El ofrecimiento de una variante de pago local que hace la presidenta CFK a los acreedores de los canjes de deuda exitosos de 05/10 es una jugada a doble banda.
Por un lado, se ha terminado de asumir la imposibilidad de solucionar este asunto sin perjuicios de soberanía económica. Y entendiendo su enorme entidad política más allá de las especificidades técnicas y jurídicas que lo definen –que, como siempre en estos casos, son lo de menos–, se intenta cambiar el eje de posibilidades de la economía argentina, observándola más allá del conflicto buitre. El lento pero aparentemente inexorable fin de la hegemonía unipolar norteamericana como rectoría del sistema de acumulación global, es un proceso que excede y trasciende a Argentina, más vale.
Cristina Fernández lee esos vientos y enfoca la vela del barco en dirección a un atajo que permita neutralizar los efectos negativos que el mamarracho jurídico organizado (en función de castigo) por la justicia neoyorquina le significará al país.
Hacia algún lugar en que se puedan tramitar operaciones financieras de otro modo que este desquicio demencial.
Explica en Yendo a Menos Mariano Grimoldi: «A determinado patrón de acumulación le corresponde un sistema financiero con centro en los lugares donde se acumulan los excedentes, que promueve los flujos que lo fortalecen como tal. Cuando eso comienza a modificarse por el desarrollo histórico de fuerzas productivas, y como en este caso emergen naciones con capacidad de acumular excedentes de producción considerables, se puede pensar en modificaciones similares en el sistema financiero para volverse funcional a esas novedades. La idea de Argentina es aportar a la conformación de ese proceso. Que no es algo que está predefinidio. Hay que construirlo.» (Para más y, sobre todo, mejor, leerlo de él mismo.)
Se trata de una apuesta que es toda incertidumbre. Pero se carece de alternativa superadora.
La maniobra, obvio, supone también repercusiones a nivel doméstico. La convocatoria a la discusión de la iniciativa en el Congreso Nacional, procedimiento jurídicamente redundante en virtud de la delegación que –a través de la ley de administración financiera– a favor del Poder Ejecutivo Nacional rige en materia de deuda externa (cuyo trámite es potestad constitucional originariamente asignada al Poder Legislativo), tiene por virtud exigir a la totalidad de las fuerzas políticas un pronunciamiento –cualquiera ése sea– en la materia. Que venía, como ya se ha comentado acá, faltando. Lo que se hace por demás interesante estando tan en las proximidades y ya instalado definitivamente el debate por la sucesión presidencial.
Faltan tanta cantidad de días, que dicen pedantemente algunos afiches callejeros.
Detalles y aplicación al margen, análisis que quedarán para mejor (y posterior) oportunidad, la presidenta de la Nación consigue de este modo otorgar centralidad en la agenda del debate público al expediente donde se siente mejor parada. Pone, además, a la oposición a lidiar intelectualmente con un tema complejísimo a partir de una movida de impacto histórico. Forzando así los límites de la lógica ABL del intendentismo, que desde 2013 opera fuerte sobre el sentido común para intentar imponer que lo grueso ya está hecho, y que en adelante sólo resta administrar el país. Una cantinela que, dicho sea de paso, de renovadora tiene bastante poco. La jefa del Estado involucra en su faena mucha mayor cantidad de teclas del tablero que cualquiera de sus adversarios. A quienes la responsabilidad los desborda: teclean y atrasan por estas horas. O se entregan, da igual.
Los aspirantes a gerente sufren, antes que de ideología, por falta de inteligencia. Y esto no es para improvisados ni facilistas.
