Existen 269 funcionarios que ocupan 890 cargos en empresas privadas. Son miembros del gobierno nacional que se desempeñan como autoridades, socios o representantes en los directorios de distintas compañías locales y extranjeras radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. El perfil es transversal: atraviesa a los veinte ministerios y las distintas dependencias que conforman el mapa del Estado. Existen cuatro carteras donde se destaca la presencia de funcionarios con participaciones en firmas privadas: Energía, Desarrollo Social, Modernización y Producción. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín revela que el 50 por ciento de los ministros convocados por Mauricio Macri ostentan cargos en empresas privadas. “Este criterio de reclutamiento incrementa el grado de exposición a los conflictos de interés y a la captura de la decisión pública”, advirtió a PáginaI12 la socióloga Ana Castellani, quien coordinó el relevamiento. El informe identifica que el propio Presidente figura en la actualidad como “autoridad del directorio” de una empresa del grupo Socma: Minera Metales S.A.
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Entre los funcionarios involucrados con cargos vigentes en directorios de empresas privadas sobresalen diez individuos por la cantidad de participaciones que registran. En ese listado figuran el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios. Otros se desempeñan en puestos poco visibles, como el caso de Mariano Grondona Lynch: vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente registraba a junio 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.
“Con la llegada de Macri a la Casa Rosada la articulación entre elites económicas y políticas adquirió rasgos cuantitativos y cualitativos distintivos. La novedad no reside en la existencia del fenómeno en sí mismo sino en la magnitud, la extensión y la visibilidad que presenta. El grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno”, explica el documento elaborado por el equipo que coordina Castellani a partir del entrecruzamiento de bases de datos de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Mapa del Estado. La identificación de los potenciales casos de conflictos de interes fue facilitada por el procesamiento de esas bases de datos realizado por la plataforma digital Socios.Red que coordina Nicolás Grossman. El nuevo informe profundiza la línea de investigación abierta por el Observatorio de las Elites Argentinas en 2016 cuando detectó en su primer documento que tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el gobierno de Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en sector privado.
“La presencia de personas con trayectorias fluidas de circulación público privada o exclusivamente privada en los altos puestos del Estado es propia de esta gestión: son muchos, están distribuidos prácticamente en todo el entramado estatal (gabinete, empresas públicas, entes reguladores y organismos descentralizados) y a diferencia de otras oportunidades, ocupan puestos de alta visibilidad dentro de la función pública”, sostiene Castellani. Los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito pero la extendida presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa el riesgo de captura de la decisión estatal.
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Entre los funcionarios involucrados con cargos vigentes en directorios de empresas privadas sobresalen diez individuos por la cantidad de participaciones que registran. En ese listado figuran el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios. Otros se desempeñan en puestos poco visibles, como el caso de Mariano Grondona Lynch: vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente registraba a junio 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.
“Con la llegada de Macri a la Casa Rosada la articulación entre elites económicas y políticas adquirió rasgos cuantitativos y cualitativos distintivos. La novedad no reside en la existencia del fenómeno en sí mismo sino en la magnitud, la extensión y la visibilidad que presenta. El grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno”, explica el documento elaborado por el equipo que coordina Castellani a partir del entrecruzamiento de bases de datos de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Mapa del Estado. La identificación de los potenciales casos de conflictos de interes fue facilitada por el procesamiento de esas bases de datos realizado por la plataforma digital Socios.Red que coordina Nicolás Grossman. El nuevo informe profundiza la línea de investigación abierta por el Observatorio de las Elites Argentinas en 2016 cuando detectó en su primer documento que tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el gobierno de Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en sector privado.
“La presencia de personas con trayectorias fluidas de circulación público privada o exclusivamente privada en los altos puestos del Estado es propia de esta gestión: son muchos, están distribuidos prácticamente en todo el entramado estatal (gabinete, empresas públicas, entes reguladores y organismos descentralizados) y a diferencia de otras oportunidades, ocupan puestos de alta visibilidad dentro de la función pública”, sostiene Castellani. Los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito pero la extendida presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa el riesgo de captura de la decisión estatal.
