Nada es gratis

Respecto del debate sobre el modelo educativo chileno, Piñera dijo una frase levantada en todos lados, y que generó discusiones: «Nada es gratis en esta vida; alguien tiene que pagar».

La frase es, en términos económico contables, estrictamente cierta.


Esto quiere decir (en el contexto en que fue empleada la frase) que en un sistema educativo en que la educación universitaria es brindada por el Estado como un servicio, de acceso gratuito al estudiante, los costos no se eliminan.
Es decir, sostener ese sistema es oneroso, y los costos se cargan en la cuenta del Estado. Lo costean los contribuyentes, los que pagan impuestos para financiar al fisco.

La decisión de organizar de esta forma la educación formal universitaria se fundamenta en el objetivo de facilitar el acceso a estudiantes de todas las clases sociales.

Aunque no conviene tampoco idealizar este modelo, que suele tener aristas muy regresivas, también. Porque el acceso a la educación universitaria pública no está relacionado solamente con contar o no con los recursos pecuniarios para solventar una carrera. Sino con otras cuestiones materiales, de infraestructura básica, posibilidad de formación primaria y media, disponibilidad de tiempo para estudio, etc., que termina por hacer que, por lo general, las universidades gratuitas se pueblen mayoritariamente de estudiantes de clases medias acomodadas, o incluso de clase alta. Con estudios solventados por todos los contribuyentes de manera pareja (pobres, ricos y de clase media).

Sin mencionar en este caso, la proliferación de kioscos «profesionales» en torno de la autonomía universitaria, fundamentada en la necesidad de mantener una investigación científica independiente de los intereses del capital. Que, si cuyos resultados no son aplicados al desarrollo tecnológico de fuerzas productivas, no sé qué ventaja tendría solventarlos…, pero bueno, no nos vayamos de tema.

Así y todo, el modelo cumple mínimamente con una facilitación del acceso a la educación universitaria un poco más democrático.

El modelo alternativo a este, el empleado en Chile, corta por el lado más «entrador» del debate.
Si estudiar tiene costos, que los pague el que estudia, directamente, y no todos los contribuyentes. Carreras aranceladas.

Expresado en los términos de Piñera, sin embargo, el argumento esconde deliberadamente la parte fundamental de la problemática.
En términos económicos, la cuestión pasa por la apropiación de los excedentes.

Vamos a proponer un esquema simplificador, con números ficticios. Que ni siquiera reflejan una proporción. Sirven para ilustrar un esquema de relaciones entre actores y excedentes económicos.

El costo de la carrera para un estudiante es de 50.
Cada contribuyente aporta al fisco 10.
Con el aporte de 5 contribuyentes, el estado paga la carrera universitaria de un estudiante.
Ese estudiante, en tanto contribuyente, aporta 10, y recibe como contraprestación un servicio que cuesta 50.
Se está apropiando de un excedente indirecto equivalente a 40.

Con el modelo arancelado mantenemos el mismo costo fijo de la carrera universitaria por estudiante: 50.
Incluso, podemos suponer que la claridad administrativa que aporta el gestor privado reduce estos costos, hasta 40.
El estudiante pagará el arancel de 40. Más el margen apropiado por el empresario que organiza el negocio para que sea eficiente, y que tiene una legítima voluntad de obtener un rédito por el cumplimiento de su función. Supongamos 15. Ya estamos en 55.

Como la organización de este negocio, y parte de su financiamiento devenga exenciones impositivas para quienes donen plata a las universidades para que mejoren el servicio,  y aún las mismas universidades gozan, por su estructura organizativa (en Argentina, las universidades privadas son fundaciones), de un régimen impositivo especial y muy benévolo, la presión sobre los contribuyentes difícilmente sea sensiblemente menor por el hecho de que el estado no brinde educación superior gratuita. Los impuestos no son notablemente más bajos.

A esto, hay que sumar que los aranceles se vuelven demasiado altos para un estudiante, de manera que entran a jugar las entidades facilitadoras del acceso al dinero necesario para costear la carrera. Los bancos, que financian, en cuotas, los aranceles. Y se quedan, como corresponde, con un legítimo rédito por su servicio.
Digamos, 15 más. Ya tenemos 70, en total.

Si el costo, entonces, era de 40, hay un excedente de 30, apropiado por dos jugadores que en el modelo de Universidad no arancelada no existen: el empresario y el banco.

La defensa de este último modelo de apropiación de excedentes encara Piñera, con su frase: «Nada es gratis en esta vida».
En eso estamos de acuerdo todos. Pero el tema no pasa, como se dice habitualmente,  simplemente por definir quién lo paga.

Sino, principalmente, quién lo cobra, quién se queda con la renta, quién se agenda los beneficios para sí.