Rosario y Santa Fe se han convertido en dos de las ciudades de mayor nivel de violencia de la Argentina. Situación agravada por no existir un buen diagnóstico del problema ni algún plan de ataque al mismo, sólo acciones aisladas. Lamentablemente el mayor esfuerzo está orientado a endilgar las responsabilidades en otros, sin asumir las propias.
Por supuesto que este no es un problema sólo de estas ciudades, ni de la provincia de Santa Fe, ni de Argentina. Más motivo para concluir que ante la violencia o la inseguridad no alcanzan las frases rimbombantes, sea para acusar al otro, sea para anunciar alguna realización que en realidad no cambia nada.
Intentemos por un momento despojarnos de los lugares comunes y de evitar acusaciones fáciles de hacer (aún si son justas) y pensemos seriamente el problema. Porque es un problema serio lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe (el que pueda pasar también en otros lugares no es un consuelo, ni sirve para evadir responsabilidades).
Mientras que la cantidad de homicidios en Argentina cada 100.000 habitantes es de 5,4 muertes, Rosario supera los 14 asesinatos, en un proceso de crecimiento constante (Buenos Aires ciudad es 5,8).
En el año 2007 hubo en Rosario 113 homicidios. Un año después 121. En el 2003 trepó a 130. Cuatro muertos menos en el 2010 -126-;y luego se incrementa significativamente: 164 y 175 en 2011 y 2012 respectivamente.
Estos números de por sí pueden no decir mucho, pero comparémoslo con una ciudad parecida en su magnitud e influencia: Córdoba. Allí, de 89 homicidios en 2008 decreció a 79 en el 2009, bajó aún más en el 2010, con 45 subiendo un poco -pero mucho más bajo que los años anteriores: 53 y 65 en el 2011 y 2012 respectivamente. Es decir, la tasa de la ciudad de Córdoba en menos de la mitad a la de Rosario.
De esta comparación no sirve deducir que el gobierno del peronista no K De la Sota trabaja mejor que el de Bonfati del socialismo de Binner, o que el intendente de uno realiza mejor trabajo social que el otro, o que el gobierno nacional ayuda más a uno que a otro. Las cifras de Córdoba tampoco son para ponernos felices, aunque lo significativo que son decrecientes mientras que en Santa Fe son crecientes.
Cuando aparecen acusaciones contra Tognoli por vinculación con el narcotráfico, se genera una crisis y una demanda de respuestas. (Las acusaciones se hacen cuando era Jefe de la Policía de Santa Fe, designado por el gobernador Bonfati. Antes de ese cargo, Binner, bajo su gobernación, lo había designado como Jefe de la ex Drogas Peligrosas),
A manera de diagnóstico y de “marcar la cancha”, Binner plantea que el problema del narcotráfico es cosa del gobierno nacional, pues Santa Fe no limita con ningún país productor de drogas, que las drogas vienen por las rutas nacionales 11 y 34 (agregando luego las 33, 9 y 65) y remata diciendo que el narcotráfico es un delito federal. (Las citas textuales y contextualizadas de esas declaraciones están al final del trabajo). Similares declaraciones pueden encontrarse también del gobernador Bonfati y otros dirigentes del FPCyS y del FAP.
Es interesante analizar estos argumentos, no tanto porque explican por qué el gobierno socialista no tiene ningún plan serio que enfrente la problemática, sino porque expresan las ideas de una parte importante de la población, incluyendo periodistas, formadores de opinión y políticos de diverso signo. Y ocurre que con esos preconceptos es imposible enfrentar con alguna posibilidad de éxito los incrementos del crimen, la violencia, la inseguridad, del narcotráfico y del consumo de drogas.
Comencemos a analizar los conceptos expresados.
“Es un delito federal”
Para Binner, que el narcotráfico sea un delito federal excusa al gobierno provincial de mayores responsabilidades. Claro que su postura lo acerca más a los Unitarios, pues si algo caracterizó a los Federales fue la defensa de un grado importante de autonomía provincial en contra de los primeros que pretendían un gobierno centralizado que lo decidiera todo.
Y porque en la elaboración de la Constitución ganaron los Federales (aunque a veces parece lo contrario) es que cada provincia tiene su Legislatura, su Justicia, sus leyes, su sistema educativo, sus impuestos, su policía.
Un simple ejemplo: A nivel nacional (donde también están representadas las provincias) se aprueba una ley nacional, por caso la que los autos deben circular con las luces bajas prendidas. Esa ley no corre para las provincias hasta que las provincias, una a una, en sus legislaturas y ejecutivo, adhieren a dicha ley (incluso pudiendo modificar su aplicación, qué aplicar, qué no o incluir otras cosas)
Para otros temas, vinculados a la cosa pública común a todas ellas, las provincias acordaron -mediante la Constitución y otras normas- que los lleve adelante el gobierno nacional o el Poder Judicial Federal o el Congreso Nacional, según de qué tema se trate.
Hablando de delitos, por ejemplo, el contrabando es un delito federal, como el robo de correspondencia, robo de bancos, imprimir billetes falsos, delitos interprovinciales, pornografía infantil, tenencia y portación ilegal de armas de guerra, tráfico de drogas, la trata de blancas. Pero que sean delitos federales no implica que las provincias se desatienda de esos problemas, al contrario. ¿Acaso las policías provinciales hacen la vista gorda a esos delitos o se excusan de intervenir? ¿Y si no para qué la policía de Santa Fe tiene un Director provincial de Drogas Peligrosas, agentes, vehículos y presupuesto para esas actividades, no ahora ni con Binner/Tognoli, sino desde hace años? (En realidad la repartición tiene otro nombre, lo cambiaron hace unos cuantos años, y pasaron a denominarla “Dirección General de Prevención y Control de Adicciones”, pero la mayoría sigue usando el viejo nombre, aunque los más precisos le agregan el “ex”)
Pongamos un ejemplo de otro tema menos polémico.
La trata de personas es un delito federal. Quien capta a una mujer para obligarla a ejercer la prostitución está cometiendo un delito federal, pero allí no termina el delito de la trata, pues implica varios aspectos, y algunos de ellos son de jurisdicción provincial, incluso hay partes que son de jurisdicción municipal o comunal. De hecho ediles de la Municipalidad de Rosario trabajan en el tema haciendo sus aportes sin excusarse diciendo que es un delito federal. (También la trata para el trabajo semi esclavo entra en estos problemas). Obviamente para enfrentarla debe haber colaboración entre Nación y Provincias pero cada una asumiendo sus propias responsabilidades. Lo mismo pasa con el narcotráfico y otros problemas.
Justamente por ello, el órgano máximo que representa políticamente lo federal, el Congreso Nacional, trató una demanda de algunas provincias y de muchísimas ciudades de todo el país, incluso pequeñas localidades, que ven crecer el tema de la drogadicción, que saben quién y cómo, pero están impotentes pues algunas investigaciones policiales y decisiones se ven prolongadas excesivamente pues el poder local no puede intervenir judicialmente sino que depende de la justicia federal que se les presenta lejana (y muchas veces lo está).
