La situación política y social de Bolivia es noticia en todo el mundo desde que Evo Morales presentó su renuncia. En verdad, la preocupación que hoy inquieta comenzó a gestarse desde el 20 de octubre, día en que hubo elecciones presidenciales en ese país.
Con denuncias de irregularidades y fraude de por medio, y con la intervención de la Organización de Estados Americanos, Evo Morales se consagró presidente reelecto.
Para poder entender los hechos de este domingo, diversas miradas intentan explicar los acontecimientos desde dos puntos de partida: el primero tiene que ver con el referéndum del año 2016 y el segundo, con los resultados de las políticas llevadas a cabo por el presidente, durante su gestión.
El 21 de febrero de 2016 se convocó a un referéndum para modificar la Constitución con miras a habilitar una nueva reelección del presidente Morales en el que ganó el “no”. Sin perjuicio de esa expresión de la voluntad popular, un fallo del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia autorizó la candidatura del primer mandatario para presentarse en el proceso electoral que se llevara a cabo hace unas semanas para elegir presidente del período 2020-2025.
Teniendo en cuenta esos sucesos, podríamos pensar que el costo político de desconocer esa manifestación popular se tradujo en descontento y allanó el terreno para gestar el desenlace actual, pero ello nunca explicaría la totalidad de los hechos acontecidos. Solo una lectura ingenua y parcial podría asegurar que la ruptura del orden constitucional fue producto de ese desencuentro entre los resultados de un desencuentro entre el líder y el pueblo boliviano.
Sin embargo, y entendiendo que pueden coexistir diversos factores que hayan propiciado el golpe de Estado (única denominación que le cabe a un proceso en el que un presidente electo democráticamente es víctima de la presión de las fuerzas armadas comandadas por grupos de poder concentrado) no se puede analizar el contexto sin pensar quién fue Evo Morales para la historia de Bolivia. No solo por su historia personal y militante, lo que además merece un gran apartado, sino porque es factible que en este punto se hallen los verdaderos motivos del golpe de Estado perpetrado este 10 de noviembre.
Durante el mandato de Morales, los índices de pobreza e indigencia se redujeron notablemente. Hace algunos años, se declaró territorio libre de analfabetismo y actualmente el gobierno trabaja en el proceso de implementación de un sistema universal de salud para el acceso gratuito a ese derecho.
Actualmente, Bolivia tiene una de las tasas más bajas de inflación de toda la región, y la tasa de desocupación más baja de Sudamérica.
Asimismo, en el último año la inflación del país vecino fue de 1,7% y, durante la gestión de Evo Morales, la desigualdad se redujo un 25%.
Entre sus políticas más significativas, se destaca la estatización gasífera y petrolera.
Bolivia es el tercer país del mundo con mayor participación de mujeres parlamentarias.
En un contexto en el que los gobiernos latinoamericanos intentan desarticular la organización de los gobiernos populares mediante distintos mecanismos (desde el lawfare hasta un golpe de estado) la movilidad ascendente y el crecimiento sostenido de Bolivia parecía ser, hasta hoy, la cara opuesta y la resistencia a la avanzada fascista.
Es innegable que las acciones de este gobierno se destinaron, por distintas vías, a un mismo objetivo: concretar políticas de redistribución activa, generando un desarrollo sustentable y mejorando notablemente la vida de sus ciudadanxs.
Si estas son las principales características de un gobierno que, aun mediando errores, logró materializar sus horizontes, solo basta con preguntarse a quiénes no les conviene que avance la igualdad de oportunidades.
Para intentar respuestas podemos mirar a los costados, podemos cruzar las fronteras hacia los países vecinos y advertir un avance de sectores vinculados al establishment que disponen de las fuerzas de seguridad – porque los ajustes no cierran sin represión- mientras que los aparentes reparadores de instituciones republicanas toman el poder bajo presión y coerción, haciendo utilización de métodos tan oscuros como los que se le adjudican al gobierno venezolano, muchas veces definido como un orden dictatorial.
En este marco, pensar el rol de nuestro país es fundamental en tanto el actual gobierno acudió, desde el inicio de su mandato, a posicionarse como la opción antagónica a Venezuela en virtud de ese carácter autoritario y antidemocrático que aún no reconoce públicamente respecto de la coyuntura boliviana. Mientras tanto, el presidente electo intenta promover acciones para dar asilo a Morales y así colaborar con el resguardo de la integridad física del mismo y garantizar el respeto por los derechos básicos.
Parecen situaciones disímiles pero el mapa es uno solo con algunos matices. Los actores, los mismos de siempre. La utilización de los poderes del Estado se dirige en igual sentido en toda la región y, solo circunstancialmente, son oposición u oficialismo.
En una república democrática el cumplimiento de las reglas no está sujeto la mayor o menor éxito o popularidad del gobernante, las reglas se cumplen simplemente porque constituyen el «acuerdo común» que sostiene la convivencia pacífica entre facciones políticas opuestas.
Es doblemente grave que quién promueve una regla, una reforma de la constitución, y que al ser sometida a consulta popular resulta derrotada y por un margen considerable, decida ignorar el pronunciamiento popúlar y busque mecanismos amañados de eludirlo.
Eso es fraude, el principio de la ilegitimidad de origen.
De ahi en adelante su ejercicio del poder estará siempre sospechado y esa legitimidad de origen fraudulenta le servirá a todo tipo de aventureros y también a opositores legitimos a sentir que la soberanía popular ha sido traicionada.