Dice una máxima de la comunicación política que las candidatas y los candidatos de distintos partidos deben hablar con sus votantes y nunca entre ellos. Antes de debatir con otro político, un candidato que está en desventaja en un tema particular debería rápidamente cambiar el eje de la discusión y dirigir la atención del oyente hacia temas en los cuales puede ganar votos. Un Radical no debe hablar de Economía, un liberal del PRO tiene que evitar temas de equidad social y un político del FPV, esquivar asuntos de seguridad ciudadana y policía. Luego de exclamar “¡ésa es una excelente pregunta!”, cada político debería hablar por encima de sus colegas y responder la misma pregunta cantando el estribillo de su propia canción.
A veces, sin embargo, es imposible no hablar de ciertos temas. En un contexto de profunda crisis económica, Fernando De la Rúa difícilmente evitaba tematizar sobre economía. Aníbal Ibarra no consiguió esquivar el caso Cromañon y el gobierno de Cambiemos no encontró la forma de soslayar la discusión surgida a partir de la aplicación del beneficio del cómputo del 2×1 para los represores por parte de la Corte Suprema, el 3 de mayo del año pasado.
En esos momentos, todos los argumentos se desdibujan y un aparente consenso, una semblanza de diálogo, emerge al costado de la grieta. Las burbujas en las redes sociales pierden algo de su habitual consistencia y los debates familiares durante la cena, pese al malestar imperante, pueden durar hasta el postre o el cafecito. Las acusaciones cruzadas de cinismo político o falta de honestidad remplazan el debate duro entre posiciones encontradas.
LAS REDES DE LA PROTESTA
En no pocas ocasiones —#NiUnaMenos, #Ayotzinapa, #Tarifazo, #BlackLivesMatter e #ImpeachDilma—, las redes sociales muestran su capacidad para traccionar nuevos temas en las agendas políticas, coordinar actos de desobediencia y movilizar a actores sociales y políticos. El fallo supremo del 2×1 que favoreció al represor Luis Muiña en mayo de 2017, desató el repudio de una parte importante de la sociedad argentina que vio amenazado un derecho legítimamente adquirido, constitutivo de la espina dorsal de nuestra democracia. Aquella desaprobación cristalizó en la marcha del “NoAl2x1” —convocada inicialmente por organismos de DDHH y colectivos sociales a través de los medios sociales—, que contó con una creciente cobertura de los medios tradicionales forzados a la cautela en la definición de sus encuadres a partir del crecimiento exponencial del debate público y tuvo un significativo impacto en la agenda político-institucional: inmediatamente después de aquella gran movilización, el Congreso aprobó una ley según la cual ese cálculo no podría aplicarse a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra; casi un año después, la Corte Suprema acaba de firmar un fallo en el que modifica su propia decisión al revertir el beneficio del 2×1 para represores.
¿POLARIZACION O CONSENSO?
La dinámica en las redes suele decantar en comunidades que construyen una agenda consistente con las aceptaciones y los rechazos de sus miembros. Al interior de estos barrios virtuales, el diálogo es conducido por la atención y la percepción selectivas de los usuarios que se acercan a información en la medida en que ésta confirma sus creencias y sus valores previos. En este sentido, la red #2×1 muestra una singularidad que la distingue de otras crisis políticas que hayan movilizado a un sector importante de la población. A diferencia del intercambio narrativo de las redes #Tarifazo y #Nisman, donde se definieron dos comunidades que no dialogaban entre sí, en el caso del #2×1 no se observa una polarización clara. Aun cuando la comunidad más cercana a la oposición presenta una actividad más intensa que la comunidad que adhiere al discurso oficial, hay mayores niveles de consenso y, por ende, el diálogo es más fluido. El comportamiento más consensuado del mapa que reúne la totalidad de la conversación alrededor del #2×1 no inhibe la tendencia a la polarización cuando se analizan las etiquetas narrativamente más definidas, tales como #NuncaMás, #Noal2x1AGenocidas y #MacriTeOdia. En esos casos, los transeúntes de la tuitósfera se funden en comunidades. Allí consolidan una congruencia social y cognitiva que facilita la conformación de una agenda común —ya no mediada por criterios geográficos sino ideológicos, políticos y de pertenencia—, y forjan la prevalencia de burbujas de información mediante vínculos densos con sus pares. Tan es así que el diálogo entre las comunidades alrededor de estas etiquetas es casi inexistente.
