La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó dos operativos de control de empleo en diferentes fincas de Salta y Río Negro, donde detectó que el 100% de los trabajadores relevados no se encontraban registrados por sus empleadores. Sobre los 76 empleados relevados en ambas provincias, se encontraron a niños e indocumentados cumpliendo tareas de cosecha.
En Salta se realizaron dos operativos. El primero de ellos se llevó a cabo en un campo dedicado al cultivo de hortalizas en el Departamento de Anta, Provincia de Salta. Durante el procedimiento se detectaron a 40 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, que vivían en condiciones paupérrimas de higiene y seguridad.
En el campo no había agua potable, electricidad, gas comprimido en garrafa ni sistema de desagüe para agua de lluvia o aguas servidas. Además los niños se encontraban expuestos a innumerables peligros.
Los 40 trabajadores de la finca disponían de un único baño, tipo letrina y las duchas eran sectores de tierra cubiertos con plástico, ubicados al lado de una acequia.
Los agentes de la AFIP constataron que estos trabajadores vivían dentro del predio, en unas 20 viviendas precarias, construidas con madera, chapas, bolsas de plástico y con piso de tierra. Las camas eran cajones de madera cubiertos con delgados colchones de goma espuma.
El propietario de la finca salteña será pasible de las multas correspondientes por infracción a la Ley de Procedimiento Tributario, por no haber registrado a los trabajadores, y por infracción a la Ley de Migraciones; sin perjuicio de la probable comisión del delito de reducción a la servidumbre (artículos 140 y 145 bis del Código Penal), para el que se prevé penas de hasta 15 años de prisión.
En el segundo operativo realizado en Salta, se detectaron a 14 trabajadores en condiciones laborales inhumanas en tres establecimientos agrícolas dedicados al cultivo de hortalizas y maní en la localidad de General Pizarro.
Los trabajadores no estaban registrados por su empleador y habitaban unas precarias construcciones dentro del mismo predio. En total, la AFIP detectó que allí vivían 10 familias pertenecientes a los trabajadores, incluidos mujeres y niños. En su mayoría, se trata de personas indocumentadas, de nacionalidad boliviana.
Las viviendas estaban construidas con maderas, chapas y bolsas de plástico, con piso de tierra; contaban con camas improvisadas sobre cajones de madera y ramas de árboles. Los baños eran pequeñas estructuras construidas con nylon, que no contaban con sanitarios, agua corriente ni desagües.
Trabajadores esclavizados en Río Negro
En otro procedimiento, la AFIP también detectó que el 100% de los trabajadores de una finca dedicada al cultivo de peras y manzanas cumplían sus tareas en condiciones de ilegalidad. Sobre los 22 empleados relevados, 19 no estaban registrados; 2 de ellos eran indocumentados y el restante era menor de edad.
El relevamiento se realizó en una finca rural de la localidad de Pomona, provincia de Río Negro. Allí los empleados se dedicaban al cultivo y embalaje de peras y manzanas sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad.
Descubierta esta situación, la titular del establecimiento pretendió ocultarla, lo que fue denunciado por los inspectores de la AFIP ante el Juzgado Federal de Gral. Roca, a cargo del Juez Subrogante, Dr. Santiago Inchausti.
Los controles, se llevaron a cabo en el marco del Operativo Fruta, que realiza la AFIP en las provincias del sur del país.
Tras los hallazgos, la AFIP compartirá los datos recabados con los órganos del Estado Nacional con los que trabaja en forma conjunta y articulada para combatir el trabajo ilegal y la trata de personas ante la presencia de situaciones de trabajo esclavo: los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de Seguridad Social.
En Salta se realizaron dos operativos. El primero de ellos se llevó a cabo en un campo dedicado al cultivo de hortalizas en el Departamento de Anta, Provincia de Salta. Durante el procedimiento se detectaron a 40 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, que vivían en condiciones paupérrimas de higiene y seguridad.
En el campo no había agua potable, electricidad, gas comprimido en garrafa ni sistema de desagüe para agua de lluvia o aguas servidas. Además los niños se encontraban expuestos a innumerables peligros.
Los 40 trabajadores de la finca disponían de un único baño, tipo letrina y las duchas eran sectores de tierra cubiertos con plástico, ubicados al lado de una acequia.
Los agentes de la AFIP constataron que estos trabajadores vivían dentro del predio, en unas 20 viviendas precarias, construidas con madera, chapas, bolsas de plástico y con piso de tierra. Las camas eran cajones de madera cubiertos con delgados colchones de goma espuma.
El propietario de la finca salteña será pasible de las multas correspondientes por infracción a la Ley de Procedimiento Tributario, por no haber registrado a los trabajadores, y por infracción a la Ley de Migraciones; sin perjuicio de la probable comisión del delito de reducción a la servidumbre (artículos 140 y 145 bis del Código Penal), para el que se prevé penas de hasta 15 años de prisión.
En el segundo operativo realizado en Salta, se detectaron a 14 trabajadores en condiciones laborales inhumanas en tres establecimientos agrícolas dedicados al cultivo de hortalizas y maní en la localidad de General Pizarro.
Los trabajadores no estaban registrados por su empleador y habitaban unas precarias construcciones dentro del mismo predio. En total, la AFIP detectó que allí vivían 10 familias pertenecientes a los trabajadores, incluidos mujeres y niños. En su mayoría, se trata de personas indocumentadas, de nacionalidad boliviana.
Las viviendas estaban construidas con maderas, chapas y bolsas de plástico, con piso de tierra; contaban con camas improvisadas sobre cajones de madera y ramas de árboles. Los baños eran pequeñas estructuras construidas con nylon, que no contaban con sanitarios, agua corriente ni desagües.
Trabajadores esclavizados en Río Negro
En otro procedimiento, la AFIP también detectó que el 100% de los trabajadores de una finca dedicada al cultivo de peras y manzanas cumplían sus tareas en condiciones de ilegalidad. Sobre los 22 empleados relevados, 19 no estaban registrados; 2 de ellos eran indocumentados y el restante era menor de edad.
El relevamiento se realizó en una finca rural de la localidad de Pomona, provincia de Río Negro. Allí los empleados se dedicaban al cultivo y embalaje de peras y manzanas sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad.
Descubierta esta situación, la titular del establecimiento pretendió ocultarla, lo que fue denunciado por los inspectores de la AFIP ante el Juzgado Federal de Gral. Roca, a cargo del Juez Subrogante, Dr. Santiago Inchausti.
Los controles, se llevaron a cabo en el marco del Operativo Fruta, que realiza la AFIP en las provincias del sur del país.
Tras los hallazgos, la AFIP compartirá los datos recabados con los órganos del Estado Nacional con los que trabaja en forma conjunta y articulada para combatir el trabajo ilegal y la trata de personas ante la presencia de situaciones de trabajo esclavo: los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de Seguridad Social.
