Muchas veces, cuando se habla de la inseguridad en general, y rápidamente se intentan asociar hechos de violencia como responsabilidad del gobierno nacional (por ej al principio del caso de Candela en diarios online se llegó hasta pedir la renuncia de Cristina), se pasan por alto cuestiones claves en el origen de esa violencia y de esa inseguridad. Y no me refiero sólo a las cuestiones sociales, a las estructuras sociales, a las políticas neoliberales que provocan la marginación, injusticias en el reparto de los ingresos y de la riqueza, etc. Voy a algo más cotidiano que no suele asociarse con aquella inseguridad y violencia: la violencia familiar.
A veces se menciona la violencia en al escuela, cuando en realidad la escuela es uno de los lugares menos violentos que tenemos: los mayores casos de violencia, en cantidad y calidad, los encontraremos en la casa y en la calle.
Es en la casa donde se promueve en primer lugar la violencia y la discriminación. Y dentro de esa violencia, quienes más la sufren son las mujeres, sean adultas, adolescentes o niñas.
Si tomamos por caso la provincia de Salta, la cantidad de mujeres muertas por sus parejas es impresionante. En el sitio www.laotravoz.com pueden leerse una larga lista de títulos: “asesinaron a otra mujer en Salta”, “otra muerte producto de la violencia machista”, “muere otra mujer en manos de su marido”, “Metán fue testigo de otro feminicidio”, “En seis meses, siete salteñas fueron asesinadas”, “En 17 días hubo tres feminicios en Salta” y así, todos títulos correspondientes a distintas situaciones que suman más de 36 en los últimos tres años.
Y Salta no es la excepción, pero si traemos a colación a Salta, es porque en estos días ha pasado algo importante: la justicia dictó un fallo que sienta un antecedente muy importante.
Ocurre que muchos hechos de violencia familiar, que llegan a heridas graves o a la muerte, no surgen de imprevisto en esas familias. Y hay veces que las mujeres se animan a denunciar los golpes, las amenazas. Pero eso, en vez de implicar una mejora en su situación, puede terminar en algo peor, lo que hace que les resulte muy difícil a una mujer golpeada o violada hacer la denuncia.
¿Y por qué en vez de traer una mejora puede ser perjudicial?: por la inacción del Estado -en estos casos del Estado provincial, que es responsable al ser un país federal y tener cada provincia su propia policía, justicia, etc
Un día, más precisamente el 28 de agosto de 2004, era asesinada Rosana Alderete y a dos de sus hijas por parte del padre, Alberto Yapura. Una tercer hija, de 12 años, Vanina, quedó mal herida pero sobrevivió. Su padre fue condenado a cadena perpetua. En la mayoría de los tribunales del mundo, bajo el modelo del liberalismo, caso resuelto y a otra cosa.
Pero nosotros estamos en un proceso de cambio, de defensa de los derechos de los que menos tienen, de los más indefensos. Tenemos leyes que vienen de mucho tiempo que nos han posibilitado cosas que para otros es un lujo (sistema de salud público y gratuito, jubilación, educación pública y gratuita incluso en la Universidad, etc), justamente porque en Argentina hubo luchas y gobiernos que lo posibilitaron y si bien otros quisieron o quieren eliminarlos, aún no han podido.
El asunto es que la madre de Vanina hizo muchas veces la denuncia ante la policía de los malos tratos y amenazas en la seccional donde vivía. Y como en la mayoría de los casos, la policía no hizo nada.
Ahora, la justicia salteña ha dictado un fallo muy bueno, inesperado para mi, teniendo en cuenta que la justicia argentina es uno de los lugares donde los cambios menos han llegado y siguen en su seno enclaves de lo peor que vivimos: obliga al Estado salteño a pagar mas de un millón de pesos a Vanina por daño físico y moral.
Dejemos de lado el tema de la cifra, que jamás podría compensar lo ocurrido. Vamos a lo mas importante.
La justicia investigó lo ocurrido y dictaminó que el Estado tuvo responsabilidad en la agresión.
Se comprobó que la comisaría no actuó como corresponde y si bien de haber actuado bien ello probablemente no hubiera podido impedir que en algún momento ese individuo asesinara a su esposa e hijas, si le cabía la responsabilidad de ayudar a la denunciante, cosa que no hizo.
La periodista Mariana Carbajal, en el diario Página12, relata que en el caso
“(…) quedó en evidencia que la subcomisaría de Castañares no actuó como correspondía. Faber detalló que, de acuerdo con los testimonios de tres policías que declararon en el juicio, la seccional tenía sólo un oficial por turno para patrullar, tomar denuncias y hacer notificaciones, entre otros trámites. Los uniformados también declararon que desconocían la Ley de Violencia Familiar 7202 que establecía la obligación de asistir a las víctimas y que nadie los había capacitado al respecto. Además relataron que debían pedir un turno en la Jefatura de Policía, ubicada en el centro de la ciudad, para sacar fotocopias, ya que no tenían dinero para pagarlas. Una de las faltas que cometieron en la dependencia fue no haber mandado una copia de la denuncia al defensor de Menores para que interviniera, tal como había ordenado el 4 de agosto de 2004 el juez de Instrucción Sumaria de Tercera Nominación luego de la segunda denuncia de la mujer..
(http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-180859-2011-11-09.html)
Este fallo es un fallo contra el Estado Ausente, contra el modelo de Estado que tan bien defiende Piñeara en Chile o el liberalismo en EEUU, por poner dos ejemplos.
Seguramente un fallo así seria impensable en ciertos países que hacen defensa extrema del individualismo y de que cada uno es responsable de sus actos y debe arreglárselas como pueda.
Lo interesante del fallo es que al responsable de la comisaría y otros policías se los absuelve, otorgándosele el beneficio de la duda, pero ello no implica liberar al Estado de culpa y cargo:
“No es preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber estatal de resarcir por falta de servicio, sí lo es acreditar la falta o culpa del sistema administrativo o de la organización administrativa”, dice el juez
Para terminar, la historia no está cerrada porque el Estado provincial va a apelar al fallo, lo que demuestra que no se necesita ser Macri para lavarse las manos de sus responsabilidades. Si lo hace y si el tribunal superior revoca la sentencia, significará que aún no se logró avanzar en eso, pero tengo esperanzas de que el fallo quede firme, tal vez porque estamos viviendo épocas de esperanza. Y si no resulta así, espero que estos cambios sigan profundizándose y en algún momento se siente jurisprudencia y ello sea una señal para que aquel que sea víctima de cualquier tipo de violencia familiar se anima a pedir ayuda y la reciba.
Además, yo creo que si bien una buena actuación del la policía y de los organismos del estado que deben implicarse en esos asuntos no era garantía de eliminar la violencia y de que fuera asesinada, creo que la historia podría haber sido otra y esa madre y sus dos hijas podrían estar vivas. Es una especulación, cierto. Pero no es especulación afirmar que con una política activa contra la violencia familiar esta tendería a bajar y no llegar a tomar tantas vidas inocentes.
Con un Estado ausente, o peor aún, racista o machista, no existen esperanzas de cambiar esta historia. Y este fallo puede ser un punto de inflexión para comenzar a escribir otra historia, siempre y cuando no quede en un mero fallo y en un mero incidente legal en una perdida ciudad del norte del país.
Fernando J. Pisani
www.cignux.org.ar/fjpisani
