Cuando parecía que habíamos escuchado todo por parte de quienes se oponen a la legalización del aborto, aparecieron en el centro de la escena, los senadores y las senadoras que sostienen la misma postura en el parlamento.
En los plenarios que se están llevando a cabo en el senado de la nación para tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que obtuvo media sanción en la cámara de diputados, Silvia Elias de Perez, Ines Brizuela y Doria y Jose Mayans (quien expreso que el feto tiene domicilio en el vientre materno), entre otros, se convirtieron en abanderados de la lucha de los mal llamados “provida”.
Habiendo superado los cuestionamientos morales y/o religiosos, esta nueva ola de argumentos que podemos escuchar en el Senado apela a cuestiones por demás laterales con el fin de desacreditar la palabra de cualquier expositor o expositora que fundamente una posición a favor de la aprobación de la ley. Ahora bien, lo novedoso es el modo y la sistematización del mismo.
Podemos esperar determinados razonamientos cuando vienen de un/a ciudadano/a que no tiene en sus manos el poder de decisión que le otorgó el pueblo, pero cuando ciertas ideas provienen de los representantes parlamentarios, esos mismos razonamientos rozan lo inadmisible. La diferencia a la que me refiero es a esa responsabilidad que tiene el/la legislador/a al momento de promover debates de un nivel de seriedad que esté a la altura de las circunstancias, en tanto sus decisiones implican un cambio radical en la vida del pueblo entero. En este sentido es que perturba escuchar el discurso de estas y estos senadores.
Es tan evidente el esfuerzo por negarse de raíz a que las mujeres adquieran este derecho, que al momento de efectuar sus preguntas, luego de cada exposición, no cuestionan el proyecto de ley ni sus fundamentos, sino que intentan desacreditar a modo personal a quienes aportan su conocimiento. Lejos de interpelar acerca de la materia de debate a la que deberían abocarse (el análisis del proyecto), un grupo de senadores y senadoras han decidido adoptar un mecanismo de ataque novedoso en este contexto, que es la exigencia de rendición de cuentas a quienes se paran frente al micrófono e intentan llevar un conocimiento, un estudio, una investigación o una experiencia en función de una profesión que tiene alguna relación directa con la problemática de la clandestinidad del aborto.
Cuando esperamos que interpelen acerca de los artículos, de la práctica en sí, del rol des estado o de la objeción de conciencia, nos encontramos con este nuevo abordaje que solicita explicaciones acerca de la procedencia de los fondos con los que los profesionales llevan a cabo sus investigaciones. Así lo hicieron con la abogada e investigadora del Conicet, Paola Bergallo, quien no titubeo un solo instante al momento de dar a conocer los nombres de las organizaciones que han costeado económicamente los recursos para desarrollar su labor profesional y de servicio (siendo que su investigación y recolección de datos estadísticos ha subsanado la ausencia del estado en esa materia, a lo que el mismo se encontraba obligado por la legislación vigente).
En particular, Elías se refirió a la organización Planned Parenthood, que según afirma la senadora “lleva adelante el negocio más gigantesco del aborto en el mundo y la venta de niños abortados”. Omite referir algún dato, alguna fuente o algo que respalde sus dichos. Sin embargo, Paola brindo varios minutos a la rendición de cuentas exigida por la legisladora, ofreciendo datos precisos, incluso invitó a todos y todas a chequear datos en la web. Hasta en eso ha sido clara. Tanto es así, que al finalizar sus palabras se han escuchado aplausos en el salón.
Quizás esto no es lo más importante. Seguramente hay que focalizar en el eximio análisis que realizo Bergallo respecto de la evolución de la legislación en esta materia en la Argentina y en el derecho comparado, pero no se puede perder de vista que el intento de los anti derechos por lograr su objetivo puede atravesar limites que implican falacias pero también la ofensa y los prejuicios en pos de ensuciar de manera personal, sin miramiento alguno.
Paola Bergallo también señalo deficiencias en el accionar del estado y la anomía en la que muchas veces nos manejamos como país. Del otro lado, respondían igualando la legalización del aborto a la legalización de la trata de personas, sumado a comentarios irónicos y cargados de cinismo.
Marta Alanís, integrante de la Campaña y referente de la organización “Católicas por el derecho a decidir”, fue interrumpida en su ponencia en varias oportunidades para que concluya su discurso por falta de tiempo. Una vez finalizado, sí hubo tiempo para que la senadora Elías pregunte si la organización a la que Marta representa había recibido 35 millones de pesos por parte de la organización Planned Parenthood, la misma por la que fuera consultada Paola Bergallo.
Lo curioso es que las mismas personas que consultan acerca de los financiamientos a quienes exponen a favor, no preguntan lo mismo a quienes realizan una alocución en contra del proyecto de ley. Quizás sea porque no hace falta aclarar que a determinados sectores religiosos, por ejemplo, se los financia con fondos que provee el propio estado, o quizás sea porque no hay un interés genuino en la defensa de “las dos vidas”.
Este panorama predispuso a unos cuantos expositores y expositoras a poner en conocimiento la procedencia de fondos de sus investigaciones o bien, quien le paga el salario, previo a comenzar sus ponencias y a fin de no ser consultados en ese sentido una vez finalizados sus discursos.
En aras de continuar generando algo una inmensa confusión, la senadora Elías le preguntó al biólogo Alberto Kornblihtt si estaba recomendado “abortos eugenésicos”, según su exposición.
La principal diferencia entre la ampliación de un derecho y una práctica eugenésica es la elección.
Para pasar en limpio, y siendo que hay una fuerte corriente que repite constantemente la palabra eugenesia para referirse a la legalización del aborto, es importante recordar que para que exista la primera tiene que haber un plan sistemático para eliminar determinado grupo demográfico, o para crear un mecanismo de control poblacional.
Legalizar el aborto no es más que brindar nuevas opciones y ampliar la libertad de decisión. No hay una planificación previa para eliminar nada ni a nadie, lo único que hay es el reconocimiento de la autodeterminación de los actos individuales.
No hay tampoco una manipulación genética. Lo único que garantiza la ley es la posibilidad de interrumpir el embarazo, luego de la semana 14, en los casos en que existan malformaciones fetales graves. Esto último se relaciona únicamente con la incompatibilidad de la vida extrauterina, es decir, cuando se conoce que las posibilidades de vida fuera del seno materno son notoriamente escasas.
En concreto, se destaca que algunos y algunas senadores/as a través de su accionar no discuten el rol del estado ante una problemática concreta, sino que aportan mayor desinformación al mismo tiempo que dejan al descubierto su desinterés total por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y por la educación sexual a la que tanto se refieren como “propuesta alternativa”, aún siendo que desde la aprobación de la ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, muchos y muchas de los que cuestionan procedencia de fondos no se han preocupado en promover su real cumplimiento por parte de la nación y de las provincias.
Finalmente, no hacen más que continuar igualando a una mujer con una incubadora humana, sin siquiera pensar que esa “casita del bébe” es, antes que nada, una mujer con un proyecto de vida en curso, el que quizás no se corresponda con la imposición social que hoy obliga (a excepción de que se cumpla alguna causal de las contempladas por el art 86, incisos 1º y 2º del Código Penal) a ser madre.
Senado: eufemismos y estrategias anti derechos.