Entonces dictó una Ley Nacional, la Nº 26.052 “que permitirá desfederalizar los delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía, pasando a ser competencia de la Justicia Provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y faciliten estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo.”
Claro que como somos un país federal, cada provincia decide si le interesa encarar la parte que más directamente afecta a la población, y por lo tanto adherir a la ley nacional, o si prefiere no hacerlo.
El gobierno socialista por ahora a manifestado que no le interesa
Esto no es un tema que tenga que ver con K o anti K. Por ejemplo el diputado provincial Maximiliano Pullaro, de la UCR -y anti K-, a manifestado que «El narcotráfico avanza en las ciudades y pueblos de la provincia y el país, en muchos casos se sabe quiénes venden droga, y aquellos que tenemos responsabilidades públicas no podemos cruzarnos de brazo o mirar para otro lado».
Sin embargo, frente a los dos proyectos de ley que existen en la legislatura, uno en senadores y otro en diputados, para adherir a la ley (no son los primeros proyectos no aprobados, la ley data del 2005), el titular de la cartera de seguridad santafesina anticipó su rechazo a esta idea. «El tema de la droga y el narcotráfico es un delito federal donde nosotros somos una fuerza de colaboración», resumió Raúl Lamberto. Por supuesto que hay varios motivos por los cuales uno podría objetar la adhesión (por ejemplo sectores de la Justicia santafesina se oponen porque implica más causas para tribunales desbordados; además implementarlo no es fácil e implica una dinámica hoy inexistente de trabajo coordinado para que no sea peor el remedio que la enfermedad, etc), pero el argumento “porque es un delito federal” es bastante pobre y sólo muestra la vocación de responsabilizarse lo menos posible.
Por último, aclaremos algo que Binner sabe perfectamente y no lo dice: Que el narcotráfico es competencia federal, se refiere principalmente al tema jurídico (tribunales, fiscales, jueces). No al tema de la policía. Es la policía provincial la encargada del territorio provincial y lo que ocurre en él, no la policía federal (a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), ni de la Policía Aeronáutica (salvo los aeropuertos), o la gendarmería (que se responsabiliza de las fronteras o a donde es convocada y mandada por situaciones críticas con el consentimiento o pedido del gobierno provincial).
Ante cualquier delito o prevención del mismo, es la policía provincial la que debe intervenir, para eso está. Luego derivará el caso a uno u otro tribunal, según el tipo de delito. O para pedir una orden de allanamiento recurrirá a un juez provincial o a uno federal según el caso. Y la policía provincial está, o debería estar, conducida por el gobierno provincial, jamás por el nacional (salvo que la provincia esté intervenida por la Nación).
Narcotráfico ¿sólo narco-tráfico?
El segundo lugar común -no sólo del socialismo de Binner y sus aliados, sino que cruza gente de todos los partidos políticos- es reducir el problema del consumo de drogas al narcotráfico y al mismo narcotráfico a lo que su nombre lo indica. De allí la insistencia de Binner sobre el control de las rutas nacionales por donde se transporta la droga: se centra en el tráfico de drogas de algún lugar de origen a algún lugar de destino. Y es obvio: si no llegara la droga a su destino…. Pero llega y por medios y formas tan diversas que ni aún un control de cada vehículo que pasa por una ruta y por todas las rutas habidas y por haber (sin considerar todas las imposibilidades y todos los trastornos que ocasionaría) podría evitar que la droga pase (aunque por supuesto, un mayor control -incluso del espacio aéreo- podría dificultar la actividad de los narcotraficantes). Salvo casualidades o soplos, los cargamentos no se detectan porque haya más gendarmes en la ruta como reclama Binner. Se detectan por actividades de inteligencia (federales y provinciales) en los lugares de origen, en las zonas de depósitos en tránsito o de reprocesamiento y/o fraccionamiento, o en los lugares de llegada y venta.
Pero aún así el problema es mayor. Es como con la llamada “dictadura militar”. Con el tiempo se aprendió que en realidad siempre fue “cívico-militar” y con más tiempo nos daremos cuenta que lo cívico era más allá de los Martinez de Hoz y empresarios que lucraron con ella, sino que también intervenía necesariamente el poder judicial, como poder judicial, no simplemente algunos jueces. Todos los golpes de estado existentes en Argentina, del primero al último, se cuidaron muy bien de no suprimir el Poder Judicial y éste le dio la legalidad y en cierta manera la legitimidad que necesitaban. A todos los golpes de estado. Y aún la impunidad de esta parte cívica es indignante.
Lo mismo pasa con el narcotráfico. Va más allá del cultivo, fabricación, transporte y venta de estupefacientes y de las bandas armadas asociadas. Implica a otras personas. Desde quienes venden productos legales para transformar la materia prima, las máquinas y vehículos necesarios, los que alquilan lugares hasta los que se encargan de dar, invertir o recibir capitales, de blanquearlos, cambiar pesos por dólares o viceversa, o de vender propiedades, tierras, o cualquier bien en negro sin preguntarse el origen del dinero, incluyendo contadores y abogados, buenos padres de familia y que van a misa los domingos.
Y existen dos patas insoslayables para la proliferación de esta actividad ilegal y peligrosa: la policía y el poder judicial.
Además, la parte de la policía vinculada de alguna forma a estos delitos también necesita de algún visto bueno o inoperancia de la parte política, por lo que no puede ignorarse ese aspecto.
La parte de la justicia se arregla por su cuenta con la impunidad que la caracteriza para tener sus propios privilegios y prevendas con un común denominador entre muchos abogados, fiscales y jueces: entre bueyes no hay cornadas. Esto no quiere decir que la mayoría de los policías y de los jueces tienen algo que ver con el narcotráfico o el delito. Pero nadie puede negar que unos cuantos sí. Y que actúan con bastante impunidad. Impunidad que no sería tan fácil si sus propios colegas honestos dejaran de actuar como corporación. Aunque reconozco que no debe ser fácil.
Un ejemplo de los miles que hay los dio hace tiempo el diputado radical antes citado, Pullaro:
“Ascaíni es un narco que tenía vínculos con policías y tal vez con sectores de la Justicia porque cuando lo iban a allanar se enteraba antes que la policía. Eso era porque le avisaban desde la Justicia. Eso era patente en nuestra zona», precisó.
Otro ejemplo.
El presidente de la Asociación Antidrogas de Argentina, Claudio Izaguirre efectuó unas declaraciones en Radio 2 el 14/11/2011. Leemos dos días después un titular del diario que dice: «En Santa Fe no hay carteles de droga ni se vende paco» , y abajo:“Hugo Tognoli, director de la ex Drogas Peligrosas de la provincia, dialogó con Cruz del Sur y aseguró que la reciente denuncia sobre la existencia de un cartel colombiano que exporta cocaína desde Rosario denunciada desde la Asociación Antidrogas de Argentina es falsa. También desmintió que el paco se comercialice en Santa Fe”.
