Primero, el Estado debe decidir los objetivos de su política. Luego, las herramientas con las que irá a por ellos.
Ese sería el esquema base.
La cuestión YPF nos ofrece con claridad este marco de análisis. El kirchnerismo decidió, no ahora: desde hace rato, ya, desde que asumió el gobierno en 2003; una cosa muy sencilla de comprender para los que no somos muy avezados en economía: desacoplar la política hidrocarburífera de las lógicas de administración que impone el mercado. Una discusión política e ideológica, previa a cualquier otra definición en particular.
Más aún, fue, esa forma de administrar los hidrocarburos, según dicen los que dicen saber sobre el asunto, lo que generó el problema. “Porque los márgenes no dieron más”. O, porque como lo sinceró Enrique Szewach brutalmente en Perfil –en una nota que comentamos acá, la semana pasada–, “porque no da lo querríamos que diera, lo que da en otros lados”. Si “no da” más; o, mejor dicho, si “no dio” más, el negocio, tanto que se hizo necesario intervenir, en el mismo entendimiento pero con mayor profundidad, en la actividad, fue porque así lo decidió el Gobierno. Éste, el de Cristina Fernández, tanto como antes lo había hecho el de Néstor Kirchner. Por medio de la regulación tarifaria, entre otras cosas. O de las retenciones a la exportación de petróleo.
Es lógico, en la lógica de Repsol, lo que pasó. En cierta forma. Buscaron maximizar ganancia, aunque acá no perdieran, porque en otros lados el negocio es más tentador. No importa por qué eso es así, cada caso debe ser un mundo. Y en todo caso, las necesidades del esquema de desarrollo argentino requerían, y siguen requiriendo, de que el Estado no permita que lo que es el normal devenir mercantil impacte en el esquema energético.
Porque al modelo económico argentino, sustentado en la rueda consumo interno-generación de empleo, le haría bastante mal que el mercado definiera como mejor le pareciese el cuadro tarifario: porque eso impactaría de lleno en la capacidad de consumo de los que se necesita que consuman para que pueda haber la generación de empleo que se necesita que haya… Bueno, es un circuito en el que sería largo abundar, y, además, tampoco viene (tanto) al caso.
Lo que interesa es que las herramientas, no los objetivos de la política, son los que caducaron. En esta, cómo decirlo, fase del despliegue del modelo económico. Nada que debiera resultar tan dramático. Lo que venía resultando eficaz hasta ahora, a los mismos fines, ya no lo es tanto. Y entonces, a favor del sostenimiento de esas mismas banderas (para decirlo en forma más militante), se decide una reconfiguración de los instrumentos con que se interviene en tal sentido.
Antes de seguir: claro que yo creo que YPF debe ser administrada por el Estado, siempre. Pero entiendo que puede no necesariamente ser así, aún si uno está –como está el Gobierno, y con lo que yo acuerdo– detrás del objetivo de, de nuevo, desacoplar de las lógicas de mercado la administración de la política energética, la hidrocarburífera sobre todo. ¿Pueden haberse agotado determinadas herramientas, haber explorado su límite o, lisa y llanamente, fracasado? Sí. Pero eso no implica una contradicción en la política de fondo del Gobierno en la materia.
Más aún: diría yo que, más que la expropiación por causa de utilidad pública del 51% de las acciones de Repsol en YPF en sí, lo más contradictorio para con las estanterías culturales que sustentaron al programa de gobierno liberal que rigió desde la caída de Perón en 1955 y hasta 2003, es la definición que hace el artículo 1º del proyecto votado por el Congreso la semana pasada: que declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario dela República Argentinael logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones.”.
O el 2º, que reza: “El Ejecutivo nacional arbitrará las medidas conducentes al cumplimietno de los fines de la presente, con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional.”. Y los restantes artículos hasta llegar al que dispuso la expropiación de la empresa. Es decir, de manual: el Estado, que desde que llegó el kirchnerismo al gobierno determina la economía en vez de ser al revés, define los objetivos de la política en el sector de que se trate, cualquiera ella sea. Y actúa en consecuencia, según las dificultades que le opone el marco para determinar los medios, pero no el fin. No en este caso, al menos.
Para muestra de lo que decimos, basta un botón: esta nota de Clarín, en la que los empresarios del sector, lejos de centrarse en el cambio de propietario de YPF, se preocupan por cómo los afectará a ellos los cambios que disponen los artículos citados y los restantes hasta el tratamiento que hace la ley de la propiedad de YPF en sí. “(…) quedaron a tiro de cualquier cambio regulatorio que decida concretar el Gobierno por decreto o resolución.”, dicho con tono de preocupación. Ahora se hace explícito, se legitima, lo que en la práctica ya era una realidad, eso es todo.
En eso estamos, en que se termine de comprender, desde el sector privado, dónde es que se toman las decisiones de política económica, ahora. En función de cuáles objetivos y en beneficio de qué intereses. Eso es profundizar el modelo. Porque hace al reparto de los recursos, por los que pugnan los distintos actores sociales, algunos con mayor capacidad de disputarlos que otros. Y el Estado definiendo para dónde se moverá la balanza.
No es, el energético, el único sector en el que se ha movido en ese sentido este gobierno. Ahí está la cuestión alimentaria, las retenciones y todo el desparramo que generó todo aquello. Eso también era, es, desacoplar una actividad de la lógica de mercado. ¿Cómo votaron muchos de los opositores que hoy tanto se golpean el pecho y/o presumen de haber anticipado “todo lo malo que iba a suceder y terminó sucediendo” –por distintos motivos según pertenencia ideológica–, cuando se discutió la 125 en el Congreso?
Piénsese en esa pregunta y luego respóndase quién es que, en verdad, cambió.
