«La noche del 28 de junio de 2009, en Tegucigalpa, un grupo de militares encapuchados asaltó el domicilio del entonces presidente de la República de Honduras, Manuel Zelaya, procediendo a su secuestro y posterior expatriación a Costa Rica. Era el comienzo de un golpe de Estado caracterizado por la persecución de personas y líderes de sectores sociales que se opusieron al golpe. A partir de ese momento se desencadenó una fuerte represión contra la población, continuación de la que ya se produjo en los años ochenta bajo la cobertura ideológica de la doctrina Reagan de la seguridad nacional y que dejó conmocionada por su violencia a la región centroamericana.
Una de las características de este golpe es que había un escenario internacional diferente y por tanto los autores necesitaban unas máscaras jurídicas que les dieran apariencia de legitimidad. Era necesario legitimar la acción militar a través de los otros poderes del Estado y aquí jugó un papel fundamental el poder judicial de Honduras, que ya venía de una historia reciente de corresponsabilidad en la creación de la estructura de impunidad que había impedido el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de los ochenta, entre ellos más de cien desapariciones forzadas, documentadas por quien fuera posteriormente Defensor del Pueblo, Leo Valladares Lanza, en su libro «Los hechos hablan por sí mismos».
En este contexto de legitimación del golpe, la jerarquía judicial en general y la Corte Suprema en particular promovieron acciones de adhesión de los jueces a los golpistas, incluso negaron la existencia del golpe con el argumento de que se había producido una simple “sucesión constitucional”.
La Corte Suprema de Honduras culminaba su despropósito el día 5 de mayo de 2010 separando del cargo y despidiendo a la magistrada Tirza Flores Lanza, y a los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, y Enrique Barrios Maldonado, cuatro jueces independientes, incómodos al poder, que fueron sancionados por expresar legítimamente sus opiniones y defender la legalidad y el sistema democrático frente al poder ilegítimo. Todos ellos eran miembros de la Asociación Jueces por la Democracia de Honduras, organización caracterizada por la defensa de los valores democráticos».
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