«La afirmación de Izaguirre es, a mi juicio, infundada. No sé con qué pruebas cuenta para afirmar semejante cosa», dijo Tognoli, (ver)
Y tan buen trabajo hizo en su dirección, pues en Santa Fe no había consumo, no había lugares de exportación, no había “cocinas” propias, no había paco, que el nuevo gobernador (antes el principal ministro de Binner, su “delfín”) lo premia. En diciembre de 2011 leemos:
“Designaron a Hugo Tognoli como el nuevo jefe de la policía santafesina” “El actual encargado de la persecución del tráfico de narcóticos en la provincia será desde el lunes el nuevo jefe de la policía santafesina.” (fuente)
Conocido el affaire de Tognoli, hasta la misma APROPOL (una agrupación policial) dice en su web:
«Binner y Bonfatti sabian lo de Tognioli hace un año y no hicieron nada»: “Santa Fe – Luego de que se conociera que Hugo Tognoli, que se desempeñaba como Jefe de Policía de la Provincia, presentó su renuncia, Norma Castaño (foto), quien había denunciado hace un par de años a este oficial por su vinculación con vendedores de drogas, manifestó que “las denuncias que yo venía haciendo desde 2010, con esto me dan la razón”. (Incluyen el scaneo de los documentos de la denuncia presentados en su oportunidad.) (fuente)
También en otro trabajo, datos que habría que confirmar, puede leerse:
Y si le preguntás en confianza al policía que no está en el juego, hasta te dice la tarifa: “Levantar un teléfono cuesta 30 mil pesos. Si el aviso se hace dos días antes puede valer hasta 50 mil. Cada kiosco paga entre 15 y 20 lucas por mes a la comisaría del barrio”.
La droga y el consumidor
En la problemática de la droga debemos incluir otros proveedores aparte de los narcotraficantes y otras drogas aparte de la Marihuana, Heroína, Cocaína y derivados, etc. Están las drogas que produce legalmente una de las industrias más importantes y beneficiosas del mundo: los laboratorios farmacéuticos, incluyendo anfetaminas, antidepresivos y un sin fin de productos que son incluso más accesibles y baratos que los provistos por los narcos. Y también existen otras sustancias tóxicas que se utilizan para drogarse, por ej. ciertos pegamentos, los gases de ciertos aerosoles, etc.
Un verdadero plan de acciones para enfrentar el flagelo debe tener en cuenta todo, aunque por supuesto luego fijar prioridades.
Si miramos las tendencias de las adicciones, y tomamos como ejemplo al país que por excelencia muchos de aquí quieren imitar o envidian, EEUU, en los últimos 10 años hay gran crecimiento de adicciones en los niños de 12 años, que 
“inhalan productos potencialmente mortales para drogarse, una tendencia que supera al consumo de marihuana, cocaína y alucinógenos combinados, según informaron funcionarios de salud.”. Entre los productos que los chicos inhalan se encuentran la gasolina, el esmalte de uñas, los limpiadores y solventes de pintura. La única sustancia tóxica que supera a las “drogas” inhaladas entre los pre-adolescentes, es el alcohol.
“Según expertos de salud, inhalar vapores para drogarse puede provocar ataque cardíaco, dañar el cerebro, el corazón, el hígado y el riñón, y además, puede tornarse adictivo.
«Es frustrante porque el riesgo proviene de una variedad de productos muy comunes del hogar que son legales, fáciles de conseguir y están en todas las casas y los chicos pueden comprarlos cuando quieran», dijo Pamela Hyde, de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancia y Salud Mental.” (fuente)
Podemos cruzar el charco y mirar España:
“Mayoritariamente jóvenes de entre 25 y 45 años (el 82%) recurren a ciertos fármacos con finalidad recreativa o para cortar y sintetizar drogas. Son hasta 27 medicinas las que se utilizan como excitantes, alucinógenos o tranquilizantes. Combinados con alcohol u otros ingredientes, estas substancias pueden ser mortales.
El estudio analiza quién abusa, se divierte o se droga con medicinas legales: hombres (62%), de 25 a 35 años (42%) y nacidos en España (82%).
Un 22% presenta recetas supuestamente falsas para conseguir estas medicinas.
Estos fármacos consumidos con finalidades no prescritas se pueden conseguir por Internet.
Según el Colegio de Farmacéuticos, se pueden localizar unas 150 páginas que los distribuyen sin autorización.
Respecto a la automedicación, los expertos alertan de que el abuso de ansiolíticos o antidepresivos entre un millón y medio de españoles puede crear adicción” (fuente).
Todo esto pone de manifiesto que si sólo miramos el narcotráfico exculpamos a otros que hacen negocios con la drogadicción.
Y por último y en primer lugar, no podemos ignorar una de las partes más importantes: el que se droga. ¿Por qué lo hace? ¿Puede evitarse o atenuarse? ¿Existen actividades de prevención que salgan de la moralina o de la trivialidad de que la droga es dañina?. Y esto no sólo es responsabilidad “federal” sino también directa de los gobiernos provinciales e incluso de los municipales. En realidad es responsabilidad de la sociedad toda, de todos nosotros/as, y tal vez por eso mismo parece ser la responsabilidad de nadie.
Así como es una verdad de perogrullo que si no llegara la droga no se vendería, también es igualmente verdadera -y de perogrullo- la afirmación de que si no hubiera consumo no existiría narcotráfico.
Está claro que criminalizar y castigar al último eslabón de la droga, el consumidor, sólo ayuda para encarecer el producto (y por ende que ganen más los que lucran con él), o peor aún, a consumir estupefacientes de peor calidad y más dañinos para la salud.
La política que se impulsó en el mundo en las últimas décadas, con mayor fuerza desde la administración de Reagan, fue declararle la guerra al narcotráfico. Uno se preguntaba cómo es que los norteamericanos no aprendieron de la Ley Seca, con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, que estimuló su consumo y favoreció la proliferación de mafias y violencia. Pero tal vez sea eso lo que necesita esa clase dominante para tener a su propio pueblo aceptando que su país sea el gendarme del mundo y asesine con impunidad a habitantes de otros países. Y también lo que necesita para justificar su presencia militar en otros países. No por nada en EEUU hay libertad de tener armas de guerra “para uso personal” …
El asunto es si esas políticas frente a las drogas y al narcotráfico son las que nos convienen a nosotros.
Claro que uno podría decir, con toda liviandad, que demos la libertad a que cualquiera consuma lo que quiera y con eso terminaremos con el narcotráfico. Binner al respecto fue claro (diario La Nación): «El que quiera drogarse que se drogue» «Nosotros creemos que hay que sacar la droga del negocio que es lo que va a bajar el nivel de criminalidad y el nivel de delito» (fuente)
Esto también es otra forma de desresponsabilizarse de dos dramas de nuestra época: la drogadicción y el delito organizado.
Una cosa es despenalizar la posesión de drogas para el consumo personal y el propio consumo en un ámbito privado y otra es que sea esa la fórmula para bajar el nivel de criminalidad y del delito.
