Regresaron los tiempos en que las precondiciones para ser presidenciable incluyen una gira por Estados Unidos. La política argentina lentamente está volviendo a buscar su validez y legitimidad en reuniones con organismos extranjeros y funcionarios de la administración norteamericana. Puede ser sólo un amague, una señal inconclusa de giro o, directamente, una nueva temporada en el infierno.
Una simpática manera de identificar este proceso es chequear con cuánta más frecuencia “WASHINGTON” encabeza la apertura de las principales crónicas de política local del diario La Nación.
Frente a este escenario, deberíamos interrogarnos con mayor rigurosidad cuáles son los actuales intereses y planes norteamericanos para la región y de qué manera pueden determinar el curso de las políticas públicas, variando en su capacidad de influencia posible.
El último gran programa que los organismos de crédito, Estados Unidos y algunas naciones del G-7 intentaron impulsar en la Argentina fue en 2001/2002. Efectivamente existieron luego influencias, propuestas, intromisiones (llámelo como usted quiera); pero aquí nos referimos a un plan de gobierno específico, con capacidad efectiva de ser ejecutado y con financiamiento concreto para costear ese armado (por fuera y por dentro). No estamos hablando de operaciones o de acercamientos bilaterales, sino de programas de gobierno.
Naturalmente, las condiciones políticas de 2001 eran diametralmente opuestas a las actuales, por lo que la posibilidad de que prenda un plan armado por el FMI seguramente haya sido sustancialmente más alta en aquel entonces. Sin embargo, esta presunción no nos quitará el gusto de recordar de qué se trató…
El 1 de enero de 2002, Paul Krugman escribió un durísimo artículo en New York Times en el que sentenciaba: “Most people here may think that this is just another run-of-the-mill Latin American crisis, but in the eyes of much of the world, Argentina’s economic policies had »made in WASHINGTON» stamped all over them. The catastrophic failure of those policies is first and foremost a disaster for Argentines, but it is also a disaster for U.S. foreign policy.”
Parecía entonces que el FMI y Estados Unidos habían soltado a la Argentina y la habían largado a la deriva, tras el fracaso de los programas neoliberales promovidos. Acentuaba esa sensación la decisión arbitraria de anular el último desembolso que el Fondo tenía programado para el país; unos 1.260 millones de dólares, que debían girarse en noviembre. El anterior desembolso de 2001 fue en agosto, bajo la estricta condición de que se redujeran los salarios de los empleados públicos y se trabajara para lograr el “déficit cero”. Y ahora, casi a fin de año, cuando la necesidad de ese crédito había adquirido ya un obvio carácter vital, pues no, no hay más dinero para la Argentina. Resultaba ya demasiado claro que el organismo en dupla con la administración de G.W. Bush habían considerado que era tiempo de dejar caer al país, por lo que trabaron el giro de dinero (que, para ser rigurosos, se trataba más bien de un asiento contable) y aceleraron el desenlace.
¿Pero fue aquella una retirada de la escena política nacional?
Nada más lejos.
Casualidad o no, el 20 de diciembre de 2001, cuando en la Argentina estallaba una feroz represión en las calles y la situación se tornaba ya incontenible, el influyente Cato Institute, unos de los principales think tank neoliberales de WASHINGTON, publicó un extenso informe titulado “How to dollarize in Argentina now”. Allí, sus economistas estrellas recomendaban con carácter de urgente reemplazar el peso por el dólar al tipo de cambio 1 a 1 y eliminar el Banco Central y transferir sus activos a otros órganos. Sí, eliminar el Banco Central. Además, consideraban que se debía permitir a los bancos privados emitir billetes (como “traveler’s checks” [sic]), en tanto que el Gobierno debía quitar todo tipo de control de cambio.
“Yo no sé qué pasa. Hago todo lo que me dicen los economistas y todo me sale mal”, recuerda Jorge Remes Lenicov que Fernando De la Rúa le comentó en privado, tras una reunión que los representantes del Banco Mundial habían mantenido con él en Olivos.
Para ese entonces, los principales ahorristas, bancos y las grandes empresas habían sacado del país hasta el último centavo. En el Informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados (2003) se advierte que en 2001, 8 de cada 10 dólares fugados corresponden a las empresas. Que 5 de cada 10 dólares fugados por empresas estaban concentrados en apenas 20 compañías. Que 9 de cada 10 dólares fugados lo hicieron a través de la banca privada. Que 7 de cada 10 dólares fugados lo hicieron a los Estados Unidos.
