En el furor autóctono de pasar a todos los sentidos sociales por el tamiz de la lógica binaria se hace habitual hablar de oficialistas y opositores. Los primeros serán los que apoyan y acompañan la mayoría de las medidas del Gobierno Nacional y los segundos aquellos que no comparten las mismas. Simplificando: el Oficialismo es el que tiene el poder y la oposición es la que se contrapone al poder. Si mi memoria emotiva no me falla podría afirmar que antes de los gobiernos kirchneristas no se marcaba tanto y se machacaba incansablemente en los diarios de mayor tirada esta división entre el oficialismo y la oposición.
El significante “La Oposición” como representación política vió la luz en estos últimos 10 años. Y no por una razón ingenua sino que en la batalla semántica llevada a cabo por los medios concentrados “La Oposición” surge como resistencia de las boinas blancas, en defensa de los valores republicanos, contra “El Oficialismo” régimen populista y autoritario. Así se sesga al Poder al reducirlo al Poder Ejecutivo, simplificando su significado. Encerrándolo solo a la política partidaria de los que tienen el poder y lo que luchan contra este. Invisibilizando el Poder Real, aquel que nadie elige, aquel que opera de facto en las sombras, que se ramifica en un entramado complejo de múltiples intereses económicos, financieros y políticos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Por ello en estos días me vi escribiendo sobre lo que piensan los oficialistas y como ven las cosas la oposición y me permití hacer estallar esta lógica, darla vuelta. Y poder preguntarme ¿Qué es ser oficialista? ¿No será en realidad ser opositor? ¿Opositor a qué?
Empecemos a desplegar algunas cuestiones. Lo que se llama “oficialista” sería sólo una parte del Poder del Estado, el Poder Ejecutivo alcanzado a través del voto popular por un partido político así como también parte del Poder Legislativo colocado por el poder de las urnas. Un Poder Estatal que, si en algún momento ostento cierta fortaleza, pasados el “New Deal”, la moda del estado benefactor y el proceso de un capitalismo industrial; y luego de las políticas neoliberales, ha quedado en ruinas, vaciado de todo peso político y económico. Si bien el actual gobierno colocó al estado en otro lugar sacándolo de aquellas ruinas, financiándolo nuevamente a través de la reestatización de los recursos indispensables para cualquier nación, el poder que detenta el gobierno sigue siendo ínfimo a ese gran poder de facto que nadie elige, que nadie vota y que es tan esquivo a su control y regulación.
Siguiendo este razonamiento ser oficialista representa una porción de la torta del poder. Y a su vez con esa cuota de poder se enfrenta con políticas públicas reformistas a ese poder invisible infinitamente más poderoso.
¿Pero a que se llama “Poder Fáctico”? ¿De qué se habla cuando hablamos de esto? Adentrémonos.
Quitando las capas de la cebolla
Se lo llama Poder de Facto o Fáctico, Status Quo, Establishment, y quien sabe que nombres más. ¿Pero como está compuesto este entramado complejo? ¿Quienes son los perceptibles, los concretos?
Estos poderes poseen una ramificación que tiene su pata en el Poder Económico (Entidades financieras, multinacionales, grupos concentrados, acopiadoras y exportadoras de cereales, consultoras, grandes terratenientes) con sus conexiones extranjeras (a través de la fuga de capitales y el lavado de divisas) y con la presión del lobby financiero internacional (llámese fondos buitres). Este Poder Económico tiene su costado ilegal (narcotráfico, trata de personas, juego, barras bravas, etc.) que fomenta el lavado y la fuga. A este Poder Económico los poderes del estado (en su momento encarnado por el Poder Ejecutivo) le fueron funcionales dando el marco legal para su accionar.
Este gobierno rompió con ese pacto mafioso impulsando la estatización de las AFJP, nacionalizando YPF, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, reestructurando la deuda externa, no tomando nueva deuda, pagando al FMI y al Club de París, revalorando entidades como AFIP para evitar la evasión, aumentando la contribución, fomentando el blanqueo de gente y de plata, fomentando la inversión resolviendo los conflictos con entidades extranjeras. Intentó sin éxito aumentar las retenciones debido al lockout patronal golpista pero sí pudo promulgar la nueva Ley de Trabajo Agrario y Estatuto del Peón Rural y la reforma de su ente regulador (el ahora Renatea). Adeuda el tratamiento de la nueva Ley de Servicios Financieros (Nuevo Encuentro) que derogue la Ley de Entidades Financieras de la dictadura. Y a este escriba le gustaría también una reforma agraria y una reforma impositiva de carácter progresiva.