Al despenalizar la posesión y el consumo de ciertas drogas, estamos obligando a que la policía y la justicia deje de perseguir a jóvenes, marginados o no, y se aboquen y combatan al verdadero enemigo. También servirá para que la prensa amarillista deje de seguir castigando y desvalorizando a los sectores más pobres y vulnerables. Pero no mucho más. Lo que no es poco para quienes son los principales afectados por el flagelo. Pero no nos confundamos ni confundamos. Los problemas principales de la violencia, el delito organizado, la drogadicción y la inseguridad seguirán estando con la despenalización. Es suicida apostar a la despenalización (que habrá que hacer con las drogas «blandas») como medio de solucionar la violencia y la inseguridad.
Es interesante intentar responder una pregunta que se hacía un mexicano años atrás y que muestra la impotencia que se siente en una sociedad que tiene un nivel de violencia muchísimo más grande no sólo que de Argentina, sino que Rosario y Santa Fe serían pacíficas y tranquilas en la comparación con lo que se vive en varias ciudades de allí (Juares, con una población similar a Rosario, tuvo 1974 muertos en el 2011, lo que equivale a decir que si la cantidad de muertos de Juares fuera la de Rosario, en Rosario sólo hubiera muerto una persona por año). Asesinatos cada 100,000 habitantes en México: Juares 147, Acapulco 128, Torreón 87, y la lista sigue.
El mexicano pregunta:
¿Como combatir al narcotráfico en México?
Hay solución a esto? o es una bola de nieve que no parará nunca mas.
1. Si matan o encarcelan capos de carteles, simplemente ponen a otro y ya.
2. Si les incautan las drogas o armas, compran mas y matan al responsable, tienen recursos ilimitados.
3. Si les incautan millones de dolares, entonces se dedican a extorsionar, secuestrar, robar y otras actividades que les den mas dinero y a nosotros como ciudadanos nos va peor.
Tiene solución? como combatirlos, parece que no hay salida.
Gracias (fuente)
Violencia, Inseguridad y Narcotráfico
Y el último lugar común que expresa Binner, y que suele ser un lugar común a muchos, es asociar y hacer dependiente la violencia y la inseguridad con el narcotráfico. Obviamente que en países como México donde hay una guerra declarada contra los narcos e interviene el Ejército, además de las luchas entre grandes organizaciones de narcos, contra el ejército y entre ellas por el control de territorios y de mercados, es lícito vincular la escalada de violencia y crímenes a dicha guerra. ¿Pero la violencia que nos afecta todos los días, es sólo, o principalmente, producida por el narcotráfico o las drogas?
En realidad es una buena forma de evadir el verdadero problema de la violencia y sus causas, y evita trabajar al menos para atenuarla. Ni siquiera la pobreza es causante de esos niveles de violencia y crímenes. Para no extender este trabajo me remito al ensayo “Violencia e Inseguridad: el bisturí necesario” (ver aquí) donde se trata de presentar cuál es la matriz -social, cultural, política- que promueve y justifica los comportamientos violentos.
Pero volviendo al lugar común. Para buena parte de la gente la actual violencia se debe al narcotráfico y casi uno imagina a bandas de narcos disputando territorios, ajustándose cuentas. O gente que roba porque está drogada, etc. Así como muchos médicos al no saber lo que tiene el padeciente le dicen “es un virus”, los encargados de seguridad (y cierta prensa) cuando no saben las causas de un asesinato ni de sus asesinos dicen “es un ajuste de cuentas”, que también es una forma indirecta de justificar esos asesinatos.
¿Existe acaso algún estudio serio que analice los diversos casos de violencia y crímenes para sacar de ellos conclusiones apropiadas? ¿O se habla por hablar, nuevamente para simplificar el problema y evadir responsabilidades?
Un día cualquiera, pensando sobre este tema, en este caso el domingo 31 de marzo, miro la primer plana de un diario online de Santa Fe y leo en ella tres titulares: «Dos mujeres fueron quemadas por sus respectivas parejas», «Una adolescente fue asesinada en Av Freyre y Santiago del Estero», «Siete heridos entre la noche de ayer y esta madrugada» 
Luego intento hacer una lista de hechos frecuentes: los robos en la salida de los bancos, los arrebatos, los desvalijamientos de casas con o sin ocupantes, los robos de automóviles con o sin conductor adentro, los “motochorros”, los robos en escuelas, en negocios (cerrados o abiertos); los feminicidios, la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, las violaciones, robos a estaciones de servicio y taxis, robos reiterados a un mismo negocio y una larga lista más, donde en varios de esos casos se le suma la violencia mortal o heridas graves, o salvadas milagrosas. ¿Son todas o la mayoría producto del narcotráfico? ¿Son también delitos federales frente a los cuales la responsabilidad de la provincia es “ayudar”?
La misma convivencia de sectores de la policía con el delito ¿se reduce o circunscribe al narcotráfico o en realidad este caso es minoritario respecto a los demás (aunque probablemente sea el que da más plata)? ¿Es la droga y su comercio la principal causante de dicha violencia e inseguridad y de la corrupción dentro de la policía y la justicia?
En mi opinión, pero sólo es una mera opinión como ciudadano común, basada en algunos datos y unos cuantos años de vida donde la problemática no me fue indiferente, es que no, que las causas principales de la violencia hay que buscarlas por otro lado (de nuevo remito al ensayo al que quiera profundizar esto). Y mientras no se encaren, la situación seguirá de mal en peor, con o sin narcotráfico, con o sin legalización del consumo, con o sin la legalización de la producción y el comercio de algunas drogas (que es todo otro tema, dicho sea de paso, y nada fácil y que puede empeorar todo si se da una respuesta superficial o resignada o irresponsable)
No obstante ello, el propio consumo de la droga, cuando ya estamos en presencia de un adicto con un importante grado de alienación, genera nuevas situaciones familiares y ampliación de los delitos, incluso en la esfera familiar. Son demasiado los casos que el adicto roba cosas de su propia casa -de sus padres, hermanos o parientes- para financiar su consumo. Y sigue con los vecinos. Y el nivel de violencia aumenta en el seno familiar y barrial. Tampoco tenemos que olvidar que también talla en todo esto el consumo de alcohol que en realidad tiene mayor incidencia social y causa mayores trastornos de todo tipo y a la salud que las drogas (en número de personas); (e incluso potencia los efectos de muchas drogas)
Como muy bien ha expresado un columnista del diario La Capital, Hernán Lascano, hasta una pelea entre hermanos por una camisa puede desembocar en un drama con apariencia familiar cuando en realidad tiene una matriz social más amplia (“Violencia barrial y narcotráfico, debate urgente sobre qué hacer y con cuánto”)
El tema da para mucho. Incluso aquellos que creen que además de despenalizar la tenencia y el consumo, hay que despenalizar la producción y venta para bajar el nivel del delito, sin meternos aquí en ese debate, deben considerar que el que no tiene plata para comprar en un “kiosco” tampoco tendrá plata para pagar un médico y pagar en la farmacia. Salvo que también promuevan que todas las drogas sean gratis “para bajar el delito”. Y si es así, bueno, abandonemos la idea de vivir en un mundo mejor…
Pasemos a ver ahora qué se puede hacer, pues de nada sirven los diagnósticos si no están acompañados por acciones. Pero claro, si el diagnóstico es equivocado, las acciones no resuelven los problemas.