Figure 1: Comparación entre la red #2×1, recogida entre el 3 y el 10 de mayo de 2017 (86.951 cuentas que emitieron 724.090 tuits) y la red #Tarifazo, capturada entre el 8 de julio y el 20 de agosto de 2016 (114.616 usuarios responsables de 606.248 mensajes). La red #Tarifazo muestra un nivel casi nulo de intercambios entre usuarios ubicados en las dos principales comunidades, mientras que en la red #2×1 se observa una importante cantidad de “desafiliados” (puntos grises) que no quedan alojados en ninguna de las dos comunidades principales.
PROPIEDAD SOBRE LOS TEMAS
La polarización alrededor de los hashtags más ilustrativos de la reacción social contra el fallo son consistentes con el rol de las autoridades en la red #2×1, donde la dirigencia política opositora es autora de los mensajes más retuiteados. Este comportamiento evidencia una propiedad más consolidada por parte del gobierno de Cristina Fernández sobre la política de derechos humanos. La propiedad sobre un tema se refiere a la reputación de los partidos o actores políticos que se muestran creíbles y confiables al expresarse sobre ciertos asuntos, por cuanto se los considera más capaces de manejar o pronunciarse por el problema en cuestión. La propiedad sobre un asunto puede ser dinámica a nivel micro, ya que los individuos evalúan la idoneidad sobre ciertos temas a la interacción que establezcan con determinados mensajes. A nivel macro, en cambio, mantiene mayor estabilidad.
En los mensajes de la red #2×1 observamos que, aun cuando los organismos de DDH son vistos como los principales promotores de “Verdad y Justicia”, hay una fuerte identificación de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con una política sostenida y coherente en materia de derechos humanos, de allí que su dirigencia posea una idoneidad más consolidada de estos asuntos, confirmada por la circulación de determinados encuadres en las redes sociales. Por cierto, la asociación del gobierno anterior con este fenómeno tiene lugar en los mensajes de la actual oposición como en los de la comunidad oficialista, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del #ElCurroDeLosDDHH.
En la competencia de estas narrativas, encontramos que en la región cercana a las ideas del gobierno de Mauricio Macri coexisten términos que no guardan una asociación ideológica: #Metrobus y #LaMatanza —en referencia a la inauguración del Metrobus en el partido de La Matanza— coexisten con #FelizDía —en alusión al día del Trabajo—, #Macri y #Cambiemos. En cambio, entre los usuarios identificados con la oposición, las palabras clave estructuran un encuadre denso. La inminente posibilidad de los #GenocidasSueltos y el #2x1AGenocidas es consecuencia de una decisión valorada negativamente —#LeyBerlusconi, #FracasoDeMacri, #Fallo2x1, #MacriGato—, cuyos responsables aparecen claramente identificados —#CorteSuprema, #CSJN, #Jueces, #JuecesImputados. Esta narrativa, encuadrada como un #GolpeALaMemoria, #LesaHumanidad y #DDHH, propone una solución contundente —#GenocidasEnLaCárcel—, desde una posición política que cuenta con un alto consenso tanto en las calles como en las redes.
Con estas singularidades, la red #2×1 es un ejemplo elocuente de que las burbujas de información en las redes sociales no explican de manera excluyente la aceptación de contenidos difundidos por sus pares en línea. El filtro burbuja no tiene el mismo efecto en todas las regiones del mapa de la tuitósfera: algunas comunidades enmarcan los eventos políticos de manera tal que logran su propagación de manera consistente, otras no tienen el mismo éxito.
*Ernesto Calvo es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Maryland, es doctor por la universidad de Northwestern. Su línea de investigación se centra en el estudio comparado de la representación política, sistemas electorales, redes sociales y congresos.