En el BCRA, las reservas ese año cayeron un 63%, arrojando un saldo disponible de 9.319 millones de dólares. Se habían fugado unos 16.000 millones en apenas meses. Con las arcas vacías y con una pobreza que desbordaba el 35%, desde un amplio sector interno del FMI, en conjunto con la banca internacional que operaba en la Argentina, lanzaron una poderosa operación para abrir el camino a la dolarización.
Hay, incluso, un decreto del 1 de diciembre de 2001 que puede leerse como un primer paso en esa dirección. Impulsado claramente por Cavallo, el Gobierno sacó el Decreto 1570 (que tiene además grandes firmas, como la de Hernán Lombardi) que en su artículo 1 sostenía: “a) No podrán realizar operaciones activas denominadas en Pesos, ni intervenir en el mercado de futuros u opciones de monedas extranjeras, ni arbitrar directa o indirectamente con activos a plazo en Pesos. Las operaciones vigentes podrán convertirse a Dólares Estadounidenses a la relación prevista en la Ley de Convertibilidad. b) No podrán ofrecer tasas de interés superiores por los depósitos denominados en Pesos, respecto a las que ofrezcan por los depósitos denominados en Dólares Estadounidenses. Las operaciones vigentes podrán convertirse a moneda extranjera”.
En su autorreferencial libro sobre su breve gestión al frente del Ministerio de Economía entre enero y abril de 2002, titulado “Bases para una economía productiva”, Remes Lenicov cuenta que la segunda semana de febrero viajó junto a su equipo a WASHINGTON para reunirse con Horst Kölher y Anne Krueger y así reanudar las negociaciones con el Fondo. En aquella reunión, el organismo les reclamó a los funcionarios argentinos que se aplique un pliego de recomendaciones que llamaron “acciones previas” entre las que incluían el arancelamiento universitario, la reducción del empleo público provincial (“llegaron a hablar del despido de 500.000 empleados”), la prohibición del uso de cuasi monedas para el pago de salarios, la eliminación de los planes de convertibilidad y los créditos impositivos, el descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, entre otras grandes ideas.
No es menor recordar que cuando la crisis estalló, el sector público tenía una deuda en dólares equivalente al 113% del PIB (unos 174.243 millones) y el 20% de lo que se recaudaba en impuesto iba directo al pago de intereses (casi la mitad del valor de las exportaciones).
Pero los pliegos no terminaban ahí: Pocas semanas más tarde, a comienzos de marzo, el FMI nombró a Anoop Singh a cargo de las negociaciones con Argentina. En el primer viaje al país, el organismo llegó con nuevas exigencias, entre las que figuraba limitar la capacidad de política cambiaria mediante la no intervención en el mercado de cambios, derogar la modificación a la Ley de Quiebras que se había sancionado un mes atrás y bajar el déficit en un 60%.
Las negociaciones, obviamente, permanecieron trabadas alrededor de estos puntos que –es innegable- hubieran sido inaplicables por cualquier gobierno de cualquier color en aquel contexto. Sin embargo, recuerda Remes Lenicov, “entre el 8 y el 15 de abril se produjo la segunda visita de Singh a nuestro país”, en la que el Fondo “volvió a ampliar la agenda y propuso las fechas precisas de su cumplimiento, insistiendo sobre reformas, pretendiendo discutir leyes concretas y volviendo sobre el tema de las provincias. Cuando le informamos que el Parlamento ya había aprobado el Pacto Nación-Provincias, no tuvo mejor idea que exigir la ratificación legislativa por todas las provincias incluso con la pretensión de poner fechas”.
Cuando la misión del FMI se retiró de la Argentina dejó un cronograma con las acciones que debían cumplirse en los siguientes dos meses que contenía una serie de puntos, como por ejemplo:
- Aprobación de las enmiendas propuestas a la Ley de Concursos y Quiebras y derogación de la Ley de Subversión Económica
- Reforma del sector bancario: Poner el Banco Provincia bajo la órbita del BCRA; mantener la independencia del BCRA; auditar los bancos oficiales; limitar los fondos por liquidez; autorizar al BCRA para vetar acciones del Banco Nación y Provincia
- Acuerdo con las empresas de servicios públicos privatizados para un ajuste provisional de tarifas
Capítulo aparte, se podría hacer una interesante lista de los economistas locales que intentaron generar el consenso para que estos planes sean realidad o de los medios que operaron como voceros internacionales.
Pero lo cierto es que el objetivo de este artículo es repasar el último gran plan que el mundo integrado tuvo para nosotros y dejar abierto el interrogante sobre qué planes podrán recoger ahora nuestros futuros candidatos en sus rondas de diálogo con WASHINGTON.