¿Qué no hacer?
Ya vimos que para Binner y cía la causa principal del el incremento de la violencia y el narcotráfico es que la Nación no hace las cosas como se debe, entre otros que retiró los gendarmes de las rutas, o, como dice Bonfati, “Si no se toman medidas en las fronteras, medidas de fondo, si se dejan de lado los lugares por donde ingresa la droga -por migraciones- que no es manejado por la provincia de Santa Fe, entonces se agrandan los problemas”. 
No citamos antes otro reclamo de Binner a la Nación, pero viene a cuenta ahora que estamos tratando de analizar el qué hacer y el qué no hacer. Binner también acusó al gobierno nacional de tener «un déficit de comunicación», ya que, dijo, «nunca informa de lo que se está investigando».
Hemos visto que para enfrentar el problema se requiera una colaboración importante entre Nación y las provincias, en esta caso con Santa Fe. Suena entonces lógico que Binner reclame que las fuerzas de investigación federales les informen de lo que se está investigando. Lógico, sí, pero ingenuo, y suicida para la investigación.
Sin caer en la banalidad de afirmar que las fuerzas policiales provinciales son malas y las federales buenas, o que la justicia provincial es mala y la federal buena, ya que ambas dejan mucho que desear respecto a estos temas (para decirlo suavemente), en este caso si quienes están investigando un caso de narcotráfico le informan a la policía de Santa Fe ¿alguien puede ignorar lo que va a pasar? ¿Acaso no lo sabe Binner?
Y para no caer en la falsa disputa de Nación (K) y gobierno de Santa Fe (anti K), recurramos a las opiniones de dos personas insospechadas de tener animosidad contra “el modelo del socialismo santafesino”, o contra el FPCyS y el FAP
Empecemos con la que fue vicegobernadora de Binner., Griselda Tessio, de la UCR
Antes de dicho cargo, ella fue por muchísimos años Fiscal Federal en Santa Fe (la puso Raúl Alfonsín en 1984 y estuvo en el cargo hasta el 2007, año que asume como vicegobernadora de Santa Fe). Obviamente que conoce a fondo el tema de la policía santafesina y en particular la dirección de ex Drogas Peligrosas
En una extensa entrevista, entre otras el periodista le pregunta:
— ¿Hubo casos puntuales de jueces federales que protegieran a policías corruptos?
— Puedo dar el caso del ex juez federal Víctor Brusa, a quien que después lo removieron. El protegió mucho a Drogas Peligrosas. Siempre los protegió. Nosotros los fiscales teníamos en la mira a algunos personajes muy controvertidos, por ser suave, de Drogas Peligrosas.
Protegía a algunos personajes que se quedaban con un poco de droga, que transaban. En ese momento yo luché mucho contra la postura de entonces que decía que había que buscar a los consumidores y no a los distribuidores. Ese era un eje de estrategia de lucha contra el narcotráfico.
En un momento dado, los ascensos en Drogas Peligrosas eran por la cantidad de causas que tenían al mes o al año. Entonces, detenían 28 chicos al mes con un cigarrillos de marihuana, pero a las avionetas no las encontrábamos nunca.
En Reconquista, todo el mundo lo sabe, hubo un juez federal, que también fue removido, porque devolvió las avionetas a los narcotraficantes paraguayos y los dejó ir. Ese juez estuvo puesto en su cargo, porque se lo regalaron a través de un senador de la Nación que ha muerto.
Esta policía y esta situación no nacieron ayer. Son largos años de impunidad. En Drogas Peligrosas estaba el “Pollo” Colombini, una persona acusada, procesada y condenada por delitos de lesa humanidad.
—¿Cómo se realizaba esa protección a integrantes de Drogas Peligrosas?
— Son esos casos de actas de procedimiento mal hechas, declaraciones testimoniales mal tomadas, actuaciones que no correspondían. Yo lo veía. Lo planteábamos. Se lo decíamos al juez. Y en algún momento yo propuse al juez allanar Drogas Peligrosas y alguien me dijo: ¿usted quiere aparecer flotando en el Paraná?
Yo no quería aparecer flotando en el Paraná.
Articulo “El ex juez Brusa protegía a Drogas Peligrosas”
Tomemos otro ejemplo, también de un funcionario de Binner, Enrique Font, quien fuera Secretario de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe hasta el 2011
El periodista le pregunta por qué han aumentado los crímenes relacionados con el narcotráfico en Santa fe y el señala
-“Primero, no hay que vincular directamente los crímenes al narcotráfico” (…) “Se le echa la culpa a una entelequia llamada narcotráfico y se le quita responsabilidad a la sociedad donde se han producido cambios”
Luego el periodista le pregunta qué lugar ocupa la policía en este proceso y él responde:
-“La corrupción policial cumple un papel fundamental. La policía tiene dos formas de apropiación ilegal de dinero: el primero, es el presupuesto propio que al estar distribuido en 19 unidades regionales (uno por departamento) se hace muy difícil de controlar. Por el otro lado, la caja del delito. La policía está totalmente vinculada a la regulación de las economías delictivas. Encima, es una fuerza que no está bien capacitada, es pésima investigando, es bruta y no sabe lo que hay que hacer. Por eso, el cambio del jefe de policías, solamente, no alcanza. También tenemos uno de los poderes judiciales más corruptos, más inútiles e ineficientes. Es el poder judicial que intervino Onganía en el ’68, luego lo tomó el Opus Dei y en el ‘83 se lo repartieron entre peronistas y radicales y en dos estudios jurídicos se nombraron los jueces. Hay fiscales de esa época, que aún hoy no han dejado de serlo porque no pueden someterse a un concurso porque pierden. Ese Poder Judicial tiene que ver con los homicidios porque no sabe los pasos elementales para la investigación criminal y cualquier pez un poco grande, pasa la red porque sus investigaciones son patéticas. Hay muy pocos jueces y fiscales que investigan bien en Santa Fe. La mayoría de los crímenes que se cometen, son realizados por personas que tendrían que estar presas.”
El periodista le pregunta:
-“Entre provincia y nación se responsabilizan mutuamente por el crecimiento del narcotráfico. Provincia dice que es jurisdicción federal ¿Cómo operan las jurisdicciones en concreto?”