*Natalia Aruguete es investigadora del Conicet y del Icep-UNQ, es doctora en Ciencias Sociales (UNQ) y magíster en Sociología Económica (IDAES-UNSAM). Es profesora en la UNQ y la Universidad Austral. Es colaboradora en Página/12 y en Le Monde Diplomatique.
A veces, sin embargo, es imposible no hablar de ciertos temas. En un contexto de profunda crisis económica, Fernando De la Rúa difícilmente evitaba tematizar sobre economía. Aníbal Ibarra no consiguió esquivar el caso Cromañon y el gobierno de Cambiemos no encontró la forma de soslayar la discusión surgida a partir de la aplicación del beneficio del cómputo del 2×1 para los represores por parte de la Corte Suprema, el 3 de mayo del año pasado.
En esos momentos, todos los argumentos se desdibujan y un aparente consenso, una semblanza de diálogo, emerge al costado de la grieta. Las burbujas en las redes sociales pierden algo de su habitual consistencia y los debates familiares durante la cena, pese al malestar imperante, pueden durar hasta el postre o el cafecito. Las acusaciones cruzadas de cinismo político o falta de honestidad remplazan el debate duro entre posiciones encontradas.
LAS REDES DE LA PROTESTA
En no pocas ocasiones —#NiUnaMenos, #Ayotzinapa, #Tarifazo, #BlackLivesMatter e #ImpeachDilma—, las redes sociales muestran su capacidad para traccionar nuevos temas en las agendas políticas, coordinar actos de desobediencia y movilizar a actores sociales y políticos. El fallo supremo del 2×1 que favoreció al represor Luis Muiña en mayo de 2017, desató el repudio de una parte importante de la sociedad argentina que vio amenazado un derecho legítimamente adquirido, constitutivo de la espina dorsal de nuestra democracia. Aquella desaprobación cristalizó en la marcha del “NoAl2x1” —convocada inicialmente por organismos de DDHH y colectivos sociales a través de los medios sociales—, que contó con una creciente cobertura de los medios tradicionales forzados a la cautela en la definición de sus encuadres a partir del crecimiento exponencial del debate público y tuvo un significativo impacto en la agenda político-institucional: inmediatamente después de aquella gran movilización, el Congreso aprobó una ley según la cual ese cálculo no podría aplicarse a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra; casi un año después, la Corte Suprema acaba de firmar un fallo en el que modifica su propia decisión al revertir el beneficio del 2×1 para represores.
¿POLARIZACION O CONSENSO?
La dinámica en las redes suele decantar en comunidades que construyen una agenda consistente con las aceptaciones y los rechazos de sus miembros. Al interior de estos barrios virtuales, el diálogo es conducido por la atención y la percepción selectivas de los usuarios que se acercan a información en la medida en que ésta confirma sus creencias y sus valores previos. En este sentido, la red #2×1 muestra una singularidad que la distingue de otras crisis políticas que hayan movilizado a un sector importante de la población. A diferencia del intercambio narrativo de las redes #Tarifazo y #Nisman, donde se definieron dos comunidades que no dialogaban entre sí, en el caso del #2×1 no se observa una polarización clara. Aun cuando la comunidad más cercana a la oposición presenta una actividad más intensa que la comunidad que adhiere al discurso oficial, hay mayores niveles de consenso y, por ende, el diálogo es más fluido. El comportamiento más consensuado del mapa que reúne la totalidad de la conversación alrededor del #2×1 no inhibe la tendencia a la polarización cuando se analizan las etiquetas narrativamente más definidas, tales como #NuncaMás, #Noal2x1AGenocidas y #MacriTeOdia. En esos casos, los transeúntes de la tuitósfera se funden en comunidades. Allí consolidan una congruencia social y cognitiva que facilita la conformación de una agenda común —ya no mediada por criterios geográficos sino ideológicos, políticos y de pertenencia—, y forjan la prevalencia de burbujas de información mediante vínculos densos con sus pares. Tan es así que el diálogo entre las comunidades alrededor de estas etiquetas es casi inexistente.
