, Aptel le aconsejó que le pidiera a las autoridades francesas que remitieran sus preguntas por escrito a través de los abogados de la ONU; la oficina legal transmitiría las respuestas por escrito.
La ONU invocó la inmunidad legal de su Oficina de Derechos Humanos, de donde dependía la oficial. Los miembros de UNICEF que participaron de las entrevistas tomaron actitudes similares. También enviaron a los investigadores a remitirse a las áreas legales.
La investigación francesa fracasó.
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El 7 de agosto de 2014, Anders Kompass informó sobre la situación a la sub Comisionada de la OHCHR, Flavia Pansieri y le envió el informe vía mail. Su asistente personal dio el recibido el mismo día e informó por ese misma vía que la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU había sido informada del tema.
A pesar de ese mail que aportó Kompass, Pansieri testificó en su versión de los hechos – en la investigación acerca de la actitud de Kompass – que tomó conocimiento de la situación “en algún momento a principios de otoño, probablemente en septiembre de 2014 (lamentablemente no recuerdo la fecha exacta” a través de Cecile Aptel, en el contexto de la filtración de la información. Pansieri manifestó tener remordimientos por no haber hecho un seguimiento más cercano de los casos de abuso en CAR (citando un período muy intenso en la oficina debido a las tensiones por el recorte de presupuesto) y aseguró que sólo pudo centrar su atención en el tema unos meses después, a principios de marzo de 2015.
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En su declaración ante la Oficina de Asuntos Internos de la ONU (OIOS), el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al-Hussein también aseguró haber tomado conocimiento de las denuncias por abuso sexual en CAR en “otoño de 2014, poco tiempo después de haber asumido el cargo. Alrededor de ese mismo período, la OHCHR formalmente le pidió a la OIOS – Asuntos Internos de la ONU – que comience a investigar a Anders Kompass por una supuesta filtración de cables en un incidente en el Sahara Occidental.
El 22 de diciembre de 2014, justo antes que las oficinas de la ONU cerraran por las vacaciones de verano, el Secretario General presentó el informe final de la Comisión Internacional de Investigación de la República Centroafricana. Aunque la comisión no hizo ninguna referencia a los reportes de abusos de MINUSCA/OHCHR/UNICEF, incluyó una recomendación muy específica: “los reportes periódicos de las operaciones de las fuerzas de paz en CAR al Secretario general deben incluir un análisis de cualquier tipo de incidente cometido por fuerzas de paz tanto de la ONU como aquellas autorizadas por el Consejo de Seguridad”.
Tres meses después, el Secretario General presentó su informe anual acerca de las respuestas de la ONU a los casos de explotación y abuso sexual del 2014, en el que no se mencionó ningún caso de abuso sexual en la República Centroafricana.
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A principios de marzo de 2015, el Alto Comisionado Zeid tomó conocimiento informalmente a través de la Jefa de Gabinete de la ONU, Susana Malcorra, que la investigación sobre Anders Kompass en los sucesos de Sahara Occidental había finalizado sin que se hubiera podido demostrar ninguna responsabilidad concreta por parte del funcionario.
El 6 de marzo, ocho meses después de la última vez que había escuchado novedades sobre el caso, la oficial de Derechos Humanos que había entrevistado a las víctimas habló con dos abogados de la OHCHR. Le preguntaron sobre su reporte y su asignación a CAR y luego informaron a Zeid y a Flavia Pansieri al respecto.
El 12 de marzo, por orden de Zeid y a pedido del jefe de las fuerzas de paz de la ONU, Hervé Ladsous, Falvia Pansieri le pidió la renuncia a Anders Kompass.
