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Por Alejandro Bercovich
Los primeros sondeos desde Wall Street fueron para el equipo de Sergio Massa. Los grandes bancos de inversión quieren saber cómo reaccionará la oposición frente a un cada vez más probable default sui generis forzado por la negativa del juez Thomas Griesa a extender las negociaciones con los fondos buitre hasta que venza la cláusula RUFO, que habilitaría a todos los bonistas reestructurados a reclamar los mismos pagos que reciban ellos. ¿Pedirán la cabeza de Axel Kicillof para debilitar al Gobierno? ¿Intentarán un juicio político a la Presidenta? ¿Se mantendrán con los pies dentro del plato, conscientes de que un colapso de los canjes de 2005 y 2010 condicionaría todo el próximo mandato presidencial? Con un ojo en ese barrial doméstico, el mundo de los negocios mantiene el otro fijo en el despacho del mediador Daniel Pollack, el juez de línea que hasta el miércoles próximo puede levantar la bandera de la stay y llevar a la Argentina a un agónico alargue hasta fin de septiembre, cuando deben girarse más dólares al Bank of New York para los tenedores de bonos Par.
Un acuerdo de último momento para sortear de una vez la RUFO aún no puede descartarse, pero luce cada vez menos probable a la luz de lo que cuentan off the record los negociadores. Todos los escenarios lucen complicados tras el cachetazo de la Corte Suprema estadounidense, que se negó siquiera a considerar la apelación al lapidario fallo de Griesa. Especialmente cuando empiezan a escasear los dólares comerciales, con un superávit que se contrajo casi 30% en el primer semestre pese a la recesión y un precio de la soja que aflojó en el peor momento por la supercosecha norteamericana. En una primavera sin divisas reales, el costo interno de rechazar las financieras subirá.
La respuesta de los opositores a las preguntas de Wall Street fue cerrar filas con el Gobierno con la sola excepción de Mauricio Macri, quien propuso rendirse sin más. No casualmente Cristina Kirchner celebró el miércoles por anticipado la columna que publicó ayer ¡en Clarín! el exministro Roberto Lavagna, quien comparó la RUFO con un “tsunami” y el default parcial con un “tifón”. Un tibio pero valorado guiño al oficialismo por el que Massa no protestó, consciente de que la catarata de juicios que aterroriza a la Rosada le pesaría mucho al próximo presidente. El tigrense, además, está abocado en contener a su tropa bonaerense, inquieta por sus coqueteos con Martín Insaurralde.
Los kirchneristas que militan Twitter cual ágora posmoderna acuñaron rápido el neologismo que pidió Cristina en su discurso de anteayer. Bautizaron Griefault a la situación que sobrevendría el miércoles en caso de que no llegue la cautelar salvadora, en un juego de palabras entre “default”, “Griesa” y “fault”, que significa “culpa”. El director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aventuró que eso “no le cambiará la vida a los argentinos” e insistió en que “hay vida después del 30 de julio”. Pero sea de quien sea la culpa, el limbo en el cual quedarán los bonistas reestructurados si el juez mantiene su amenaza de embargar la plata para pagarles no se definirá en las redes sociales ni en la City porteña. El dictamen será de las calificadoras de Wall Street y de la Asociación Internacional de Canjes y Derivados (ISDA, en inglés), que no dudarán en anotar al país en el pelotón de los incumplidores. Así lo hizo saber a banqueros y operadores el VP senior para deuda soberana de Moody’s, Gabriel Torres, instalado desde hace un mes en el edificio Laminar Plaza de Catalinas para presenciar desde Buenos Aires el desenlace del juicio del siglo.
Fresco pa’chomba
Acusado reiteradamente de populista por una parte de la oposición, el Gobierno optó esta vez por pagar un costo ahora (el Griefault, o como quieran llamarlo) y ahorrarle uno mayor a quien vaya a reemplazar a Cristina. Influyó obviamente que tanto la mandataria como el jefe de Economía podrían ir presos por violación de sus deberes como funcionarios públicos en caso de que gatille la temida RUFO. “Si el estudio de abogados le dijo a Economía que ese riesgo es real, es así. Ninguno de nosotros tiene cómo saberlo con certeza, así que hay que guiarse por ellos”, razonaron por separado ante BAE Negocios asesores de Massa y de Scioli, los dos candidatos con mayores chances para la sucesión.
