Impuesto al agro. La discusión en el gobierno sobre cómo gravar más al campo, y la forma en que se procesó el anuncio, genera incertidumbre Estudios jurídicos reciben preocupación en sus clientes | Presidencia da cifras en defensa de nuevo impuesto
Estudios jurídicos que asesoran a inversores uruguayos y extranjeros recibieron la preocupación de importantes empresarios del agro y de otros sectores, por los anuncios del gobierno que podrían significar un cambio en las reglas del juego.
La forma en que se manejó este cambio en la tributación, y otros anteriormente, sorprenden y preocupan a estos empresarios, coincidieron diferentes abogados consultados.
Carlos Loaiza, socio de Olivera abogados, señaló que «la sensación térmica de preocupación y de cambio de reglas de los clientes es innegable; más cuando en el 2007 se hizo una reforma tributaria profunda, en la que ya se introdujeron cambios respecto de la tributación agropecuaria y se dio un ámbito de juego con reglas», añadió.
Loaiza indicó que los clientes que tienen explotaciones agropecuarias «no están sorprendidos solo por esto, además hubo un cambio en cuanto a la titularidad de la propiedad agropecuaria que también preocupa». Para el profesional, «el manejo que se hizo del tema no es el adecuado, evidentemente una reforma de estas características tiene que ser algo más debatido, como fue la propia reforma tributaria».
Loaiza dijo que la preocupación también existe en empresarios que no son del sector rural; puso como ejemplo «el cambio radical» en la tributación de las rentas en el exterior para las personas físicas, que al principio incluía el gravamen al patrimonio que luego se retiró. «Pero quedó el nerviosismo y el temor a que se implante, porque no se sabe si hay una voluntad permanente de no gravar el patrimonio o si fue una cuestión oportunista de sacarlo por el revuelo en el sector privado, para más adelante ponerlo», afirmó.
Loaiza opinó que «siempre un gobernante tiene que tener en cuenta cuál es la respuesta de los agentes económicos», aunque «no es lo único, porque si es hacedor de políticas tiene que pensar las reacciones, si son justificadas y si no logra un bien mayor por impulsar determinados cambios».
Consideró que en la tributación del agro «hay espacio para mejorar», pero que esos cambios «tienen que hacerse con más previsibilidad, con una discusión técnica más seria», porque parte de la reacción «es un poco por la forma en cómo se planteó el tema».
Disparate. Ignacio de Posadas, socio del estudio Posadas, Posadas & Vecino, sostuvo que «hay muchísima preocupación y el propio Astori lo reconoce».
«Se los llamó y se les dijo en el (hotel) Conrad que vinieran, que no los iban a matar a impuestos, que este es un país estable; y ahora les cambian las reglas de juego», acotó.
Según de Posadas «hay preocupación generalizada, porque nadie se chupa el dedo: si hoy me cambian el tablero a mí, mañana se lo van a cambiar a otro y eso lo ven empresarios que no tienen campo ni serán afectados».
El abogado y ex ministro de Economía expresó que «es muy malo este sistema donde se va a abrir el diario para ver qué se inventó. Es cierto que el país ha recibido un volumen importante de inversiones, pero también es verdad que hay muchas oportunidades».
Dijo que las alternativas manejadas para gravar más al agro son «un disparate».
«Primero, descubrir ahora que tenemos un problema de infraestructura como si fuera una novedad, cuando hace años mil que no se invierte y que se habla de lo que va a pasar con la forestación cuando maduren las plantaciones», expresó. «Cuando armaron el presupuesto del gobierno anterior y de éste, ¿no pensaron en inversiones en la infraestructura?, porque para eso se hacen los presupuestos».
A esto sumó que «el tema de que las cosas las paga quien las usa es también un criterio disparatado», al igual que «el criterio de que las carreteras se rompen con lo que sale de los establecimientos agropecuarios pero no con lo que entra. ¿Las rompen los camiones pero los ómnibus no?. Es todo demasiado artesanal», concluyó De Posadas.
INCERTIDUMBRE. Por su parte, el contador Federico Camy, especialista en impuestos del Estudio Guyer & Regules y que asesora a empresarios del agro, aseveró que la discusión sobre los tributos al sector «plantea inquietud, incertidumbre y nerviosismo, porque un nuevo impuesto para gravar la tierra, más allá de lo que pueda generar como ingreso, es lo menos recomendable».
Para Camy «genera preocupación» el hecho de establecer impuestos sobre la tierra, sin tomar en cuenta su rentabilidad. En su opinión, «los impuestos que graven el factor tierra sin tener en cuenta cómo les va en el negocio no son bienvenidos para una economía y los que gravan la renta ya están en el sector agropecuario».