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Al pedir la renuncia de Kompass, la ONU cometió un grave error táctico: oficial de carrera en los derechos humanos de Suecia, Kompass era tan confiable que había sido puesto a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) apenas unas semanas antes de su abrupta partida, cuando los dos jefes de esa área se encontraban de vacaciones. La movida repentina sorprendió a Kompass: las razones lo indignaron. Fue acusado de alertar inapropiadamente al gobierno de Francia, un año atrás, del descubrimiento por parte de personal de la OHCHR y UNICEF de casos de abuso sexual por parte de soldados franceses que debían proteger a los refugiados civiles en CAR. Kompass se rehusó a renunciar y amenazó con ir a la prensa.
El 13 de marzo Pansieri informó a Zeid sobre su intercambio con Kompass. Zied decidió que la situación se estaba tornando grave y que debía informar a la Jefa de Gabinete, Susana Malcorra, y a otros colegas en persona.
La semana siguiente, entre el 19 y 20 de 2015, la Jefa de Gabinete de la ONU, Susana Malcorra, organizó una reunión en Turín, Italia, entre Zeid, Flavia Pansiere, el subsecretario de OIOS, Carman Lapointe y el Director de Ética de la ONU, Joan Dubinsky, para discutir el caso Ander Kompass.
En la reunión, los oficiales de la ONU decidieron abrir una investigación sobre Kompass.
Todos los oficiales involucrados en esa reunión sabían que sólo gracias a que Kompass envió esa información al gobierno de Francia que ese país había reaccionado inmediatamente y comenzado una investigación en CAR.
Con el pedido de renuncia y el rechazo de Kompass a hacerlo, los oficiales de la ONU se vieron forzados a pagar el costo de atraer la atención hacia los documentos que acusaban a Kompass de filtrar. Eso fue suficiente para instalar el pánico: claramente, todos habían ignorado y negado la crisis que sobrevendría. Si la negligencia en el manejo se hacía pública, la ONU enfrentaría una serie de cuestionamientos para los cuales no había respuestas.
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En la reunión de Turín, se decidió que Zeid y Pansieri recogerían testimonios de un selecto grupo y los enviarían como requerimiento formal para la investigación a través de OIOS. Pansieri le pidió a Kompass que escribiera su rol en el paso de documentos a Francia y le sugirió que se lo enviase a su cuenta personal, en vez de a su cuenta de mail de la ONU. Cuando Kompass realizó su descargo, no había sido informado que eso sería utilizado en una investigación contra sí mismo.
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El 7 de abril, el embajador sueco antes la ONU llamó a la Jefa de Gabinete, Susana Malcorra. Incapaz de conseguir hablar con ella, llamó a Joan Dubinsky, Director de la Oficina de Ética de la ONU. Le dijo que había sido informado acerca de un reporte de la OHCHR sobre pedofilia por parte de soldados franceses en MINUSCA. Enojado porque habían hecho renunciar a Kompass sin derecho a defensa o con una investigación, le advirtió que “no sería algo bueno que el Alto Comisionado de OHCHR le pida la renuncia a Kompass. Si eso ocurriera, se haría público y ocurriría un feo e incómodo debate”.
Luego de la reunión inicial en Turin, el grupo continuó enviándose mails sobre la investigación a Kompass. Dos semanas después, el 9 de abril de 2015, Zeid requirió formalmente la investigación a OIOS por su “filtración” del reporte de abuso sexual en CAR.
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Junto al pedido de investigación por parte del Alto Comisionado, Zeid, se enviaron seis declaraciones: una del propio Kompass, objeto de la investigación; una de la Oficina de Derechos Humanos que condujo las entrevistas; una del Alto Comisionado Zeid Ra´Ad al-Hussein; una de su número dos, Flavia Pansieri y una declaración conjunta de dos abogados de la OHCHR reconstruyendo su conversación con la oficial de Derechos Humanos respecto de las preguntas requeridas por los investigadores franceses. El pedido de investigación y las declaraciones fueron enviadas en conjunto, como parte de un paquete, primero al Director de Ética y luego a la OIOS.