El costo, sin embargo, amenaza con ser alto en un contexto en que la actividad sigue enfriándose. La actividad industrial (que explica uno de cada cinco empleos) se contrajo un 2,8% en los primeros cinco meses el año. El complejo automotor lidero´ el traspié fabril, con desplomes semestrales del 21,8% en su producción y del 23% en sus exportaciones. Los despachos de cemento cayeron un 4% en el mismo lapso, mientras las ventas de insumos para la construccio´n se mantuvieron constantes en el semestre pero cayeron un 5,4% en el segundo trimestre. El comercio minorista, según la CAME, movió en el semestre un 7% menos que un año atrás y en junio un 8,8% menos. Los bancos, en términos reales, redujeron un 10,5% sus préstamos al sector privado. El resto de Sudamérica tampoco capea muy bien el tifón global, pero todos los vecinos (del color político que sean) tienen reservas más robustas para afrontarlo. Ninguno sufrió los dos años de morenomics que sobrevinieron a la reelección de 2011.
El juicio buitre tapó el mediano plazo en la agenda económica. Pero la huelga petrolera que paralizó ayer Neuquén recordó otra vez que el chorro de divisas para Vaca Muerta tardará en llegar. La nueva secretaria de Energía, Mariana Matranga, llegó con la misión de aprobar un nuevo marco para facilitar las inversiones allí, que ante un eventual Griefault entrarán en una impasse hasta 2015. Tanto los conflictos petroleros como esa demora empujan la importación de gas y engrosan la demanda de divisas, mientras el desplome de la soja -de 560 a 470 dólares la tonelada- acotan su oferta futura.
En ese contexto, en Hacienda circulan planillas que proyectan un dólar oficial a $9,53 hacia Navidad. Es decir, un 16% más caro que ahora. El traslado de esas microdevaluaciones planificadas y del quite de subsidios en la luz, que todavía no fue anunciado, definirán si la inflación cierra el año más cerca del 30% o del 40%. Y cuánto cae simétricamente el salario real, con un desempleo bajo pero peligrosamente en alza.
Por Alejandro Bercovich
Los primeros sondeos desde Wall Street fueron para el equipo de Sergio Massa. Los grandes bancos de inversión quieren saber cómo reaccionará la oposición frente a un cada vez más probable default sui generis forzado por la negativa del juez Thomas Griesa a extender las negociaciones con los fondos buitre hasta que venza la cláusula RUFO, que habilitaría a todos los bonistas reestructurados a reclamar los mismos pagos que reciban ellos. ¿Pedirán la cabeza de Axel Kicillof para debilitar al Gobierno? ¿Intentarán un juicio político a la Presidenta? ¿Se mantendrán con los pies dentro del plato, conscientes de que un colapso de los canjes de 2005 y 2010 condicionaría todo el próximo mandato presidencial? Con un ojo en ese barrial doméstico, el mundo de los negocios mantiene el otro fijo en el despacho del mediador Daniel Pollack, el juez de línea que hasta el miércoles próximo puede levantar la bandera de la stay y llevar a la Argentina a un agónico alargue hasta fin de septiembre, cuando deben girarse más dólares al Bank of New York para los tenedores de bonos Par.
Un acuerdo de último momento para sortear de una vez la RUFO aún no puede descartarse, pero luce cada vez menos probable a la luz de lo que cuentan off the record los negociadores. Todos los escenarios lucen complicados tras el cachetazo de la Corte Suprema estadounidense, que se negó siquiera a considerar la apelación al lapidario fallo de Griesa. Especialmente cuando empiezan a escasear los dólares comerciales, con un superávit que se contrajo casi 30% en el primer semestre pese a la recesión y un precio de la soja que aflojó en el peor momento por la supercosecha norteamericana. En una primavera sin divisas reales, el costo interno de rechazar las financieras subirá.
La respuesta de los opositores a las preguntas de Wall Street fue cerrar filas con el Gobierno con la sola excepción de Mauricio Macri, quien propuso rendirse sin más. No casualmente Cristina Kirchner celebró el miércoles por anticipado la columna que publicó ayer ¡en Clarín! el exministro Roberto Lavagna, quien comparó la RUFO con un “tsunami” y el default parcial con un “tifón”. Un tibio pero valorado guiño al oficialismo por el que Massa no protestó, consciente de que la catarata de juicios que aterroriza a la Rosada le pesaría mucho al próximo presidente. El tigrense, además, está abocado en contener a su tropa bonaerense, inquieta por sus coqueteos con Martín Insaurralde.
