10 de Enero de 2015
Escenario
Una mirada sobre el debate abierto en torno a la economía de cara a las presidenciales:
¿Estado o mercado?
El 2015 arranca con un horizonte bastante más calmo que el que observábamos un año atrás. Está fuera de discusión la estabilidad alcanzada en el frente cambiario, la desaceleración inflacionaria y la capacidad de respuesta de la política para echar por tierra el sinnúmero de pronósticos agoreros que la pléyade de economistas y analistas opositores intentó inocular.
La pericia demostrada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la gestión económica del ministro Kicillof y la del Banco Central, con Alejandro Vanoli, es insoslayable. La administración inteligente y eficaz de una coyuntura compleja, sin abandonar las banderas de la ampliación de derechos, el trabajo y la justicia social, resulta disruptiva en relación con la historia económica argentina, donde las más de las veces que la restricción externa llamó a la puerta se ofreció como respuesta la misma receta que todo el arco opositor reclamó el año pasado y sigue reclamando: el ajuste descarnado sobre el salario de los trabajadores, el deterioro regresivo en la distribución del ingreso y la entrega de la iniciativa político-económica del Estado a manos del «mercado», o sea de las corporaciones con poder de fuego para desestabilizar política y económicamente a la Nación.
No obstante, hay algunos elementos que no deberían estar ausentes en el análisis. Más, si se tiene en cuenta que nos encontramos frente a un año electoral. El consenso en torno a que la restricción externa al crecimiento aparece como el principal desafío de la economía argentina es amplio en el campo económico, entre quienes trabajamos por un proyecto de desarrollo e independencia económica nacional. También, la certeza de que su resolución es de orden estructural. Por eso, también, estamos obligamos a dar, frente a la sociedad, un debate que es crucial aunque está fuera de la agenda de los grandes medios hecha a la medida de los intereses liberal-conservadores del poder económico y sus voceros políticos y económicos, cuyo proyecto de retroceso y dependencia es inconfesable frente al pueblo argentino, en este marco democrático que los obliga a competir en las urnas.
El debate al respecto del desarrollo económico y social de la Nación excede largamente la defensa de las conquistas construidas a lo largo de los últimos doce años de reposición del Proyecto Nacional en la Argentina, y posa la mirada en el futuro que debemos seguir edificando sobre la base de aquel piso que debe ser, para los 40 millones de argentinos, un derecho adquirido e innegociable. Por supuesto, como sostuvo contundentemente la presidenta, este debate no puede saldarse con fotos, gestos y colores de campaña. Por el contrario, exige un compromiso profundo, con definiciones inequívocas de orden político, económico y programático. Esas definiciones serán, además, las que deberán nutrir la decisión de nuestro pueblo a la hora de sellar el destino común para los próximos años, en octubre.
En ese sentido, no hay margen para ambigüedades a la hora de ratificar la necesidad de sostener, en materia de política económica, un impulso de demanda permanente a partir del cual se sustenta el crecimiento del producto y el empleo. Tampoco, en el reconocimiento de la necesidad de profundizar las medidas para la superación de la restricción de divisas y, en ese contexto, sustanciar políticas de planificación estratégica del desarrollo. Esto contiene la reafirmación de que el crecimiento, impulsado por la demanda, implica, en sí mismo, un mayor grado de desarrollo económico, en tanto incentiva el crecimiento salarial y la redistribución del ingreso, y que, al mismo tiempo, es preciso apuntalar políticas sectoriales, que propendan a la consolidación de la soberanía industrial, atendiendo a las desafíos que plantea la restricción externa, lo que exige la identificación y fomento de los sectores que pueden potenciar el crecimiento –condición necesaria del desarrollo– haciéndolo sustentable en el largo plazo, en divisas.
Este debate, donde la intervención del Estado como regulador del crecimiento y la distribución del ingreso resulta un elemento vital, debería constituir la médula del debate económico de este 2015, en que los argentinos nos enfrentamos a una bisagra de la historia que nos pone frente a la oportunidad de decidir por la consolidación del desarrollo económico y social de la Nación. No se trata de la mirada de cortísimo plazo que propone la espectacularidad de los medios, pero sí de la hoja de ruta del porvenir.