Figure 1: Comparación entre la red #2×1, recogida entre el 3 y el 10 de mayo de 2017 (86.951 cuentas que emitieron 724.090 tuits) y la red #Tarifazo, capturada entre el 8 de julio y el 20 de agosto de 2016 (114.616 usuarios responsables de 606.248 mensajes). La red #Tarifazo muestra un nivel casi nulo de intercambios entre usuarios ubicados en las dos principales comunidades, mientras que en la red #2×1 se observa una importante cantidad de “desafiliados” (puntos grises) que no quedan alojados en ninguna de las dos comunidades principales.
PROPIEDAD SOBRE LOS TEMAS
La polarización alrededor de los hashtags más ilustrativos de la reacción social contra el fallo son consistentes con el rol de las autoridades en la red #2×1, donde la dirigencia política opositora es autora de los mensajes más retuiteados. Este comportamiento evidencia una propiedad más consolidada por parte del gobierno de Cristina Fernández sobre la política de derechos humanos. La propiedad sobre un tema se refiere a la reputación de los partidos o actores políticos que se muestran creíbles y confiables al expresarse sobre ciertos asuntos, por cuanto se los considera más capaces de manejar o pronunciarse por el problema en cuestión. La propiedad sobre un asunto puede ser dinámica a nivel micro, ya que los individuos evalúan la idoneidad sobre ciertos temas a la interacción que establezcan con determinados mensajes. A nivel macro, en cambio, mantiene mayor estabilidad.
En los mensajes de la red #2×1 observamos que, aun cuando los organismos de DDH son vistos como los principales promotores de “Verdad y Justicia”, hay una fuerte identificación de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con una política sostenida y coherente en materia de derechos humanos, de allí que su dirigencia posea una idoneidad más consolidada de estos asuntos, confirmada por la circulación de determinados encuadres en las redes sociales. Por cierto, la asociación del gobierno anterior con este fenómeno tiene lugar en los mensajes de la actual oposición como en los de la comunidad oficialista, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del #ElCurroDeLosDDHH.
En la competencia de estas narrativas, encontramos que en la región cercana a las ideas del gobierno de Mauricio Macri coexisten términos que no guardan una asociación ideológica: #Metrobus y #LaMatanza —en referencia a la inauguración del Metrobus en el partido de La Matanza— coexisten con #FelizDía —en alusión al día del Trabajo—, #Macri y #Cambiemos. En cambio, entre los usuarios identificados con la oposición, las palabras clave estructuran un encuadre denso. La inminente posibilidad de los #GenocidasSueltos y el #2x1AGenocidas es consecuencia de una decisión valorada negativamente —#LeyBerlusconi, #FracasoDeMacri, #Fallo2x1, #MacriGato—, cuyos responsables aparecen claramente identificados —#CorteSuprema, #CSJN, #Jueces, #JuecesImputados. Esta narrativa, encuadrada como un #GolpeALaMemoria, #LesaHumanidad y #DDHH, propone una solución contundente —#GenocidasEnLaCárcel—, desde una posición política que cuenta con un alto consenso tanto en las calles como en las redes.
Con estas singularidades, la red #2×1 es un ejemplo elocuente de que las burbujas de información en las redes sociales no explican de manera excluyente la aceptación de contenidos difundidos por sus pares en línea. El filtro burbuja no tiene el mismo efecto en todas las regiones del mapa de la tuitósfera: algunas comunidades enmarcan los eventos políticos de manera tal que logran su propagación de manera consistente, otras no tienen el mismo éxito.
*Ernesto Calvo es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Maryland, es doctor por la universidad de Northwestern. Su línea de investigación se centra en el estudio comparado de la representación política, sistemas electorales, redes sociales y congresos.
*Natalia Aruguete es investigadora del Conicet y del Icep-UNQ, es doctora en Ciencias Sociales (UNQ) y magíster en Sociología Económica (IDAES-UNSAM). Es profesora en la UNQ y la Universidad Austral. Es colaboradora en Página/12 y en Le Monde Diplomatique.