Los kirchneristas que militan Twitter cual ágora posmoderna acuñaron rápido el neologismo que pidió Cristina en su discurso de anteayer. Bautizaron Griefault a la situación que sobrevendría el miércoles en caso de que no llegue la cautelar salvadora, en un juego de palabras entre “default”, “Griesa” y “fault”, que significa “culpa”. El director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aventuró que eso “no le cambiará la vida a los argentinos” e insistió en que “hay vida después del 30 de julio”. Pero sea de quien sea la culpa, el limbo en el cual quedarán los bonistas reestructurados si el juez mantiene su amenaza de embargar la plata para pagarles no se definirá en las redes sociales ni en la City porteña. El dictamen será de las calificadoras de Wall Street y de la Asociación Internacional de Canjes y Derivados (ISDA, en inglés), que no dudarán en anotar al país en el pelotón de los incumplidores. Así lo hizo saber a banqueros y operadores el VP senior para deuda soberana de Moody’s, Gabriel Torres, instalado desde hace un mes en el edificio Laminar Plaza de Catalinas para presenciar desde Buenos Aires el desenlace del juicio del siglo.
Fresco pa’chomba
Acusado reiteradamente de populista por una parte de la oposición, el Gobierno optó esta vez por pagar un costo ahora (el Griefault, o como quieran llamarlo) y ahorrarle uno mayor a quien vaya a reemplazar a Cristina. Influyó obviamente que tanto la mandataria como el jefe de Economía podrían ir presos por violación de sus deberes como funcionarios públicos en caso de que gatille la temida RUFO. “Si el estudio de abogados le dijo a Economía que ese riesgo es real, es así. Ninguno de nosotros tiene cómo saberlo con certeza, así que hay que guiarse por ellos”, razonaron por separado ante BAE Negocios asesores de Massa y de Scioli, los dos candidatos con mayores chances para la sucesión.
El costo, sin embargo, amenaza con ser alto en un contexto en que la actividad sigue enfriándose. La actividad industrial (que explica uno de cada cinco empleos) se contrajo un 2,8% en los primeros cinco meses el año. El complejo automotor lidero´ el traspié fabril, con desplomes semestrales del 21,8% en su producción y del 23% en sus exportaciones. Los despachos de cemento cayeron un 4% en el mismo lapso, mientras las ventas de insumos para la construccio´n se mantuvieron constantes en el semestre pero cayeron un 5,4% en el segundo trimestre. El comercio minorista, según la CAME, movió en el semestre un 7% menos que un año atrás y en junio un 8,8% menos. Los bancos, en términos reales, redujeron un 10,5% sus préstamos al sector privado. El resto de Sudamérica tampoco capea muy bien el tifón global, pero todos los vecinos (del color político que sean) tienen reservas más robustas para afrontarlo. Ninguno sufrió los dos años de morenomics que sobrevinieron a la reelección de 2011.
El juicio buitre tapó el mediano plazo en la agenda económica. Pero la huelga petrolera que paralizó ayer Neuquén recordó otra vez que el chorro de divisas para Vaca Muerta tardará en llegar. La nueva secretaria de Energía, Mariana Matranga, llegó con la misión de aprobar un nuevo marco para facilitar las inversiones allí, que ante un eventual Griefault entrarán en una impasse hasta 2015. Tanto los conflictos petroleros como esa demora empujan la importación de gas y engrosan la demanda de divisas, mientras el desplome de la soja -de 560 a 470 dólares la tonelada- acotan su oferta futura.
En ese contexto, en Hacienda circulan planillas que proyectan un dólar oficial a $9,53 hacia Navidad. Es decir, un 16% más caro que ahora. El traslado de esas microdevaluaciones planificadas y del quite de subsidios en la luz, que todavía no fue anunciado, definirán si la inflación cierra el año más cerca del 30% o del 40%. Y cuánto cae simétricamente el salario real, con un desempleo bajo pero peligrosamente en alza.