Las declaraciones se contradecían dramáticamente con una sola excepción: durante el período en el que los abusos a niños africanos tomaron la atención de los oficiales de la ONU, los altos funcionarios que fueron informados parecían no tener registro de reuniones o discusiones entre sí. Las víctimas no recibieron una mención en las declaraciones, ni siquiera por curiosidad sobre sus estados de salud. Ninguno que proveyó testimonio asegura haber indagado sobre el estatus de alguna investigación, de alguna medida de protección, de prevención o de apoyo para las víctimas. Esas omisiones no fueron notadas ni explicadas. El foco estuvo sólo puesto en “la filtración” de Anders Kompass.
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Durante la semana del 13 de abril de 2015, un mes después de haberse negado a renunciar, Kompass fue suspendido y escoltado hacia fuera de su oficina. Desafió la presentación de la OHCHR contra su persona en el Tribunal de Disputa de la ONU; un juez falló a su favor y demandó su reposición en el cargo, con una investigación sobre los hechos que continúa pendiente.
La Directora de la Unidad de Investigaciones de la OIOS, que normalmente hubiera estado al frente de un caso así, se recusó de formar parte de la investigación. Envió una nota de protesta a su supervisor en la OIOS, Carman Lapointe, denunciando que había una intención desde los más altos niveles de investigar a Kompass, que los requisitos previos para comenzar una investigación habían sido violados y que cualquier resultado que surgiera de esa investigación resultaría nulo. Su jefe le respondió que, si bien estaba de acuerdo en que no eran los procesos usuales, la dirección del organismo había decidido pasar por encima de los mismos, y que el Director de la Unidad debía seguir lo requerido por los funcionarios del organismo. La Directora respondió: “de acuerdo; sin embargo en este caso ya he decidido”.
Cuestionado a mitad de mayo de ese año por los estados miembros acerca de por qué su Directora de Investigación se había recusado de la investigación de Kompass, Lapointe respondió que no lo sabía.
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Desde que The Guardina publicó la información suministrada por AIDS-Free World, el Alto Comisionado, su vocero, el vocero de UNICEF, el vocero del Secretario General y los oficiales de las fuerzas de paz hablaron con los distintos medios. Hay amplias razones para que los estados miembro cuestionen las respuestas otorgadas.
Las declaraciones de UNICEF sobre su involucramiento atrae graves cuestionamientos sobre los protocoles que regulan a UNICEF en el trato directo con niños en general y con niños víctimas de abuso sexual en particular. El hecho de que un niño víctima de abuso sexual por parte de un soldado de las fuerzas de paz sea entrevistado en una oficina de MINUSCA, donde podrían haber estado amigos, cómplices o incluso perpetradores de los crímenes – deja algunas preguntas importantes sobre la capacidad de quienes estuvieron involucrados en las entrevistas.
También es preocupante el hecho de que no parecen haber guías de comportamiento para los miembros de OHCHR o de UNICEF, dejando en claro la obligación de reportar de inmediato sobre cualquier caso de abuso sexual a las autoridades. Las entrevistas también plantean preguntas acerca de la existencia de protocolos para este tipo de entrevistas con menores sin compañía de adultos responsables o parientes que consientan las mismas.
La investigación continúa en marcha para averiguar si Kompass es culpable. Susana Malcorra, que ocupa uno de las posiciones de mayor poder dentro de la ONU como Jefa de Gabinete del Secretario General, señala públicamente ante los medios y gobiernos miembros que Kompass está siendo investigado porque es culpable del delito que se lo acusa. Esto sugiere un resultado pre acordado de la investigación y pone en cuestionamiento las declaraciones públicas de la Jefa de Gabinete. Más grave aún, provoca cuestionamientos de los estados miembro sobre el sistema de justicia al interior de la ONU.
