A Dios rogando, pero en la gente pensando

Un exhaustivo estudio realizado por investigadores del Conicet revela que el 60 por ciento de los legisladores se declara católico, pero la mayoría está dispuesta a votar leyes democratizadoras rechazadas por la Iglesia.
El 65 por ciento de los legisladores nacionales se declara creyente en Dios. El 60 por ciento es católico y el 46 por ciento se considera “muy religioso”. Sólo un 26 por ciento declara “no tener religión”. Pero a pesar de la impronta religiosa, en un extenso sector de senadores y diputados, la mayoría afirma que votaría a favor de los proyectos de fertilización asistida (84 por ciento), identidad de género (75 por ciento) y despenalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación (64 por ciento), iniciativas resistidas por la jerarquía católica, cuyo tratamiento quedó pendiente para este año. Los datos –que surgen de una encuesta a diputados y senadores, realizada por un centro de estudios dependiente del Conicet, a la que accedió Página/12 en forma exclusiva– revelan las posiciones personales de los legisladores, pero no pueden ser trasladados mecánicamente a cómo votará cada uno de ellos en el recinto cuando los proyectos sean discutidos.
El estudio apuntó a indagar sobre la influencia de las convicciones religiosas en las decisiones parlamentarias y sobre las interacciones de los legisladores con instituciones y actores religiosos. Un hecho significativo que muestra el relevamiento es el contacto constante de una amplia proporción de parlamentarios con obispos y sacerdotes católicos: se reúnen principalmente para conversar de temas políticos y sociales que incluyen por ejemplo los contenidos de educación sexual en los colegios públicos, la enseñanza de religión en las escuelas, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la pobreza.
La encuesta también indagó respecto de la relación del Estado con las confesiones religiosas: los legisladores consideran que todas deben ser tratadas de manera igualitaria. La mayoría piensa que el Estado no debe sostener económicamente a los cultos, pero la subvención estatal de los colegios religiosos recibe una mayor aceptación.
El estudio es parte de un proyecto más amplio que lleva adelante el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-Piette) dependiente del Conicet. Fue dirigido por los investigadores Juan Esquivel y Juan Marco Vaggione. Se encuestaron 102 diputados y senadores –casi un tercio del Congreso–, tomando una muestra representativa en ambas cámaras según los parámetros de edad, sexo, partido político de pertenencia y región de residencia. El relevamiento se hizo antes del último recambio legislativo, pero Esquivel explicó que no perdió vigencia dado que la renovación alcanzó sólo a un tercio del Senado y a la mitad de la Cámara de Diputados. “El estudio traza líneas de tendencia en las percepciones representativas colectivas y en los imaginarios sobre el poder religioso”, precisó.
Aunque con matices, en todos los tópicos analizados –fecundación asistida, identidad sexual, despenalización del aborto, eutanasia, adopción de hijos por parejas del mismo sexo– es “marcado el pronunciamiento individual a favor de la aprobación de legislaciones tendientes a una mayor igualación y ampliación de ciudadanía”, señaló a Página/12 Esquivel, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela.
–Indagaron sobre el posicionamiento de diputados y senadores en proyectos sensibles a la jerarquía católica. ¿Qué análisis hace de las opiniones de los legisladores en esos temas? –le preguntó este diario.
–A partir de una lectura ligera de los datos, se podría inferir un mayor arraigo de la laicidad en la cultura política argentina. Es decir, mayor autonomía del poder civil, menor injerencia religiosa en decisiones que involucran políticas públicas. Pero un análisis integral de toda la información recolectada nos induce a afirmar que la promoción de proyectos parlamentarios vinculados con derechos civiles responde más a procesos de profundización de la democracia y de reconocimiento de la pluralización de nuestra sociedad, sin necesariamente remitir a la laicización de las estructuras políticas –respondió Esquivel.
En diálogo con Página/12, Vaggione destacó que la encuesta “ofrece una foto crucial para comprender las formas complejas en que lo religioso se articula políticamente en el Parlamento argentino”. Y agregó: “Aunque las influencias religiosas sean relevantes y el lobby de la jerarquía católica intenso, ni lo uno ni lo otro se traduce en la defensa de la postura oficial de la Iglesia Católica” (ver aparte).
Algunos hallazgos de la investigación son:
– Existe una alta identificación religiosa entre los y las legisladoras, aunque comparativamente es menor que la que existe en la población en general (una encuesta realizada por el mismo Ceil-Piette en 2008 a nivel nacional mostró que 9 de cada 10 argentinos cree en Dios: el 76 por ciento se definió como católico y solo el 11 por ciento dijo ser ateo, agnóstico o no tener religión).
– Casi la totalidad de los legisladores cree que las convicciones religiosas de los parlamentarios influyen en los contenidos de los proyectos de ley y en las votaciones del Congreso Nacional. Esta percepción genera opiniones divididas: un 49 por ciento está de acuerdo con la influencia de las creencias religiosas y un 49 por ciento en desacuerdo (un 2 por ciento no emitió opinión).
– Los proyectos de fertilización asistida (84 por ciento) e identidad de género (75 por ciento) son los que registran mayor nivel de aprobación. Una proporción importante votaría a favor de la despenalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación (64 por ciento). En menor medida, la despenalización de drogas para el consumo personal (58 por ciento), la autorización para la crioconservación de embriones (56 por ciento) y la eutanasia (52 por ciento).
– Si bien hay un amplio apoyo a los proyectos ligados a derechos civiles, más del 90 por ciento cree que los legisladores ponen en juego sus convicciones religiosas a la hora de votar. Se observa un contraste entre el posicionamiento individual (a favor de los proyectos) y la percepción colectiva de marcada influencia de la Iglesia Católica.
– Es frecuente que los legisladores se reúnan con religiosos en su condición de parlamentarios. Más de la mitad se ha encontrado con un obispo y un 45 por ciento con un sacerdote católico en el último año.
– Respecto de la educación y las políticas sociales, los legisladores promueven una mayor autonomía del Estado, en especial respecto de la Iglesia Católica. Consideran que no se debe consultar a esa institución para designar ministros de Educación (87 por ciento) y sostienen que el Estado no debe delegar las políticas sociales para que las gestionen las instituciones religiosas (77 por ciento).
– Respecto de la presencia de símbolos religiosos en los establecimientos públicos, sólo 3 de cada 10 consideran que deben prohibirse.
– La participación de líderes religiosos en elecciones cuenta con un alto nivel de aprobación: 7 de cada 10 cree que es legítimo que incursionen en el terreno electoral. Más de un tercio cree que el apoyo de las Iglesias puede contribuir para ganar una elección (34 por ciento).
– Consideran que el Estado no debe intervenir en la designación de obispos (83 por ciento) y, además, casi un 60 por ciento declaró que el obispado castrense debe dejar de existir. La misma postura que sostiene el Ejecutivo desde el conflicto desatado por el último obispo designado en esa posición, Antonio Baseotto, quien en 2005 le dedicó al entonces ministro de Salud Ginés González García la famosa frase “merece que le cuelguen una piedra de molino al cuello y que lo tiren al mar”, por sus llamados a discutir la despenalización del aborto.