A esta pata económica se le entrelaza como una garrapata el Poder Mediático compuesto por diarios, revistas, radios, internet, tv, que pasaron a ser grupos económicos concentrados, cuya función fue desembocando en ser un arma de fuego lobbista para defender estos intereses espurios. Utilizando la bandera falaz de la libertad de expresión que vale solo para ellos, ubica a otras voces como ataques a su libertad, que pareciera ser la única permitida. Poder que se esconde detrás de esa bandera putrefacta para mentir, desinformar, transgiversar, sesgar, manipular y difamar mediante “información” y “noticias”. Para que ellos y sus secuaces puedan depredar tranquilos la riqueza del país sin “conciencia de culpa” buscan incidir en la sensación de la “opinión pública” . Para que siga todo “como debe ser” sin que nadie se atreva a apuntarlos. En definitiva, para naturalizar el capitalismo salvaje.
Más que nadie en la historia fue este gobierno el que se puso firme en pie de guerra (aún a veces en desmedro suyo), frente al Grupo Clarín. Buscó incansablemente el desmantelamiento de este grupo económico con clara posición dominante. Pifió muchas veces (¿Por qué no?) pecando hasta de necedad al concentrarse sólo en atacar al Grupo. Pero lo que quedó en lo legal y en lo institucional es la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que deroga la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Ley construida a partir de foros realizados a lo largo del país, votada ampliamente por el Congreso, finalmente validada por la Corte Suprema de Justicia. Pero frenada desde su sanción por jueces “amigos” del Grupo (que les paga cursos y viajes), a través de cautelares que salen como pan caliente, aún en contra de la ratificación categórica de la CSJ. Ni hablar de la estancada Causa de Papel Prensa, empresa adquirida por Herrera de Noble y Mitre en la dictadura a través de la tortura sobre los que eran sus dueños.
Y apareció el Poder Judicial, aquél no democrático, aquella parte (Justicia Federal de Comodoro Py) que se ve a sí misma como una aristocracia intocable, que se ampara en la Independencia de los Poderes. Claro está que independencia sólo en relación al Poder Ejecutivo pero siendo completamente dependiente al Poder Económico, al cual cubre en sus delitos y con el que hace negocios.
Como describí más arriba se interconecta con el Poder Mediático del cual recibe dádivas a cambio de protección judicial para sus negociados. También realiza filtraciones que los medios venden como “información de sus fuentes reservadas” a cambio de protección mediática sobre sus actos de impunidad judicial. Poder que utiliza la interpretación de las leyes para beneficio personal, para proteger a los grandes negociados que generan concentración de la riqueza y aumentan la desigualdad. Poder que arma causas conspirando contra los funcionarios del Ejecutivo con el objetivo de desestabilizarlo, desgastarlo, desacreditarlo, difamarlo, provocando un manto de sospecha y duda. Poder que además de esconderse en esa “independencia de poderes” también se supone apolítico, vacío de ideologías, como si fueran simples robots que aplican la ley. Ley que imponen como si fuera divina o natural y no una construcción histórica, social y política.
La aristocracia judicial es una casta corrupta que se eligen entre ellos que naturaliza los delitos de los sectores dominantes, desde los represores de la dictadura hasta privatizaciones tramposas o quiebras millonarias, y se ensaña con gobiernos a los que consideran populistas porque ponen en riesgo esos privilegios. Una casta que exclama con gritos sollozos que el Poder Ejecutivo no respeta la independencia de poderes cuando son ellos los que judicializan cada decisión del Ejecutivo y cada ley sancionada por el Congreso cuando no les gusta a ellos o a sus “clientes” (Ley de Democratización de la Justicia, Ley de Servicios Audiovisuales, Ley del Memorándum de Entendimiento, etc.) . La razón de sus lágrimas no es porque la independencia de poderes se ve afectada sino que lo que no pueden concebir es que alguien les impida justamente realizar esa misma interferencia que dicen denunciar.