En esa hoja de ruta no puede estar ausente la necesidad de un plan permanente para el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones –que no es ni más ni menos que un instrumento para poder mantener de forma continua el crecimiento del aparato productivo– y la expansión de las exportaciones –asociada a la diversificación productiva exportable y el desarrollo de la competitividad-precio– adecuada a la situación internacional. Vale la pena un paréntesis, en este punto, en tanto existe una extendida y falaz conexión entre devaluación y crecimiento que es avalada, además de por los economistas liberales, por una corriente «neodesarrollista»; sin embargo la competitividad-precio es pasajera, en tanto que a una devaluación siguen los impactos inflacionarios toda vez que los precios de los importados suben en pesos, como también los precios de los exportables, sin modificar sus cantidades. Por lo demás, las devaluaciones son normalmente contractivas en toda la región (Amico, 2011). Volviendo sobre la cuestión del plan permanente para el desarrollo industrial, aquel debate debería ir de la mano de la oportunidad de crear instituciones específicas que dispongan un financiamiento generoso, dirigiendo el crédito industrial en moneda doméstica, en articulación con organismos y empresas del Estado que ejerzan su poder de compra, en pos de una planificación estratégica, y las coordinen con la inversión pública –clave allí donde los privados no participan (por los altos costos hundidos iniciales, altos riesgos de fracaso e incertidumbre de la demanda futura), y determinante para el desarrollo de productos de alta tecnología y la generación de eslabonamientos productivos que afectan la productividad de toda la economía–, permitiendo que sus efectos sobre la macroeconomía a corto y largo plazo repercutan sobre los proveedores y el conjunto del sistema. Tampoco debería dejarse de lado la importancia de la creación y consolidación de empresas públicas u organismos específicos como motor de desarrollo, tales como INVAP, ARSAT o CNEA, o la reformulación de la Ley de Inversiones Extranjeras.
Aquella hoja de ruta debe incluir la cuestión energética, otro componente de la restricción externa, a partir de la necesidad de importación de energía derivada del elevado crecimiento argentino a lo largo del ciclo de los últimos 12 años. A título ilustrativo, pueden observarse datos de la Cepal que muestran que, para nuestro país entre 2000 y 2009, el crecimiento industrial importa un aumento del consumo energético de más de 5 puntos porcentuales, cuando en la región sudamericana el aumento fue de 1,6 puntos porcentuales en igual período. De acuerdo con estudios especializados, el potencial energético de la Argentina debe concentrarse en la explotación de sus recursos hidrocarburíferos, la generación hidroeléctrica y la fusión nuclear, dictando la pauta de la necesidad de seguir profundizando las políticas de expansión de la oferta y diversificación de la matriz energética nacional.
El aprovechamiento de algunas ventajas naturales de nuestro país en sectores económicos estratégicos, como el agroalimentario o el minero, también señala la necesidad de trabajar, en esquemas de mayor participación estatal, para la conducción estratégica del desarrollo de esos sectores, y la industrialización de su producción, con mayor agregación de valor.
Por supuesto, esta nota de opinión no tiene la pretensión de saldar un debate tan vasto como trascendente. Es apenas un modesto disparador para llamar la atención sobre un debate que, más allá de los flashes y las cámaras, debería cargar de sentido la agenda pre-electoral. En especial, la de aquellos que buscan ser honrados con una candidatura para ocupar cargos públicos de primer orden. Y debería invitarnos, como sociedad, a reflexionar sobre los compromisos que debemos demandar de quienes aspiran a representarnos. Porque, si estamos decididos a consolidar un destino de desarrollo económico y justicia social, esos candidatos deberán expresar cabalmente, con convicción, con ideas firmes y programas de política consistentes, al proyecto político que lleva esos objetivos en su génesis y viene hace 12 años edificando las bases sobre las que hoy podemos proyectar el futuro. – <dl
Escenario
Una mirada sobre el debate abierto en torno a la economía de cara a las presidenciales:
¿Estado o mercado?