-“Lo que ha ocurrido es que desde los años ‘90 en adelante, las fuerzas federales se fueron desentendiendo. Es de competencia federal pero en relación a los tribunales. Progresivamente se fueron haciendo cargo las fuerzas provinciales. Al punto que hay provincias que hicieron la catastrófica experiencia de provincializar la competencia. En la práctica, lo más común es que la territorialización sea de competencia provincial y las fuerzas federales controlen fronteras o ciudad de Buenos Aires. Santa Fe quiere que intervenga nación en materia de narcotráfico pero esto atraviesa corrupción y participación policial y donde se cruzan otros delitos que no son competencia federal. Si acá viene la PSA y Gendarmería a investigar el narcotráfico tendríamos un policía preso todas las semanas. No soporta políticamente una intervención federal. Ninguna provincia lo soportaría.” (ver)
En este contexto, descripto por gente del mismo sector político, ¿qué significa el reclamo de Binner de que las fuerzas federales le informen a la provincia las investigaciones que están realizando, en particular sobre gente de su propia fuerza, para entonces encabezada por Tognoli?. Probablemente más de uno al escuchar esas declaraciones se preguntó: «¿es o se hace?». Pero no sirve chicanear. Lo que creo que sí resulta evidente es que ese planteo de Binner no resuelve nada y empeora las cosas.
Como un comentario no tan al margen, no deja de llamar la atención la impotencia de ciertas políticas socialdemocráticas de Argentina. Porque convengamos que cuando Griselda Tessio era fiscal, era entendible su impotencia frente a la situación de corrupción e impunidad de la sección provincial policial de Drogas Peligrosas. Ella era Fiscal del Fuero Federal y no tenía ninguna incumbencia con la Policía Provincial.
Pero luego fue vice gobernadora. La segunda autoridad de la provincia, partícipe del Ejecutivo que entre otras es quien manda y dirige toda la Policía provincial.
Y como ella relata, sabía perfectamente lo que pasaba, no en ese momento sino también desde años. ¿Y qué hizo con sus saberes, con sus frustraciones, con su conocimiento de la corrupción policial? Ahora sí tenía poder de intervenir. Y sin embargo ponen al frente de la división a Tognoli. Y sin embargo la violencia y el crimen siguió aumentando. ¿Tal vez entonces también tenía miedo de aparecer flotando en el río? ¿O pensaba que no era de su incumbencia hacer algo? ¿O acaso siguió siendo impotente aún estando el segundo principal puesto del gobierno provincial? ¿O Binner no le dio bolilla?. Porque si hay algo de que no se puede dudar es que no es una corrupta ni está de acuerdo con la corrupción policial -ni ninguna corrupción-, y rechaza el crimen y la violencia. Y así seguramente pasa con otros funcionarios. Me inclino a pensar que no es un problema de impotencia personal, o de miedos, sino es la propia impotencia de las políticas socialdemocráticas de hacerse cargo de producir transformaciones sociales en beneficio de la mayoría y de confrontar a fondo con las corporaciones de distinto tipo. Raúl Alfonsín no era miedoso, era un luchador con convicciones. Y no tuvo miedo de enfrentarse con los poderosos (el discurso en la Sociedad, mientras era abucheado por los oligarcas, da fe de ello). Creo que son en realidad los límites de su ideología política -socialdemocrática- los que lo llevaron a decir “La casa está en orden”.
¿Qué hacer?
Sin pretender aquí analizar la problemática general de la violencia (me remito al Ensayo citado), y circunscribiéndonos al problema del narcotráfico, la pregunta es qué hacer frente al crecimiento del delito -entre ellos el narcotráfico- en Santa Fe.
De lo expuesto lo primero que queda en evidencia es dos de los elementos principales para enfrentar la problemática, la policía y la justicia, son parte del problema y no parte de la solución, pues tienen en su seno prácticas y gente en convivencia con el delito. Probablemente sectores minoritarios, pero suficientes para tornar no confiable -o no saber e
n quién confiar- dichas instituciones para producir un cambio radical.
Lo que sí, tengamos en cuenta que son dos esferas muy distintas, aunque se presenten entrelazadas, y dependencias distintas: La justicia (provincial y federal) que se presenta como un hueso más duro de roer, pues es un poder independiente del poder político, en cambio la policía está subordinada (o debería estar) a este, lo que supone una resolución más cercana.
¿Cómo actuar con respecto a la Policía?
Sin una conducción política que esté dispuesta a asumir todas las responsabilidades y todos los costos necesarios, la policía seguirá con agujeros negros de descontrol, mala imagen y mellada su capacidad operativa contra el delito. No sólo con cohechos, corrupción, etc sino con picos de violencia de agentes de la propia fuerza, tan innecesaria como rayanos con la provocación, como las registradas en los últimos tiempos. Y las purgas, reasignaciones, traslados o “reformas” son remiendos que a veces hasta obscurecen el panorama. Y lejos de ayudar a encolumnar y fortalecer a la fuerza, la transforman en más refractaria a los cambios necesarios. Incluso la idea de descentralizar la policía es no entender cómo se organiza y conduce una fuerza que está armada y que tiene objetivos concretos, complejos y distintivos: es una de las pocas y especiales instituciones que tiene el monopolio de la violencia basada en las armas. Si eliminan el cargo de Jefe Provincial de Policía pues no quieren arriesgarse a nuevas metidas de pata y escándalo…. es muy irresponsable jugar con fuego, estando la sociedad de rehén.
Resulta interesante tener en cuenta testimonios que aporta alguien que vivió de adentro de la administración socialista los vericuetos políticos/policías (aclaremos que los nichos de corrupción en la policía no nacen con el socialismo, y que antes la policía NO era una carmelita descalza, pero estamos hablando del incremento muy grande de la violencia y la criminalidad en los últimos años y da que los últimos seis los lleva adelante el socialismo).
El periodista sigue con las preguntas a Enrique Font (que dicho sea de paso es investigador y profesor de criminología y hace poco fue seleccionado en Ginebra, Suiza, para integrar el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU) tratando de averiguar cómo fue su paso por la gestión y por qué terminó renunciando.
“(..) en agosto del 2009 (Daniel) Cuenca me convoca (…) y me ofreció la Secretaría de Seguridad Comunitaria. A los seis meses, Cuenca renunció por un problema de salud. El gobierno, en vez de apostar a lo que se había hecho, nombra a un ministro sin antecedentes en gestión, sin experiencia en seguridad ni en política (Álvaro Gaviola). Con Gaviola no había garantías para que se realice una reforma policial, o que haya control de la policial. Les advertí a los ministros y al mismo gobernador que iban a tener problemas por los homicidios, que iba a haber crisis de gobernabilidad por corrupción y violencia policial. Era el proceso que se veía venir. A todos se los dije. Luego vino Corti pero no tenía equipo y le dio órdenes a la policía. Se erosionó solo en tres meses porque echo a 20 comisarios pero tampoco eso es conducción de la fuerza policial”.
La nota es muy interesante porque es bastante sincera. Cuando el periodista le pregunta
-¿Qué habría que hacer para encauzar a la policía?
Le responde:
– Se necesitan equipos capacitados que la conduzcan. A la policía no hay que darle órdenes, hay que conducirla, quitarle los obstáculos para ir dirigiéndola, generar las condiciones para que se profesionalice. Generalmente lo que se hace es un doble pacto: vos tenes el control de la caja, me das una parte, me garantizas estabilidad y yo no me meto. Cuando el pacto se rompió porque la policía no puedo contener todo el delito porque se horizontalizó, se fue de las manos, como ocurre en Santa Fe, la policía deja de garantizar la gobernabilidad. Por eso debe haber una reforma estructural de la policía. (fuente)
Más claro, echarle agua….
