El Gobierno le dio vía libre a la creación de una empresa naviera de bandera que retome la ruta a sur. El proyecto intenta recrear los años de ELMA, creada en 1960 y que terminó de desaparecer en 1997, por a la política privatizadora del menemismo.
Ahora, la administración de Cristina Fernández impulsa la creación de la sociedad estatal Transportes Navales Empresas del Estado, cuyo control queda en manos del Estado Mayor General de la Armada.
Su nacimiento está contemplado en un proyecto de ley presentado en el Congreso por el senador de Tierra del Fuego, Osvaldo López. La iniciativa ya tiene el aval de las comisiones de Transporte e Infraestructura, Presupuesto y Defensa. Además, tiene media sanción del Senado y espera por su debate en Diputados. La sociedad estatal tendría a su cargo los transportes marítimos de carga en el litoral y la región patagónica.
El proyecto generó críticas entre la oposición que entiende que fue aprobado en la Cámara Alta sin un debate a fondo de sus implicancias.
Entre los puntos salientes, se destaca el artículo 12, que obliga al Poder Ejecutivo a aprobar un plan para la adquisición inicial de los buques necesarios para la creación de la empresa. Para su posterior renovación, los buques serán construidos por la industria naval militar, agrega. Para la oposición, no se aclara cuál sería el costo de los buques a comprar ni cuántas embarcaciones deberían ser. De acuerdo a medios no oficiales se trataría de tres buques con un costo superior a los u$s 60 millones, fondos que deberían salir del presupuesto público, que otras prioridades tiene en este momento, según la oposición.
Si de estimular el transporte marítimo se trata, se podría incentivar la inversión privada, que cuenta con fondos y con un know how apropiado, tanto comercial como operativo, sostuvieron fuentes del sector consultadas por El Cronista.
La fuentes también recordaron que hay navieras privadas, algunas con participación sindical, que realizan actualmente viajes a la Patagonia. Y advierten que en muchos puertos patagónicos la cantidad de carga existente no justifica económicamente una recalada. Esto significa que de crearse una línea estatal se desplazaría a la actividad privada y se crearía una empresa altamente deficitaria.
Como solución, los críticos proponen que se tomen medidas tributarias que compensen las entradas a puertos del sur a levantar dichas cargas.
Otro punto de cuestionamiento tiene que ver con la decisión de dejarle a la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa, el control de los gastos de la nueva naviera. En este caso, se critica la eventual falta de transparencia que esto generaría.
En este caso se recuerda a Aerolíneas Argentinas y Lafsa. Y se asegura que la nueva empresa estatal contará con una burocracia altamente rentada, que posiblemente no navegue nunca por ser inviable económicamente
La incongruencia de este proyecto es que la Armada sigue sin contar con el rompehielos Almirante Irizar, en una dilatada reparación en un astillero estatal, ni buques operativos que controlen nuestro litoral austral, ni una fuerza aérea naval apropiada a la extensión del Mar Argentino, agregan sus críticos.
Ahora, la administración de Cristina Fernández impulsa la creación de la sociedad estatal Transportes Navales Empresas del Estado, cuyo control queda en manos del Estado Mayor General de la Armada.
Su nacimiento está contemplado en un proyecto de ley presentado en el Congreso por el senador de Tierra del Fuego, Osvaldo López. La iniciativa ya tiene el aval de las comisiones de Transporte e Infraestructura, Presupuesto y Defensa. Además, tiene media sanción del Senado y espera por su debate en Diputados. La sociedad estatal tendría a su cargo los transportes marítimos de carga en el litoral y la región patagónica.
El proyecto generó críticas entre la oposición que entiende que fue aprobado en la Cámara Alta sin un debate a fondo de sus implicancias.
Entre los puntos salientes, se destaca el artículo 12, que obliga al Poder Ejecutivo a aprobar un plan para la adquisición inicial de los buques necesarios para la creación de la empresa. Para su posterior renovación, los buques serán construidos por la industria naval militar, agrega. Para la oposición, no se aclara cuál sería el costo de los buques a comprar ni cuántas embarcaciones deberían ser. De acuerdo a medios no oficiales se trataría de tres buques con un costo superior a los u$s 60 millones, fondos que deberían salir del presupuesto público, que otras prioridades tiene en este momento, según la oposición.
Si de estimular el transporte marítimo se trata, se podría incentivar la inversión privada, que cuenta con fondos y con un know how apropiado, tanto comercial como operativo, sostuvieron fuentes del sector consultadas por El Cronista.
La fuentes también recordaron que hay navieras privadas, algunas con participación sindical, que realizan actualmente viajes a la Patagonia. Y advierten que en muchos puertos patagónicos la cantidad de carga existente no justifica económicamente una recalada. Esto significa que de crearse una línea estatal se desplazaría a la actividad privada y se crearía una empresa altamente deficitaria.
Como solución, los críticos proponen que se tomen medidas tributarias que compensen las entradas a puertos del sur a levantar dichas cargas.
Otro punto de cuestionamiento tiene que ver con la decisión de dejarle a la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa, el control de los gastos de la nueva naviera. En este caso, se critica la eventual falta de transparencia que esto generaría.
En este caso se recuerda a Aerolíneas Argentinas y Lafsa. Y se asegura que la nueva empresa estatal contará con una burocracia altamente rentada, que posiblemente no navegue nunca por ser inviable económicamente
La incongruencia de este proyecto es que la Armada sigue sin contar con el rompehielos Almirante Irizar, en una dilatada reparación en un astillero estatal, ni buques operativos que controlen nuestro litoral austral, ni una fuerza aérea naval apropiada a la extensión del Mar Argentino, agregan sus críticos.