En definitiva es un poder que se arroga el derecho de decidir quién puede estar en libertad y quien no. Es el que administra el sistema represivo de encierro. Sistema que se encuentra podrido y rebalsado por personas sin sentencia firme, pobres o indigentes. Sistema que genera más delincuentes en vez de rehabilitarlos. Esa es la real potestad de este poder viciado.
Poder que se reposa sobre las bases de los Servicios de Inteligencia (SI). Poder autónomo, un verdadero autogobierno. Un monstruo construido a lo largo de toda la historia, crecido en las sombras de las dictaduras y no tocado durante todos los gobiernos democráticos. Un poco por negligencia y un poco por interés del Poder Ejecutivo en utilizar también sus viles servicios. Es un poder supuestamente generado para defender la seguridad nacional en contra de fuerzas extranjeras o delitos complejos internos. Controlado por el Poder Ejecutivo y al servicio del Poder Judicial para aportar en sus investigaciones. Eso es lo que debería ser.
Lo real es que es un poder viciado por abusar del secreto que viene aparejado a la función que se pretende llevar a cabo. Llevando investigaciones propias, manejando ellos a los jueces y fiscales en vez de que sea al revés, realizando espionaje ilegal, ayudando a armar causas truchas, aportando información al poder judicial para extorsionar, o para cajonear causas a piaccere. Comprando periodistas y políticas que se transforman en dobles agentes e informantes para que actúen de acuerdo a sus intereses que son los mismos que el Poder Económico nacional y extranjero.
Los SI representan el poder antipatriótico que se encuentra coaptado y dependiente de los SI externos (CIA y Mossad), que funcionan como meras sedes locales de estos. Realizando espionaje empresario y financiero por encargo y para hacer negocios propios. Vinculados a negocios ilegales como el regenteo de prostíbulos (que a su vez usa para extorsionar a sus “clientes”) y el narcotráfico (aprovechándose del secreto y de la protección que posee por parte del sistema judicial y las fuerzas de seguridad -que cobran sus sobornos-). Poder que aunque muy tarde y luego de una muerte, este gobierno decidió derogar e intentar empezar a regular y purificarlo a través de la ley que crea de la Agencia Federal de Inteligencia.
Y llegamos al Poder Político, que funciona como herramienta de lobby para beneficiar a los intereses de los poderes económicos concentrados. Con conexión directa al Poder Mediático que le da la agenda a tratar, le da visibilidad, protección, amplificación y promoción en la opinión pública. Para acceder a cargos públicos, para de allí llevar adelante políticas favorables a ellos, o por lo menos funcionando como traba para las políticas que intenten reducir a este Poder.
Este poder se encuentra conformado por políticos elegidos por el voto popular para defender el interés colectivo nacional pero que en realidad son empleados de fundaciones golpistas financiadas por el poder financiero y los SI foráneos para que dirijan la política en su beneficio. Y llegado el caso desestabilizar al gobierno a partir de la provocación a la insurgencia ciudadana a través de técnicas enseñadas por esas fundaciones.
Aquí nuevamente se realizó un cambio histórico con la Reforma Electoral que estableció reglas claras, transparentes, justas y equitativas para la competencia electoral entre los distintos partidos políticos y transparentar la financiación de sus campañas.
Intento de estocada final
Entonces como se deja entrever en estas líneas ¿Quien se metió concretamente para reducir este poder ramificado?
Un gobierno al cual no pueden vencer a través de las urnas debido a su mediocre pata política que ya ha fracasado en el pasado arrastrándonos a la peor crisis política, económica y social de la historia. Utilizando las recetas impuestas por este entramado fáctico descripto. Tampoco pudieron vencerlo a través de desestabilizaciones económicas, con la mayor cantidad de corridas bancarias que ha recibido un gobierno (sector rural acopiando cosecha y sector financiero especulando). Con el fin de generar devaluaciones forzando una recesión en la economía que genere condiciones de malestar social, que abra la posibilidad para que la oposición gane las elecciones y así poder realizar su mayor anhelo: la restauración conservadora.
