Nuevo semanario Santafesino.

Varios argumentos producidos desde diferentes posiciones quedaron flotando después del fárrago de presiones, apretadas y persecuciones diversas alrededor del tratamiento en las cámaras nacionales de la resolución 125. Uno de ellos es un cálculo económico inapelable: la ley actual no contempla una eventual escalada en los costos de los insumos agrotecnológicos, como las semillas, los fertilizantes y los herbicidas.

Mosaic (una fusión de Cargill e IMC Global) y OCP controlan el 70% de los fertilizantes fosfatados y potásicos que se utilizan en Brasil (además, Mosaic es la líder mundial en la producción de los mismos y Cargill es el mayor exportador agropecuario de la Argentina). Hace un mes, Reinhols Stephanes, ministro de Agricultura de Brasil, anunció como parte de su política la estatización parcial de la producción del insumo, vital a la hora de lograr los inverosímiles rindes actuales de la tierra.

Quizás hayamos olvidado la exacta dimensión de un Estado nacional que, en un momento de nuestra historia, comandaba toda una serie de empresas, fuera de que muchos recordemos a Aerolíneas Argentinas, a los ferrocarriles o a ENTel en su ineficacia y en sus déficits. Sí es un hecho que, en general, se desconoce que estas empresas no siempre funcionaron así: la YPF de Mosconi supo competir y desplazar al gigante de su época, Standard Oil (más conocida por su posterior nombre, Exxon).

También debiera formar parte de este elemental relato de historia económica el indicar cómo, sobre todo desde la última dictadura en adelante, se fueron transfiriendo masivamente pasivos a dichas empresas (o computando como tales a las compras de capital), mientras se reducían hasta lo ridículo los salarios de los cuadros técnicos, los empleados responsables y capacitados para el buen funcionamiento. Así, poco tiempo tuvo que pasar para que los horarios de llegada de los convoyes de hierro o la adecuación tecnológica de las comunicaciones fueran hilarantes ficciones. Finalmente, hasta la extracción y refinamiento de petróleo dieron pérdidas. Esta última enumeración, un clásico aprendido en los ’90, es una parte de los resultados de una (alevosamente organizada) política sistemática de vaciamiento. La otra parte es peor.

La doctrina privatizadora solidificó la idea de que el Estado sólo debe ser una entidad desde donde emanen algunas pocas regulaciones sobre la competencia mercantil. Y disolvió una de sus principales funciones (que provenía, justamente, del peso de las empresas públicas): la de intervenir como un productor y distribuidor concreto. El complejo ferroviario, por ejemplo, no sólo reparaba material rodante: construía el “modelo” de los vagones como elemento para la fijación de un precio guía, necesidad básica para una licitación cuyas bases no sean propuestas por los mismos vendedores.

De ese modo, en gran medida, nuestro Estado (la institución política pública) entregó el conocimiento técnico y la capacidad organizativa sobre todas las áreas clave de la economía. Luego, las decisiones políticas públicas quedaron totalmente enajenadas (hasta por principio) en un saber y una fuerza que es pura propiedad privada. Y dicho saber y fuerza no son a la fecha los mismos que hace 20 años. Ni que hace 10.

La complejidad de la tecnología agropecuaria ha provocado un vuelco completo en el trabajo rural. Cultivar la tierra ya poco tiene que ver con la naturaleza y sus tiempos o con las manos callosas y los tronantes tractores. Fertilizantes, semillas y herbicidas son claves en la duplicación histórica de los rindes por hectárea. En Mosaic, Syngenta y Monsanto, en el poder de su capacidad de creación tecnológica, está el verdadero mando económico sobre el modelo agropecuario (véase Pausa #1). Estas tres multinacionales integran, organizan y posicionan dentro de sí a todo aquello que se les relacione: desde el precio de la tierra hasta el tamaño de la tolva. Cuánto, cómo, a qué escala, con qué y a qué precio se produce varía de acuerdo a qué nuevo organismo genéticamente modificado (OGM) sea la novedad.

Ineluctable mercancía: la única forma de no ser absorbido dentro de este régimen de innovación acelerada es sencillamente salir del esquema productivo, por marginalidad o por simple desaparición. Cuando Monsanto logró que la soja GM resistente al agroquímico Roundup fuera autorizada en Argentina, en 1996, se cultivaron 37.000 hectáreas con esta semilla. El maíz BT (genéticamente protegido de los insectos) comenzó su camino local en 1998, en 13.000 hectáreas. Ambos cultivos en 2005 cubrían 14.058.000 y 2.008.000 hectáreas, respectivamente. Hoy la soja RR, un producto cuya hidalga y telúrica tradición nacional tiene poco más de 10 años, cubre más de la mitad de la superficie cultivada: 16.900.000 hectáreas. Total mando: sólo un movimiento de este capital tecnológico implica aumentos o descensos de los precios de la tierra y los arriendos, produce variaciones relativas y absolutas de los rindes, induce cambios frenéticos de centenarias tradiciones productivas, exige la transformación de todas las herramientas de siembra, cosecha y almacenado y profundiza su capacidad de explotar toda la masa de trabajo que está bajo su égida.

Cuando Eduardo Buzzi afirma que la 125 no contempla el aumento de los costos de producción (más allá de que, en la soja, falte mucho o menos que mucho para que se pierda la rentabilidad concreta actual) también realiza un pase mágico: expone y oculta, simultáneamente, cómo el sector agrícola más dinámico, con mayor renta y mayores ganancias, es en verdad un subsistema dependiente de estas multinacionales. Expone un cálculo económico elemental. Silencia la total entrega al mando tecnológico.

El diseño biogenético y el desarrollo químico hicieron de las antiguas plantas, abonos y desmalezamientos una única entidad más cercana a la tecnología requerida para producir un celular que a otra cosa. A la vez, los antiguos productores y dueños de la tierra pasaron a ser, en el fondo y gustosamente, unos súperbienpagos armadores de televisores de granos, por medio de la industrialización de una serie de procesos dominados ya no por la naturaleza sino por la innovación técnica que manejan los verdaderos dueños del mercadito.

Hay que develar que el punto hoy no está en los subsidios ni en levantar deudas hipotecarias, porque la dádiva nunca es mucha y siempre se olvida. Tampoco se trata de impuestos o control de precios, porque la regulación siempre se trampea, primero en su legitimidad y luego en su efectivo cumplimiento. Simplemente, se trata del control efectivo. Si lo público, lo colectivo o la comunidad (sea bajo la forma Estado u otra) pretenden recuperar una voz de mando estratégico en la economía, uno de los lugares a apuntar es éste. Hasta tanto esto suceda, el grito sordo y profundo del capital tecnológico será uno solo: “¡Sembrad las semillas de celular, maquiladores del surco!”.

Publicado en Pausa #9, viernes 11 de julio de 2008