En momentos en que se estudiaba y consideraba la reforma de la Constitución del año 1853, y que luego converge en la nueva Constitución de 1949, Raúl Scalabrini Ortiz escribía lo que décadas más tarde se usaría para culminar con el debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la nueva Ley de Medios Audiovisuales. La frase formaba parte de un trabajo llamado «La Ley Fundamental debe reformarse porque aherroja la libertad de acción del pueblo argentino» en donde resaltaba que la ley fundamental debía ser elástica para que no ahogue la eficacia posible de las generaciones posteriores y no distorsione su capacidad de acción, pero aclaraba que de ninguna manera auspiciaba con su opinión una legislación vagorosa, imprecisa o indeterminaba. «No olvidemos que aquello que no se legisla explicita y taxativamente a favor del débil, queda legislado implícitamente a favor del poderoso. No es el poderoso quien necesita amparo legal. Él tiene su ley en su propia fuerza».
La actual situación de la radiodifusión en nuestro país, es un escándalo. El Grupo Clarín, el grupo Uno y el Grupo Prisa poseen 360 licencias de transmisión audiovisual, 264 de las cuales son el primer Grupo mencionado. Una concentración de medios y de poder económico que es una cabal representación de las políticas neoliberales implantadas durante la Dictadura Militar y profundizada durante la década del 90 con el menemismo.
La campaña de desinformación que han llevado adelante los principales grupos periodístico-económicos es un escándalo que sólo puede compararse a lo ocurrido durante la «segunda década infame» menemista cuando desde los grandes medios de comunicación se silenciaron aquellas voces que se oponían a la entrega y al saqueo de nuestro patrimonio nacional. La patética posición de los empleados-periodistas que trabajan para esos grupos multimediáticos, que a todas voces y a los cuatro vientos se declaran independientes y que no dudan en generar noticias falsas, es una demostración cabal de la defensa a ultranza de los intereses dominantes. Estos grupos dominantes se comportan como los dueños de la información, cuando en realidad la información es un derecho de todos. Se comportan como los dueños de las licencias, cuando en realidad son concesiones. Algo similar a lo que ocurre con las empresas petroleras que se sienten dueñas de nuestros recursos naturales, manejando a diestra y siniestra los cuotas de producción, los números de las reservas y las exportaciones. Se han inventado incontables argumentos en contra de la nueva ley de servicios audiovisuales, entre ellas, que las licencias son derechos adquiridos, reforzando la idea de propiedad sobre la transmisión y la información. Comportándose como señores feudales, reyes o emperadores de la transmisión de contenidos.
También se esgrime la falta de tiempo para el debate, que en realidad no fue lo que podría haber sido gracias al apuro y pragmatismo oficialista, ignorando que hace años que se viene intentando colocar en la agenda pública este tema tan importante, como lo demuestra un trabajo de tesis de graduación de Pablo Schleifer del año 2007, entonces alumno de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. La ley es el resultado de la convergencia de años de intentos de modificación de la ley por parte de organizaciones sociales, universidades, foros públicos, e incluso, partidos políticos.
El cinismo y la hipocrecía de la oposición conservadora, Unión-PRO, Coalición Cívica y peronismo disidente, son inconmensurables. La oposición oportunista por parte de la UCR es una traición a muchos de sus integrantes que participaron de sendos proyectos de modificación de la ley de la dictadura.
La ley con media sanción de la Cámara de Diputadas es una mejora sustancial de la ley vigente, tendiente a desmonopolizar y asegurar la pluralidad de las distintas voces de expresión. Permite la participación de actores que no podían o habían sido desplazados de participar en el sistema de transmisión de medios audiovisuales. Llamarla «ley K» es una afrenta a quienes participaron y lograron modificar sustancialmete el proyecto de ley enviado originalmente por el PEN, entre ellos el Partido Socialista, Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur. Como se puede apreciar en los enlaces anteriores, se introdujeron importantes modificaciones al proyecto original, entre ellas el bloqueo al ingreso de las telefónicas, cuya aparición no fue un desliz oficial sino una maniobra premeditada teniendo en cuenta que las telefónicas ya hace un año que poseen la tecnología ya instalada para ofrecer «triple-play» mediante protocolo IP. También se realizaron modificaciones referentes a la autoridad de aplicación mencionada en el art. 14, pasando a conformarse como un ente plural y federal, cambiando la cantidad y el origen de sus miembros.
La desaparición de puestos de trabajo es otra falacia que se esgrime en contra de la nueva ley. Cualquier profesional o trabajador especializado prefiere tener un abanico de posibilidades para conseguir trabajo antes que una sola. Como experiencia personal, puedo afirmar que es preferible tener distintas posibilidades de elegir entre diferentes empleadores que sólo uno que monopolice el mercado laboral. Es indudable que aquel que tenga la posición dominante decide quién trabaja y quién no, sin poder tener alternativas para poder elegir de acuerdo al mejor perfil de cada uno. Incluso el mercado de trabajo se hace más dinámico obligando a las empresas a tener que introducir mejoras laborales. Es conocido que si hay pocas empresas del mismo rubro, se ponen de acuerdo para no «robarse» gente y poder mantener los salarios acotados.
Desde este espacio saludamos la, aún mejorable, primera ley de medios de la democracia hecha por todos y para todos los argentinos.
Martín Scalabrini Ortiz