Pero no pueden porque el país esta bien parado debido a todas la políticas llevadas a cabo durante estos 12 años. No pueden a través del continuo ataque direccionado por los medios hegemónicos que nunca le van a perdonar que hayan llevado adelante la batalla cultural que los dejó al descubierto. No pueden porque ya no cuentan con las FFAA porque este gobierno impulsó la reapertura de todas las causas, derogando las leyes de la impunidad (de obediencia debida y punto final) cerraron la herida en la memoria colectiva que se mantuvo abierta durante tantos años. Y como todas las aristas de este poder fáctico fueron cómplices y funcionales a esta cruenta dictadura no le perdonan esto tampoco.
No pudieron provocando caos social con saqueos fogoneados por los barones del conurbano y las fuerzas de seguridad (liberando zonas) y sino desestabilizando ellos mismos a través de la sedición policial de diciembre del 2013. No pueden movilizar a la población masivamente con la excepción de dos o tres marchas. Y como la vocación reformista impensadamente para ellos llegó hasta el Poder Judicial les dijeron “muchachos ahora les toca su turno de jugar” y así comenzaron con la lluvia de denuncias hacia funcionarios del Ejecutivo llevadas a cabo por los mismos jueces delincuentes. Denuncias más o menos armadas, más o menos comprobables. Hasta que llegó el momento del descabezamiento del último recoveco que no había sido alcanzado por la ola reformista y democratizadora. Allí se precipito una jugada golpista y desestabilizadora del poder judicial con la ayuda habitual de los SI. Donde en esta escalada de denuncias llegaron al atrevimiento de armar una denuncia contra CFK sobre encubrimiento de una causa que en su microsistema se refleja todo el entramado de intereses políticos nacionales, intereses geopolíticos de las potencias occidentales, encubrimiento de la justicia, la policía, la política y los SI. LA CAUSA AMIA.
Denuncia floja, hecha a las apuradas precipitada por el descabezamiento de la SI. Denuncia que recayó sobre el fiscal de esa causa. Aquel fiscal que firmó de puño y letra dos presentaciones judiciales con fecha de diciembre de 2014 y el propio enero de este año manifestando todo lo contrario a lo que iba a denunciar días después. Personaje elegido debido a que se encontraba entre la espada y la pared porque muy probablemente iba a terminar siendo apartado de la misma y sentado en el banquillo de los acusados a razón de la ya probada desviación y del encubrimiento de la causa por mandato de la embajada de EEUU. Esta era su única salida, riesgosa y jugada, pero única. O no pudo soportar la presión del rol asignado o su muerte era parte del plan para reforzar la denuncia endeble.
Se utilizó la maquinaria de mentir y difamar a través de la construcción de una conclusión lineal subestimando (como siempre lo hacen) la inteligencia de la opinión pública a la que le suponen una economía de esfuerzo que dé por cierta la denuncia y coloque como héroe a un comprobado traidor a la patria por el hecho de haber muerto. La muerte no borra conducta. El objetivo real de la denuncia no era el objetivo de cualquier denuncia verdadera: que se investigue y se castigue a los culpable. No, porque es imposible que esta denuncia tenga curso legal alguno. La ridícula hipótesis de “muerto el fiscal la denuncia se convierte en verdadera y el gobierno en culpable” no tiene otro fin real que el irremediable efecto negativo en la opinión pública en contra del gobierno en un año de elecciones presidenciales con la intención directa de generar una merma en los votos del candidato “oficialista”.
Por oponerse al Poder Económico que se escuda en el naturalizado “libre comercio” desregulado y depredatorio. Por oponerse al Poder Mediático que se escuda en la falaz “libertad de expresión”. Por oponerse al Poder Judicial que se escuda en la supuesta “independencia de los poderes” y en su engañoso carácter apolítico y desideologizado. Por oponerse a los Servicios de Inteligencia que se escudan en el secreto “necesario”. Por oponerse al Poder Político del “vale todo”.
Por oponerse al Poder real en todos sus estratos es que ser oficialista es ser opositor.