El 2015 arranca con un horizonte bastante más calmo que el que observábamos un año atrás. Está fuera de discusión la estabilidad alcanzada en el frente cambiario, la desaceleración inflacionaria y la capacidad de respuesta de la política para echar por tierra el sinnúmero de pronósticos agoreros que la pléyade de economistas y analistas opositores intentó inocular.
La pericia demostrada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la gestión económica del ministro Kicillof y la del Banco Central, con Alejandro Vanoli, es insoslayable. La administración inteligente y eficaz de una coyuntura compleja, sin abandonar las banderas de la ampliación de derechos, el trabajo y la justicia social, resulta disruptiva en relación con la historia económica argentina, donde las más de las veces que la restricción externa llamó a la puerta se ofreció como respuesta la misma receta que todo el arco opositor reclamó el año pasado y sigue reclamando: el ajuste descarnado sobre el salario de los trabajadores, el deterioro regresivo en la distribución del ingreso y la entrega de la iniciativa político-económica del Estado a manos del «mercado», o sea de las corporaciones con poder de fuego para desestabilizar política y económicamente a la Nación.
No obstante, hay algunos elementos que no deberían estar ausentes en el análisis. Más, si se tiene en cuenta que nos encontramos frente a un año electoral. El consenso en torno a que la restricción externa al crecimiento aparece como el principal desafío de la economía argentina es amplio en el campo económico, entre quienes trabajamos por un proyecto de desarrollo e independencia económica nacional. También, la certeza de que su resolución es de orden estructural. Por eso, también, estamos obligamos a dar, frente a la sociedad, un debate que es crucial aunque está fuera de la agenda de los grandes medios hecha a la medida de los intereses liberal-conservadores del poder económico y sus voceros políticos y económicos, cuyo proyecto de retroceso y dependencia es inconfesable frente al pueblo argentino, en este marco democrático que los obliga a competir en las urnas.
El debate al respecto del desarrollo económico y social de la Nación excede largamente la defensa de las conquistas construidas a lo largo de los últimos doce años de reposición del Proyecto Nacional en la Argentina, y posa la mirada en el futuro que debemos seguir edificando sobre la base de aquel piso que debe ser, para los 40 millones de argentinos, un derecho adquirido e innegociable. Por supuesto, como sostuvo contundentemente la presidenta, este debate no puede saldarse con fotos, gestos y colores de campaña. Por el contrario, exige un compromiso profundo, con definiciones inequívocas de orden político, económico y programático. Esas definiciones serán, además, las que deberán nutrir la decisión de nuestro pueblo a la hora de sellar el destino común para los próximos años, en octubre.
En ese sentido, no hay margen para ambigüedades a la hora de ratificar la necesidad de sostener, en materia de política económica, un impulso de demanda permanente a partir del cual se sustenta el crecimiento del producto y el empleo. Tampoco, en el reconocimiento de la necesidad de profundizar las medidas para la superación de la restricción de divisas y, en ese contexto, sustanciar políticas de planificación estratégica del desarrollo. Esto contiene la reafirmación de que el crecimiento, impulsado por la demanda, implica, en sí mismo, un mayor grado de desarrollo económico, en tanto incentiva el crecimiento salarial y la redistribución del ingreso, y que, al mismo tiempo, es preciso apuntalar políticas sectoriales, que propendan a la consolidación de la soberanía industrial, atendiendo a las desafíos que plantea la restricción externa, lo que exige la identificación y fomento de los sectores que pueden potenciar el crecimiento –condición necesaria del desarrollo– haciéndolo sustentable en el largo plazo, en divisas.
Este debate, donde la intervención del Estado como regulador del crecimiento y la distribución del ingreso resulta un elemento vital, debería constituir la médula del debate económico de este 2015, en que los argentinos nos enfrentamos a una bisagra de la historia que nos pone frente a la oportunidad de decidir por la consolidación del desarrollo económico y social de la Nación. No se trata de la mirada de cortísimo plazo que propone la espectacularidad de los medios, pero sí de la hoja de ruta del porvenir.
