Metrogas, como ejemplo.

El asunto Metrogas puede servir como disparador para volver a conversar sobre los subsidios que el Estado Nacional les paga a algunas empresas, particularmente, las de servicios públicos.
Resulta que el Estado, en este caso, decide la intervención, debido a que la empresa amenaza con no cumplir las obligaciones con sus acreedores y de este modo entrar en cesación de pagos. Aduce que el congelamiento de tarifas le produce un desfasaje entre los precios y la estructura de costos. Sus obligaciones (créditos) indexan de acuerdo a las tasas de mercado, pero sus ingresos no varían por precio, sino sólo por los incrementos de volúmenes totales consumidos, lo cual obliga a la empresa a un esfuerzo constante de reinversión de utilidades (que repercute en el EBITDA, y la distribución de utilidades entre sus accionistas). Más detalles del esquema, acá.

En este cuadro de situación, y más allá de si es cierto o no que la empresa no pueda afrontar sus obligaciones, queda por considerar nuevamente a qué nos referimos cuando hablamos de subsidios.
Decíamos en un posteo anterior, comentando a Maximiliano Montenegro, que los subsidios que paga el estado parecen presentarse como transferencias directas que se hacen de “abajo hacia arriba”, según un criterio distributivo regresivo.
Sin embargo, cuando analizamos casos como el de Metrogas, podemos incorporar los subsidios a un cuadro mucho más complejo, y darles otra valoración. Cumplen el rol de compensar a algunas empresas, parcialmente, por el alto costo de oportunidad que el modelo productivo y la discrecionalidad de las medidas económicas asignan a determinadas actividades. Por ejemplo, los servicios públicos.
La reinversión constante a la que las empresas se ven obligadas por el esquema de precios artificialmente bajos les ponen trabas a la maximización de beneficios, que generalmente solía desembocar en transferencias de utilidades (progresivamente redistributivas?), desde la Argentina hacia algún enclave financiero.
Entonces, no es ilógico que las empresas supuestamente “beneficiadas” por la generosidad de un estado que gasta fortunas en subsidios sean las primeras en apretar con anuncios como el de Metrogas, para apurar el fin del esquema, la liberación de tarifas, el reacomodamiento de precios y costos y el restablecimiento de la libre disponibilidad de utilidades.
Para resumirlo, si los subsidios fueran tan generosos con éstas empresas, si fueran una transferencia tan directa en beneficio de las mismas, no serían ellas justamente las primeras en apretar para que cambien las condiciones. Este aspecto hay que tomarlo muy en cuenta, también, cuando analizamos la distribución de “abajo hacia arriba”.

Porque, por supuesto que esto no quita que los consumidores con altos ingresos se vean muy beneficiados  por la situación. Pero, así como a veces se puede acusar al Gobierno de beneficiar a los ricos mientras habla de redistribución, por el otro lado podríamos decir que so pretexto de denunciar la «injusticia social» de los subsidios, se hace lobby en favor las empresas extranjeras de servicios públicos.