El tributarista Leonardo Costa dijo haber recibido consultas y notar «preocupación e incertidumbre generada por este debate tributario, y por si estos cambios se limitan a eso o algo más».
Recordó que el debate tributario en el gobierno comenzó en enero y paró; en febrero Mujica dio un discurso en el Conrad dejando en claro que el tema se había terminado, pero ahora vuelve «y eso genera mucha preocupación».
Fuentes vinculadas al estudio CPA Ferrere dijeron que los anuncios del gobierno generan preocupación y consultas de sus clientes vinculados al agro y a otros sectores.
En tanto, el próximo lunes el gabinete analizará la propuesta de Mujica de aumentar la tributación a los dueños de más de 2.000 hectáreas y otra alternativa que elabora el vicepresidente Danilo Astori, junto a los ministros Fernando Lorenzo, Tabaré Aguerre y Enrique Pintado.
Se precisan US$ 200 millones para reparar caminería rural
Los técnicos del Congreso Nacional de Intendentes (CNI) estiman que el 70% de la caminería rural está deteriorada. Cálculos del congreso indican que la reparación total puede costar entre US$ 150 y US$ 200 millones.
En tanto, un relevamiento de El País por varias gremiales rurales departamentales arrojó que la casi totalidad de las organizaciones rechaza la aplicación de un nuevo impuesto. Al mismo tiempo los productores reclaman una mejora de la infraestructura.
Fuentes del CNI afirmaron que varios intendentes de la oposición tienen dudas sobre el destino que tendrán los fondos recaudados mediante el nuevo impuesto, y algunos sospechan que el presidente Mujica destinará rubros «a los coordinadores departamentales», cargos que aún no han sido designados.
El presidente de la gremial rural de Soriano, Jorge Andrés Rodríguez, afirmó que es partidario de la aplicación de impuestos de acuerdo a la rentabilidad de los emprendimientos. Sostuvo que «por el monto del impuesto no van a dejar de venir» los inversores extranjeros. «Tal vez alguno lo piense un poco más por la forma en que se cambian aquí las reglas de juego», advirtió el dirigente rural.
Para el presidente de la Sociedad Rural de Río Negro, José Luis Braga, «el impuesto a la tierra es malo porque no mide la realidad de la producción y los costos». Sin embargo, se mostró dispuesto a realizar aportes para obras de infraestructura. Braga propuso que representantes de los productores participen en la toma de decisiones a la hora de definir las inversiones.
Álvaro Trelles, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, señaló que no tienen «ninguna base» para tomar posición sobre el nuevo impuesto ya que «no se sabe de qué manera o en qué lo van a aplicar», afirmó.
Algunos jefes comunales han exhibido su temor de que la nueva tributación pueda reducir la recaudación de las intendencias, que perciben hoy unos US$ 18 millones al año por el impuesto a la venta de semovientes, gravamen que desaparecería al aplicarse el nuevo impuesto.
Tierra se valorizó, pero no tributos
Presidencia colgó un comunicado en su página web anoche, defendiendo la propuesta de Mujica de gravar a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, en virtud de la revalorización que ha tenido la tierra en los últimos diez años. Sostiene que con esa iniciativa «sólo se pretende gravar la concentración de la tierra».
«En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra», afirma el comunicado.
Agrega que en los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114, «situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector, ni en el valor de la contribución inmobiliaria».
«Si la contribución hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea y no los US$ 4 que hoy se tributan».
El comunicado expresa que «la tierra es un factor productivo diferente al capital y el trabajo y se pueden mejorar los procesos productivos que se desarrollan en la misma, pero no es un producto que se pueda fabricar o importar».
«La alta valorización de la tierra y la no existencia de una regulación en la compra-venta, hace que los pequeños arrendadores resulten desplazados por los altos precios que deben pagar», afirma. En ese contexto, «los pequeños propietarios resultan también desplazados porque la productividad generada no les permite ingresos superiores a los que obtendrían arrendando o vendiendo sus campos».
ALTERNATIVA. Mientras, en el ministerio de Economía trabajaron ayer en el diseño de una alternativa a la propuesta de Mujica, basada en la rentabilidad y productividad y no en la cantidad de hectáreas. Dicha alternativa aún no está terminada, dijeron fuentes de la vicepresidencia. Además de Danilo Astori y Fernando Lorenzo, en la elaboración también inciden los ministros Tabaré Aguerre (Ganadería) y Enrique Pintado (Transporte).
El subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, del MPP, es afín a la propuesta de Mujica, dijeron allegados al jerarca. En Ganadería sucede algo similar, ya que el subsecretario Daniel Garín (también MPP) está al margen de la elaboración de una propuesta alternativa.
Estudios jurídicos que asesoran a inversores uruguayos y extranjeros recibieron la preocupación de importantes empresarios del agro y de otros sectores, por los anuncios del gobierno que podrían significar un cambio en las reglas del juego.
La forma en que se manejó este cambio en la tributación, y otros anteriormente, sorprenden y preocupan a estos empresarios, coincidieron diferentes abogados consultados.
Carlos Loaiza, socio de Olivera abogados, señaló que «la sensación térmica de preocupación y de cambio de reglas de los clientes es innegable; más cuando en el 2007 se hizo una reforma tributaria profunda, en la que ya se introdujeron cambios respecto de la tributación agropecuaria y se dio un ámbito de juego con reglas», añadió.
Loaiza indicó que los clientes que tienen explotaciones agropecuarias «no están sorprendidos solo por esto, además hubo un cambio en cuanto a la titularidad de la propiedad agropecuaria que también preocupa». Para el profesional, «el manejo que se hizo del tema no es el adecuado, evidentemente una reforma de estas características tiene que ser algo más debatido, como fue la propia reforma tributaria».
Loaiza dijo que la preocupación también existe en empresarios que no son del sector rural; puso como ejemplo «el cambio radical» en la tributación de las rentas en el exterior para las personas físicas, que al principio incluía el gravamen al patrimonio que luego se retiró. «Pero quedó el nerviosismo y el temor a que se implante, porque no se sabe si hay una voluntad permanente de no gravar el patrimonio o si fue una cuestión oportunista de sacarlo por el revuelo en el sector privado, para más adelante ponerlo», afirmó.
Loaiza opinó que «siempre un gobernante tiene que tener en cuenta cuál es la respuesta de los agentes económicos», aunque «no es lo único, porque si es hacedor de políticas tiene que pensar las reacciones, si son justificadas y si no logra un bien mayor por impulsar determinados cambios».
Consideró que en la tributación del agro «hay espacio para mejorar», pero que esos cambios «tienen que hacerse con más previsibilidad, con una discusión técnica más seria», porque parte de la reacción «es un poco por la forma en cómo se planteó el tema».
Disparate. Ignacio de Posadas, socio del estudio Posadas, Posadas & Vecino, sostuvo que «hay muchísima preocupación y el propio Astori lo reconoce».
«Se los llamó y se les dijo en el (hotel) Conrad que vinieran, que no los iban a matar a impuestos, que este es un país estable; y ahora les cambian las reglas de juego», acotó.
Según de Posadas «hay preocupación generalizada, porque nadie se chupa el dedo: si hoy me cambian el tablero a mí, mañana se lo van a cambiar a otro y eso lo ven empresarios que no tienen campo ni serán afectados».
El abogado y ex ministro de Economía expresó que «es muy malo este sistema donde se va a abrir el diario para ver qué se inventó. Es cierto que el país ha recibido un volumen importante de inversiones, pero también es verdad que hay muchas oportunidades».
Dijo que las alternativas manejadas para gravar más al agro son «un disparate».
«Primero, descubrir ahora que tenemos un problema de infraestructura como si fuera una novedad, cuando hace años mil que no se invierte y que se habla de lo que va a pasar con la forestación cuando maduren las plantaciones», expresó. «Cuando armaron el presupuesto del gobierno anterior y de éste, ¿no pensaron en inversiones en la infraestructura?, porque para eso se hacen los presupuestos».
A esto sumó que «el tema de que las cosas las paga quien las usa es también un criterio disparatado», al igual que «el criterio de que las carreteras se rompen con lo que sale de los establecimientos agropecuarios pero no con lo que entra. ¿Las rompen los camiones pero los ómnibus no?. Es todo demasiado artesanal», concluyó De Posadas.
INCERTIDUMBRE. Por su parte, el contador Federico Camy, especialista en impuestos del Estudio Guyer & Regules y que asesora a empresarios del agro, aseveró que la discusión sobre los tributos al sector «plantea inquietud, incertidumbre y nerviosismo, porque un nuevo impuesto para gravar la tierra, más allá de lo que pueda generar como ingreso, es lo menos recomendable».
Para Camy «genera preocupación» el hecho de establecer impuestos sobre la tierra, sin tomar en cuenta su rentabilidad. En su opinión, «los impuestos que graven el factor tierra sin tener en cuenta cómo les va en el negocio no son bienvenidos para una economía y los que gravan la renta ya están en el sector agropecuario».