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Lo relatado anterioremente, los documentos filtrados que lo respaldan y las fuertes implicaciones de graves comportamientos e impunidad en los más altos niveles de la ONU pueden resultar sorprendentes para muchos lectores. La realidad es que para aquellos con algo de experiencia en el sistema ONU no hay demasiadas sorpresas. Saben que no es un caso inusual; es simplemente uno que, parcialmente, salió a la luz. Para aquellos de nosotros que creímos en los ideales de la ONU este caso es profundamente trágico porque no es el único. Es parte de un continuo patrón del sistema de la ONU. Ese patrón no estuvo nunca tan claro como en este caso en el que la ONU debe manejar una problemática de abuso sexual. Un caso de la más descarnada injusticia y desprecio por las víctimas de abuso sexual por parte de soldados dentro de las operaciones de la ONU de mantenimiento de paz.
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El secretariado de la ONU existe para servir a los intereses colectivos de los gobiernos del mundo, para elevar los estándares y para implementar acciones conjuntas.
Hoy, los estados miembros se balancean en el precipicio, en el inminente peligro de perder el control del secretariado que actúa sin que los gobiernos conozcan lo que hace, sin supervisión y con altos niveles de impunidad.
Los estados miembros deben crear una comisión externa de investigación sobre todo el sistema de la ONU, a todo nivel, en la oficina central y en las delegaciones, para reveer todos los componentes relacionados a explotación sexual en los territorios donde actúan fuerzas de paz de ONU. Investigar el caso de CAR es críticamente importante pero insuficiente: la investigación externa debe hacer foco en el manejo del sistema de la ONU en estos casos de abuso. Esa investigación debe estar hecha por expertos externos, totalmente independientes, imparciales, sin conflictos de interés pasados o presentes y ningún interés futuro que pueda condicionar su capacidad de demandar, criticar y hasta recomendar sanciones si fuera necesario.
Este caso es el de una innumerable cantidad de niños en la República Centroafricana que viven su vida con el fantasma del abuso sexual. Fueron traicionados cuando confiaron en la ONU y esta falló en protegerlos. De los 9 a los 12 años, un año esperando por protección frente a un abusador es una eternidad. En la vida de un violador, un año provee de incontables oportunidades para el abuso y la explotación sexual.
Los eventos y su manejo hicieron un tremendo daño a los civiles, a la reputación de la ONU y a su credibilidad. Ponen en entredicho a la dirigencia mientras expanden una sombra oscura sobre los miles de trabajadores de la ONU que trabajan por principios y reportan a ellos.
Si estas revelaciones no son suficientes para que los estados miembro inicien una investigación externa y logren recuperar el control de las Naciones Unidas, nada lo será.
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Posdata: El 3 de junio de 2015, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon anunció planes para comenzar una investigación externa independiente que examine los eventos ocurridos luego de los abusos en CAR. AIDS-Free World saluda la respuesta de la ONU y emitió el siguiente comunicado:
El anuncio del Secretario General de abrir una investigación externa e independiente es bienvenido. Responde a una demanda urgente que AIDS-Free World viene haciendo las últimas semanas y desde que lanzamos la campaña Code Blue.
El Secretario General tiene tres desafíos.
Primero, la investigación debe ser realmente externa e independiente. Ningún miembro de la ONU debe estar involucrado en el proceso de investigación.
Segundo, debe entenderse que altos miembros de la Secretaría General deben ser investigados. Nadie puede ser excluido, desde el Director de la Oficina de Ética, el director de la IOSO y la Jefa de Gabinete del Secretario General. Aparentemente todos ellos y algunos más actuaron inapropiadamente en respuesta a los eventos de CAR.
Tercero, la referencia del Secretario General a la revisión de todo el sistema de respuesta ante estos caso es crucial. Lo que pasó en CAR fue una atrocidad, pero el hecho de que la ONU haya permanecido por casi un año desde el descubrimiento del hecho en silencio es en sí misma una de las cuestiones que no parecen tomar como referencia la política de tolerancia cero que declaró el Secretario General.
Si Ban Ki-moon y los estados miembro quieren promover la política de tolerancia cero, deben limpiar el sistema de la ONU de la neglicencia y la mala conducta de sus funcionarios de una vez por todas.
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Nota del autor: finalmente este es el resultado del informe que se publicó.