En esa hoja de ruta no puede estar ausente la necesidad de un plan permanente para el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones –que no es ni más ni menos que un instrumento para poder mantener de forma continua el crecimiento del aparato productivo– y la expansión de las exportaciones –asociada a la diversificación productiva exportable y el desarrollo de la competitividad-precio– adecuada a la situación internacional. Vale la pena un paréntesis, en este punto, en tanto existe una extendida y falaz conexión entre devaluación y crecimiento que es avalada, además de por los economistas liberales, por una corriente «neodesarrollista»; sin embargo la competitividad-precio es pasajera, en tanto que a una devaluación siguen los impactos inflacionarios toda vez que los precios de los importados suben en pesos, como también los precios de los exportables, sin modificar sus cantidades. Por lo demás, las devaluaciones son normalmente contractivas en toda la región (Amico, 2011). Volviendo sobre la cuestión del plan permanente para el desarrollo industrial, aquel debate debería ir de la mano de la oportunidad de crear instituciones específicas que dispongan un financiamiento generoso, dirigiendo el crédito industrial en moneda doméstica, en articulación con organismos y empresas del Estado que ejerzan su poder de compra, en pos de una planificación estratégica, y las coordinen con la inversión pública –clave allí donde los privados no participan (por los altos costos hundidos iniciales, altos riesgos de fracaso e incertidumbre de la demanda futura), y determinante para el desarrollo de productos de alta tecnología y la generación de eslabonamientos productivos que afectan la productividad de toda la economía–, permitiendo que sus efectos sobre la macroeconomía a corto y largo plazo repercutan sobre los proveedores y el conjunto del sistema. Tampoco debería dejarse de lado la importancia de la creación y consolidación de empresas públicas u organismos específicos como motor de desarrollo, tales como INVAP, ARSAT o CNEA, o la reformulación de la Ley de Inversiones Extranjeras.
Aquella hoja de ruta debe incluir la cuestión energética, otro componente de la restricción externa, a partir de la necesidad de importación de energía derivada del elevado crecimiento argentino a lo largo del ciclo de los últimos 12 años. A título ilustrativo, pueden observarse datos de la Cepal que muestran que, para nuestro país entre 2000 y 2009, el crecimiento industrial importa un aumento del consumo energético de más de 5 puntos porcentuales, cuando en la región sudamericana el aumento fue de 1,6 puntos porcentuales en igual período. De acuerdo con estudios especializados, el potencial energético de la Argentina debe concentrarse en la explotación de sus recursos hidrocarburíferos, la generación hidroeléctrica y la fusión nuclear, dictando la pauta de la necesidad de seguir profundizando las políticas de expansión de la oferta y diversificación de la matriz energética nacional.
El aprovechamiento de algunas ventajas naturales de nuestro país en sectores económicos estratégicos, como el agroalimentario o el minero, también señala la necesidad de trabajar, en esquemas de mayor participación estatal, para la conducción estratégica del desarrollo de esos sectores, y la industrialización de su producción, con mayor agregación de valor.
Por supuesto, esta nota de opinión no tiene la pretensión de saldar un debate tan vasto como trascendente. Es apenas un modesto disparador para llamar la atención sobre un debate que, más allá de los flashes y las cámaras, debería cargar de sentido la agenda pre-electoral. En especial, la de aquellos que buscan ser honrados con una candidatura para ocupar cargos públicos de primer orden. Y debería invitarnos, como sociedad, a reflexionar sobre los compromisos que debemos demandar de quienes aspiran a representarnos. Porque, si estamos decididos a consolidar un destino de desarrollo económico y justicia social, esos candidatos deberán expresar cabalmente, con convicción, con ideas firmes y programas de política consistentes, al proyecto político que lleva esos objetivos en su génesis y viene hace 12 años edificando las bases sobre las que hoy podemos proyectar el futuro. – <dl
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