El tributarista Leonardo Costa dijo haber recibido consultas y notar «preocupación e incertidumbre generada por este debate tributario, y por si estos cambios se limitan a eso o algo más».
Recordó que el debate tributario en el gobierno comenzó en enero y paró; en febrero Mujica dio un discurso en el Conrad dejando en claro que el tema se había terminado, pero ahora vuelve «y eso genera mucha preocupación».
Fuentes vinculadas al estudio CPA Ferrere dijeron que los anuncios del gobierno generan preocupación y consultas de sus clientes vinculados al agro y a otros sectores.
En tanto, el próximo lunes el gabinete analizará la propuesta de Mujica de aumentar la tributación a los dueños de más de 2.000 hectáreas y otra alternativa que elabora el vicepresidente Danilo Astori, junto a los ministros Fernando Lorenzo, Tabaré Aguerre y Enrique Pintado.
Se precisan US$ 200 millones para reparar caminería rural
Los técnicos del Congreso Nacional de Intendentes (CNI) estiman que el 70% de la caminería rural está deteriorada. Cálculos del congreso indican que la reparación total puede costar entre US$ 150 y US$ 200 millones.
En tanto, un relevamiento de El País por varias gremiales rurales departamentales arrojó que la casi totalidad de las organizaciones rechaza la aplicación de un nuevo impuesto. Al mismo tiempo los productores reclaman una mejora de la infraestructura.
Fuentes del CNI afirmaron que varios intendentes de la oposición tienen dudas sobre el destino que tendrán los fondos recaudados mediante el nuevo impuesto, y algunos sospechan que el presidente Mujica destinará rubros «a los coordinadores departamentales», cargos que aún no han sido designados.
El presidente de la gremial rural de Soriano, Jorge Andrés Rodríguez, afirmó que es partidario de la aplicación de impuestos de acuerdo a la rentabilidad de los emprendimientos. Sostuvo que «por el monto del impuesto no van a dejar de venir» los inversores extranjeros. «Tal vez alguno lo piense un poco más por la forma en que se cambian aquí las reglas de juego», advirtió el dirigente rural.
Para el presidente de la Sociedad Rural de Río Negro, José Luis Braga, «el impuesto a la tierra es malo porque no mide la realidad de la producción y los costos». Sin embargo, se mostró dispuesto a realizar aportes para obras de infraestructura. Braga propuso que representantes de los productores participen en la toma de decisiones a la hora de definir las inversiones.
Álvaro Trelles, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, señaló que no tienen «ninguna base» para tomar posición sobre el nuevo impuesto ya que «no se sabe de qué manera o en qué lo van a aplicar», afirmó.
Algunos jefes comunales han exhibido su temor de que la nueva tributación pueda reducir la recaudación de las intendencias, que perciben hoy unos US$ 18 millones al año por el impuesto a la venta de semovientes, gravamen que desaparecería al aplicarse el nuevo impuesto.
Tierra se valorizó, pero no tributos
Presidencia colgó un comunicado en su página web anoche, defendiendo la propuesta de Mujica de gravar a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, en virtud de la revalorización que ha tenido la tierra en los últimos diez años. Sostiene que con esa iniciativa «sólo se pretende gravar la concentración de la tierra».
«En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra», afirma el comunicado.
Agrega que en los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114, «situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector, ni en el valor de la contribución inmobiliaria».
«Si la contribución hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea y no los US$ 4 que hoy se tributan».
El comunicado expresa que «la tierra es un factor productivo diferente al capital y el trabajo y se pueden mejorar los procesos productivos que se desarrollan en la misma, pero no es un producto que se pueda fabricar o importar».
«La alta valorización de la tierra y la no existencia de una regulación en la compra-venta, hace que los pequeños arrendadores resulten desplazados por los altos precios que deben pagar», afirma. En ese contexto, «los pequeños propietarios resultan también desplazados porque la productividad generada no les permite ingresos superiores a los que obtendrían arrendando o vendiendo sus campos».
ALTERNATIVA. Mientras, en el ministerio de Economía trabajaron ayer en el diseño de una alternativa a la propuesta de Mujica, basada en la rentabilidad y productividad y no en la cantidad de hectáreas. Dicha alternativa aún no está terminada, dijeron fuentes de la vicepresidencia. Además de Danilo Astori y Fernando Lorenzo, en la elaboración también inciden los ministros Tabaré Aguerre (Ganadería) y Enrique Pintado (Transporte).
El subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, del MPP, es afín a la propuesta de Mujica, dijeron allegados al jerarca. En Ganadería sucede algo similar, ya que el subsecretario Daniel Garín (también MPP) está al margen de la elaboración de una propuesta alternativa.
