Argentina vivió, tímidamente desde la caída del segundo gobierno de Perón, y de manera mucho más fuerte y decidida a partir del 24 de marzo de 1976, un impresionante proceso de destrucción social y económica, casi sin precedentes a nivel mundial. Lo que Juan Carlos Portantiero supo denominar como “empate hegemónico” entre sectores contradictorios de la vida nacional en la disputa por la preponderancia de uno u otro de ellos en la construcción del proyecto de país (industrialista mercadointernista vs. agroexportador financiero), se resolvió, tras veinte años de disputa (1955/1976), con la última entrada militar, a sangre y fuego.
Ahora bien, todo aquello que posibilitó el aniquilamiento de lo que supo ser, por las profundas transformaciones que efectuó el peronismo, el país más integrado e igualitario de América latina, se dio en medio de un asombroso quietismo y resignación social. No fue azaroso que una sociedad, que supo ser reivindicativa y movimientista como la que más, se sentara, pacientemente, a ver cómo le rebanaban, una detrás de otra, todas las conquistas que dio el General en forma de derechos ciudadanos. Y, sobre todo, cómo se reemplazaba el esquema que había hecho posible todo aquello.
Aparte del temor a terminar igual que alguno de los treinta mil, jugó, y fuertemente, el hecho de que los sectores del capital, ideólogos y sostenedores de la toma del poder en 1976 (porque fue por ellos y para ellos que siempre entraron a escena los militares, meras herramientas del verdadero poder, pero muy especialmente en el “Proceso”, versión argentina de lo que fue la solución final del nazismo), se ocuparon muy bien de no dejar cabos sueltos en su empresa. El modelo Martínez de Hoz -por llamarlo de algún modo- no hubiese sido posible (ni ese ni ningún otro, en rigor de verdad) si no había, primeramente, la consolidación de un trasfondo cultural que fungiese de soporte argumentativo, desparramando, en la sociedad, la convalidación de aquello que comenzaba a orquestarse desde un Estado que ahora era manejado, como graciosamente se dice, “por sus propios dueños”.
La venta del modelo que estalló en mil pedazos el 19/20 de diciembre de 2001, de exclusión social y económica, y autoritario en lo político, fue de la mano con la edificación de nuevas estructuras jurídicas que posibilitaron la confección de un nuevo esquema, armado a la medida de los intereses del sector del dinero, travestidos en los del todo de la población. Se sabe: la (por suerte ya difunta) 22.285 de radiodifusión, por un lado; BCRA y Ley de Bancos afines a los especuladores y no a los sectores de la producción, ley de administración financiera, por el otro, pero pegaditas; en fin: no un Estado ausente, como habitual y equivocadamente se dice, sino definido a estar del lado equivocado, esto es, jugando, como dijo CFK el día de su asunción que no haría, a ser el gendarme de la rentabilidad empresarial (por lo mismo, aquel Estado se cansó de pegarle palos a los pobres, hasta que a partir del 25 de mayo de 2003 se decidió terminar con esa tesitura).
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