Frente a la actual situación y con la policía existen al menos tres caminos posibles:
a) Seguir pensando que con una “reforma policial” y con “capacitación” a los policías alcanza, demás de dotarlos de equipamientos, cámaras de seguridad, etc. Esta alternativa conduce a seguir impotentes frente a un crecimiento del crimen organizado y de la violencia en general. Y ni recupera la capacidad operativa necesaria de la fuerza, ni no impide que la policía se llene de bombas de tiempo.
b) Verticalizar a la fuerza policíaca, fortalecer a la superioridad frente a sus subordinados y que aquella se encargue de encuadrar a su tropa, dando a entender a comisarios que desde lo político habría cierta vista gorda para que pasen a ser los únicos en controlar la caja y de esa manera reducir la criminalidad a algo “normal” y controlable que no afecte la gobernabilidad ni plantee crisis de alto costo político. En la historia varias veces fue la más fácil para tener una atenuación rápida del descontrol y de la escalada de violencia, claro que hipotecando el futuro y no resolviendo nada, sólo una coyuntura crítica. Con una buena alfombra para tapar la basura, y algo de complicidad de los medios y en sectores políticos, se logra.
c) Conducir a la fuerza policial desde una política de poder -valga la redundancia- (no desde una política administrativa, o técnica o moralista o profesionalista o académica o militarista o gestionista). Desde una política de poder basada en un modelo de país y sociedad que no subordine el Estado a las corporaciones de ningún tipo y ataque verdaderamente a las fuentes de la violencia y las injusticias. Ni que ponga a la policía al servicio de los que necesitan reprimir la demanda social. 
Con una política así no se necesita poner a la policía en la picota o centrarse en hacer purgas cada tanto o en justificar lo injustificable. Hay que partir de lo que hay -no todo el cuerpo es igual- y poner a trabajar a la policía en base a un plan -político, de ataque al crimen organizado y pre-organizado; con inteligencia, no con fuerza bruta; con firmeza, no con vacilaciones o incoherencias. Un plan que también sea de prevención y disuasión del delito no organizado. Y en base a ese plan, llevándolo a cabo, ir enfrentando los obstáculos internos y externos, encuadrando y el que no se encuadre enterarlo -y enterarlos- de que esto va en serio. Porque para poder encuadrar a una fuerza que tiene dos particularidades, está armada y tiene una historia de una cierta “autonomía”, hay que tener con qué (en visión, conducción, argumentos, propuestas, recursos, firmeza, coherencia y fundamentalmente compromiso y convicciones, en particular, saber que se puede y se debe y obviamente, cómo se puede).
Tal vez sea innecesario aclararlo porque es el abc, pero en ese “tener con qué” incluye principalmente tener fuerza y fortaleza política. Y el tipo de fuerza política necesaria para encuadrar y conducir a una fuerza armada no se consigue de la misma manera que se construye una fuerza política para ganar un centro de estudiantes, una elección municipal, provincial o nacional. Y siempre hay que recordar que poder que se tiene y no se usa se pierde. Y que no existen espacios vacíos: si uno no lo ocupa lo ocupan otros. Y más aún con un aspecto de ese espacio: el territorio. Lamentablemente la mayoría de esos territorios está despolitizado en el sentido -no me gusta la palabra pero ayuda- del empoderamiento, despolitizado en el sentido del poder propio que pueda salir del mero reclamo y la queja o de la manipulación fácil.
Combatir el delito, y al mismo tiempo encuadrar las fuerzas que deben hacerlo, implica una “ingeniería” lugar por lugar. Desde lo estructurante socialmente, que genera caldos de cultivo, hasta la disputa del sentido, incluyendo el involucramiento de la máxima cantidad de fuerzas políticas y sociales que permitan llegar allí donde aún nunca se ha llegado y que realmente haya un cambio significativo de la situación.
Naturalmente esto que digo es poco y muy general y sin poner cosas esenciales, pero esto no es un tratado ni una guía. Ni ustedes que leen con una paciencia que agradezco, ni yo, tenemos algún tipo de poder como para siquiera recomendar, es simplemente un pensar en voz alta con ustedes para encontrar otros caminos a los trillados que conducen al fracaso.
Y en ese plan y para ese plan, que ahora estamos circunscribiendo al tema de del narcotráfico, de la droga y del incremento de la violencia que vivimos en nuestras ciudades y provincia, se necesitan ciertos datos confiables, que ni vendrán del trabajo de la propia fuerza o de la justicia, ni de becarios ni con negociados con algún equipo académico, (aunque también se recurra a varios de ellos)
Entre los datos y la información a recabar están por ejemplo qué droga se consume, el perfil del consumidor (garantizando al propio consumidor que pueda aportar datos que jamás los mismos serán usados en su contra o se lo criminalizará). Identificar zonas de posible producción, distribución y consumo. Conocer porcentajes en función del perfil social. También datos sobre el número y tipo de detenidos, procesados, condenados. Datos sobre las denuncias y sus seguimientos. Protocolos para atender las denuncias de manera tal que no se las subestime y sean tenidas en cuenta y la gente sea escuchada y apoyada.
Hay muchas preguntas que requieren respuestas verídicas, sin tener miedo que las respuestas puedan implicar algún costo político o que contradigan afirmaciones de funcionarios. Y el plan debe averiguarlas y al mismo tiempo armarse teniéndolas en cuenta: ¿se exportan drogas desde Santa Fe? ¿se producen drogas? ¿Existen operatorias de carteles internacionales? ¿Existen carteles nacionales? ¿Qué actividades se han detectado que puedan sospecharse relacionadas con lo anterior? ¿Cuál es el grado de penetración y daño que produce en Santa Fe el consumo de drogas?¿Y el alcohol? ¿Cuáles son las drogas que se han detectado como consumidas aquí? ¿qué proporción de unas y otras? ¿mapa social? ¿mapa del delito? ¿Clasificación y calificación de los delitos? ¿Cuál es el grado estimado de penetración del delito organizado en la policía, en la justicia, en la política, en lo económico?¿formas? ¿procedimientos?
Si bien la droga afecta la salud de los consumidores e incluso afecta la vida de sus familias, hay que tener en cuenta que también afecta las instituciones (es imposible que prolifere el narcotráfico sin complicidades y/o vistas gordas) y promueve diversas actividades legales e ilegales en personas que no consumen, pero sí lucran con la misma. Por lo que hay que detectar las estructuras del negocio y sus ramificaciones, qué sectores están o pueden estar involucrados en lo judicial, policial, financiero, empresarial y político.
En esa tarea de inteligencia, más que preocuparse por las rutas nacionales por donde se transporta la mercadería, importa identificar la ruta del dinero, formas de conseguir capital, formas de lavar capitales, cómo se ramifican las ganancias. Hay que impedir o trabar la circulación del dinero del delito. Y si no se puede, al menos detectarlo para a partir de allí escalar hacia arriba.
