Mientras las Cámaras que agrupan a las grandes cadenas de híper y supermercados del país aseguran pulir el listado final que formará parte del acuerdo de precios para las provincias, el hecho de que haya una versión más acotada (80 artículos contra 194) para el resto del territorio fuera de Buenos Aires ya empezó a generar polémica.
De hecho, la asociación de defensa del consumidor Protectora anticipó que, de confirmarse esto, pedirá al Gobierno de la provincia que rechace su aplicación por ser discriminatoria con los consumidores mendocinos. De no prosperar la solicitud, interpondrá una acción de amparo para impedir su aplicación.
Cabe recordar que el pasado fin de semana, y a poco de cumplir un mes de su aplicación en Buenos Aires, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) habían llegado a un principio de acuerdo con la Secretaría de Comercio para implementar «Precios Cuidados» en las provincias.
Las dos entidades, según un escrito firmado por sus titulares, Ricardo Zorzón y Alberto Beltrán, a las que se espera pronto se sume ASU (Asociación de Supermercados Unidos, en proceso de consensuar el alcance) presentaron un listado de 80 productos «que reflejan un alto porcentaje de la canasta básica y coinciden en parte con los vigentes en el AMBA, exceptuando verduras, frutas y cárnicos», al igual que yerba mate. Azúcar, harina y aceite, están en duda.
Desde Protectora advierten que esa razón es suficiente para argumentar «discriminación» con los habitantes de las provincias y, aún sin conocer los valores, frenar su ejecución en Mendoza.
«Vamos a esperar, además, a qué precios llegarán, para comparar con los originales. Ya de por sí es mala una lista parcial, con ciertos productos propios de la provincia que no deberían tener costos de fletes y que, además, llega tarde. Hay un derecho básico en la ley de Defensa del Consumidor que es la protección económica y no discriminar condiciones, salvo debida justificación. De esta manera, vamos a pedir al Gobierno provincial que tome represalias ante una inequidad», sostuvo Mario Vadillo, responsable de Protectora.
Múltiple control
Con la opción de una acción de amparo ante la Justicia Federal, para el abogado es insuficiente basar las diferencias en la incidencia del transporte, «porque en Mendoza, por ejemplo, aún teniendo una refinería, no ocurre lo mismo con las naftas en relación con Buenos Aires. Es parte del juego del Indec: mantener los precios cuidados allá significa conservar caudal electoral».
Mientras se espera que los ejecutivos desfilen en estos días por el despacho del secretario de Comercio, Augusto Costa, para rubricar convenios particulares (cada cual podría sumar artículos comprometiéndose a abastecer regularmente las góndolas), Protectora anticipa un doble control.
La modalidad contempla que los consumidores mendocinos denuncien incumplimientos vía mensajería instantánea, a corroborar con relevamientos in situ por parte de voluntarios. Para eso, la asociación desarrolló una aplicación específica de Whatsapp, que permita tomar fotos de faltantes o precios y enviarlas en un mensaje desde cualquier smartphone junto a la ubicación del supermercado.
Por su parte, la Dirección de Fiscalización y Defensa del Consumidor prepara un sistema de «alerta temprana»: básicamente, un software que, según su titular, Guido Roccuzzo, «va a permitir que cualquier parte firmante del acuerdo, sea cadena o proveedor, avise inmediatamente si hay faltantes o suba de costos para trabajar en la solución».
En cuanto al alcance de «Precios Cuidados» y cómo la Provincia lo controlará efectivamente, Roccuzzo admitió que «la logística tiene una incidencia importante, pero tenemos todo para salir a controlar cuando esté el listado, incluso, sumando a asociaciones civiles, uniones vecinales y militantes, porque la gente es el mejor inspector».
Para el funcionario es relativo el efecto de que la lista final sea idéntica o no a la que rige en Buenos Aires. «Lo que se quiere hacer es proteger el bolsillo del consumidor y como acuerdo que se necesita la voluntad de las partes para no ser una imposición».
Entre las cadenas ayer imperaba la cautela. Pese a que fue imposible obtener una declaración por parte de ASU por ausencia de su gerente, Juan Vasco Martínez, algunos de sus miembros dejaron entrever cierta expectativa.
«Sabemos que se va a extender el acuerdo y existen reuniones para definirlo, no sabemos cuándo ni qué productos abarcará. Lo cierto es que vamos a seguir lo que indique la Secretaría de Comercio», señaló Valeria Di Chiara, vocera de Carrefour desde Buenos Aires.
