La Asociación Empresaria Argentina (AEA) cree que si los proyectos para reformar la Justicia terminan de sancionarse en el Congreso, habrá un gravísimo retroceso institucional.
Su presidente, Jaime Campos, lo explicó de este modo a LA NACION: «Es sólo la segunda vez en toda su rica historia de diez años en que esta asociación publica una solicitada, lo que muestra la gravedad que le damos al tema».
«Estamos absolutamente convencidos de que para que la República funcione es necesario que los tres poderes tengan absoluta independencia», detalló, antes de agregar que «si el Poder Judicial no tiene absoluta independencia, estamos en serios problemas, tanto las personas como las empresas».
La AEA publicó la semana última una solicitada titulada «Grave amenaza a las garantías constitucionales». Jaime Campos anticipó su texto a diputados y senadores, detallando los argumentos.
«Consideramos varios de los proyectos en debate como una grave amenaza a las garantías constitucionales. Muchas de las disposiciones son inconstitucionales y producen un gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleo en Argentina», rezó el texto.
Campos explicó a este diario: «Vemos que tanto el proceso de selección para el Consejo de la Magistratura como las nuevas cámaras de casación y la limitación de las cautelares provocarán que se sientan muy amenazadas las libertades constitucionales para las personas y empresas; se va a generar un impacto muy negativo para las inversiones y, así, se quita previsibilidad».
Interferencia política
El presidente de AEA detalló que si «la Justicia, en vez de operar en forma absolutamente independiente, opera políticamente, es el anatema para cualquier justicia en el mundo».
También sostuvo que la carta «es un llamado a que los legisladores reflexionen sobre el impacto negativo que esto va a tener. Lo hacemos con tristeza, con pena de tener que afirmar esto, en este momento, en la Argentina».
Y también aclaró: «No somos opositores. Los proyectos alteran la forma en que opera uno de los tres poderes, y de sancionarse las iniciativas que impulsa el oficialismo, van a enrarecer los conflictos entre privados».
Campos explicó que con jueces elegidos y removidos según criterios políticos y electoralistas, con el esquema que se pretende para el Consejo de la Magistratura, «todo está teñido por la mala política, incluso los conflictos entre personas, no sólo con el Estado». El dirigente empresario ejemplificó: «Ante la necesidad de ir a un juez con un reclamo, se comenzará a ver cuál es su pertenencia partidaria, su ideología, cómo llegó al cargo, para tratar de acomodar los reclamos».
También señaló las graves consecuencias para la inversión y el empleo. «Lo que todo inversor necesita son reglas claras y previsibilidad, y de este modo se destruyen por completo y el Estado puede incluso cometer cualquier clase de abuso, tanto contra personas como contra empresas, que estarían absolutamente limitadas para defenderse.»
El texto enviado a los legisladores afirma que la regulación de las cautelares «supone la eliminación de un instrumento fundamental para asegurar los derechos y garantías que tienen los ciudadanos y las empresas contra las posibles arbitrariedades del Estado». Destaca que «se fija una duración, con lo cual tendrán sólo una efectividad relativa, ya que al vencimiento de ese breve plazo renacerá automáticamente la pretensión del Estado contra el particular, por más ilegal que ésta fuera».
La Iglesia se reunió con magistrados
El obispo Jorge Lozano, presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, recibió a la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezada por el doctor Luis María Cabral, que le planteó su preocupación por la reforma judicial, al advertir que entraña «una enorme gravedad institucional» y «lleva inevitablemente a un grave conflicto de poderes». Lozano les recordó el reciente pronunciamiento de la Iglesia, en el que reclamó «amplias consultas, debates y consensos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos». Para la Conferencia Episcopal, «un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la democracia republicana»..
Su presidente, Jaime Campos, lo explicó de este modo a LA NACION: «Es sólo la segunda vez en toda su rica historia de diez años en que esta asociación publica una solicitada, lo que muestra la gravedad que le damos al tema».
«Estamos absolutamente convencidos de que para que la República funcione es necesario que los tres poderes tengan absoluta independencia», detalló, antes de agregar que «si el Poder Judicial no tiene absoluta independencia, estamos en serios problemas, tanto las personas como las empresas».
La AEA publicó la semana última una solicitada titulada «Grave amenaza a las garantías constitucionales». Jaime Campos anticipó su texto a diputados y senadores, detallando los argumentos.
«Consideramos varios de los proyectos en debate como una grave amenaza a las garantías constitucionales. Muchas de las disposiciones son inconstitucionales y producen un gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleo en Argentina», rezó el texto.
Campos explicó a este diario: «Vemos que tanto el proceso de selección para el Consejo de la Magistratura como las nuevas cámaras de casación y la limitación de las cautelares provocarán que se sientan muy amenazadas las libertades constitucionales para las personas y empresas; se va a generar un impacto muy negativo para las inversiones y, así, se quita previsibilidad».
Interferencia política
El presidente de AEA detalló que si «la Justicia, en vez de operar en forma absolutamente independiente, opera políticamente, es el anatema para cualquier justicia en el mundo».
También sostuvo que la carta «es un llamado a que los legisladores reflexionen sobre el impacto negativo que esto va a tener. Lo hacemos con tristeza, con pena de tener que afirmar esto, en este momento, en la Argentina».
Y también aclaró: «No somos opositores. Los proyectos alteran la forma en que opera uno de los tres poderes, y de sancionarse las iniciativas que impulsa el oficialismo, van a enrarecer los conflictos entre privados».
Campos explicó que con jueces elegidos y removidos según criterios políticos y electoralistas, con el esquema que se pretende para el Consejo de la Magistratura, «todo está teñido por la mala política, incluso los conflictos entre personas, no sólo con el Estado». El dirigente empresario ejemplificó: «Ante la necesidad de ir a un juez con un reclamo, se comenzará a ver cuál es su pertenencia partidaria, su ideología, cómo llegó al cargo, para tratar de acomodar los reclamos».
También señaló las graves consecuencias para la inversión y el empleo. «Lo que todo inversor necesita son reglas claras y previsibilidad, y de este modo se destruyen por completo y el Estado puede incluso cometer cualquier clase de abuso, tanto contra personas como contra empresas, que estarían absolutamente limitadas para defenderse.»
El texto enviado a los legisladores afirma que la regulación de las cautelares «supone la eliminación de un instrumento fundamental para asegurar los derechos y garantías que tienen los ciudadanos y las empresas contra las posibles arbitrariedades del Estado». Destaca que «se fija una duración, con lo cual tendrán sólo una efectividad relativa, ya que al vencimiento de ese breve plazo renacerá automáticamente la pretensión del Estado contra el particular, por más ilegal que ésta fuera».
La Iglesia se reunió con magistrados
El obispo Jorge Lozano, presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, recibió a la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezada por el doctor Luis María Cabral, que le planteó su preocupación por la reforma judicial, al advertir que entraña «una enorme gravedad institucional» y «lleva inevitablemente a un grave conflicto de poderes». Lozano les recordó el reciente pronunciamiento de la Iglesia, en el que reclamó «amplias consultas, debates y consensos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos». Para la Conferencia Episcopal, «un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la democracia republicana»..