También conocer los detalles de bienes incautados, qué se hizo con los mismos, etc. La milagrosa transformación de la cocaína en azúcar tiene algo más grave aún que hacer caer una causa: ni fue la primera vez por ahora será la última. Justamente debemos garantizar que sea la última, y que no quede impune.
Posiblemente la breve lista de cosas a saber sean super conocidas, pero el sentido de ponerla en este escrito es afirmar que la mayoría de esos datos deben estar disponibles para la población. No los que tengan que ver con el combate a los delincuentes o tareas tácticas, pero sí lo general, pues todos debemos saber dónde estamos parados y es la mejor forma de lograr que más se involucren en los cambios necesarios que exceden largamente de los que se mencionan en este escrito.
Muchísimas son las cosas que podrían plantearse y hacerse en ese plan. Y que ese plan no quede entre cuatro paredes. Se conozca, se discuta, se mejore. Alguno podría decir, pero si se conoce lo sabrán los criminales y podrán precaverse.
Por empezar el ocultamiento de ese tipo de cosas sólo impide el acceso de esto a la población damnificada e interesada en que esto se resuelva y a grupos activos que están dispuestos a ayudar. E impide que la población controle que se ejecute el plan.
Hay que partir de la base de que los destinatarios del plan (los criminales, especialmente los más grandes) tendrán acceso al mismo, por lo que el plan será bueno sólo si aún conociéndolo los delincuentes, no pierde efectividad. Y el propio plan de acción será parte del elemento disuasor.
El cambio necesario para bajar los niveles de violencia y criminalidad requiere de un ataque en todos los frentes. Y también requiere establecerlo como una política de Estado, por lo que hay que involucrar a todas las fuerzas políticas y sociales que realmente están interesadas en terminar el flagelo. No dudo que muchísimos organizaciones se involucrarían si la propuesta es sincera, coherente, creíble y con perspectivas de continuidad y de éxito. Y que aporten sus ideas, sugerencias, información, datos y críticas. Sin que ello implique modificar las esperas de decisión y responsabilidad de cada uno.
En realidad el tema es amplísimo y este escrito está demasiado largo. Sólo le agrego algo formal y de poca importancia, pero que me resulta molesto.
El significado del nombre de “Dirección General de Prevención y Control de Adicciones”
Primero de todo, si realmente se cambia la actual política de impotencia, volvería a cambiar el nombre de esa Dirección. Si nos fijamos, antes era “Drogas Peligrosas”, que tampoco se compromete con lo que debe hacer. Ahora “Dirección General de Prevención y Control de Adicciones” ¿Son acaso los policías son psicólogos, filósofos, sociólogos, médicos, asistentes sociales, psiquíatras, economistas, políticos?. ¿La policía debe controlar las adicciones o los delincuentes que lucran con ellas? ¿Acaso no deberían prevenir y «controlar» (combatir) el delito?
No por nada tenemos los resultados actuales, no por nada se abandonó la sigla de “Drogas Peligrosas” y se centró en “adicciones”
Si queremos hacer que la policía haga lo que debe hacer, entre otras cosas, el nombre debe expresar lo que queremos de esa dirección. ¿O no?
Si repasamos lo dicho por la ex fiscal Tessio, su reclamo era “yo luché mucho contra la postura de entonces que decía que había que buscar a los consumidores y no a los distribuidores. Ese era un eje de estrategia de lucha contra el narcotráfico.”. Reléase de nuevo el nombre de la repartición y saque sus propias conclusiones. Es obvio que el accionar de esa dirección nunca da frutos a fondo contra el crimen organizado y no organizado, el narcotráfico en particular, porque no está en los objetivos, que son más propios de una ONG o de un Observatorio social. O peor aún, para ser una fachada que esconde su real actividad.
Respecto a lo que se puede hacer con la corrupción o inoperancia en la Justicia (provincial y federal), o como hacer que se encolumne sin «flaquezas» con el combate al principal delito y delincuentes, merece otro capítulo.
Finalizando:
Sé que el título de este trabajo, la parte “los cambios necesarios” es muy ambicioso. Sólo se esbozan algunos. Además “necesario” no implica “suficiente”
Son muchas cosas las que se pueden y deben hacer, menos, claro, descomprometerse, lavarse las manos o justificar la propia inoperancia e impotencia.
Fernando J. Pisani
Rosario, 6 de abril de 2013
Artículos que contienen citas usadas:
Los datos sobre Rosario y Córdoba pueden consultarte por ejemplo en el articulo del diario La Capital del 27/12/2012 “Números que hablan por sí solos”
http://www.lacapital.com.ar/columnistas/agerber/noticia_0112.html
Griselda Tessio, ex fiscal Federal en Santa Fe. Narcotráfico y policías: “El ex juez Brusa protegía a Drogas Peligrosas”
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/11/03/politica/POLI-03.html
El artículo de APROPOL «Binner y Bonfatti sabian lo de Tognioli hace un año y no hicieron nada» y documentos testimoniales se encuentra en http://www.apropol.org.ar/index.php?option=com_content&;task=view&id=9411&Itemid=124
Las declaraciones de Hugo Tognoli cuando era Director de la ex Drogas Peligrosas «En Santa Fe no hay carteles de droga ni se vende paco» se encuentran en
http://www.diariocruzdelsur.com.ar/noticia/noticia/id/555
Las opinioes de MAXIMILIANO PULLARO, DIPUTADO PROVINCIAL FPCYS-UCR «Si la política se une el narcotráfico retrocede«, en
http://www.diariolaopinion.com.ar/Sitio/VerNoticia.aspx?s=0&;i=82271
Del mismo diputado: “Un diputado santafesino denunció amenazas de un presunto narco vinculado al caso Tognoli” http://www.telam.com.ar/notas/201303/9283-un-diputado-santafesino-denuncio-amenazas-de-un-presunto-narco-vinculado-al-caso-tognoli.html
Binner: “El que quiera drogarse, que se drogue”
http://www.lanacion.com.ar/1529177-binner-el-que-quiera-drogarse-que-se-drogue
También en:
Binner dijo que todos saben que «la marihuana entra por la ruta 11 y la cocaína por la 34»
Yo vivi en Venado Tuerto a fines de los 80. Puedo decir que en aquella época la policia bonaerense era impoluta a la par de la santafesina. Una cosa es que te pidan coima porque cometiste una infracción y tenes el culo sucio. Otra es que te paren y te pidan plata porque si. Había ejemplos de abusos de poder que parecían de país africano en guerra civil. El triangulo de las bermudas(zona del sur de Santa Fe donde se reciclaban autos y maquinaria robada), era regenteado por policías y políticos.
Yo de esa época y en realidad de antes, digamos fines de los sesenta y setenta, la que era de mucho temer era la de San Pedro (bsas), que a veces detenía en la ruta 9 a quienes circulaban y podía pasar cualquier cosa.